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Un orgullo de luchar en El Salvador

Más de 20,000 personas marcharon el 24 de junio

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Organizaciones de la Federación LGBTIQ+ dando pronunciamiento. (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Grupos de todas las edades, comenzaron a tomarse un tramo del Boulevard de Los Héroes, en las cercanías del Ministerio de Hacienda de El Salvador el sábado, todo con el fin de celebrar el día del orgullo LGBTQ e intersex en El Salvador. 

Los colores comenzaron a pintar esta principal arteria capitalina desde tempranas horas de la mañana en donde carros alegóricos comenzaron a colocar el colorido en sus estructuras. 

Entre canciones, consignas, música de DJs y en los carros alegóricos, se dio la indicación de hacer un minuto de silencio por las personas LGBTQ e intersex que ya no están presentes, ya sea por muerte natural o por crímenes por odio. Seguido a esto las organizaciones que conforman la Federación Salvadoreña LGBTI, dio lectura a su pronunciamiento para el día del orgullo. 

En el cual mencionan que salen a marchar para reivindicar sus derechos, además que la sociedad; como efecto de las raíces racistas, colonialistas, machistas, heterosexistas, excluyentes, discriminatorias, y que descansan sobre la base de pilares fundamentalistas, tradicionalistas y conservadoras, ha ocasionado que todas las personas lesbianas, gay, bisexuales, mujeres y hombres trans, intersexuales, queer y todas aquellas formas de disidencias sexuales que no encajan en la heteronormatividad, sean objeto de constantes vulneraciones a sus derechos y convirtiéndose así en constantes agresiones que no se han limitado solo a abusos verbales, sino que muchas trascienden a agresiones físicas, sexuales, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, asesinadas, y hasta criminalizadas por ser quiénes son.

Un DJ y activista en punto de partida de la marcha. (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS El Salvador, mencionó que debido a las distintas barreras que existen en todo nivel desde la invisibilización, la insensibilización, el encubrimiento, y el no reconocimiento legal del nombre y género de las personas trans, “escala a otras brechas como el acceso al derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo, el acceso a la justicia y todos aquellos derechos básicos para que una persona se desarrolle plenamente”.

Reiteraron también que ya van cuatro meses que se venció el plazo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio a la Asamblea Legislativa y aún no se muestra voluntad de parte de la Comisión de Género y la Mujer a que se estudie y apruebe el anteproyecto de Ley de Identidad.

“En reiteradas ocasiones hemos enviado peticiones de reunión a la comisión, pero las únicas respuestas que hemos recibido es un silencio absoluto, violentando nuestro derecho constitucional como es el derecho de petición y respuesta consagrado en el artículo 18 de la Constitución”, agrega Bessy Ríos, directora de la Asociación de la Mano Contigo, de amigos y familiares por la diversidad. 

El artículo 18 menciona que “toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”, lo cual de acuerdo con la Federación LGBTI de El Salvador, no ha ocurrido.

A su vez, dijeron que condenan las detenciones ilegales que se han hecho de personas LGBTQ e intersex en el contexto del régimen de excepción, ya que muchas veces han sido detenidas arbitrariamente debido a la orientación sexual, identidad y/o expresión de género. 

“Condenamos los discursos de odio que han ido aumentando en los últimos años de grupos ultraconservadores muy mal llamados ‘provida’ que están levantando campañas de mentiras y desinformación en las redes sociales, atacando constantemente a activistas y organizaciones de derechos humanos LGBTIQ+”, expresó Erick Ortiz, director de Colectivo Normal.

Asegura, que esto les coloca en situación de indefensión, pues llegan a revelar información personal en las redes sociales y que estas acciones siempre se transforman en violencias y ataques hacia las personas trans principalmente.

26000 personas marcharon por la visibilidad de sus luchas

Personas LGBTQ e intersex de la capital tanto como del interior del país, se dieron cita para arrancar la marcha del orgullo desde la 1:45 de la tarde, partieron desde las afueras del Ministerio de Hacienda, también conocido como Tres Torres, recorriendo parte del Boulevard de los Héroes, pasando frente al centro comercial más populoso de la capital, para pasar frente al Estadio Mágico González, el cual ha sido recientemente reconstruido por el gobierno de Nayib Bukele, para lucirse en los recién comenzados XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023; cruzando después sobre la avenida Olímpica hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo y bajar al Monumento al Salvador del Mundo, donde se realizaría el PrideFest 2023. 

