News
Una ciudad cubana que no quiere ser gueto
Santa Clara se debate espacios exclusivos para la comunidad LGBT

Una noche de sábado en el Cabaret Cubanacán, de Santa Clara. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.
SANTA CLARA, Cuba — Una de las ciudades cubanas más hospitalarias con las personas LGBTI+ también se debate entre la demanda de espacios exclusivos para las minorías sexuales y las desigualdades económicas que crecen en la Isla.
Cada sábado Miguel Antonio Castillo viaja cerca de dos kilómetros para encontrar una discoteca.
En San Diego del Valle, su primer destino, hay pocos lugares para bailar o simplemente disfrutar de espectáculos culturales. Por eso, desde que supo que existía una “noche para las personas LGBTI+” en Santa Clara, la capital de la provincia, Miguel Antonio decidió alargar su travesía por más de 30 kilómetros hasta el Cabaret Cubanacán.
“Las actividades que hacen allá [en San Diego del Valle] son muy generales,” se queja. “Y tampoco hay un día específico para los homosexuales.”
Al joven le seduce que “en las fiestas gais todos son gais.” Además, allí puede “encontrar amigos e intercambiar con personas que tienen gustos sexuales, estéticos o musicales similares, sin riesgo de sufrir homofobia.”
Más allá de las cabeceras municipales cubanas la recreación se reduce a una discoteca improvisada y a un parque central donde la gente se reúne a “cotillear.” Las fiestas concebidas para personas LGBTI+ tampoco son comunes más allá de La Habana y de algunas capitales provinciales.
En la pequeña ciudad de Camajuaní, a 20 kilómetros de Santa Clara, nunca ha prosperado una “fiesta diversa,” aseguran varias personas LGBTI+ entrevistadas por Tremenda Nota.
Según Leonel Jacomino Jiménez, promotor del proyecto Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), las gestiones para crear un espacio inclusivo “tienen que hacerse sobre la base de cartas y tocando puertas para molestar a algunos funcionarios del gobierno.”
En otros casos, como ocurrió el pasado año en Sagua la Grande, una de las principales ciudades de la provincia, las fiestas LGBTI+ fracasan por falta de público o de buenas estrategias de promoción.
Solo el proyecto itinerante “Me incluyo,” organizado por el promotor cultural Ramón Silverio, creador y director de El Mejunje, ha presentado espectáculos de transformismo y otras actividades inclusivas en poblados y zonas apartadas.
Santa Clara, por su parte, cuenta con tres espacios que celebran las llamadas “fiestas gais,” y que incluyen shows de transformismo. El Centro Recreativo El Bosque, el Cabaret Cubanacán y El Mejunje de Silverio son los únicos lugares que introducen en su cartelera semanal una “noche diversa.”

En la última década las “fiestas diversas” han alcanzado varias ciudades cubanas, aunque todavía La Habana y Santa Clara son las que ofrecen más opciones recreativas “exclusivas” para las personas LGBTI+. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
¿Gueto homosexual?
Junto al Cabaret Cubanacán funciona otro espacio recreativo nombrado Disco Isla. Los públicos se muestran segregados cada sábado. De un lado hacen fila las personas gais, trans y lesbianas; del otro aparecen jóvenes heterosexuales que evitan mezclarse con “sus vecinos.” Las personas LGBTI+ permanecen en el gueto “asignado” socialmente.
“La creación de espacios exclusivos genera también una especie de exclusión,” cree Félix Izaguirre, un joven que hace fila para entrar a otra de las “fiestas diversas” de la ciudad.
“Mucha gente no va al Cabaret los sábados ni vienen a El Mejunje, precisamente porque saben que es noche gay,” dice. “Siempre existen heterosexuales que tienen amigos gais y los acompañan sin prejuicios, pero son los menos.”
Ramón Silverio creó hace más de tres décadas el centro cultural El Mejunje, acusado en sus primeros años de ser un “club exclusivo para personas gais.” Sin embargo, la institución sobrevivió el paso del tiempo y, en vez de apartar en un gueto a las personas LGBTI+, abrió las puertas al resto de la sociedad.

El público asiste a un show de transformismo en El Mejunje. (Foto por Yariel Valdés González)
Aun así, muchas personas homosexuales y transgéneros prefieren acudir a “espacios exclusivos para gais.” Javier Olivera, transformista que se presenta en el escenario de El Mejunje como Cinthia, aseguró que en sitios “aparentemente para heterosexuales” suele encontrarse conflictos entre la clientela homofóbica y los gais.
