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¿Cómo fueron las consultas populares del Código de las Familias en Cuba?
Tremenda Nota habla con participantes por todo el país
LA HABANA — Ya terminaron las consultas populares del proyecto de Código de las Familias, se informó este martes en el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
La noticia no ha tenido gran relevancia en los medios cubanos hasta el momento.
Aquí examinamos los hitos del proceso.
¿Quiénes, cuándo y cómo?
La convocatoria a consulta popular del proyecto de ley se adoptó por votación unánime en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 21 de diciembre de 2021, y comenzó el 2 de febrero del 2022.
El proceso se programó en tres fases que comprendieron la consulta popular propiamente, la entrega de informes de propuestas a la Comisión Redactora y la elaboración del proyecto final que debe presentarse en mayo a la ANPP.
La consulta popular llegó a todos los municipios y barrios. En total se realizaron más de 79.000 reuniones en todo el país. El número de electores participantes fue de alrededor de 6 millones 500.000 personas.
Las intervenciones fueron más 330.000, se informó en el Pleno del PCC. Los que decidieron compartir sus opiniones y sugerencias hicieron más de 397.000 propuestas, que significan 5 en promedio por cada reunión.
Según Cubadebate, el 61 por ciento de las propuestas fueron favorables al proyecto de ley. Si bien la cifra sugiere el predominio del Sí en el próximo referendo, hay que evaluar con cautela este resultado. Se trata, en efecto, de la mayoría de las propuestas realizadas en las consultas populares, pero solo un pequeño número del total de electores intervino en las reuniones.
En estas consultas pudieron participar los electores definidos en la ley vigente. Incluso se admitieron las sugerencias de cubanos residentes en el extranjero, aunque a la larga solo un número pequeño compartió sus opiniones a través de las vías habilitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Se estima que alrededor de 2 millones de cubanos viven fuera del país. De ellos, solo 26.740 electores participaron en la consulta. Más de la mitad eran miembros del cuerpo diplomático o de las misiones médicas cubanas.
Según el Cen, las opiniones emitidas por los electores no tienen efecto vinculante. Según el jurista Raudiel Peña Barrios, esto significa que “las opiniones expresadas durante la consulta no tienen que ser tomadas en cuenta por el gobierno”.
Las propuestas se podían realizar por escrito u oralmente, y en ningún caso debían ser discutidas o debatidas. Las posibilidades de propuestas eran “modificación”, “eliminación”, “adición” o “dudas”.
En correspondencia con el cronograma del proceso, el 10 de marzo de 2022 el Consejo Nacional Electoral (Cen), entregó el primer informe de propuestas. Hasta ese momento, se habían realizado 210.786 propuestas y de ellas de procesaron 210.142.
Alina Balseiro Hernández, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, explicó en ese momento a Cubadebate que “para conformar las propuestas tipo recogidas en el informe que se entregó a la comisión redactora, se asociaron las propuestas idénticas y aquellas que tenían redacción diferente, pero que se referían a igual criterio u opinión. Además, fueron eliminadas las propuestas que resultaron inconsistentes y no contaban con la argumentación necesaria para ser evaluadas con posterioridad”.
Con este criterio, se presentaron a la Comisión Redactora en ese momento 5.237 propuestas tipo.
Según el cronograma del proceso, este 30 de abril el Cen debe entregar el segundo informe de propuestas a la Comisión Redactora. Para mayo, la Comisión Redactora debe entregar a la ANPP un proyecto que el organismo someterá a aprobación.
Para que se considere aprobado el Código de las familias, deben votar por el Sí la mayoría simple de los electores cubanos, es decir, la mitad más uno. En el referendo constitucional de 2019, había 8 millones 705.723 electores en Cuba.
Hasta el momento, sigue sin informarse la fecha exacta en que se realizará el referendo.
¿Qué se discutió en las consultas populares?
Desde la inclusión del matrimonio igualitario en el proyecto constitucional de 2019, los espacios de debate público atestiguaron una fuerte pugna dentro del seno de la sociedad civil y diferentes organizaciones religiosas.
