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¿Cómo fueron las consultas populares del Código de las Familias en Cuba?

Tremenda Nota habla con participantes por todo el país

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade. Esta nota salió en su sitio web el 29 de abril.

LA HABANA — Ya terminaron las consultas populares del proyecto de Código de las Familias, se informó este martes en el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La noticia no ha tenido gran relevancia en los medios cubanos hasta el momento.

Aquí examinamos los hitos del proceso.

¿Quiénes, cuándo y cómo?                                       

La convocatoria a consulta popular del proyecto de ley se adoptó por votación unánime en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 21 de diciembre de 2021, y comenzó el 2 de febrero del 2022.

El proceso se programó en tres fases que comprendieron la consulta popular propiamente, la entrega de informes de propuestas a la Comisión Redactora y la elaboración del proyecto final que debe presentarse en mayo a la ANPP.

La consulta popular llegó a todos los municipios y barrios. En total se realizaron más de 79.000 reuniones en todo el país. El número de electores participantes fue de alrededor de 6 millones 500.000 personas.

Las intervenciones fueron más 330.000, se informó en el Pleno del PCC. Los que decidieron compartir sus opiniones y sugerencias hicieron más de 397.000 propuestas, que significan 5 en promedio por cada reunión.

Según Cubadebate, el 61 por ciento de las propuestas fueron favorables al proyecto de ley. Si bien la cifra sugiere el predominio del Sí en el próximo referendo, hay que evaluar con cautela este resultado. Se trata, en efecto, de la mayoría de las propuestas realizadas en las consultas populares, pero solo un pequeño número del total de electores intervino en las reuniones.  

En estas consultas pudieron participar los electores definidos en la ley vigente. Incluso se admitieron las sugerencias de cubanos residentes en el extranjero, aunque a la larga solo un número pequeño compartió sus opiniones a través de las vías habilitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Se estima que alrededor de 2 millones de cubanos viven fuera del país. De ellos, solo 26.740 electores participaron en la consulta. Más de la mitad eran miembros del cuerpo diplomático o de las misiones médicas cubanas.

Según el Cen, las opiniones emitidas por los electores no tienen efecto vinculante. Según el jurista Raudiel Peña Barrios, esto significa que “las opiniones expresadas durante la consulta no tienen que ser tomadas en cuenta por el gobierno”.

Las propuestas se podían realizar por escrito u oralmente, y en ningún caso debían ser discutidas o debatidas. Las posibilidades de propuestas eran “modificación”, “eliminación”, “adición” o “dudas”.

En correspondencia con el cronograma del proceso, el 10 de marzo de 2022 el Consejo Nacional Electoral (Cen), entregó el primer informe de propuestas. Hasta ese momento, se habían realizado 210.786 propuestas y de ellas de procesaron 210.142.

Alina Balseiro Hernández, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, explicó en ese momento a Cubadebate que “para conformar las propuestas tipo recogidas en el informe que se entregó a la comisión redactora, se asociaron las propuestas idénticas y aquellas que tenían redacción diferente, pero que se referían a igual criterio u opinión. Además, fueron eliminadas las propuestas que resultaron inconsistentes y no contaban con la argumentación necesaria para ser evaluadas con posterioridad”.

Con este criterio, se presentaron a la Comisión Redactora en ese momento 5.237 propuestas tipo.

Según el cronograma del proceso, este 30 de abril el Cen debe entregar el segundo informe de propuestas a la Comisión Redactora. Para mayo, la Comisión Redactora debe entregar a la ANPP un proyecto que el organismo someterá a aprobación.

Para que se considere aprobado el Código de las familias, deben votar por el Sí la mayoría simple de los electores cubanos, es decir, la mitad más uno. En el referendo constitucional de 2019, había 8 millones 705.723 electores en Cuba.

Hasta el momento, sigue sin informarse la fecha exacta en que se realizará el referendo.

¿Qué se discutió en las consultas populares?                      

Desde la inclusión del matrimonio igualitario en el proyecto constitucional de 2019, los espacios de debate público atestiguaron una fuerte pugna dentro del seno de la sociedad civil y diferentes organizaciones religiosas.

