News
Una ciudad cubana que no quiere ser gueto
Santa Clara se debate espacios exclusivos para la comunidad LGBT

Una noche de sábado en el Cabaret Cubanacán, de Santa Clara. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.
SANTA CLARA, Cuba — Una de las ciudades cubanas más hospitalarias con las personas LGBTI+ también se debate entre la demanda de espacios exclusivos para las minorías sexuales y las desigualdades económicas que crecen en la Isla.
Cada sábado Miguel Antonio Castillo viaja cerca de dos kilómetros para encontrar una discoteca.
En San Diego del Valle, su primer destino, hay pocos lugares para bailar o simplemente disfrutar de espectáculos culturales. Por eso, desde que supo que existía una “noche para las personas LGBTI+” en Santa Clara, la capital de la provincia, Miguel Antonio decidió alargar su travesía por más de 30 kilómetros hasta el Cabaret Cubanacán.
“Las actividades que hacen allá [en San Diego del Valle] son muy generales,” se queja. “Y tampoco hay un día específico para los homosexuales.”
Al joven le seduce que “en las fiestas gais todos son gais.” Además, allí puede “encontrar amigos e intercambiar con personas que tienen gustos sexuales, estéticos o musicales similares, sin riesgo de sufrir homofobia.”
Más allá de las cabeceras municipales cubanas la recreación se reduce a una discoteca improvisada y a un parque central donde la gente se reúne a “cotillear.” Las fiestas concebidas para personas LGBTI+ tampoco son comunes más allá de La Habana y de algunas capitales provinciales.
En la pequeña ciudad de Camajuaní, a 20 kilómetros de Santa Clara, nunca ha prosperado una “fiesta diversa,” aseguran varias personas LGBTI+ entrevistadas por Tremenda Nota.
Según Leonel Jacomino Jiménez, promotor del proyecto Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), las gestiones para crear un espacio inclusivo “tienen que hacerse sobre la base de cartas y tocando puertas para molestar a algunos funcionarios del gobierno.”
En otros casos, como ocurrió el pasado año en Sagua la Grande, una de las principales ciudades de la provincia, las fiestas LGBTI+ fracasan por falta de público o de buenas estrategias de promoción.
Solo el proyecto itinerante “Me incluyo,” organizado por el promotor cultural Ramón Silverio, creador y director de El Mejunje, ha presentado espectáculos de transformismo y otras actividades inclusivas en poblados y zonas apartadas.
Santa Clara, por su parte, cuenta con tres espacios que celebran las llamadas “fiestas gais,” y que incluyen shows de transformismo. El Centro Recreativo El Bosque, el Cabaret Cubanacán y El Mejunje de Silverio son los únicos lugares que introducen en su cartelera semanal una “noche diversa.”

En la última década las “fiestas diversas” han alcanzado varias ciudades cubanas, aunque todavía La Habana y Santa Clara son las que ofrecen más opciones recreativas “exclusivas” para las personas LGBTI+. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
¿Gueto homosexual?
Junto al Cabaret Cubanacán funciona otro espacio recreativo nombrado Disco Isla. Los públicos se muestran segregados cada sábado. De un lado hacen fila las personas gais, trans y lesbianas; del otro aparecen jóvenes heterosexuales que evitan mezclarse con “sus vecinos.” Las personas LGBTI+ permanecen en el gueto “asignado” socialmente.
“La creación de espacios exclusivos genera también una especie de exclusión,” cree Félix Izaguirre, un joven que hace fila para entrar a otra de las “fiestas diversas” de la ciudad.
“Mucha gente no va al Cabaret los sábados ni vienen a El Mejunje, precisamente porque saben que es noche gay,” dice. “Siempre existen heterosexuales que tienen amigos gais y los acompañan sin prejuicios, pero son los menos.”
Ramón Silverio creó hace más de tres décadas el centro cultural El Mejunje, acusado en sus primeros años de ser un “club exclusivo para personas gais.” Sin embargo, la institución sobrevivió el paso del tiempo y, en vez de apartar en un gueto a las personas LGBTI+, abrió las puertas al resto de la sociedad.

