Connect with us

News

Una ciudad cubana que no quiere ser gueto

Santa Clara se debate espacios exclusivos para la comunidad LGBT

Published

on

Una noche de sábado en el Cabaret Cubanacán, de Santa Clara. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)

Nota del editor: Tremenda Nota es una revista electrónica independiente que documenta la comunidad LGBTI del país y otros grupos minoritarios. Tremenda Nota es una pareja de contenido del Washington Blade.

Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.

SANTA CLARA, Cuba — Una de las ciudades cubanas más hospitalarias con las personas LGBTI+ también se debate entre la demanda de espacios exclusivos para las minorías sexuales y las desigualdades económicas que crecen en la Isla.

Cada sábado Miguel Antonio Castillo viaja cerca de dos kilómetros para encontrar una discoteca.

En San Diego del Valle, su primer destino, hay pocos lugares para bailar o simplemente disfrutar de espectáculos culturales. Por eso, desde que supo que existía una “noche para las personas LGBTI+” en Santa Clara, la capital de la provincia, Miguel Antonio decidió alargar su travesía por más de 30 kilómetros hasta el Cabaret Cubanacán.

“Las actividades que hacen allá [en San Diego del Valle] son muy generales,” se queja. “Y tampoco hay un día específico para los homosexuales.”

Al joven le seduce que “en las fiestas gais todos son gais.” Además, allí puede “encontrar amigos e intercambiar con personas que tienen gustos sexuales, estéticos o musicales similares, sin riesgo de sufrir homofobia.”

Más allá de las cabeceras municipales cubanas la recreación se reduce a una discoteca improvisada y a un parque central donde la gente se reúne a “cotillear.” Las fiestas concebidas para personas LGBTI+ tampoco son comunes más allá de La Habana y de algunas capitales provinciales.

En la pequeña ciudad de Camajuaní, a 20 kilómetros de Santa Clara, nunca ha prosperado una “fiesta diversa,” aseguran varias personas LGBTI+ entrevistadas por Tremenda Nota.

Según Leonel Jacomino Jiménez, promotor del proyecto Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), las gestiones para crear un espacio inclusivo “tienen que hacerse sobre la base de cartas y tocando puertas para molestar a algunos funcionarios del gobierno.”

En otros casos, como ocurrió el pasado año en Sagua la Grande, una de las principales ciudades de la provincia, las fiestas LGBTI+ fracasan por falta de público o de buenas estrategias de promoción.

Solo el proyecto itinerante “Me incluyo,” organizado por el promotor cultural Ramón Silverio, creador y director de El Mejunje, ha presentado espectáculos de transformismo y otras actividades inclusivas en poblados y zonas apartadas.

Santa Clara, por su parte, cuenta con tres espacios que celebran las llamadas “fiestas gais,” y que incluyen shows de transformismo. El Centro Recreativo El Bosque, el Cabaret Cubanacán y El Mejunje de Silverio son los únicos lugares que introducen en su cartelera semanal una “noche diversa.”

En la última década las “fiestas diversas” han alcanzado varias ciudades cubanas, aunque todavía La Habana y Santa Clara son las que ofrecen más opciones recreativas “exclusivas” para las personas LGBTI+. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)

¿Gueto homosexual?

Junto al Cabaret Cubanacán funciona otro espacio recreativo nombrado Disco Isla. Los públicos se muestran segregados cada sábado. De un lado hacen fila las personas gais, trans y lesbianas; del otro aparecen jóvenes heterosexuales que evitan mezclarse con “sus vecinos.” Las personas LGBTI+ permanecen en el gueto “asignado” socialmente.

“La creación de espacios exclusivos genera también una especie de exclusión,” cree Félix Izaguirre, un joven que hace fila para entrar a otra de las “fiestas diversas” de la ciudad.

“Mucha gente no va al Cabaret los sábados ni vienen a El Mejunje, precisamente porque saben que es noche gay,” dice. “Siempre existen heterosexuales que tienen amigos gais y los acompañan sin prejuicios, pero son los menos.”
 
Ramón Silverio creó hace más de tres décadas el centro cultural El Mejunje, acusado en sus primeros años de ser un “club exclusivo para personas gais.” Sin embargo, la institución sobrevivió el paso del tiempo y, en vez de apartar en un gueto a las personas LGBTI+, abrió las puertas al resto de la sociedad.  