Con la publicación del proyecto del nuevo Código de las Familias y las posteriores consultas populares, este debate tomó una nueva dimensión que indujo a un accionar más fuerte de los activismos LGTBIQ+ y feministas.

Por otra parte, hubo un posicionamiento férreo de los sectores antiderechos del fundamentalismo cristiano, que incluso se manifestaron en televisión nacional.

Aunque el código es una ley revolucionaria en muchos aspectos, el tema de la responsabilidad parental ha acaparado buena parte de la polémica. Además de lo novedoso del término para una sociedad con esquemas de crianza autoritarios, la responsabilidad parental es una noción que tanto el fundamentalismo cristiano como algunos sectores de la oposición en Cuba han instrumentalizado para deslegitimar los cambios medulares que trae el Código.

Tremenda Nota conversó con varios participantes en las consultas populares para conocer, de primera mano, las tendencias principales de los planteamientos y el ambiente en que se produjeron las reuniones.

Katherine Fonte Rivero, estudiante de Veterinaria, La Habana

Las opiniones fueron 100 por ciento favorables al Código. Yo vivo en la zona del Cristo, a dos cuadras de Obispo, un lugar interesante, repleto de turistas y de policías, uno junto con el otro, pero también es un lugar donde hubo muchos problemas con las drogas hace algunos años.

La gente, gracias al turismo, ha ido encontrando fuentes de trabajo y se han regulado un poco los problemas con las broncas y los robos. Se ven menos. Entonces, esto es una mezcla rara entre un mini progreso gracias al turismo y gente de barrio 100 por ciento.

Ese día específico de la reunión eran personas mayores nada más, de más de 40 años. Los únicos jóvenes éramos yo, mi novio, mi hermano y otra amistad de nosotros. Nadie estaba para eso, a quién le iba a interesar.

Había unas 40 personas. Casi nadie fue, teníamos un montón de sillas vacías. La abogada que nos tocó era una mujer joven que de verdad tenía ganas de que la gente entendiera. Lo explicó punto por punto. Hasta las personas más ancianas entendieron perfectamente de lo que iba todo.

Nadie dijo nada en contra y hasta una señora de 70 años se paró a decir con un papel muy grande que este era un código de amor, de inclusión, unas palabras que tú no te imaginas que va a salir de una mujer de 70 años.

La gente lo apoyó de forma espontánea y real, más allá del hecho de acatar la orden del gobierno. Hubo gente que se paró y dijo, por ejemplo, “mi hija se fue del país cuando mi nieta era muy pequeña y yo tuve que criar y no podía ejercer ningún poder legal sobre ella” o “yo vivo solo, me interesa esto”.

Yoelkys Torres, activista LGBTIQ+ y coordinador del proyecto AfroaAtenAs, Matanzas

Participé en dos de las reuniones de la circunscripción 34 del consejo popular de Pueblo Nuevo, en Matanzas. El espacio utilizado fue la entrada del Callejón de las Tradiciones precisamente por las informaciones que durante un par años he estado mostrando sobre el Código de las Familias y su posible aprobación.

Había un 50 o 45 por ciento de las personas que debían estar y es que la gente es reacia a las reuniones, y tienen niveles de preocupación más importantes que el Código. Muchas personas no sabían ni lo que era.

Esto un barrio obrero y marginalizado de clase media y baja, y digamos que la mayoría de la población es de personas mayores, muy pocos jóvenes y muy pocos niños. Había dos o tres jóvenes si acaso.

La jurídica trató la mayoría de los aspectos generales del Código y la gente de aquí, como ya tiene un nivel de formación por el trabajo que nosotros hacemos, estaba muy de acuerdo. El único desacuerdo que chocó en ambas reuniones es que niños de 12 años tuvieran facilidad testamental.

No hubo ningún fundamentalista, a pesar de que tenemos una iglesia cerca. En ningún momento yo tuve que intervenir, incluso las autoridades que vinieron me pidieron hablar, pero expliqué que no era necesario porque todo el mundo estaba muy consciente.

Sí hubo varias personas en otros lugares, inclusive miembros del Partido Comunista de Cuba, que se opusieron totalmente al Código.