El público asiste a un show de transformismo en El Mejunje. (Foto por Yariel Valdés González)
Aun así, muchas personas homosexuales y transgéneros prefieren acudir a “espacios exclusivos para gais.” Javier Olivera, transformista que se presenta en el escenario de El Mejunje como Cinthia, aseguró que en sitios “aparentemente para heterosexuales” suele encontrarse conflictos entre la clientela homofóbica y los gais.
Por eso, Denet Oliva Triana, colega de Javier conocida como Blacuchini, respalda la existencia de lugares dedicados a la comunidad LGBTI+, aunque siente que está “en un círculo” que le lleva siempre al mismo sitio con la misma gente.
Si es caro no es incluyente
A pesar del éxito del Cabaret Cubanacán y del Centro Recreativo El Bosque ― actualmente en reparación ―, el sitio más popular para la comunidad LGBTI+ de Santa Clara sigue siendo El Mejunje, por sus razonables precios y su cercanía al centro de la ciudad.
“Cada uno se divierte donde le permiten sus ingresos,” aseguran varios entrevistados. Las incipientes clases sociales que se consolidan en Cuba hace más de una década también dividen a las minorías sexuales.
Al Cubanacán, al Bosque, van quienes cuentan con mejor economía, pues solo la entrada cuesta como mínimo 25 pesos (1 CUC, equivalente a un dólar). Ese precio, por ejemplo, quintuplica el valor del boleto de entrada a El Mejunje.
En un país donde el salario medio es 767 pesos mensuales (poco más de 30 dólares estadounidenses), “no se puede decir que un lugar sea inclusivo si cobra cuarenta pesos por la entrada,” advierte Ramón Silverio.
Reinaldo Gil, un joven artista plástico, confirma que “al Cubanacán va la gente que tiene un poco más de dinero.” Al principio, cuando acababan de abrir la “noche diversa” en el cabaret, “los mismos trabajadores de allí te discriminaban un poco, existía homofobia.”
“En el Carishow — una céntrica discoteca de la cadena de servicios extrahoteleros Palmares — a veces no aceptan que entren los homosexuales,” denuncia Gil.
Sin embargo, uno de los agentes de seguridad del Carishow aseguró a Tremenda Nota que allí nunca han existido manifestaciones de homofobia y que “se trata a todos los clientes por igual,” en tanto se comporten de acuerdo a “las normas generales establecidas” en el centro recreativo.
Hace algunos meses dos jóvenes fueron expulsados de Efe Bar, en La Habana, supuestamente por besarse dentro del establecimiento privado. También el KingBar, otro centro nocturno bastante frecuentado de la capital, invocó el derecho de admisión para negar la entrada al poeta Norge Espinosa y un grupo de activistas LGBTI+ en 2015.

La transformista Blancuchini (a la izquierda) durante una de sus presentaciones en el Cabaret Cubanacán de Santa Clara (Foto por Yariel Valdés González)
Orlando Reinoso Castillo, barman del bar Tacones Lejanos de El Mejunje, se atreve a asegurar que este resulta el único sitio en la ciudad frecuentado a diario por personas gais que se mezclan sin dificultad con la población heterosexual, o con las chicas trans, o con los “pepillos.”
“A este lugar le llaman el bar de los escachados,” comenta, en alusión a los bajos ingresos de muchos clientes. “Además, aquí vienen las parejas, se besan y no pasa nada. La diversidad es tan natural en El Mejunje como sus ladrillos.”
New York
Court orders Pride flag to return to Stonewall
Lambda Legal, Washington Litigation Group filed federal lawsuit
The Pride flag will once again fly over the Stonewall National Monument in New York following a court order requiring the National Park Service to raise it over the site.
The decision follows a lawsuit filed by Lambda Legal and the Washington Litigation Group in the U.S. District Court for the Southern District of New York, which challenged the removal as unconstitutional under the Administrative Procedure Act and argued that the government unlawfully targeted the LGBTQ community.
In February, the NPS removed the Pride flag from the Stonewall National Monument, the first national monument dedicated to LGBTQ rights and history in the U.S. The move followed a Jan. 21 memorandum issued by President Donald Trump-appointed NPS Director Jessica Bowron restricting which flags may be flown at national parks. The directive limited displays to official government flags, with narrow exceptions for those deemed to serve an “official purpose.”
Plaintiffs successfully argued that the Pride flag meets that standard, given Stonewall’s status as the birthplace of the modern LGBTQ rights movement. They also contended that the policy violated the APA by bypassing required public input and improperly applying agency rules.