Por eso, Denet Oliva Triana, colega de Javier conocida como Blacuchini, respalda la existencia de lugares dedicados a la comunidad LGBTI+, aunque siente que está “en un círculo” que le lleva siempre al mismo sitio con la misma gente.
Si es caro no es incluyente
A pesar del éxito del Cabaret Cubanacán y del Centro Recreativo El Bosque ― actualmente en reparación ―, el sitio más popular para la comunidad LGBTI+ de Santa Clara sigue siendo El Mejunje, por sus razonables precios y su cercanía al centro de la ciudad.
“Cada uno se divierte donde le permiten sus ingresos,” aseguran varios entrevistados. Las incipientes clases sociales que se consolidan en Cuba hace más de una década también dividen a las minorías sexuales.
Al Cubanacán, al Bosque, van quienes cuentan con mejor economía, pues solo la entrada cuesta como mínimo 25 pesos (1 CUC, equivalente a un dólar). Ese precio, por ejemplo, quintuplica el valor del boleto de entrada a El Mejunje.
En un país donde el salario medio es 767 pesos mensuales (poco más de 30 dólares estadounidenses), “no se puede decir que un lugar sea inclusivo si cobra cuarenta pesos por la entrada,” advierte Ramón Silverio.
Reinaldo Gil, un joven artista plástico, confirma que “al Cubanacán va la gente que tiene un poco más de dinero.” Al principio, cuando acababan de abrir la “noche diversa” en el cabaret, “los mismos trabajadores de allí te discriminaban un poco, existía homofobia.”
“En el Carishow — una céntrica discoteca de la cadena de servicios extrahoteleros Palmares — a veces no aceptan que entren los homosexuales,” denuncia Gil.
Sin embargo, uno de los agentes de seguridad del Carishow aseguró a Tremenda Nota que allí nunca han existido manifestaciones de homofobia y que “se trata a todos los clientes por igual,” en tanto se comporten de acuerdo a “las normas generales establecidas” en el centro recreativo.
Hace algunos meses dos jóvenes fueron expulsados de Efe Bar, en La Habana, supuestamente por besarse dentro del establecimiento privado. También el KingBar, otro centro nocturno bastante frecuentado de la capital, invocó el derecho de admisión para negar la entrada al poeta Norge Espinosa y un grupo de activistas LGBTI+ en 2015.

La transformista Blancuchini (a la izquierda) durante una de sus presentaciones en el Cabaret Cubanacán de Santa Clara (Foto por Yariel Valdés González)
Orlando Reinoso Castillo, barman del bar Tacones Lejanos de El Mejunje, se atreve a asegurar que este resulta el único sitio en la ciudad frecuentado a diario por personas gais que se mezclan sin dificultad con la población heterosexual, o con las chicas trans, o con los “pepillos.”
“A este lugar le llaman el bar de los escachados,” comenta, en alusión a los bajos ingresos de muchos clientes. “Además, aquí vienen las parejas, se besan y no pasa nada. La diversidad es tan natural en El Mejunje como sus ladrillos.”
National
Study shows ‘pervasive mistreatment of LGBTQ people by law enforcement’
Findings claim nationwide police misconduct, including in D.C., Va., Md.
The LGBTQ supportive Williams Institute, an arm of the University of California at Los Angeles School of Law, released a report last month citing multiple research studies conducted over the past 25 years showing past and “ongoing” mistreatment of LGBTQ people by law enforcement throughout the United States.
“Findings show that LGBTQ communities – particularly LGBTQ people of color, youth, and transgender and gender nonconforming individuals – have faced profiling, entrapment, discrimination, harassment, and violence from law enforcement for decades, and this mistreatment continues to be widespread,” according to a Williams Institute statement.
“Experiences of police mistreatment may discourage LGBTQ people from reporting crimes or engaging with law enforcement,” Joshua Arrayales, the report’s lead author and Williams Institute Law Fellow said in the statement.
“Reporting crimes is essential for accurate crime statistics, property allocation of crime prevention resources, and support services that address the unique needs of LGBTQ survivors,” he said.
The 59-page report cites the findings of two dozen or more studies and surveys of LGBTQ people’s interaction with police and law agencies for the past 25 years through 2024 conducted by various organizations, including the ACLU, the National Coalition of Anti-Violence Programs, the Williams Institute, and local government agencies.
But the report does not provide a breakdown of where police abuse against LGBTQ people occurred by specific police departments or locations. Instead it provides survey research findings of large groups of LGBTQ people who responded to a survey in different locations of the U.S.
Among other things, those surveys have found “LGBTQ people are more likely than non-LGBTQ people to report being stopped by police, searched by police, arrested, and falsely accused of an offense,” the Williams Institute statement accompanying the report says. “LGBTQ people also report substantial rates of verbal harassment, physical harassment, sexual harassment, and assault,” it says.