José Alejandro Estévez Santos, estudiante de Medicina, Las Tunas

Participé en dos reuniones, la que tocaba aquí en mi barrio, el reparto Aurora, y en la de mi brigada en la universidad. Vivo hace poco tiempo en este barrio, por eso no sé cuántas personas estaban convocadas. En la universidad sí hubo mucha participación: de 27, unos 23 o 24.

El barrio en el que vivo es residencial. Tiene una gran concentración de clases medias y altas, sobre todo media, aunque hay sus excepciones. Casi todos los que estuvieron presentes en la reunión de la circunscripción eran personas de más de 50 años.

Ese día, la delegada leyó un papel donde parece que estaban los temas más candentes y no hubo nadie en contra. Algunos salieron a explicar la importancia de aprobarlo, pero casi nadie había leído el texto y casi nadie participó tampoco. Creo que fui el único. Los dos o tres que participaron lo que hicieron fue repetir la propaganda de la televisión y los medios estatales.

En la brigada había un desconocimiento total, el único que tenía noción del Código era yo. De los pocos que sabían, lo que sabían era que había matrimonio igualitario, adopción…

En mi intervención traté de explicar lo novedoso del texto. En ninguno de los dos espacios hubo fundamentalistas. Cuando la Constitución sí, en ese momento algunos estudiantes se pararon y la cosa fue fuerte. También los marcos de discusión de ese momento fueron más amplios, por ejemplo, en la universidad fue a teatro lleno.

Indira González Rodríguez, Villa Clara

He estado en dos en dos consultas. En la primera fue en Santa Catalina, en la ciudad de Santa Clara, que si bien no es de la zona céntrica de la ciudad, tampoco es lo que el argot político y mediático considera vulnerable o marginalizado.

Era un grupo heterogéneo, pero predominaban personas entre 40 y 60 años, además de cuatro o cinco jóvenes que iban acompañando a sus padres o madres.

Hablaron de los términos y novedades más importantes respecto la ley vigente. La expresión generalizada para mí era que las personas tenían un profundo desconocimiento del proyecto, de los términos y las novedades que se estaban planteando en relación con el vigente.

Yo creo que no era desinterés o apatía, porque las personas expresaron a viva voz que les hubiera gustado poder leer el documento para formular un criterio, porque lo que te cuentan en la TV o en la radio, pasado por el tamiz de periodistas o expertos, es insuficiente.

La disponibilidad de tabloides aquí era muy baja. Las consultas comenzaron el 1 de febrero a las 8 de la noche y la distribución de los tabloides empezó ese día por la mañana. Para la edad del auditorio que había, tener el tabloide era importante si se aspiraba a una reunión de calidad. La alternativa era que el dúo de juristas explicara título por título los aspectos más novedosos, pero las personas tenían que haber leído.

La otra reunión fue en mi centro laboral y los jóvenes éramos mayoría. Aquí hubo muchas dudas con la autonomía progresiva, la crianza positiva, la responsabilidad parental. Por otra parte, estuvo lo patrimonial, el régimen económico del matrimonio.

Una de las propuestas fue mía y tuvo que ver con la protección familiar a las infancias trans, porque aunque se habla de la protección a las niñas, niños y adolescentes me parece que la práctica ha demostrado que se debe ser más explícito en cuanto a la protección de comunidades históricamente vulneradas.

Giselle Ordóñez, bartender, La Habana

Soy del Consejo Zamora-Cocosolo, Marianao, un barrio obrero de La Habana con zonas marginadas. A la reunión asistieron aproximadamente 80 personas, cifra récord, nunca habían salido tantos vecinos. Casi todo el tiempo en silencio, escuchando atentos.

Se leyeron y aclararon todos los artículos y en especial, los concernientes a responsabilidad parental y el matrimonio igualitario. Yo hablé del tema responsabilidad parental y la necesidad de explicarlo a fondo, porque ese cambio de nomenclatura no afecta ni la tutoría de los menores ni la guarda y custodia. Se aclaró ese punto y todos quedaron satisfechos.

Luego de terminar la reunión, la gente se quedó con dudas sobre los temas patria potestad y responsabilidad parental. Y lo otro, el tema del orden de los apellidos.