El público asiste a un show de transformismo en El Mejunje. (Foto por Yariel Valdés González)

Aun así, muchas personas homosexuales y transgéneros prefieren acudir a “espacios exclusivos para gais.” Javier Olivera, transformista que se presenta en el escenario de El Mejunje como Cinthia, aseguró que en sitios “aparentemente para heterosexuales” suele encontrarse conflictos entre la clientela homofóbica y los gais.

Por eso, Denet Oliva Triana, colega de Javier conocida como Blacuchini, respalda la existencia de lugares dedicados a la comunidad LGBTI+, aunque siente que está “en un círculo” que le lleva siempre al mismo sitio con la misma gente.

Si es caro no es incluyente

A pesar del éxito del Cabaret Cubanacán y del Centro Recreativo El Bosque ― actualmente en reparación ―, el sitio más popular para la comunidad LGBTI+ de Santa Clara sigue siendo El Mejunje, por sus razonables precios y su cercanía al centro de la ciudad.

“Cada uno se divierte donde le permiten sus ingresos,” aseguran varios entrevistados. Las incipientes clases sociales que se consolidan en Cuba hace más de una década también dividen a las minorías sexuales.

Al Cubanacán, al Bosque, van quienes cuentan con mejor economía, pues solo la entrada cuesta como mínimo 25 pesos (1 CUC, equivalente a un dólar). Ese precio, por ejemplo, quintuplica el valor del boleto de entrada a El Mejunje.

En un país donde el salario medio es 767 pesos mensuales (poco más de 30 dólares estadounidenses), “no se puede decir que un lugar sea inclusivo si cobra cuarenta pesos por la entrada,” advierte Ramón Silverio.

Reinaldo Gil, un joven artista plástico, confirma que “al Cubanacán va la gente que tiene un poco más de dinero.” Al principio, cuando acababan de abrir la “noche diversa” en el cabaret, “los mismos trabajadores de allí te discriminaban un poco, existía homofobia.”

“En el Carishow — una céntrica discoteca de la cadena de servicios extrahoteleros Palmares — a veces no aceptan que entren los homosexuales,” denuncia Gil.

Sin embargo, uno de los agentes de seguridad del Carishow aseguró a Tremenda Nota que allí nunca han existido manifestaciones de homofobia y que “se trata a todos los clientes por igual,” en tanto se comporten de acuerdo a “las normas generales establecidas” en el centro recreativo.

Hace algunos meses dos jóvenes fueron expulsados de Efe Bar, en La Habana, supuestamente por besarse dentro del establecimiento privado. También el KingBar, otro centro nocturno bastante frecuentado de la capital, invocó el derecho de admisión para negar la entrada al poeta Norge Espinosa y un grupo de activistas LGBTI+ en 2015.

La transformista Blancuchini (a la izquierda) durante una de sus presentaciones en el Cabaret Cubanacán de Santa Clara (Foto por Yariel Valdés González)

Orlando Reinoso Castillo, barman del bar Tacones Lejanos de El Mejunje, se atreve a asegurar que este resulta el único sitio en la ciudad frecuentado a diario por personas gais que se mezclan sin dificultad con la población heterosexual, o con las chicas trans, o con los “pepillos.”

“A este lugar le llaman el bar de los escachados,” comenta, en alusión a los bajos ingresos de muchos clientes. “Además, aquí vienen las parejas, se besan y no pasa nada. La diversidad es tan natural en El Mejunje como sus ladrillos.”

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Florida

AIDS Healthcare Foundation sues Fla. over ‘illegal’ HIV drug program cuts

Tens of thousands could lose access to medications

Published

on

(Photo by Catella via Bigstock)

Following the slashing of hundreds of thousands of dollars from Florida’s AIDS Drug Assistance Program, AIDS Healthcare Foundation filed a lawsuit against the Florida Department of Health over what it says was an illegal change to income eligibility thresholds for the lifesaving program.

The Florida Department of Health announced two weeks ago that it would make sweeping cuts to ADAP, dramatically changing how many Floridians qualify for the state-funded medical coverage — without using the formal process required to change eligibility rules. As a result, AHF filed a petition Tuesday in Tallahassee with the state’s Division of Administrative Hearings, seeking to prevent more than 16,000 Floridians from losing coverage.

