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Una ciudad cubana que no quiere ser gueto
Santa Clara se debate espacios exclusivos para la comunidad LGBT
Una noche de sábado en el Cabaret Cubanacán, de Santa Clara. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.
SANTA CLARA, Cuba — Una de las ciudades cubanas más hospitalarias con las personas LGBTI+ también se debate entre la demanda de espacios exclusivos para las minorías sexuales y las desigualdades económicas que crecen en la Isla.
Cada sábado Miguel Antonio Castillo viaja cerca de dos kilómetros para encontrar una discoteca.
En San Diego del Valle, su primer destino, hay pocos lugares para bailar o simplemente disfrutar de espectáculos culturales. Por eso, desde que supo que existía una “noche para las personas LGBTI+” en Santa Clara, la capital de la provincia, Miguel Antonio decidió alargar su travesía por más de 30 kilómetros hasta el Cabaret Cubanacán.
“Las actividades que hacen allá [en San Diego del Valle] son muy generales,” se queja. “Y tampoco hay un día específico para los homosexuales.”
Al joven le seduce que “en las fiestas gais todos son gais.” Además, allí puede “encontrar amigos e intercambiar con personas que tienen gustos sexuales, estéticos o musicales similares, sin riesgo de sufrir homofobia.”
Más allá de las cabeceras municipales cubanas la recreación se reduce a una discoteca improvisada y a un parque central donde la gente se reúne a “cotillear.” Las fiestas concebidas para personas LGBTI+ tampoco son comunes más allá de La Habana y de algunas capitales provinciales.
En la pequeña ciudad de Camajuaní, a 20 kilómetros de Santa Clara, nunca ha prosperado una “fiesta diversa,” aseguran varias personas LGBTI+ entrevistadas por Tremenda Nota.
Según Leonel Jacomino Jiménez, promotor del proyecto Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), las gestiones para crear un espacio inclusivo “tienen que hacerse sobre la base de cartas y tocando puertas para molestar a algunos funcionarios del gobierno.”
En otros casos, como ocurrió el pasado año en Sagua la Grande, una de las principales ciudades de la provincia, las fiestas LGBTI+ fracasan por falta de público o de buenas estrategias de promoción.
Solo el proyecto itinerante “Me incluyo,” organizado por el promotor cultural Ramón Silverio, creador y director de El Mejunje, ha presentado espectáculos de transformismo y otras actividades inclusivas en poblados y zonas apartadas.
Santa Clara, por su parte, cuenta con tres espacios que celebran las llamadas “fiestas gais,” y que incluyen shows de transformismo. El Centro Recreativo El Bosque, el Cabaret Cubanacán y El Mejunje de Silverio son los únicos lugares que introducen en su cartelera semanal una “noche diversa.”
En la última década las “fiestas diversas” han alcanzado varias ciudades cubanas, aunque todavía La Habana y Santa Clara son las que ofrecen más opciones recreativas “exclusivas” para las personas LGBTI+. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
¿Gueto homosexual?
Junto al Cabaret Cubanacán funciona otro espacio recreativo nombrado Disco Isla. Los públicos se muestran segregados cada sábado. De un lado hacen fila las personas gais, trans y lesbianas; del otro aparecen jóvenes heterosexuales que evitan mezclarse con “sus vecinos.” Las personas LGBTI+ permanecen en el gueto “asignado” socialmente.
“La creación de espacios exclusivos genera también una especie de exclusión,” cree Félix Izaguirre, un joven que hace fila para entrar a otra de las “fiestas diversas” de la ciudad.
“Mucha gente no va al Cabaret los sábados ni vienen a El Mejunje, precisamente porque saben que es noche gay,” dice. “Siempre existen heterosexuales que tienen amigos gais y los acompañan sin prejuicios, pero son los menos.”
Ramón Silverio creó hace más de tres décadas el centro cultural El Mejunje, acusado en sus primeros años de ser un “club exclusivo para personas gais.” Sin embargo, la institución sobrevivió el paso del tiempo y, en vez de apartar en un gueto a las personas LGBTI+, abrió las puertas al resto de la sociedad.
El público asiste a un show de transformismo en El Mejunje. (Foto por Yariel Valdés González)
Aun así, muchas personas homosexuales y transgéneros prefieren acudir a “espacios exclusivos para gais.” Javier Olivera, transformista que se presenta en el escenario de El Mejunje como Cinthia, aseguró que en sitios “aparentemente para heterosexuales” suele encontrarse conflictos entre la clientela homofóbica y los gais.
Por eso, Denet Oliva Triana, colega de Javier conocida como Blacuchini, respalda la existencia de lugares dedicados a la comunidad LGBTI+, aunque siente que está “en un círculo” que le lleva siempre al mismo sitio con la misma gente.
Si es caro no es incluyente
A pesar del éxito del Cabaret Cubanacán y del Centro Recreativo El Bosque ― actualmente en reparación ―, el sitio más popular para la comunidad LGBTI+ de Santa Clara sigue siendo El Mejunje, por sus razonables precios y su cercanía al centro de la ciudad.