Nada de mencionar el tema del matrimonio igualitario ni la conformación de las familias homoparentales, porque la verdad es que en este barrio hay varias familias y parejas de hecho que son homosexuales y varias trans que son reconocidas y bien aceptadas en el barrio, incluso muy queridas por todos los vecinos. En eso, mi “charquito” tiene 100 puntos.

La muchacha, estudiante de Derecho, explicó bien resumido y conciso cada título del proyecto. Lo único a destacar es que un buen por ciento de los vecinos, no ha consultado el documento por no tenerlo a su alcance. Deficiencia tremenda, porque de haberlo leído todos, hubiéramos tenido un debate productivo. Por ahora, lo que más se necesita es que la mayoría lea el documento.

Yadira Álvarez Betancourt, profesora, La Habana

Yo soy del consejo popular Santa Felicia, en Marianao, un barrio obrero con muchos trabajadores informales.

A la reunión fueron menos personas de las que debían, unas 15 de 30 o 40 que hay en la manzana. La edad oscilaba entre 20 y 70 y pico de años aproximadamente.

Se hizo un paneo general de todos los capítulos del Código. La gente pidió aclaraciones sobre todo en temas de herencia, propiedad, adopción, manutención y atención económica a personas vulnerables, niños, ancianos y discapacitados.

Aquí hay muchísimas madres solteras con más de un hijo, cuidadoras de discapacitados y abuelos cuidando nietos porque los hijos se han ido del país, y por eso surgieron esos temas. En general estuvieron a favor una vez aclaradas las dudas.

Hubo dos fundamentalistas en contra del matrimonio igualitario y del reconocimiento de las familias homoparentales, pero se los “comieron”, y se callaron.

Aquí hay varias personas de la comunidad LGTBIQ+ a quienes se les aprecia mucho y por eso la gente empatiza con ellos, con sus machismos y sus chistes tontos que hay que deconstruir, pero hay mucho menos rechazo que antes. Las preocupaciones de las personas de estos barrios son otras.

Yo hablé sobre todo de la necesidad del reconocimiento de todos los tipos de familias y los derechos de todas las personas a tener vidas familiares, a mantener los vínculos con sus familias de origen.

Aquí en la zona viven varias personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sido expulsadas por sus familias de origen y se les impide ver a sus abuelos y sobrinos.

Me sorprendí muchísimo. Pensé que iba a ser más complicado porque yo vivo a tres cuadras de la Liga Evangélica de Cuba y es un lugar de mucho tráfico de personas haciendo proselitismo, pero no pasó nada. Hubo dos budistas, algo muy interesante, y dijeron que todos los derechos deben ser respetados para que haya paz.

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Comunidad LGBTQ salvadoreña reflexiona sobre las elecciones

El presidente Nayib Bukele se ganó segundo mandato

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(Foto cortesía de Colectivo Alejandría)

SAN SALVADOR, El Salvador – En punto de las 7 a.m. del 4 de febrero, se esperaba que abrieran todos los centros de votación en los diferentes municipios del país, pero por diferentes razones en muchos centros existió un atraso que incluso causo que las Juntas Receptoras de Votos comenzaran su labor pasada las 8 a.m.

Desde primeras horas, muchas personas de la población LGBTQ comenzaron a postear en redes sociales que habían logrado ejercer el sufragio sin ninguna eventualidad. En su mayoría, personas de la población lesbianas, gays y bisexuales, por parte de las personas trans y queer muchas de las organizaciones se tomaron el trabajo de estar al tanto de cómo iba su proceso, ninguna reportó algún inconveniente, también recibieron apoyo y acompañamiento por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Uno de los casos de acompañamiento fue el de Valeria de Aspidh Arcoiris Trans, se le puso énfasis a su caso, pues su DUI ya está con el nombre que se identifica y en el padrón electoral aún no aparecería así. 

“Valeria nos comentó que todo salió bien y recibió acompañamiento de la PDDH”, comentó al Washington Blade Mónica Hernández, directora de Aspidh. 