Con la publicación del proyecto del nuevo Código de las Familias y las posteriores consultas populares, este debate tomó una nueva dimensión que indujo a un accionar más fuerte de los activismos LGTBIQ+ y feministas.
Por otra parte, hubo un posicionamiento férreo de los sectores antiderechos del fundamentalismo cristiano, que incluso se manifestaron en televisión nacional.
Aunque el código es una ley revolucionaria en muchos aspectos, el tema de la responsabilidad parental ha acaparado buena parte de la polémica. Además de lo novedoso del término para una sociedad con esquemas de crianza autoritarios, la responsabilidad parental es una noción que tanto el fundamentalismo cristiano como algunos sectores de la oposición en Cuba han instrumentalizado para deslegitimar los cambios medulares que trae el Código.
Tremenda Nota conversó con varios participantes en las consultas populares para conocer, de primera mano, las tendencias principales de los planteamientos y el ambiente en que se produjeron las reuniones.
Katherine Fonte Rivero, estudiante de Veterinaria, La Habana
Las opiniones fueron 100 por ciento favorables al Código. Yo vivo en la zona del Cristo, a dos cuadras de Obispo, un lugar interesante, repleto de turistas y de policías, uno junto con el otro, pero también es un lugar donde hubo muchos problemas con las drogas hace algunos años.
La gente, gracias al turismo, ha ido encontrando fuentes de trabajo y se han regulado un poco los problemas con las broncas y los robos. Se ven menos. Entonces, esto es una mezcla rara entre un mini progreso gracias al turismo y gente de barrio 100 por ciento.
Ese día específico de la reunión eran personas mayores nada más, de más de 40 años. Los únicos jóvenes éramos yo, mi novio, mi hermano y otra amistad de nosotros. Nadie estaba para eso, a quién le iba a interesar.
Había unas 40 personas. Casi nadie fue, teníamos un montón de sillas vacías. La abogada que nos tocó era una mujer joven que de verdad tenía ganas de que la gente entendiera. Lo explicó punto por punto. Hasta las personas más ancianas entendieron perfectamente de lo que iba todo.
Nadie dijo nada en contra y hasta una señora de 70 años se paró a decir con un papel muy grande que este era un código de amor, de inclusión, unas palabras que tú no te imaginas que va a salir de una mujer de 70 años.
La gente lo apoyó de forma espontánea y real, más allá del hecho de acatar la orden del gobierno. Hubo gente que se paró y dijo, por ejemplo, “mi hija se fue del país cuando mi nieta era muy pequeña y yo tuve que criar y no podía ejercer ningún poder legal sobre ella” o “yo vivo solo, me interesa esto”.
Yoelkys Torres, activista LGBTIQ+ y coordinador del proyecto AfroaAtenAs, Matanzas
Participé en dos de las reuniones de la circunscripción 34 del consejo popular de Pueblo Nuevo, en Matanzas. El espacio utilizado fue la entrada del Callejón de las Tradiciones precisamente por las informaciones que durante un par años he estado mostrando sobre el Código de las Familias y su posible aprobación.
Había un 50 o 45 por ciento de las personas que debían estar y es que la gente es reacia a las reuniones, y tienen niveles de preocupación más importantes que el Código. Muchas personas no sabían ni lo que era.
Esto un barrio obrero y marginalizado de clase media y baja, y digamos que la mayoría de la población es de personas mayores, muy pocos jóvenes y muy pocos niños. Había dos o tres jóvenes si acaso.
La jurídica trató la mayoría de los aspectos generales del Código y la gente de aquí, como ya tiene un nivel de formación por el trabajo que nosotros hacemos, estaba muy de acuerdo. El único desacuerdo que chocó en ambas reuniones es que niños de 12 años tuvieran facilidad testamental.
No hubo ningún fundamentalista, a pesar de que tenemos una iglesia cerca. En ningún momento yo tuve que intervenir, incluso las autoridades que vinieron me pidieron hablar, pero expliqué que no era necesario porque todo el mundo estaba muy consciente.
Sí hubo varias personas en otros lugares, inclusive miembros del Partido Comunista de Cuba, que se opusieron totalmente al Código.
