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Brenda Rosales es la primera funcionaria trans del gobierno de Bukele
Ella trabaja en el Ministerio de Cultura de El Salvador
SAN SALVADOR, El Salvador — Brenda Oriana Rosales Navarro, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador (UES), de 44 años, ha trabajado como diseñadora, escultora y pintora bajo el seudónimo BORN desde mucho antes de graduarse. Actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura en la Dirección General de Género y Diversidad, articulado con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
“Mi trabajo de incidencia para tener un cargo público inició cuando comenzó todo esto de un nuevo partido con una nueva visión de darle un enfoque diferente a lo que es política”, así expresó al Washington Blade Rosales al recordar cómo es que ha logrado cumplir algunas metas, agregó además que al ver el trabajo del aquel entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, estaba realizando en el Centro Histórico e igual al que había hecho en Nuevo Cuscatlán, fueron razones que le ayudaron a decidir que quería seguir ese patrón de trabajar para la población.
Lo principal que llamó su atención fue ser parte de un cambio, compartiendo su conocimiento desde su experticia.
“Comencé a trabajar en servicios sociales en mi comunidad con el partido que se estaba formando, Nuevas Ideas, así me fui dando a conocer y de alguna manera mi trabajo en territorio”, comenta Rosales, sobre todo al recordar su trabajo en las comunidades, pues asegura que esto le dio la visibilidad y el reconocimiento.
Estos trabajos en comunidades no eran remunerados, pero en sus palabras le sirvieron para adquirir experiencia.
“La política es trabajar para la población”, agrega.
Cuando comenzaron a llamar a las personas que estarían en el gabinete de Bukele y en diferentes instituciones autónomas del Estado, fue el momento en que le ofrecieron aplicar al puesto de una jefatura, dada su hoja de vida y experiencia, cumplía con los requisitos; en ese momento aplicó al puesto de subdirectora de inclusión social, ambiental y cultural, en el INJUVE y afortunadamente quedó.
“Al principio no lo podía creer porque eran tres temas muy diferentes y de bastante compromiso”, mencionó Rosales, pues tenía que trabajar el tema del medio ambiente, la cultura con el arte que tanto le apasiona y la inclusión social de poblaciones históricamente excluidas, entre ellas la población LGBTQ. “Cuando me presenté a la entrevista me llamaban con el nombre tal y como me identifico”, este fue un detalle importante para Rosales, pues en todo el proceso de selección jamás se sintió discriminada.
Cuando trabajó con la primera directora del INJUVE para el actual gobierno, Marcela Pineda, todo fue muy bien para ella, pues nunca tuvo ningún problema; al momento que Pineda optó en postularse para diputación y también quedó en las elecciones internas, se realizó una reestructuraron en las jefaturas del instituto. De acuerdo con Rosales, con las nuevas jefaturas del INJUVE, se dieron una serie de situaciones complejas para bastante personal de la institución.
“Por mi parte recibí discriminación y acoso laboral, a tal grado que me pidieron dejar el cargo”, recuerda Rosales al hablar con el Blade, además aseguró que al tener tanta insistencia terminó aceptando la solicitud, hoy en día trabaja como enlace interinstitucional como técnico especialista con el Ministerio de Cultura.
Tanto en su cargo anterior como en el actual, Rosales debe mantener contacto con las organizaciones LGBTQ del país y comenta que a pesar de haber tenido temas de desacuerdo por el actuar del gobierno, el trabajo se lleva muy bien.
“Pienso los gobiernos anteriores nunca tuvieron a una persona trans en un cargo tan visible porque a la gente le genera choque”, Rosales hace mención a ello pues asegura que las personas trans son la cara de la población LGBTQ, pues ellas y ellos no pueden ocultarse como a veces hacen las personas gays, lesbianas y bisexuales. Pese a los cambios que se dieron en términos de puestos laborales, Rosales valora el hecho que aún se encuentra trabajando en el área pública.