Así como ellas, las diferentes organizaciones no reportaron casos en donde se impidiera el derecho al voto; incluso el personaje Lady Drag, asistió a su centro de votación en el instituto EXSAL, portando un vestido negro, llevando como cola de este la Constitución de la República de El Salvador con otros libros de escritores nacionales. 

No se le negó el voto, incluso mostró que había votado por Nuevas Ideas para que su voto fuera anulado, todo como una protesta por la pobreza en la educación que existe en el país, esto de acuerdo con sus propias declaraciones dada a los medios. 

Mucha ausencia de personas LGBTQ en las votaciones 

Se observó una interesante diferencia en la afluencia de votantes entre los centros de votación en el extranjero y los ubicados dentro del país. Mientras que los compatriotas en el exterior mostraron una notable participación, los centros de votación locales, experimentaron una menor afluencia, destacando también la escasa participación de la comunidad LGBTQ salvadoreña.

En los centros de votación en el exterior, la presencia de votantes salvadoreños fue notable. 

Las largas filas y la participación activa reflejaron el compromiso de la diáspora con el proceso electoral. Sin embargo, la situación fue diferente en los centros de votación dentro de El Salvador. A pesar de los esfuerzos de concientización por parte de las organizaciones de sociedad civil en general, la participación local fue menor de lo esperado. 

Se evidenció una falta de entusiasmo general, destacando incluso una disminución en la afluencia de la población LGBTQ salvadoreña, quienes no mostraron el mismo interés que en elecciones anteriores. 

“Sinceramente no tenía muchas ganas de ir a votar, pero como dicen que, si luego uno se queja, al menos hice el intento con mi voto de hacer la diferencia”, comenta al Blade Yanet Ríos, una mujer bisexual salvadoreña.

Este contraste plantea preguntas entre las organizaciones LGBTQ, sobre los factores que pueden estar afectando la participación a nivel nacional. 

“Estamos preocupados porque la gente no sale a votar”, platica Hernández. “Vimos noticias, TikTok, los en vivo y los centros de votación no estaban llenos.”

“El discurso simplista de ‘los buenos contra los malos’ reinó sobre las reflexiones sensatas que alertaron durante meses, la consolidación de un sistema profundamente fragmentado, donde la poca confianza alcanzada por parte de las instituciones hacia la población se ha destruido”, aclaró al Blade Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS. 

Resalta la importancia de explorar estrategias para fomentar la implicación de la población local en futuros procesos electorales, sobre todo porque los mismos partidos políticos no tuvieron la misma presencia en campaña como en elecciones pasadas. Algunas miembros de colectivos LGBTQ comentaron al Blade que ahora los candidatos políticos no se acercaron a las organizaciones de sociedad civil y que el ambiente se sintió como que se daban por perdedores antes de tiempo. 

Resultados en elecciones presidenciales

El 9 de febrero el Tribunal Supremo Electoral finalizó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y de diputado, mostrando a Nayib Bukele como ganador con un 82.66 por ciento de los votos totales. Este resultado se dio tras cinco días de las elecciones, debido a múltiples fallos percibidos por el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados.

“Pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada. Algunos inconvenientes dificultaron que la trasmisión fluyera como se tenía previsto”, dijo en conferencia de prensa después de los comicios la magistrada Dora Martínez, presidenta del TSE.

Así con 2,7 millones de votos de un total de 3,2 millones, Bukele ganó la presidencia por segunda vez. Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quedó en segundo puesto con un 6,25 por ciento de la votación y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obtuvo 5,44 por ciento de acuerdo con el escrutinio final.

“No podemos hablar de una fiesta cívica ni democrática cuando las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores o cuando el aparataje estatal beneficia a unos sobre otros; donde primero se impone el resultado y después se configura el proceso”, expresó Rodríguez, haciendo alusión a la autoproclamasión como ganador que realizó Bukele en el Palacio Nacional, por la noche del 4 de febrero, sin tener resultados del escrutino final. 

Rodríguez además menciona que la poblaciones que históricamente han sido desatendidas, continúan siendo las más vulnerables y las que son invisibilizadas en las propuestas de los candidatos, ya que estás son inexistentes para hablar sobre la población LGBTQ.