José Alejandro Estévez Santos, estudiante de Medicina, Las Tunas
Participé en dos reuniones, la que tocaba aquí en mi barrio, el reparto Aurora, y en la de mi brigada en la universidad. Vivo hace poco tiempo en este barrio, por eso no sé cuántas personas estaban convocadas. En la universidad sí hubo mucha participación: de 27, unos 23 o 24.
El barrio en el que vivo es residencial. Tiene una gran concentración de clases medias y altas, sobre todo media, aunque hay sus excepciones. Casi todos los que estuvieron presentes en la reunión de la circunscripción eran personas de más de 50 años.
Ese día, la delegada leyó un papel donde parece que estaban los temas más candentes y no hubo nadie en contra. Algunos salieron a explicar la importancia de aprobarlo, pero casi nadie había leído el texto y casi nadie participó tampoco. Creo que fui el único. Los dos o tres que participaron lo que hicieron fue repetir la propaganda de la televisión y los medios estatales.
En la brigada había un desconocimiento total, el único que tenía noción del Código era yo. De los pocos que sabían, lo que sabían era que había matrimonio igualitario, adopción…
En mi intervención traté de explicar lo novedoso del texto. En ninguno de los dos espacios hubo fundamentalistas. Cuando la Constitución sí, en ese momento algunos estudiantes se pararon y la cosa fue fuerte. También los marcos de discusión de ese momento fueron más amplios, por ejemplo, en la universidad fue a teatro lleno.
Indira González Rodríguez, Villa Clara
He estado en dos en dos consultas. En la primera fue en Santa Catalina, en la ciudad de Santa Clara, que si bien no es de la zona céntrica de la ciudad, tampoco es lo que el argot político y mediático considera vulnerable o marginalizado.
Era un grupo heterogéneo, pero predominaban personas entre 40 y 60 años, además de cuatro o cinco jóvenes que iban acompañando a sus padres o madres.
Hablaron de los términos y novedades más importantes respecto la ley vigente. La expresión generalizada para mí era que las personas tenían un profundo desconocimiento del proyecto, de los términos y las novedades que se estaban planteando en relación con el vigente.
Yo creo que no era desinterés o apatía, porque las personas expresaron a viva voz que les hubiera gustado poder leer el documento para formular un criterio, porque lo que te cuentan en la TV o en la radio, pasado por el tamiz de periodistas o expertos, es insuficiente.
La disponibilidad de tabloides aquí era muy baja. Las consultas comenzaron el 1 de febrero a las 8 de la noche y la distribución de los tabloides empezó ese día por la mañana. Para la edad del auditorio que había, tener el tabloide era importante si se aspiraba a una reunión de calidad. La alternativa era que el dúo de juristas explicara título por título los aspectos más novedosos, pero las personas tenían que haber leído.
La otra reunión fue en mi centro laboral y los jóvenes éramos mayoría. Aquí hubo muchas dudas con la autonomía progresiva, la crianza positiva, la responsabilidad parental. Por otra parte, estuvo lo patrimonial, el régimen económico del matrimonio.
Una de las propuestas fue mía y tuvo que ver con la protección familiar a las infancias trans, porque aunque se habla de la protección a las niñas, niños y adolescentes me parece que la práctica ha demostrado que se debe ser más explícito en cuanto a la protección de comunidades históricamente vulneradas.
Giselle Ordóñez, bartender, La Habana
Soy del Consejo Zamora-Cocosolo, Marianao, un barrio obrero de La Habana con zonas marginadas. A la reunión asistieron aproximadamente 80 personas, cifra récord, nunca habían salido tantos vecinos. Casi todo el tiempo en silencio, escuchando atentos.
Se leyeron y aclararon todos los artículos y en especial, los concernientes a responsabilidad parental y el matrimonio igualitario. Yo hablé del tema responsabilidad parental y la necesidad de explicarlo a fondo, porque ese cambio de nomenclatura no afecta ni la tutoría de los menores ni la guarda y custodia. Se aclaró ese punto y todos quedaron satisfechos.
Luego de terminar la reunión, la gente se quedó con dudas sobre los temas patria potestad y responsabilidad parental. Y lo otro, el tema del orden de los apellidos.