“Cada uno se divierte donde le permiten sus ingresos,” aseguran varios entrevistados. Las incipientes clases sociales que se consolidan en Cuba hace más de una década también dividen a las minorías sexuales.
Al Cubanacán, al Bosque, van quienes cuentan con mejor economía, pues solo la entrada cuesta como mínimo 25 pesos (1 CUC, equivalente a un dólar). Ese precio, por ejemplo, quintuplica el valor del boleto de entrada a El Mejunje.
En un país donde el salario medio es 767 pesos mensuales (poco más de 30 dólares estadounidenses), “no se puede decir que un lugar sea inclusivo si cobra cuarenta pesos por la entrada,” advierte Ramón Silverio.
Reinaldo Gil, un joven artista plástico, confirma que “al Cubanacán va la gente que tiene un poco más de dinero.” Al principio, cuando acababan de abrir la “noche diversa” en el cabaret, “los mismos trabajadores de allí te discriminaban un poco, existía homofobia.”
“En el Carishow — una céntrica discoteca de la cadena de servicios extrahoteleros Palmares — a veces no aceptan que entren los homosexuales,” denuncia Gil.
Sin embargo, uno de los agentes de seguridad del Carishow aseguró a Tremenda Nota que allí nunca han existido manifestaciones de homofobia y que “se trata a todos los clientes por igual,” en tanto se comporten de acuerdo a “las normas generales establecidas” en el centro recreativo.
Hace algunos meses dos jóvenes fueron expulsados de Efe Bar, en La Habana, supuestamente por besarse dentro del establecimiento privado. También el KingBar, otro centro nocturno bastante frecuentado de la capital, invocó el derecho de admisión para negar la entrada al poeta Norge Espinosa y un grupo de activistas LGBTI+ en 2015.
La transformista Blancuchini (a la izquierda) durante una de sus presentaciones en el Cabaret Cubanacán de Santa Clara (Foto por Yariel Valdés González)
Orlando Reinoso Castillo, barman del bar Tacones Lejanos de El Mejunje, se atreve a asegurar que este resulta el único sitio en la ciudad frecuentado a diario por personas gais que se mezclan sin dificultad con la población heterosexual, o con las chicas trans, o con los “pepillos.”
“A este lugar le llaman el bar de los escachados,” comenta, en alusión a los bajos ingresos de muchos clientes. “Además, aquí vienen las parejas, se besan y no pasa nada. La diversidad es tan natural en El Mejunje como sus ladrillos.”
Politics
Log Cabin Republicans to honor Scott Presler
Event to take place at Capitol Hill Club on Friday
The Log Cabin Republicans, a group representing LGBTQ conservatives and their allies within the Republican Party, is set to honor gay conservative commentator and activist Scott Presler on Friday.
Presler will receive the organization’s 2026 “Game Changer Award” during its Spring Forward Cocktail Reception at the Capitol Hill Club, a private club steps from the U.S. Capitol that regularly hosts Republican political events.
Presler has risen to prominence through a combination of pro-LGBTQ conservative activism, political organizing, and a series of controversial affiliations.
He first gained national attention in 2017 for organizing the “March Against Sharia” rallies across the country. The demonstrations came amid heightened tensions in Portland, Ore., following a deadly attack on a metro train, in which Jeremy Joseph Christian killed two people and injured others after harassing Muslim women for wearing a hijab.
The rallies were organized in partnership with ACT for America, which advocates against what it describes as “the threat of radical Islam” in the U.S. and has been labeled a hate group by the Southern Poverty Law Center. Presler volunteered with the organization for three months.
He has said he was first motivated to “fight Muslim extremism” following the Pulse nightclub massacre, he told NPR, in which a gunman who pledged allegiance to ISIS killed 49 people at an LGBTQ nightclub in Orlando, Fla. The site now serves as a memorial to the victims of the attack.
Born May 15, 1988, in Jacksonville, Fla., Presler is the son of a U.S. Navy captain and was raised in both Florida and Fairfax County. He later attended George Mason University, where he earned a degree in criminal justice.
In addition to his anti-Islam activism, Presler has been involved in a number of other high-profile and controversial efforts. He co-founded “Gays for Trump” and attended their 2017 DeploraBall in Maryland for the first inauguration of Trump. According to a 2021 report from Media Matters for America, he also promoted the QAnon conspiracy movement through social media posts in 2018 and 2019.
He has also faced criticism tied to his early political work. According to a 2023 report from Politico Playbook, Presler’s work with the Republican Party of Virginia in 2016 ended after he allegedly engaged in sexual activity in a shared office space and posted explicit images online.
Beyond ideological activism, Presler has also organized community-focused initiatives. In 2019, he led a widely publicized cleanup effort in Baltimore that drew more than 100 volunteers and resulted in approximately 29 tons of trash being removed. The event was a result of criticism from President Donald Trump, calling the area, represented by then-U.S. Rep. Elijah Cummings (D-Md.) a “rodent infested mess.”
