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Corte Suprema de El Salvador rechaza nueva demanda del matrimonio igualitario
Los magistrados defendieron el Código de Familia
SAN SALVADOR, El Salvador — A pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó el llamado a todos los países de Latinoamérica para reconocer el matrimonio igualitario; el 17 de enero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró improcedente la demanda presentada por el abogado Rafael Alejandro Rodríguez contra el artículo 11 del Código de Familia que regula el matrimonio entre hombres y mujeres.
Los magistrados expresaron que “los alegatos son contradictorios, porque sostiene que la disposición impugnada excluye a los miembros de la comunidad LGBTI de la institución del matrimonio; y por otra, afirma que esta no prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
La demanda expresaba que el artículo 11 del Código de Familia vulneraba los derechos a la libertad, igualdad y seguridad jurídica “en razón que su redacción es excluyente, desigual, discriminatoria, incompleta, incoherente e incongruente”.
La sala dio su fallo al no identificar suficientes fundamentos, “el pretensor no ha aportado argumentos que permitan evidenciar un mandato constitucional impuesto al legislador en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo”. Además agregan, “De sus afirmaciones únicamente se deduce una insatisfacción sobre la definición legal de matrimonio contenida en el art. 11 CF, aspecto que no puede considerarse como una omisión legislativa, por lo que este punto de su petición deberá declararse improcedente”.
Ante esta situación Fundación Igualitos/as que nació desde la demanda por matrimonio civil igualitario que interpusieron el 11 de noviembre del 2016 ante la Corte Suprema, externaron su apoyo al abogado salvadoreño desde sus redes sociales, “Felicitamos al abogado Rafael Rodríguez y lo invitamos a que nos contacte para continuar trabajando juntos, como equipo, este proceso en donde buscamos que la sociedad gane en su totalidad con la inclusión, la aceptación y el amor.”
El Portal El Salvador G que ha seguido de cerca el trabajo que se realiza en el país por parte de las organizaciones LGBTI y activistas para la defensa de los derechos de esta población históricamente excluida, externaron para el Washington Blade por medio de su director Nicolás Rodríguez, la tristeza que dan estos resultados, “ya vamos aproximadamente para 15 años, de estas luchas legales que lo que vemos a través de los juristas que mientras el mundo está avanzando y la jurisprudencia internacional está avanzando en apoyo a la población LGBTI, acá en El Salvador hay retrocesos, porque de las cinco piezas que se han presentado, ya van tres van siendo desestimadas”.
“Ojo que esta desestimación es de la nueva Sala de lo Constitucional, ya vamos viendo que aún con esta nueva sala está bastante gris la realidad con respecto a la igualdad de derechos, con respecto al matrimonio igualitario”, agregó Rodríguez.
Al mismo tiempo para los activistas LGBTI no es extraño que en el marco de las elecciones presidenciales de este 2019, siempre salga el tema del matrimonio igualitario; “generalmente se utilizan los temas reivindicaciones de derechos de población LGBTI como bandera para tener votos de parte de la derecha conservadora, entonces es importante para ellos denotar que están defendiendo la familia, la moral y las buenas costumbres”, comenta al Blade Bessy Rios, directora de la Fundación de la Mano Contigo, familiares y amigos por la diversidad.
Y aunque el matrimonio es un derecho importante y debe ser reconocido de igual manera para la población LGBTI, no es un tema que está en agenda de las organizaciones, “Creo que aquí las prioridades son la ley de identidad de género, la ley contra la discriminación”, agrega Rios, “son prioridades completamente diferentes, lo importante es que se nos respete la vida, el trabajo, la dignidad, el derecho al nombre, a la no discriminación y después vendrán todo esas otras reivindicaciones.”
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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