The medications covered by ADAP work by suppressing HIV-positive people’s viral load — making the virus undetectable in blood tests and unable to be transmitted to others.

Prior to the eligibility change, the Florida Department of Health covered Floridians earning up to 400 percent of the federal poverty level — or $62,600 annually for an individual. Under the new policy, eligibility would be limited to those making no more than 130 percent of the federal poverty level, or $20,345 per year.

The National Alliance of State and Territorial AIDS Directors estimates that more than 16,000 patients in Florida will lose coverage under the state’s ADAP because of this illegal change in department policy. Florida’s eligibility changes would also eliminate access to biktarvy, a widely used once-daily medication for people living with HIV/AIDS.

Under Florida law, when a state agency seeks to make a major policy change, it must either follow a formal rule-making process under the Florida Administrative Procedure Act or obtain direct legislative authorization.

AHF alleges the Florida Department of Health did neither.

Typically, altering eligibility for a statewide program requires either legislative action or adherence to a multistep rule-making process, including: publishing a Notice of Proposed Rule; providing a statement of estimated regulatory costs; allowing public comment; holding hearings if requested; responding to challenges; and formally adopting the rule. According to AHF, none of these steps occurred.

“Rule-making is not a matter of agency discretion. Each statement that an agency like the Department of Health issues that meets the statutory definition of a rule must be adopted through legally mandated rule-making procedures. Florida has simply not done so here,” said Tom Myers, AHF’s chief of public affairs and general counsel. “The whole point of having to follow procedures and rules is to make sure any decisions made are deliberate, thought through, and minimize harm. Floridians living with HIV and the general public’s health are at stake here and jeopardized by these arbitrary and unlawful DOH rule changes.”

AHF has multiple Ryan White CARE Act contracts in Florida, including four under Part B, which covers ADAP. More than 50 percent of people diagnosed with HIV receive assistance from Ryan White programs annually.

According to an AHF advocacy leader who spoke with the Washington Blade, the move appears to have originated at the state level rather than being driven by the federal government — a claim that has circulated among some Democratic officials.

“As far as we can tell, Congress flat-funded the Ryan White and ADAP programs, and the proposed federal cuts were ignored,” the advocacy leader told the Blade on the condition of anonymity. “None of this appears to be coming from Washington — this was initiated in Florida. What we’re trying to understand is why the state is claiming a $120 million shortfall when the program already receives significant federal funding. That lack of transparency is deeply concerning.”

Florida had the third-highest rate of new HIV infections in the nation in 2022, accounting for 11 percent of new diagnoses nationwide, according to KFF, a nonprofit health policy research organization.

During a press conference on Wednesday, multiple AHF officials commented on the situation, and emphasized the need to use proper methods to change something as important as HIV/AIDS coverage availability in the sunshine state. 

“We are receiving dozens, hundreds of calls from patients who are terrified, who are confused, who are full of anxiety and fear,” said Esteban Wood, director of advocacy, legislative affairs, and community engagement at AHF. “These are working Floridians — 16,000 people — receiving letters saying they have weeks left of medication that keeps them alive and costs upwards of $45,000 a year. Patients are asking us, ‘What are we supposed to do? How are we supposed to survive?’ And right now, we don’t have a good answer.”

“This decision was not done in the correct manner. County health programs, community-based organizations, providers across the state — none of them were consulted,” Wood added. “Today is Jan. 28, and we have just 32 days until these proposed changes take effect. Nearly half of the 36,000 people currently on ADAP could be disenrolled in just over a month.”

“Without this medication, people with HIV get sicker,” Myers said during the conference. “They end up in emergency rooms, they lose time at work, and they’re unable to take care of their families. Treatment adherence is also the best way to prevent new HIV infections — people who are consistently on these medications are non-infectious. If these cuts go through, you will have sicker people, more HIV infections, and ultimately much higher costs for the state.”

“Patients receiving care through Ryan White and ADAP have a 91 percent viral suppression rate, compared to about 60 percent nationally,” the advocacy leader added. “That’s as close to a functional cure as we can get, and it allows people to live healthy lives, work, and contribute to their communities. Blowing a hole in a program this successful puts lives at risk and sets a dangerous precedent. If Florida gets away with this, other states facing budget pressure could follow.”