Bajo el lema “Mi Identidad, Mi Lucha, Nuestros Derechos”, la marcha del 2023 en El Salvador se volvió a llenar de colorido en las calles capitalinas, dejando ver a diferentes asociaciones, grupos de amigos, familias, comercios LGBTQ e intersex o aliados, e incluso iglesias, que este era el día en que todos y todas podían unir sus luchas y decir “acá estamos, existimos, tenemos derechos como todos”. 

Acompañaron a la marcha miembros de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, como también de la Embajada de México en El Salvador. 

Mucha de la juventud asistente se mostraba interesada en alzar su voz y exigir el cumplimiento de sus derechos. 

“Este es un espacio en el cual me siento segura, nadie me va a señalar por ser yo misma, como sucede cuando voy con mi novia a un restaurante”, mencionó al Washington Blade Katy Avilés, joven asistente.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Otras personas aprovechan este día para mostrar una expresión que en su día a día no pueden, “ahora he decido venir en drag este año, porque soy super fan de este arte”, Arturo Landaverde, un joven abogado de El Salvador que habló con el Blade. 

Se mostraban pancartas con mensajes como “la homosexualidad no se contagia, que se te antoje es otra cosa” y “no utilices a tu Dios para promover tu odio”, y en cada paso de la marcha se mostraba respeto, inclusión y libertad; aunque no todas las realidades de los asistentes eran de libertad, “vine de escondidas de mis padres, no creo que me acepten si les digo que soy gay”, comentó un joven asistente al Blade. 

También los grupos conservadores no pudieron faltar, como un grupo religioso que se instaló en las cercanías del monumento al Salvador del Mundo, con sus pancartas expresando “Homosex es pecado”, entre otras consignas que hacían un llamado a buscar el perdón y la liberación de la homosexualidad. A lo que los asistentes a la marcha solo contestaron con bailes, saludos y tomas de fotografías luciendo su colorido frente al grupo religioso. 

Jóvenes lesbianas posando frente a conservadores religiosos. (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Pride Fest 2023

El monumento al Salvador del Mundo se mostró abarrotado, entre ferias de emprendedores, comida, bebida, música y diversión, las personas LGBTQ e intersex y aliados asistentes, que aprovecharon la zona segura para disfrutar y celebrar la diversidad sexual en sus diferentes expresiones. 

Al llegar la marcha las y los diferentes líderes tanto de la Federación LGBTIQ+ de El Salvador como la RED LGBTQIA+ El Salvador, dieron a conocer sus pronunciamientos a las personas asistentes en diferentes momentos. 

En el escenario se presentaron diferentes talentos drag salvadoreños como internacionales, entre las internacionales estuvieron Aisha Dollkills de Costa Rica, participante de La Más Draga México 5 temporada y Alyssa Hunter de Puerto Rico, participante de Drag Race temporada 14.

También estuvieron en tarima presentadores nacionales como quienes abanderan el primer programa sobre diversidad sexual en línea llamado Zona LGBTIQ+, son Burka Von Teese, Alen Elias, Edrian y Abi Samayoa. Entre sus impresiones estuvieron el que es impresionante como la población LGBTQ e intersex salvadoreña se va sumando a esta marcha año con año, “siempre ha habido algo distinto y se nota en las nuevas generaciones, en como están viviendo sus identidades y realidades, es mucho más vistoso y más libre”, comentó al Blade, Samayoa. 

Agregó que de acuerdo con la coyuntura que está viviendo la población LGBTQ e intersex en El Salvador, es muy acorde el lema de la marcha, “actualmente no existe iniciativa de parte del gobierno para apoyar el anteproyecto de Ley de Identidad”, recalcó Samayoa.

El Pride Fest 2023 terminó sin ninguna novedad que alertara a los movimientos de la población LGBTQ e intersex, mostrando esta celebración y convocatoria va en aumento en el territorio salvadoreño. También, de acuerdo con las organizaciones LGBTQ e intersex, que la lucha por el cumplimiento de los derechos que han sido históricamente excluidos para este sector de la población, debe seguir y sobre todo no quitaran el dedo del reglón hasta la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

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Ecuador

Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos

Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos

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Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.

El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.

El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.

La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.

El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.

En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.

Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.

Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.

En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.

Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.

El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.

La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.

Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.

El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.

Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.

Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.

Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.

La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.

Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.

En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.

Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.

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Ecuador

Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador

Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023

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(Imagen de cortesía)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 9 de febrero.

A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.

Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso. 

Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).

El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.

Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en  los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía. 

Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase. 

La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.

Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.

“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado. 

Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso. 

En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.

El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.

De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.

Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.

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Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

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(Captura de pantalla de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 19 de enero.

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.


* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

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