The lawsuit named Interior Secretary Doug Burgum, Bowron, and Amy Sebring, superintendent of Manhattan sites for the NPS, as defendants. Plaintiffs included the Gilbert Baker Foundation, Village Preservation, Equality New York, and several individuals.
The court found that the memorandum — while allowing limited exceptions for historical context purposes — was applied unlawfully in this case. As part of the settlement, the NPS is required to rehang the Pride flag on the monument’s official flagpole within seven days, where it will remain permanently.
“The sudden, arbitrary, and capricious removal of the Pride flag from the Stonewall National Monument was yet another act by this administration to erase the LGBTQ+ community,” said Karen Loewy, co-counsel for plaintiffs and Lambda Legal’s Senior Counsel and Director of Constitutional Law Practice. “Today, the government has pledged to restore this important symbol back to where it belongs.”
“This is a complete victory for our clients and for the LGBTQ+ community,” said Alexander Kristofcak, lead counsel for plaintiffs and a lawyer with Washington Litigation Group. “The government has acknowledged what we argued from day one: the Pride flag belongs at Stonewall. The flag will be restored and it will fly officially and permanently. And we will remain vigilant to ensure that the government sticks to the deal.”
“Gilbert Baker created the Rainbow Pride flag as a symbol of hope and liberation,” said Charles Beal, president of the Gilbert Baker Foundation. “Today, that symbol is restored to the place where it belongs, standing watch over the birthplace of the modern LGBTQ+ rights movement.”
“The government tried to erase an important symbol of the LGBTQ+ community, and the community said no,” said Amanda Babine, executive director of Equality New York. “Today’s accomplishment proves that when we stand together and fight back, we win.”
“The removal of the Pride flag from Stonewall was an attempt to erase LGBTQ+ history and undermine the rule of law,” said Andrew Berman, executive director of Village Preservation. “This settlement restores both.”
With Loewy on the complaint are Douglas F. Curtis, Camilla B. Taylor, Omar Gonzalez-Pagan, Kenneth D. Upton Jr., Jennifer C. Pizer, and Nephetari Smith from Lambda Legal. With Kristofcak on the complaint are Mary L. Dohrmann, Sydney Foster, Kyle Freeny, James I. Pearce, and Nathaniel Zelinsky from Washington Litigation Group.
Sri Lanka
Sri Lankan government withdraws support for LGBTQ tourism initiative
Prominent religious leaders criticized campaign
The Sri Lankan government has withdrawn its support for an initiative that encourages LGBTQ tourists to visit the country.
The Sri Lanka Tourism Development Authority last September partnered with Equal Ground, an LGBTQ rights group, on the initiative.
The Daily Mirror, a Sri Lankan newspaper, reported Sri Lanka Development Authority Chair Buddhika Hewawasam in a letter to Equal Ground Executive Director Rosanna Flamer-Caldera said his agency recognizes “the potential of this project to diversify our tourism markets and position Sri Lanka as a safe, inclusive, and welcoming destination for all travelers.”
Cardinal Malcolm Ranjith, the archbishop of Colombo, along other prominent Christian and Buddhist leaders criticized the initiative. Attorney General Parinda Ranasinghe on Feb. 10 indicated the Sri Lanka Tourism Development Authority had rescinded its support for the campaign.
Flamer-Caldera on April 10 acknowledged the criticism over the initiative but added “the fact that the letter has been rescinded doesn’t make any difference.”
“We’re still doing work with the tourism industry who have basically opened up to us and are willing participants in the project,” said Flamer-Caldera. “They realize the potential of the boost to our tourism industry as well as boosting our economy.”
Sections 365 and 365A of Sri Lanka’s colonial-era penal code criminalizes consensual same-sex sexual relations.
The U.N. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women in 2022 ruled the criminalization law violated Flamer-Caldera’s rights. The Sri Lankan Supreme Court in 2023 said a bill that would decriminalize homosexuality is constitutional.
Transgender people in Sri Lanka since 2016 have been able to request a Gender Recognition Certificate that allows them to legally change their name and gender on ID cards. Flamer-Caldera noted to the Blade that LGBTQ rights opponents have challenged the Gender Recognition Certificate in the Supreme Court.