The lawsuit comes days after the Save HIV Funding campaign pressed Congress to build bipartisan support for critical funding for people living with or vulnerable to HIV. In May of last year, President Donald Trump appeared to walk back his 2019 pledge to end HIV as an epidemic, instead proposing the elimination of HIV prevention programs at the Centers for Disease Control and Prevention and housing services in his budget request to Congress.

House appropriators, led by the Republican majority, went further, calling for an additional $2 billion in cuts — including $525 million for medical care and support services for people living with HIV. 

While Senate appropriators ultimately chose to maintain level funding in their version of the spending bills, advocates feared final negotiations could result in steep cuts that would reduce services, increase new HIV infections, and lead to more AIDS-related deaths. The final spending package reflected a best-case outcome, with funding levels largely mirroring the Senate’s proposed FY26 allocations.

“What the state has done in unilaterally announcing these changes is not following its own rules,” Myers added. “There is a required process — rule-making, notice and comment, taking evidence — and none of that happened here. Before you cut 16,000 people off from lifesaving medication, you have to study the harms, ask whether you even have the authority to do it, and explore other solutions. That’s what this lawsuit is about.”

Continue Reading

China

Two Chinese men detained over AI-generated picture of pandas engaging in same-sex behavior

Arrests part of increased online surveillance, LGBTQ rights crackdown

Published

on

(Photo by Aylandy/Bigstock)

Chinese authorities have detained two men after they shared an artificially altered image that linked queer identity with a specific city.

The Washington Post on Jan. 21 reported the men — who are 29 and 33 — circulated an AI-generated picture depicting pandas engaging in same-sex behavior in Chengdu, a major city in southwestern China often referred to as the “panda capital” due to its association with giant panda conservation. Local officials described the sharing of the image as “malicious,” and police in Chengdu took the men into custody.

Authorities also suspended the two men’s social media accounts, accusing them of spreading misinformation presented as legitimate news. According to the Post, the artificially generated image was posted alongside a fabricated headline, giving the appearance of an authentic news report. The image depicted two male pandas mating.

According to an official police report, police said the fabricated image was presented in the format of a legitimate news article and accompanied by a false headline. The caption read, “Chengdu: Two male Sichuan giant pandas successfully mate for the first time without human intervention,” authorities said.

Chinese regulators have in recent years tightened oversight of AI and online content. 

Under the Interim Measures for the Administration of Generative Artificial Intelligence Services, issued in 2023, providers and users of generative AI systems are required to comply with existing laws, adhere to social and ethical standards, and refrain from producing or disseminating false or misleading information. Additional rules that took effect on Sept. 1, 2025, require online platforms to clearly label AI-generated content, a measure authorities have said is intended to curb misinformation and maintain order in digital spaces.

Police under Chinese law are permitted to impose administrative detention of up to 15 days for offenses deemed to disrupt public order, a category that includes the fabrication or dissemination of false information online. Such cases are handled outside the criminal court system and do not require formal prosecution.

According to a statement the Chengdu Public Security Bureau’s Chenghua branch released, police opened an investigation after receiving public reports that online accounts were spreading false information about the city. Authorities said officers collected evidence shortly afterward and placed the two individuals under administrative detention.

The detentions are not an isolated case. 

The Washington Blade in July 2025 reported a Chinese female writer was arrested and subjected to a strip search after publishing gay erotic fiction online. At least 30 other writers — most of them women in their 20s — in the months that followed publicly described similar encounters with law enforcement, including home raids and questioning related to their online writing.

ShanghaiPRIDE, a Chinese LGBTQ advocacy group that organized annual Pride events in the city, has remained indefinitely suspended since 2021. In the same period, dozens of LGBTQ-focused accounts have been removed from WeChat, China’s largest social media platform, as authorities intensified oversight of online content related to sexual orientation and gender identity.

Authorities in 2021 detained the founder of LGBT Rights Advocacy China. They later released them on the condition that he shut down the organization, which ceased operations shortly afterward.

China decriminalized homosexuality in 1997 when it removed consensual same-sex sexual relations from the country’s criminal code. The Chinese Society of Psychiatry in 2001 formally removed homosexuality from its list of mental disorders. Despite those changes, same-sex relationships remain unrecognized under Chinese law, and there are no legal protections against discrimination based on sexual orientation or gender identity. Public advocacy for LGBTQ rights remains tightly restricted, with authorities continuing to limit community organizing, public events and online expression related to sexual minority issues.