The report itself cites surveys of LGBTQ people’s interactions with police in D.C., Baltimore, and Virginia but does not give specific cases or identify specific police departments or agencies.
“A 2022 study based on interviews with 19 Black transgender women from Baltimore and Washington, D.C. identified a theme of re-victimization while seeking help from police,” the report says. “One participant noted that male officers asked what she did to cause her own abuse,” according to the report.
“Other participants expressed that when a knowledgeable officer was present, such as an LGBTQ+ liaison, they felt more inclined to reach out for help,” it says.
The report also states, “A 2024 study based on interviews with 44 transgender people in Virginia documented two instances of transgender women being pulled over for broken tail lights and then being mistreated once officers discovered they were transgender based on their IDs.” The report does not reveal the specific location in Virginia where this took place.
Other locations the report cites data on anti-LGBTQ conduct by police include New York City, Chicago, Los Angeles, Palo Alto, Newark, N.J., and Austin and San Antonio in Texas.
The full report can be accessed at williamsinstitute.law.ucla.edu.
Research/Study
HRC study reveals GOP efforts to undermine LGBTQ rights and services in 2026
House Republicans are pushing numerous anti-LGBTQ measures in FY26 bills, that could threaten healthcare, nondiscrimination protections, and LGBTQ rights.
A new study by the Human Rights Campaign shows House Republicans continue to push anti-LGBTQ legislation, despite overwhelming nationwide support for nondiscrimination protections for LGBTQ people.
The study found that Trump-supporting Republicans are attempting to pass 52 anti-LGBTQ riders—unofficial amendments to legislation with little chance of passing on their own—across 12 of the must-pass FY26 federal appropriations bills.
If enacted, these riders would become a significant vehicle for undermining LGBTQ+ equality.

The riders impose broad anti-LGBTQ measures, including blocking gender-affirming care, erasing sexual orientation and gender identity data, restricting nondiscrimination protections, limiting support for LGBTQ+ communities, targeting global LGBTQ+ rights and public health, interfering in medical decisions, and curtailing LGBTQ+ participation in sports, education, and civic life.
In addition to the riders, congressional Republicans have used the rescissions process—where the government takes back money already approved for programs deemed no longer necessary—to remove funding from Biden-era programs that have served as major lifelines for the most vulnerable members of the LGBTQ community, particularly low-income individuals, transgender youth, and people living with or at high risk for HIV.
Together, these efforts, combined with an already hostile White House eager to remove funding from anything deemed too “woke” or “wasteful,” have created a sizable gap in federal funding for programs once seen as foundational. Funding for nondiscrimination, public health, housing, and civil rights is now at risk, as Republicans follow Trump’s lead.
The HRC report shows that these proposed bills would drastically affect many aspects of LGBTQ existence, highlighting actions that will harm LGBTQ Americans.
These include establishing a “First Amendment Defense Act,” which allows individuals, businesses, universities, and federally funded agencies to refuse services to LGBTQ+ people in the name of personal belief; pushing drag bans on military bases and in U.S. foreign aid programming; minimizing gender-affirming care by reducing funding and punishing medical providers; and even applying a global gag rule to gender-affirming care in U.S.-supported foreign assistance programs.
The study also highlights attempts to block Medicaid and Medicare reimbursement for gender-affirming care and efforts to restrict PrEP, HIV testing, and sexual health services—policies that will particularly harm transgender people. It details extensive Republican efforts to redefine “sex” as strictly biological in standalone bills, appearing in riders that would gut Section 1557 protections and affect access to HIV prevention, Ryan White services, Title X reproductive health, and HOPWA housing programs.

Additional bills listed criminalize or stigmatize LGBTQ identity and are informing restrictions on community health education, HIV prevention campaigns, school-based health centers, and public health research funding at the CDC and NIH.
“This country deserves leadership that uses its power to help meet the needs of the people. Instead, MAGA Republicans make everything about attacking transgender people,” said David Stacy, Human Rights Campaign Vice President of Government Affairs.
“They have now spent three years attempting to poison these must-pass bills with anti-LGBTQ+ riders that polarize the House appropriations process and weaponize the federal government against our community, while doing nothing to address the urgent needs of their constituents. The American people have been clear: anti-equality politicians should stop shirking responsibility and actually serve all of their constituents. Pro-equality members of Congress must defeat the latest wave of anti-LGBTQ+ provisions and hold the line against hate.”