Federal Government
Trump budget targets ‘gender extremism’
Proposed spending package would target ‘leftist’ political ideologies
The White House submitted its 2027 budget request to Congress last month, outlining a push for the Federal Bureau of Investigation to “proactively” target what it describes as “extremism” related to gender — raising concerns about the potential for law enforcement to target LGBTQ people.
The Trump-Vance administration’s 2027 budget request, submitted to Congress on April 4, proposes a dramatic increase in national security and law enforcement spending, while reducing foreign aid and restructuring multiple domestic security programs. In total, the administration is requesting $2.16 trillion in discretionary budget authority (including mandatory resources), a 15.3 percent increase over the 2026 proposal.
Central to the proposal is the creation of a new “NSPM-7 Joint Mission Center,” a direct follow-up to the September 2025 National Security Presidential Memorandum 7 (NSPM-7). The directive instructs the Justice Department, the FBI, and other national security agencies to combat what the administration defines as “political violence in America,” effectively reshaping the Joint Terrorism Task Force network to focus on “leftist” political ideologies, according to reporting by independent journalist Ken Klippenstein.
The American Civil Liberties Union has characterized NSPM-7 as a way for President Donald Trump to intimidate his political enemies.
In a press release following the memorandum, Hina Shamsi, director of the ACLU’s National Security Project, said, “President Trump has launched yet another effort to investigate and intimidate his critics,” and had described the move as an “intimidation tactic against those standing up for human rights and civil liberties.”
The proposed mission center would include personnel from 10 federal agencies tasked with targeting “domestic terrorists” associated with a wide range of ideologies. Among them is what the administration labels “extremism” related to gender, alongside categories such as “anti-Americanism,” “anti-capitalism,” “anti-Christianity,” and “support for the overthrow of the U.S. government.” The document also cites “hostility toward those who hold traditional American views” on family, religion, and morality — language LGBTQ advocates have increasingly warned could be used to frame queer and transgender rights movements as ideological threats.
The mission center is one component of a proposed $166 million increase in the FBI’s counterterrorism budget.
In total, the FBI would receive $12.5 billion for salaries and expenses under the proposal, a $1.9 billion increase. Planned investments include unmanned aerial systems operations and counter-drone capabilities, counterterrorism efforts, and security preparations for the 2028 Summer Olympics in Los Angeles. The budget also cites 67,000 FBI arrests since Jan. 20, 2026, which it describes as a 197 percent increase from the prior year.
When Congress passed the USA PATRIOT Act in 2001, it also enacted 18 U.S.C. § 2331(5), which defines domestic terrorism as activities involving acts dangerous to human life that violate criminal laws and are intended to intimidate or coerce civilians or influence government policy through violence. That statutory definition has not changed.
However, federal agencies have historically categorized domestic terrorism threats into groups such as racially or ethnically motivated violent extremism, anti-government or anti-authority violent extremism, and other threats, including those tied to bias based on religion, gender, or sexual orientation.
The language in the budget suggests a shift in how those categories are interpreted and applied — particularly by explicitly linking “extremism” to gender and to perceived opposition to “traditional” views — without any corresponding change to federal law. Only Congress has the power to change the definition of domestic terrorism by passing legislation.
The budget document states:
“DT lone offenders will continue to pose significant detection and disruption challenges because of their capacity for independent radicalization to violence, ability to mobilize discretely, and access to firearms. Additionally, in recent years, heinous assassinations and other acts of political violence in the United States have dramatically increased. Commonly, this violent conduct relates to views associated with anti-Americanism, anti-capitalism, and anti-Christianity; support for the overthrow of the U.S. government; extremism on migration, race, and gender; and hostility toward those who hold traditional American views on family, religion, and morality.”
This language echoes earlier actions by the Trump-Vance administration targeting trans people.
On the first day of his second term, President Trump signed Executive Order 14168, titled “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.”
The order establishes a strict binary definition of sex and withdraws federal recognition of trans people.
“It is the policy of the United States to recognize two sexes, male and female,” the order states. “‘Sex’ shall refer to an individual’s immutable biological classification as either male or female. ‘Sex’ is not a synonym for and does not include the concept of ‘gender identity.’”
Appropriations committees in both chambers are expected to begin hearings in the coming weeks.
