September 1, 2018 at 12:00 pm EDT | by Visibles
Organizaciones de DDHH en Guatemala rechazan iniciativa anti-LGBTI

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(Photo by Ted Eytan; courtesy Flickr)

Nota del editor: Esta nota salió en Visibles, un sitio web en la Ciudad de Guatemala, el jueves. Visibles es una pareja de contenido del Washington Blade.

CIUDAD DE GUATEMALA — Organizaciones de derechos humanos expresamos nuestro rechazo a la iniciativa de ley Nº5272 “Para la protección de la vida y la familia,” propuesta el 26 de abril de 2017, que actualmente se discute en el Congreso de la República de Guatemala.

Según su preámbulo, la ley pretende introducir normas y reformas para “proteger el derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de consciencia y expresión y el derecho de los padres a orientar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad.”

Sin embargo, de aprobarse estaríamos frente a un grave retroceso en materia de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y de las personas LGBTIQ en Guatemala.

En concreto, la iniciativa extiende el tipo penal de aborto incluso frente a situaciones de pérdida espontánea y muerte natural del embrión durante cualquier etapa del embarazo, que podrían derivarse inclusive de situaciones involuntarias de emergencia obstétrica. Esta situación implicaría que Guatemala aprobaría una normativa regresiva y similar a la de países como El Salvador, en donde el aborto está completamente prohibido y ha derivado en la criminalización de mujeres víctimas.

Dicho esto, recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité CEDAW ya se han pronunciado sobre el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, y a los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.

A su vez, la iniciativa de ley N° 5272 introduce normas que prohíben a instituciones educativas privadas y públicas implementar políticas y programas sobre educación integral en sexualidad, en reivindicación del derecho de los padres de decidir la educación que reciben sus hijos e hijas. Estas normas perpetuarían las prácticas de discriminación y violencia contra las niñas y adolescentes en un país donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) documentó que, de los 52.288 nacimientos registrados de enero a setiembre de 2017, 24.258 correspondieron a madres menores de 18 años.

La iniciativa pretende además reformar el Código Civil introduciendo la prohibición expresa del matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo y limitar la adopción únicamente a familias constituidas por un hombre y una mujer. Asimismo, pretende que se garantice que “las personas no están obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales,” incrementando el riesgo a los actos de violencia, discriminación y crímenes de odio.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que lo anterior violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tanto “[u]n derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.”

En este sentido, las normas introducidas en el texto son abiertamente discriminatorias, atentan contra el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQ y constituyen incitación a la discriminación y la violencia.

En su conjunto, la iniciativa 5272 se contrapone de manera flagrante las obligaciones contraídas por el Estado guatemalteco de manera soberana y su aprobación acarrearía responsabilidad internacional. Las organizaciones firmantes instamos al Estado de Guatemala a abstenerse de aprobar esta normativa y adoptar medidas de manera inmediata para desmontar las prácticas y normas que continúan perpetuando la discriminación histórica de las mujeres, adolescentes, niñas y población LGBTIQ.

http://www.washingtonblade.com/content/files/2018/08/Comunicado-5272-30-Ago.pdf

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