Ahora comenzarán el conteo para el escrutinio final de las elecciones legislativas, de las cuales el partido Nuevas Ideas espera obtener la mayoría, para dar seguimiento al trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora. 

Ante este escenario, Hernández ve complicado tener expectativas positivas con los resultados obtenidos. 

“Esperamos que nuestros gobernantes que finalmente sean los que se establezcan, nos representen como sector que existe y que merece un trato digno y respetuoso a nuestras orientaciones e identidades diversas”, expresa. 

Aspidh de acuerdo con Hernández, están enfocando su trabajo en formar a la población.

“Para nosotras es súper importante el tema de la de la creación de una escuela de formadores políticos”, expresa Rodríguez. “De esta manera se puede esperar que exista más involucramiento de la población en próximas elecciones y generar cambios desde el conocimiento y la participación.” 

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La CIDH señala la preocupante violencia que sufren las personas trans en las Américas

El organismo destaca las cifras brutales

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Se publicó esta nota en su sitio web el 4 de febrero.

Publicado originalmente en Escándala.

La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La comisión apunta en su comunicado que la violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados miembros adopten con urgencia medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

El organismo destaca las cifras brutales de las violencias que viven y enfrentan las personas trans en los diferentes países que integran Las Américas.

El caso México

En su comunicado, la CIDH apunta que en México, en lo que va de 2024, se han monitoreado al menos cinco muertes violentas y dos agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México. Además del caso de le magistrade Ociel Baena.

Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más casos registrados tienen de violaciones y asesinatos cometidos en contra de personas de las poblaciones LGBTQ, en especial hacia las mujeres trans.

En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían documentado al menos 98 personas trans asesinadas. 

En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.

Entre los meses de enero y febrero, más de diez mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans. 

En Ecuador, hasta junio de 2023 se registraron por lo menos seis asesinatos de mujeres trans. 

En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans por parte de un particular, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente. 

En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina y, en octubre, una adolescente trans migrante colombiana de 16 años fue asesinada en la ciudad de Santiago. 

En noviembre, entre el día 8 y 11, la CIDH recibió informaciones sobre dos asesinatos de mujeres trans en Honduras y de otras dos en Venezuela.  

La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTQ defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial.

El organismo señala que es preocupante la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, así como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios. 

Con datos del registro global Transrespect vs Transfobia de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 fueron atribuidos a la región de las Américas.

El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos señala que es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género y desarrollen políticas públicas, leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia. 

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Activistas LGBTQ se preparan para elecciones en El Salvador

Se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas el 4 de febrero

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador   En la víspera de las elecciones en El Salvador, presidenciales y diputación el 4 de febrero, alcaldes y diputados a PARLACEN el 3 de marzo, la nación centroamericana se encuentra en una encrucijada política que amenaza con socavar aún más los cimientos democráticos. La sombra del autoritarismo se cierne sobre el proceso electoral, planteando interrogantes sobre el futuro los derechos de la comunidad LGBTQ en un escenario político donde la pluralidad y la inclusión podrían quedar en segundo plano.

En las últimas décadas, El Salvador ha experimentado un complicado trayecto hacia la consolidación de su sistema democrático. A pesar de los avances notables, la persistente amenaza del predominio de un solo partido político vuelve a poner a prueba la resistencia de las instituciones democráticas y sus garantías de representación.

Existe una creciente preocupación entre los observadores políticos y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de que el actual partido en el poder asegure una vez más un dominio ininterrumpido. La falta de una competencia política real y la polarización cada vez más marcada amenazan con consolidar un poder hegemónico que podría tener consecuencias significativas para diversos sectores de la sociedad.

La voz olvidada: El impacto en la comunidad LGBTQ

En medio de esta incertidumbre política, la comunidad LGBTQ se encuentra en una posición particularmente vulnerable. A pesar de avances en la lucha por la igualdad y la diversidad, existe el temor de que las cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ sean nuevamente relegadas al olvido en el escenario político actual, tal como sucedió con el accionar de gobiernos pasados.

