News
Una ciudad cubana que no quiere ser gueto
Santa Clara se debate espacios exclusivos para la comunidad LGBT

Una noche de sábado en el Cabaret Cubanacán, de Santa Clara. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
Esa nota salió originalmente en el sitio web de Tremenda Nota.
SANTA CLARA, Cuba — Una de las ciudades cubanas más hospitalarias con las personas LGBTI+ también se debate entre la demanda de espacios exclusivos para las minorías sexuales y las desigualdades económicas que crecen en la Isla.
Cada sábado Miguel Antonio Castillo viaja cerca de dos kilómetros para encontrar una discoteca.
En San Diego del Valle, su primer destino, hay pocos lugares para bailar o simplemente disfrutar de espectáculos culturales. Por eso, desde que supo que existía una “noche para las personas LGBTI+” en Santa Clara, la capital de la provincia, Miguel Antonio decidió alargar su travesía por más de 30 kilómetros hasta el Cabaret Cubanacán.
“Las actividades que hacen allá [en San Diego del Valle] son muy generales,” se queja. “Y tampoco hay un día específico para los homosexuales.”
Al joven le seduce que “en las fiestas gais todos son gais.” Además, allí puede “encontrar amigos e intercambiar con personas que tienen gustos sexuales, estéticos o musicales similares, sin riesgo de sufrir homofobia.”
Más allá de las cabeceras municipales cubanas la recreación se reduce a una discoteca improvisada y a un parque central donde la gente se reúne a “cotillear.” Las fiestas concebidas para personas LGBTI+ tampoco son comunes más allá de La Habana y de algunas capitales provinciales.
En la pequeña ciudad de Camajuaní, a 20 kilómetros de Santa Clara, nunca ha prosperado una “fiesta diversa,” aseguran varias personas LGBTI+ entrevistadas por Tremenda Nota.
Según Leonel Jacomino Jiménez, promotor del proyecto Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), las gestiones para crear un espacio inclusivo “tienen que hacerse sobre la base de cartas y tocando puertas para molestar a algunos funcionarios del gobierno.”
En otros casos, como ocurrió el pasado año en Sagua la Grande, una de las principales ciudades de la provincia, las fiestas LGBTI+ fracasan por falta de público o de buenas estrategias de promoción.
Solo el proyecto itinerante “Me incluyo,” organizado por el promotor cultural Ramón Silverio, creador y director de El Mejunje, ha presentado espectáculos de transformismo y otras actividades inclusivas en poblados y zonas apartadas.
Santa Clara, por su parte, cuenta con tres espacios que celebran las llamadas “fiestas gais,” y que incluyen shows de transformismo. El Centro Recreativo El Bosque, el Cabaret Cubanacán y El Mejunje de Silverio son los únicos lugares que introducen en su cartelera semanal una “noche diversa.”

En la última década las “fiestas diversas” han alcanzado varias ciudades cubanas, aunque todavía La Habana y Santa Clara son las que ofrecen más opciones recreativas “exclusivas” para las personas LGBTI+. (Foto por Yariel Valdés González/Tremenda Nota)
¿Gueto homosexual?
Junto al Cabaret Cubanacán funciona otro espacio recreativo nombrado Disco Isla. Los públicos se muestran segregados cada sábado. De un lado hacen fila las personas gais, trans y lesbianas; del otro aparecen jóvenes heterosexuales que evitan mezclarse con “sus vecinos.” Las personas LGBTI+ permanecen en el gueto “asignado” socialmente.
“La creación de espacios exclusivos genera también una especie de exclusión,” cree Félix Izaguirre, un joven que hace fila para entrar a otra de las “fiestas diversas” de la ciudad.
“Mucha gente no va al Cabaret los sábados ni vienen a El Mejunje, precisamente porque saben que es noche gay,” dice. “Siempre existen heterosexuales que tienen amigos gais y los acompañan sin prejuicios, pero son los menos.”