Rosales es la primera funcionaria trans con este gobierno, y asegura que se ha destacado por trabajar con las comunidades, las alcaldías y con las organizaciones juveniles. Entre las articulaciones que ha realizado, fue fomentar trabajos culturales que involucraran en su momento al INJUVE y la UES desde la Escuela de Artes.
“La licenciada Sandra Lorena Benavides de Serrano, vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador, me abrió las puertas para hablar de los proyectos en favor de las juventudes”, lamentablemente con la pandemia y luego con los cambios de dirección tuvieron que pausarse los proyectos plateados con esta institución de educación superior.
Pese a todo lo sucedido la UES ya conocían el trabajo hecho y el que estaba realizando Rosales, en ese contexto la universidad estaba preparando una mención honorífica para estudiantes sobresalientes que ese había graduado en diferentes años y que han puesto en alto el nombre de la institución educativa.
“Tuve el honor de haber sido tomada en cuenta para ello gracias a la promoción de la vicedecana Benavides de Serrano”, agrega que le mencionó, al momento de proponerla, ninguna de las personas involucradas se opuso.
Al ponerse en contacto con Rosales, la universidad le consultó el nombre con el que quería saliera su diploma, a lo que ella expresó que el nombre según DUI no la representaba y que Rosales sería el indicado. Llegado el día del evento, el 24 de noviembre del 2021, se le otorgó el reconocimiento por su trayectoria profesional.
“Todo el tiempo fui llamada por el nombre con el que me identifico”, expresa con alegría.
La noticia fue de mucho impacto, tanto medios nacionales como internacionales quisieron saber su reacción ante lo sucedido, “eso fue un paso trascendental hacia temas de inclusión”, de acuerdo con Rosales, estos acontecimientos ayudan a quitar la idea de ver a las personas LGBTQ también como personas profesionales y dejar a un lado los prejuicios.
“Estoy muy orgullosa y agradecida, porque mi alma mater me haya reconocido de acuerdo a mi identidad, reconocen mi esfuerzo y dejaron a un lado el estigma”, comenta Rosales al recordar el evento.
Pero eso no acaba con un reconocimiento, la misma universidad, abrió el espacio para que Rosales pueda impartir horas clases a estudiantes de nuevo ingreso, en la Escuela de Artes, para la materia de dibujo.
“Me voy abriendo más espacios en donde puedo compartir lo que he aprendido, esto me da satisfacción y orgullo”, expresa Rosales.
Muchas personas trans no logran culminar sus estudios, porque de acuerdo con Rosales, al comenzar el proceso de transición a temprana edad, hace que se “comiencen a cerrar puertas”, todo por la transfobia que causa el acoso escolar.
“Yo hice mi transición después que me gradué, pero creo en el destino”, expresa Rosales al referirse de los logros y reconocimientos obtenidos.
Uno de los sueños de Rosales desde que se graduó en la universidad, fue dar clases y esa meta se ha cumplido recientemente, a inicios de este año 2022 recibió el llamado para cubrir una clase de nuevo ingreso, a lo cual ella sin dudarlo aceptó.
“Creí que los alumnos no iban a aceptar tener a una persona trans como docente, porque yo desde que llegué y me presenté, dije que soy una mujer trans”, comenta Rosales en admiración a la reacción de sus alumnos, que comenzaron siendo 30 estudiantes y ahora son 45, esto ya que algunos optaron por cursar la materia con ella.
Brenda también participó en las elecciones internas del partido Nuevas Ideas para optar ser candidata a diputada, lamentablemente estas no fueron favorables para ellas, pero con el trabajo realizado hasta el momento, está entre sus planes volver a competir en las elecciones internas de su partido para lograr ser candidata a diputada. Como tampoco descarta la posibilidad de que, si se presenta una oportunidad mayor dentro de la docencia, puede optar por trabajar de lleno en ello, para generar cambios con el arte.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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