Presler has also been active in election-related organizing, leading a two-day “Stop the Steal” demonstration at the Pennsylvania State Capitol following the 2020 presidential election. He has appeared on the “War Room” podcast hosted by former Trump strategist and well-known right-wing populist conspiracy theorist Steve Bannon.
He has also expressed a controversial stance within the LGBTQ community for supporting then-candidate Trump for President over Hillary Clinton. He told prioritizing Second Amendment rights over certain LGBTQ policy goals, saying he is more supportive of gun rights than efforts to codify same-sex marriage, and adding, “I 100 percent believe in the notion that armed gays don’t get bashed. It is our right to feel safe.”
Presler voiced his support for the Florida Parental Rights in Education Act, more commonly referred to as the “Don’t Say Gay” law, signed into law by Republican Gov. Ron DeSantis in 2022.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Tennessee
Tenn. lawmakers pass transgender “watch list” bill
State Senate to consider measure on Wednesday
The Tennessee House of Representatives passed a bill last week to create a transgender “watch list” that also pushes detransition medical treatment. The state Senate will consider it on Wednesday.
House Bill 754/State Bill 676 has been deemed “ugly” by LGBTQ advocates and criticized by healthcare information litigators as a major privacy concern.
The bill would require “gender clinics accepting funds from this state to perform gender transition procedures to also perform detransition procedures; requires insurance entities providing coverage of gender transition procedures to also cover detransition procedures; requires certain gender clinics and insurance entities to report information regarding detransition procedures to the department of health.”
It would require that any gender-affirming care-providing clinics share the date, age, and sex of patients; any drugs prescribed (dosage, frequency, duration, and method administered); the state and county; the name, contact information, and medical specialty of the healthcare professional who prescribed the treatment; and any past medical history related to “neurological, behavioral, or mental health conditions.” It would also mandate additional information if surgical intervention is prescribed, including details on which healthcare professional made a referral and when.
HB 0754 would also require the state to produce a “comprehensive annual statistical report,” with all collected data shared with the heads of the legislature and the legislative librarian, and eventually published online for public access.
The bill also reframes detransitioning as a major focus of gender-affirming healthcare — despite studies showing that the number of trans people who detransition is statistically quite low, around 13 percent, and is often the result of external pressures (such as discrimination or family) rather than an issue with their gender identity.
This legislation stands in sharp contrast to federal protections restricting what healthcare information can be shared. In 1996, Congress passed the Health Insurance Portability and Accountability Act, or HIPAA, requiring protections for all “individually identifiable health information,” including medical records, conversations, billing information, and other patient data.
Margaret Riley, professor of law, public health sciences, and public policy at the University of Virginia, has written about similar efforts at the federal level, noting the Trump-Vance administration’s push to subpoena multiple hospitals’ records of gender-affirming care for trans patients despite no claims — or proof — that a crime was committed.
It has “sown fear and concern, both among people whose information is sought and among the doctors and other providers who offer such care. Some health providers have reportedly decided to no longer provide gender-affirming care to minors as a result of the inquiries, even in states where that care is legal.” She wrote in an article on the Conversation, where she goes further, pointing out that the push, mostly from conservative members of the government, are pushing extracting this private information “while giving no inkling of any alleged crimes that may have been committed.”
State Rep. Jeremy Faison (R-Cosby), the bill’s sponsor, said in a press conference two weeks ago that he has met dozens of individuals who sought to transition genders and ultimately detransitioned. In committee, an individual testified in support of the bill, claiming that while insurance paid for gender-affirming care, detransition care was not covered.
“I believe that we as a society are going to look back on this time that really burst out in 2014 and think, ‘Dear God, What were we thinking? This was as dumb as frontal lobotomies,’” Faison said of gender-affirming care. “I think we’re going to look back on society one day and think that.”
Jennifer Levi, GLAD Law’s senior director of Transgender and Queer Rights, shared with PBS last year that legislation like this changes the entire concept of HIPAA rights for trans Americans in ways that are invasive and unnecessary.
“It turns doctor-patient confidentiality into government surveillance,” Levi said, later emphasizing this will cause fewer people to seek out the care that they need. “It’s chilling.”
The Washington Blade reached out to the American Civil Liberties Union of Tennessee, which shared this statement from Executive Director Miriam Nemeth:
“HB 754/SB 676 continues the ugly legacy of Tennessee legislators’ attacks on the lives of transgender Tennesseans. Most Tennesseans, regardless of political views, oppose government databases tracking medical decisions made between patients and their doctors. The same should be true here. The state does not threaten to end the livelihood of doctors and fine them $150,000 for safeguarding the sensitive information of people with diabetes, depression, cancer, or other conditions. Trans people and intersex people deserve the same safety, privacy, and equal treatment under the law as everyone else.”
Log Cabin Republicans to honor Scott Presler
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