Ramón Silverio creó hace más de tres décadas el centro cultural El Mejunje, acusado en sus primeros años de ser un “club exclusivo para personas gais.” Sin embargo, la institución sobrevivió el paso del tiempo y, en vez de apartar en un gueto a las personas LGBTI+, abrió las puertas al resto de la sociedad.

El público asiste a un show de transformismo en El Mejunje. (Foto por Yariel Valdés González)
Aun así, muchas personas homosexuales y transgéneros prefieren acudir a “espacios exclusivos para gais.” Javier Olivera, transformista que se presenta en el escenario de El Mejunje como Cinthia, aseguró que en sitios “aparentemente para heterosexuales” suele encontrarse conflictos entre la clientela homofóbica y los gais.
Por eso, Denet Oliva Triana, colega de Javier conocida como Blacuchini, respalda la existencia de lugares dedicados a la comunidad LGBTI+, aunque siente que está “en un círculo” que le lleva siempre al mismo sitio con la misma gente.
Si es caro no es incluyente
A pesar del éxito del Cabaret Cubanacán y del Centro Recreativo El Bosque ― actualmente en reparación ―, el sitio más popular para la comunidad LGBTI+ de Santa Clara sigue siendo El Mejunje, por sus razonables precios y su cercanía al centro de la ciudad.
“Cada uno se divierte donde le permiten sus ingresos,” aseguran varios entrevistados. Las incipientes clases sociales que se consolidan en Cuba hace más de una década también dividen a las minorías sexuales.
Al Cubanacán, al Bosque, van quienes cuentan con mejor economía, pues solo la entrada cuesta como mínimo 25 pesos (1 CUC, equivalente a un dólar). Ese precio, por ejemplo, quintuplica el valor del boleto de entrada a El Mejunje.
En un país donde el salario medio es 767 pesos mensuales (poco más de 30 dólares estadounidenses), “no se puede decir que un lugar sea inclusivo si cobra cuarenta pesos por la entrada,” advierte Ramón Silverio.
Reinaldo Gil, un joven artista plástico, confirma que “al Cubanacán va la gente que tiene un poco más de dinero.” Al principio, cuando acababan de abrir la “noche diversa” en el cabaret, “los mismos trabajadores de allí te discriminaban un poco, existía homofobia.”
“En el Carishow — una céntrica discoteca de la cadena de servicios extrahoteleros Palmares — a veces no aceptan que entren los homosexuales,” denuncia Gil.
Sin embargo, uno de los agentes de seguridad del Carishow aseguró a Tremenda Nota que allí nunca han existido manifestaciones de homofobia y que “se trata a todos los clientes por igual,” en tanto se comporten de acuerdo a “las normas generales establecidas” en el centro recreativo.
Hace algunos meses dos jóvenes fueron expulsados de Efe Bar, en La Habana, supuestamente por besarse dentro del establecimiento privado. También el KingBar, otro centro nocturno bastante frecuentado de la capital, invocó el derecho de admisión para negar la entrada al poeta Norge Espinosa y un grupo de activistas LGBTI+ en 2015.

La transformista Blancuchini (a la izquierda) durante una de sus presentaciones en el Cabaret Cubanacán de Santa Clara (Foto por Yariel Valdés González)
Orlando Reinoso Castillo, barman del bar Tacones Lejanos de El Mejunje, se atreve a asegurar que este resulta el único sitio en la ciudad frecuentado a diario por personas gais que se mezclan sin dificultad con la población heterosexual, o con las chicas trans, o con los “pepillos.”
“A este lugar le llaman el bar de los escachados,” comenta, en alusión a los bajos ingresos de muchos clientes. “Además, aquí vienen las parejas, se besan y no pasa nada. La diversidad es tan natural en El Mejunje como sus ladrillos.”
Obituary
Thomas A. Decker of Arlington dies at 73
Active in visiting AIDS patients, urging Congress to fight HIV
Thomas A. Decker Jr, of Arlington, Va., died March 3, 2026 following an extended illness, according to a statement released by his family. He was 73.