Within China’s LGBTQ community, transgender and gender non-conforming people remain among the most vulnerable. Under current regulations, access to gender-affirming surgery is subject to strict requirements, including being at least 18 years old, unmarried, obtaining parental consent and having no criminal record — procedures that are required in order to legally change one’s gender on official documents.

China’s system of online governance places responsibility on both users and platforms to prevent the spread of prohibited content. Social media companies are required to conduct real-name verification, monitor user activity and remove posts that violate regulations, while individuals can be punished for content authorities determine to have caused public misunderstanding or social disruption.

“Actually, at least three similar incidents have occurred in Chengdu recently, all involving netizens posting on social media linking Chengdu with homosexuality, resulting in legal repercussions. This isn’t just about giant pandas. I think the local police’s reaction was somewhat excessive,” said Renn Hao, a Chinese queer activist. “The content was actually praising Chengdu’s inclusivity, and there was no need to punish them with regulations like ‘maliciously spreading false information.’” 

“This situation reflects the strict censorship of LGBT related content in the area,” they added. “This censorship makes LGBT-related content increasingly invisible, and people are even more afraid to post or mention it. This not only impacts the LGBTQ+ community in China but also hinders public understanding and awareness of this group.”

Continue Reading

National

Federal authorities arrest Don Lemon

Former CNN anchor taken into custody two weeks after Minn. church protest

Published

on

Don Lemon (Screenshot via YouTube)

Federal authorities on Thursday arrested former CNN anchor Don Lemon in Los Angeles.

CNN reported authorities arrested Lemon after 11 p.m. PT while in the lobby of a hotel in Beverly Hills, Calif., while he “was leaving for an event.” Lemon’s lawyer, Abbe Lowell, in a statement said his client was in Los Angeles to cover the Grammy Awards.

Authorities arrested Lemon less than two weeks after he entered Cities Church in St. Paul, Minn., with a group of protesters who confronted a pastor who works for U.S. Immigration and Customs Enforcement. (An ICE agent on Jan. 7 shot and killed Renee Good, a 37-year-old Minneapolis woman who left behind her wife and three children. U.S. Customs and Border Protection agents on Jan. 24 shot and killed Alex Pretti, a 37-year-old nurse who worked for the Department of Veterans Affairs, in Minneapolis.)

Lemon insists he was simply covering the Cities Church protest that interrupted the service. A federal magistrate last week declined to charge the openly gay journalist in connection with the demonstration.

“Don Lemon was taken into custody by federal agents last night in Los Angeles, where he was covering the Grammy awards,” said Lowell in his statement. “Don has been a journalist for 30 years, and his constitutionally protected work in Minneapolis was no different than what he has always done. The First Amendment exists to protect journalists whose role it is to shine light on the truth and hold those in power accountable.”

“Instead of investigating the federal agents who killed two peaceful Minnesota protesters, the Trump Justice Department is devoting its time, attention and resources to this arrest, and that is the real indictment of wrongdoing in this case,” Lowell added. “This unprecedented attack on the First Amendment and transparent attempt to distract attention from the many crises facing this administration will not stand. Don will fight these charges vigorously and thoroughly in court.”

Attorney General Pam Bondi on X confirmed federal agents “at my direction” arrested Lemon and three others — Trahern Jeen Crews, Georgia Fort, and Jamael Lydell Lundy — “in connection with the coordinated attack on Cities Church in St. Paul, Minnesota.”

Fort is also a journalist.

Lemon, who CNN fired in 2023, is expected to appear in court in Los Angeles on Friday.

“Freedom of the press is a cornerstone of a free society; it is the tool by which Americans access the truth and hold power to account. But Donald Trump and Pam Bondi are at war with that freedom — and are threatening the fundamentals of our democracy,” said Human Rights Campaign President Kelley Robinson on Friday in a statement. “Don Lemon and Georgia Fort were doing their jobs as reporters. Arresting them is not law enforcement it is an attack on the Constitution at a moment when truthful reporting on government power has never been more important. These are the actions of a despot, the tactics of a dictator in an authoritarian regime.”

Continue Reading

Popular