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Claudia Spellman huyó de la violencia en Honduras y ahora aspira a un reinado de belleza
Activista LGBTQ ha liderado el Colectivo Unidad Color Rosa
NUEVA YORK — La violencia la hizo huir de Honduras y ahora se prepara para competir en agosto de 2021 en República Dominicana en el certamen de belleza Miss Hispanoamérica International. Sin embargo, no olvida la persecución que padecen otras mujeres trans hondureñas. Además de participar en concursos de belleza, es testiga en casos de alcance internacional, como la acusación contra el Estado de Honduras por el asesinato de la activista LGBTIQ+ Vicky Hernández.
La historia de Claudia Spellman rebosa de situaciones inesperadas y logros ganados a pulso con mucho esfuerzo y sufrimiento, pero también con esperanza y optimismo. En Honduras jamás tuvo la oportunidad de desarrollar sus aptitudes para el modelaje porque pasaba más ocupada en escapar de la persecución policial debido a su identidad de género.
Lo que le ocurrió a Spellman les ha pasado también a muchas mujeres trans hondureñas que, en lugar de recibir ayuda, sufren el hostigamiento y el maltrato de la policía. No obstante, ella ha sido capaz de vencer las adversidades. Logró terminar el Bachillerato en Administración de Empresas y ahora sigue tomando lecciones para perfeccionar su inglés.
La sociedad machista hondureña persiguió y trató con prejuicio a Spellman, nacida en Danlí, El Paraíso, hace 43 años, pero “cien por ciento sampedrana”. A pesar de todo, trabajó durante más de 20 años en Honduras a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+ al frente del Colectivo Unidad Color Rosa, en San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
Fue en el colectivo donde conoció a la activista trans Vicky Hernández, cuyo asesinato fue una consecuencia directa del golpe de Estado que derrocó al entonces mandatario Manuel Zelaya Rosales.
Entre la aceptación y el rechazo
“Estuve hasta mis cinco años en Danlí y después nos trasladamos para San Pedro Sula con mi familia, emigrando por la pobreza”, relata Claudia. “Soy cien por ciento sampedrana. Toda la cultura y las costumbres que tengo es de sampedrano porque allí crecí y estudié”.
Como les sucede a casi todas las personas que quieren convertirse en mujeres trans, Claudia no recibió apoyo de casi nadie cercano a ella. Por eso tuvo que sacrificarse para obtener el dinero necesario para comprar hormonas y tratamientos que la ayudaran a tener una transición menos problemática.
Las, los y les hondureñxs que hacen la transición en Honduras tampoco reciben apoyo estatal en forma de medicamentos, hormonas y auxilio médico. Claudia no se salvó de pasar por esas dificultades comunes para las mujeres trans. Muchas de ellas hacen su proceso a ciegas y algunas incluso ponen en peligro su vida al usar procedimientos peligrosos para hormonizarse o modificar su cuerpo.
Es “un proceso sin conocimiento, sin apoyo emocional, médico”, dice Claudia sobre su transición. “Nuestros padres no nos van ayudar a hacer el proceso de transición porque no van estar a favor. Al final tienen la aceptación o el rechazo”.
Claudia y otras mujeres trans en Honduras no solo afrontan la falta de apoyo médico y de oportunidades. También sobreviven en un entorno de violencia social e institucional. Claudia huyó de un país donde, desde 2009, han sido asesinadas 380 personas de la diversidad sexual, de las que 43 eran lesbianas y 119 eran trans, según el observatorio de muertes violentas de la Red Lésbica Cattrachas.
Los casos tienen un 91 por ciento de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el nuevo Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.
“Las personas LGBTI no somos vulnerables, nos hicieron vulnerables, somos esa cuota ‘permitida’ de cuerpos desechables y desechados por el Estado de Honduras”, dice al respecto la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza.
Recuerdos y huida de Honduras
“Por supuesto que recuerdo [a la activista trans Vicky Hernández]”, dice Claudia. “De hecho, la recuerdo más ahora porque su juicio está por llegar. Ella y yo ya éramos amigas, más que compañeras”.
Claudia rememora así a Vicky, a quien conoció cuando ambas eran miembras del Colectivo Unidad Color Rosa, con sede en San Pedro Sula. Su amistad con la hoy fallecida defensora de los derechos LGBTIQ+ la llevó a participar en noviembre de 2020 en la primera audiencia para decidir la sentencia en el caso “Vicky Hernández y otros contra el Estado de Honduras”.
“La mayoría de las personas trans que se quedan en Honduras mueren”, dijo Spellman ese día en videoconferencia desde Estados Unidos. El testimonio de Spellman fue “uno de los momentos más dramáticos del primer día de la audiencia del caso”, según la crónica de Reportar sin Miedo.
“Imagínate estar en la noche estudiando para el caso en la noche o el día”, dice Claudia mientras recuerda ese día de la audiencia en noviembre. “No ha sido una vez, ha sido un par de veces que se me han salido las lágrimas. Igual que yo ahora estoy cumpliendo mi sueño, [Vicky] también quería cumplirlos”.
Para la activista residente en Estados Unidos, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Vicky será su “mayor satisfacción porque no me quedé callada y era para mí una obligación por ser directora del colectivo y amiga de ella y porque la comunidad transexual de Honduras debe ya garantizar con leyes su identidad”.
Claudia Spellman nunca ha dejado de reinventarse. En 2012 se lanzó a la carrera política al presentarse como precandidata a diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre). “Me llena de orgullo porque aquí soy pionera. Yo abrí ese espacio”, dice Claudia al recordar su aventura política de hace nueve años. “Soy la tercera más votada de los 80 candidatos”.
Cuatro años después de la muerte de Vicky y uno después de lanzarse como precandidata, en 2013, Claudia tuvo que escapar de la violencia que amenazaba con acabar también con su vida. Atrás dejó la tierra donde nació, pero no su vida de activismo en la que se ha comprometido de lleno con la población a la que representa.
Sueños sin límite
De la política al modelaje. Después de dos años de estudiar para ser modelo en Estados Unidos, Claudia está lista para participar en agosto de 2021 en un certamen internacional de belleza que considera importante para la población de la que es miembra. “Es un logro más para para la comunidad, para las mujeres transexuales”, asegura.
“Muchas personas podrán decir que es algo superficial y hay cosas mejores por las que debemos de luchar. Sí, es verdad, pero eso también es importante, la inclusión que podamos tener en estos espacios que también nos merecemos”, agrega respecto a su participación en el concurso de belleza Miss Hispanoamérica International.
Para Claudia, la historia de lucha de las mujeres trans “tiene altos y bajos, entre los bajos, muchas chicas por la lucha de la inclusión han muerto”. Sin embargo, considera positivo que las mujeres trans como ella pueden ahora “estar en diferentes espacios, incursionando en la actuación y el modelaje”.
El panorama para Claudia ha cambiado radicalmente desde que escapó del miedo y la persecución en Honduras. Ahora sus sueños no tienen límites. “Soy maestra de modelaje”; cuenta. “Estoy por abrir la primera escuela para mujeres transexuales en Nueva York de modelaje para continuar este legado”.
Para Cattrachas estas son las cosas más difíciles que viven las mujeres y personas LGBTI en Honduras:
1. No hay derechos a la píldora de anticoncepción de emergencia
2. No hay derecho al aborto
3. No hay derecho a cambio de sexo y nombre cuando son personas trans
4. No hay derecho al matrimonio igualitario
5. No hay derecho a registrar los matrimonios del mismo sexo
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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