Born and raised in Canton, Ohio, Decker attended the University of Akron and earned his bachelor’s degree in political science. He then moved to the Washington, D.C. area and accepted a position with Beaver Press where he worked for 32 years, according to the statement.
He later worked in the Inova Juniper Program working with HIV/AIDS clients to assist them with support services and was active as a volunteer visiting AIDS patients in the hospital or advocating on Capitol Hill for HIV funding.
Tommy, as he was called by family, is survived by three sisters, a sister-in-law and two brothers-in-law: Carol Decker and Kathryn Kramer of West Newbury, MA, Margaret and Thomas Williams of Bluffton, SC, Mary Sue and Timothy Desiato of New Philadelphia, Ohio, Niece’s Trina and Chad Wedekind of Jacksonville Fl and great niece Isabella, Lindsay and Will Burgette of Dublin, Ohio and great nephews Colin and Luke and Nephews David Williams of Jacksonville, Florida, and Michael and Lucy Desiato of Dublin, Ohio and great nieces Lena and Stella. In accordance with Tom’s wishes, he will be buried at Calvary Cemetery in Massillon, Ohio.
District of Columbia
Gay candidate running for D.C. congressional delegate seat
Robert Matthews among 19 hoping to replace Eleanor Holmes Norton
Robert Matthews, a former director of the D.C. Child and Family Services Agency, is running in the city’s June 16 Democratic primary for the D.C. Congressional Delegate seat as an openly gay candidate, according to a statement released by his campaign to the Washington Blade.
Matthews is one of at least 19 candidates running to replace longtime D.C. Congressional Del. Eleanor Holmes Norton (D), who announced earlier this year that she is not running for re-election.
Information about the candidates’ campaign financing compiled by the Federal Elections Commission, which oversees elections for federal candidates, shows that Matthews is one of only six of the candidates who have raised any money for their campaigns as of March 17.
Among those six, who political observers say have a shot at winning compared to the remaining 13, are D.C. Council members Brooke Pinto (D-Ward 2) and Robert White (D-At-Large). Both have longstanding records of support for LGBTQ rights and the community.
The FEC campaign finance records show Matthews was in fourth place regarding the money raised for his campaign, which was $49,078 as of March 17. The FEC records show Pinto’s campaign in first place with $843,496 raised, and White in third place with $230,399 raised.
The Matthews campaign statement released to the Blade says Matthews’s “commitment to the LGBTQ community is not a campaign position. It is the foundation of his life and his life’s work.”
The statement adds, “As the former director of D.C.’s Child and Family Services Agency, Robert led the District’s child welfare system with an explicit commitment to LGBTQ-affirming care.” It goes on to say, “He ensured that LGBTQ, trans, and nonbinary youth in foster care — among the most vulnerable young people in our city — were served with dignity, cultural humility, and genuine support.”
Among his priorities if elected as Congressional delegate, the statement says, would be “fighting to end homelessness among queer and trans seniors and youth,” opposing “federal roadblocks” to LGBTQ related health services, and defending D.C.’s budget and civil rights laws “from federal interference that directly threatens LGBTQ residents.”
The other three candidates who the FEC records show have raised campaign funds and observers say have a shot at winning are:
• Kinney Zalesne, former deputy national finance chair at the Democratic National Committee and an official at the U.S. Justice Department during the Clinton administration, whose campaign is in second place in fundraising with $593,885 raised.
• Gordon Chaffin, a former congressional staffer whose campaign has raised $17,950.
• Kelly Mikel Williams, a podcast host and candidate for the Congressional Delegate seat in 2022 and 2024, whose 2026 campaign has raised $3,094 as of March 17.
The Blade reached out to the Zelesne, Chaffin, and Williams campaigns to determine their position on LGBTQ issues. As of late Wednesday, the Zelesne campaign was the only one that responded.