On election night, HRC released a memo showing anti-trans ad campaigns are failing and Americans overwhelmingly support equality. Nearly two-thirds of Americans back federal nondiscrimination protections for LGBTQ+ people, including 58% of independents and 42% of Republicans.
Almost 7 in 10 say politicians are too uninformed about transgender youth healthcare to make fair policies, and nearly half think lawmakers shouldn’t focus on transgender issues at all. And 70% percent worry politicians are targeting LGBTQ youth to divide the country and score political points.
The White House
SPJ calls for take down of Trump’s ‘media offenders’ website
White House launched online database on Monday
The Society for Professional Journalists has called out the White House for creating a website that targets individual journalists and news outlets that publish unfavorable coverage of the Trump-Vance administration.
In a letter to White House Press Secretary Karoline Leavitt on Monday, the SPJ — the nation’s most broad-based journalism organization, which works to protect the free practice of journalism with high ethical standards — asked the White House to take down its website singling out journalists for negative coverage of the administration.
“Journalists have a constitutionally protected and societally encouraged duty to hold power to account. They are not political opponents to be tracked, cataloged or punished,” the letter signed by SPJ National President Chris Vaccaro and SPJ Ethics Committee Chair Dan Axelrod.
“By publishing reporters’ names, outlets and specific stories, the White House is naming and shaming members of the press in a highly charged political and social environment. SPJ regards this as a form of online harassment that exposes journalists to potential threats and even violence.”
The website currently lists 23 outlets as “Media Offenders of the Week,” singling out national organizations like CBS News, the Boston Globe, and the Independent. The website says these particular organizations “misrepresents and exaggerates President Trump.”
The letter goes on to explain that there are more civil ways to disagree with published stories without singling out people for doing the only constitutionally protected job in the country.
“There are well-established ways of resolving disagreements over the fairness or accuracy of stories. The White House web page attacking so-called ‘media offenders’ ignores these principles and instead denigrates and attacks reporters.”
It also highlights how Trump often attacks women journalists in particular, noting that two weeks ago he told White House correspondent Catherine Lucey from Bloomberg News to be “quiet piggy” after she asked questions related to Trump’s relationship with sex offender Jeffery Epstein on Air Force One.
“Journalists, particularly women, already face an enormous amount of online harassment, and this can convert into physical violence. As you know, women journalists have also been publicly insulted by the president in recent weeks.”
The letter also explains that attacks like this on the legitimate press can cause tensions between journalists who attempt to hold those in power responsible and the public who consumes the rhetoric.
“This page, which categorizes reporting as ‘lies,’ ‘left-wing lunacy,’ and ‘malpractice,’ has a chilling effect on coverage. It undermines the healthy democratic relationship in which journalists hold power to account.”
The letter also draws a connection to how the Russian authoritarian dictatorship references media it dislikes, saying, “The president’s new ‘media offenders’ list mirrors a 2017 initiative by the Kremlin that labeled independent journalism as ‘fake news.’ The United States should not follow that example.”
“SPJ believes civility must be restored between the media and the Administration. Removing this page would be a vital first step toward lowering the temperature and reinforcing America’s commitment to free expression.”
The SPJ’s code of ethics, widely regarded as the ethical standard for good journalism, has four main pillars: Seek Truth and Report It, Minimize Harm, Act Independently, and Be Accountable and Transparent. The code was adopted in 1926 from the American Society of Newspaper Editors and has been revised multiple times since then, including in 1984, 1987, 1996, and most recently in 2014.
NLGJA, the The Association of LGBTQ+ Journalists is the journalist-led association that works within the news media to advance fair and accurate coverage of LGBTQ+ communities and issues, provided a statement to the Blade on the website and supports the SPJ’s public call for removing the website to restore faith in journalistic freedom in the U.S.
“We stand with SPJ in urging the Trump administration to remove its website targeting so-called “media offenders.” While NLGJA believes that media organizations should be held to the highest standards of accuracy and ethical reporting, this website does nothing to support a healthy press environment,” National Board President Ken Miguel told the Blade via email. “Instead, it undermines public trust in the free press, enables the harassment and targeting of journalists, and hinders their ability to cover the news fairly and accurately. Journalists must be able to do their work without fear of government retaliation.”
The White House has not responded to the Washington Blade’s request for comment on the letter.
-
The White House3 days ago‘Lavender Scare 2.0’: inside the White House’s campaign against LGBTQ federal employees
-
a&e features3 days agoMeet Mr. Christmas
-
District of Columbia3 days agoActivists praise Mayor Bowser’s impact on city, LGBTQ community
-
Japan4 days agoTokyo court upholds Japan’s same-sex marriage ban