“El FMLN mostró cierta apertura cuando estuvo dentro del gobierno, pero no pasó más, en su momento hubieran tenido la oportunidad de poder apoyar a la población LGBT”, comentó al Washington Blade Fany Meléndez, una activista independiente. 

El Salvador ha tenido pequeños avances para reconoce y proteger los derechos de la población LGBTQ, pero la implementación efectiva y la garantía de un entorno inclusivo siguen siendo desafíos pendientes. Solo se contaba con algunos protocolos de atención que, de acuerdo con activistas, “han quedado en desuso” y la reforma al Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.

La posibilidad de un retorno a políticas conservadoras y la falta de representación significativa para la comunidad LGBTQ plantean serias interrogantes sobre la preservación de los avances logrados hasta ahora.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tocaba también el tema LGBTI dentro de sus spots publicitarios; hoy lo vemos como un poquito más tenue”, habla con el Blade Karla Guevara, la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTIQ de El Salvador, haciendo referencia a uno de los retrocesos que se perciben.

Las nuevas candidaturas y las del partido político en gobierno, no muestran una apertura a tocar temas referentes a la población LGBTQ y que esto se refleje en sus plataformas. 

“No nos vemos incluidas dentro de sus plataformas, o apoyo a ningún tipo de política”, agrega Guevara. “No vemos si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género o a las uniones civiles de parejas del mismo sexo u otro tipo de políticas”. 

La participación de candidaturas dentro de los partidos políticos también se ha disminuido en estas elecciones, las pocas existentes no han tenido la visibilidad como las que obtuvo en las pasadas elecciones a diputado que tuvo Erick Ortiz por el partido Nuestro Tiempo.

“Brenda Rosales en el partido de Nuevas Ideas, sabemos que compitió en las internas, pero no pasó, nos preocupa más los ataques de odio que ella sufrió en la participación que tuvo, no solo por fuera, sino de la misma gente de su partido”, expresó Guevara. 

El presidente de El Salvador Nayib Bukele (Foto cortesía del gobierno de El Salvador)

Observación y participación

Es crucial que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en El Salvador y mantenga una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. La presión externa puede desempeñar un papel crucial en la protección de las minorías y la promoción de un entorno inclusivo y respetuoso de la diversidad.

A pesar de ya no contar con una mesa de dialogo dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, esta entidad está en contacto con algunas de las organizaciones de sociedad civil, para tener contacto de algunas bases de la organización y dar seguimiento a su participación en los próximos comicios. 

“Nos piden el contacto de cuatro personas y ellos le dan seguimiento a su participación. Nosotros le damos seguimiento al resto de la base social, primero hacemos la consulta si van a ir a votar y la importancia de hacerlo y luego si necesitan apoyo, después estamos al tanto de cómo les fue”, cuenta al Blade Joshua Navas, director ejecutivo de Generación HT El Salvador.

Por su parte la Federación Salvadoreña LGBTIQ tiene una campaña en redes sociales incentivando al voto de su población, además, han habilitado un número de WhatsApp para hacer las denuncias correspondientes que se den con las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.

“A veces su Documento Único de identidad no concuerda con la expresión de género, entonces hemos habilitado la línea del 7888 0765, para poder tomar la denuncia y poder después presentar esto como una estadística de lo sucedido”, cuenta Guevara. 

En medio de la incertidumbre

A algunas organizaciones y activistas les preocupa la criminalización y persecución que se da a defensores de derechos humanos, “nosotros hemos bajado del perfil en redes sociales, ahora ya no se opina de temas de forma directa, por el temor que existe”, agrega Navas. 

“No vemos realmente si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género, si hay un apoyo a las uniones civiles de pareja del mismo sexo u otro tipo de políticas, no vemos nada de eso”, menciona de manera preocupante Guevara. 

En este clima político tenso, la comunidad LGBTQ y sus aliados enfrentan el desafío de preservar y ampliar los avances logrados hasta ahora. La esperanza reside en la resistencia de las voces que defienden la democracia, la inclusión y la igualdad. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones, el llamado a la acción resonará en la conciencia colectiva, recordándonos que la lucha por la justicia y la diversidad es una responsabilidad compartida. Y las organizaciones de sociedad civil, no perderán de vista la lucha por el cumplimiento 

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