“Kinney believes LGBTQ rights are fundamental civil rights and central to what makes Washington, D.C. a strong and vibrant community,” a statement sent by her campaign says. “At a time when LGBTQ people (especially transgender and nonbinary neighbors) are facing escalating political attacks across the country, she believes the District must continue to lead in protecting dignity, safety, and freedom for all,” it says.
The statement adds, “Throughout her career in government, business, and nonprofit leadership, Kinney has worked alongside LGBTQ and queer advocates and leaders. She is committed to maintaining an active partnership with the community to make sure LGBTQ voices remain central to the District’s future.”
Idaho
Idaho advances bill to restrict bathroom access for transgender residents
HB 752 passed in state House of Representatives on Monday
The Idaho House of Representatives passed House Bill 752 on Monday, a measure that would make it a crime for a person to use a bathroom other than the one designated for their “biological sex.”
The story was first reported by the Idaho Capitol Sun after the bill cleared the House.
House Bill 752 would make it a criminal offense — either a misdemeanor or a felony, depending on the number of prior offenses — for individuals who “knowingly and willfully” enter a bathroom or changing room designated for the opposite sex.
The bill would apply to public buildings, including government-owned spaces, and places of “public accommodation,” a category that includes private businesses.
According to the bill’s text, it would “prohibit a person from entering a restroom or changing room designated for the opposite sex; provide a penalty; provide exceptions; define terms; and declare an emergency and provide an effective date.”
A first offense would be a misdemeanor, punishable by up to one year in prison. A second or subsequent offense within five years would be a felony, punishable by up to five years in prison.
The bill passed in a 54–15 vote on Monday. Six Republicans broke with their party’s majority to join nine Democrats in opposing the measure.
The bill’s sponsor, state Rep. Cornel Rasor, a Republican from Sagle near the Washington-Idaho border, told House lawmakers that the legislation is intended to protect women and girls.
“It prevents discomfort and voyeurism escalation and assaults, while preserving single-user options and narrow exceptions so no one is denied access for emergency aid,” Rasor said.
State Rep. Chris Mathias, a Democrat from Boise, disagreed, arguing that the legislation would unfairly target transgender Idahoans.
“The truth of the matter is — and I know a lot of people don’t want to say it — but forcing people who don’t look like the sex they were assigned at birth, or transgender folks, to use other people’s bathrooms is going to put a lot of people in danger,” Mathias said.
The Idaho American Civil Liberties Union made a statement about the bill following its passage.
“Idaho lawmakers continue pushing these harmful, invasive bathroom laws, yet cannot present credible evidence that transgender people using gender-aligned bathrooms threaten public safety,” the Idaho ACLU said. “The bill does nothing to address real criminal acts, such as sexual assault or voyeurism, and disregards concerns from law enforcement about the burden enforcement would place on local resources.”
In addition to human rights advocates, who have spoken out against similar bills advancing in state legislatures across the country, Idaho law enforcement groups have also opposed the measure. They argue that the way the legislation is written would “pose significant practical enforcement challenges,” noting that officers are tasked with maintaining public safety — not conducting gender checks or policing bathroom access.
During a committee hearing last week, law enforcement representatives and several trans Idahoans testified that the bill would make many residents less safe.
“Officers responding to a complaint would be placed in the difficult position of determining an individual’s biological sex in order to enforce the statute,” Idaho Fraternal Order of Police President Bryan Lovell wrote. “In many circumstances, there is no clear or reasonable way for officers to make that determination without engaging in questioning or investigative actions that could be viewed as invasive and inappropriate.”
The Idaho Sheriffs’ Association requested that lawmakers amend the bill to require that individuals be given an opportunity to leave a bathroom immediately before facing potential prosecution.
The bill now heads to the Idaho Senate for consideration. To become law, it must pass both chambers and avoid a veto from the governor.
A separate bathroom bill, House Bill 607, which would be enforced through civil lawsuits, passed the House last month but has not yet received a committee hearing in the Senate.