Nada de mencionar el tema del matrimonio igualitario ni la conformación de las familias homoparentales, porque la verdad es que en este barrio hay varias familias y parejas de hecho que son homosexuales y varias trans que son reconocidas y bien aceptadas en el barrio, incluso muy queridas por todos los vecinos. En eso, mi “charquito” tiene 100 puntos.
La muchacha, estudiante de Derecho, explicó bien resumido y conciso cada título del proyecto. Lo único a destacar es que un buen por ciento de los vecinos, no ha consultado el documento por no tenerlo a su alcance. Deficiencia tremenda, porque de haberlo leído todos, hubiéramos tenido un debate productivo. Por ahora, lo que más se necesita es que la mayoría lea el documento.
Yadira Álvarez Betancourt, profesora, La Habana
Yo soy del consejo popular Santa Felicia, en Marianao, un barrio obrero con muchos trabajadores informales.
A la reunión fueron menos personas de las que debían, unas 15 de 30 o 40 que hay en la manzana. La edad oscilaba entre 20 y 70 y pico de años aproximadamente.
Se hizo un paneo general de todos los capítulos del Código. La gente pidió aclaraciones sobre todo en temas de herencia, propiedad, adopción, manutención y atención económica a personas vulnerables, niños, ancianos y discapacitados.
Aquí hay muchísimas madres solteras con más de un hijo, cuidadoras de discapacitados y abuelos cuidando nietos porque los hijos se han ido del país, y por eso surgieron esos temas. En general estuvieron a favor una vez aclaradas las dudas.
Hubo dos fundamentalistas en contra del matrimonio igualitario y del reconocimiento de las familias homoparentales, pero se los “comieron”, y se callaron.
Aquí hay varias personas de la comunidad LGTBIQ+ a quienes se les aprecia mucho y por eso la gente empatiza con ellos, con sus machismos y sus chistes tontos que hay que deconstruir, pero hay mucho menos rechazo que antes. Las preocupaciones de las personas de estos barrios son otras.
Yo hablé sobre todo de la necesidad del reconocimiento de todos los tipos de familias y los derechos de todas las personas a tener vidas familiares, a mantener los vínculos con sus familias de origen.
Aquí en la zona viven varias personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sido expulsadas por sus familias de origen y se les impide ver a sus abuelos y sobrinos.
Me sorprendí muchísimo. Pensé que iba a ser más complicado porque yo vivo a tres cuadras de la Liga Evangélica de Cuba y es un lugar de mucho tráfico de personas haciendo proselitismo, pero no pasó nada. Hubo dos budistas, algo muy interesante, y dijeron que todos los derechos deben ser respetados para que haya paz.
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Propuesta constitucional en Chile genera preocupación entre activistas LGBTQ
Llaman a votar en contra en el plebiscito
La propuesta de una nueva constitución en Chile ha generado inquietud y descontento entre los activistas LGBTQ del país, quienes la califican como insuficiente y preocupante para los derechos de la diversidad sexual y de género.
La Fundación Iguales, una de las organizaciones más prominentes en la defensa de los derechos LGBTQ, ha llamado a votar en contra de la propuesta constitucional en el próximo plebiscito programado para el 17 de diciembre.
Chile se encuentra en su segundo intento en menos de tres años para cambiar su constitución, una de las demandas más exigida en el estallido social de octubre de 2019. El 4 de septiembre de 2022 los chilenos rechazaron la propuesta de la Convención Constitucional, dando inició en 2023 a un proceso en el que la ultraderecha consiguió la mayoría de los escaños en el Consejo Constitucional, órgano que redacto el texto que deberá ser votado obligatoriamente en diciembre.
Maria José Cumplido, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, explicó las razones detrás de la postura de su organización.
“Nuestra posición como fundación es votar en contra de esta propuesta por la objeción de conciencia sin límites, la falta de un principio robusto de no discriminación, una errada concepción del interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA), y la debilidad en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes”, afirmó.
La omisión del principio de no discriminación en el proyecto constitucional es una de las principales preocupaciones de la Fundación Iguales. Cumplido advierte que esto podría ser un riesgo, además se consolidaría un Estado que no se centre en implementar políticas públicas para prevenir la discriminación. Esto podría traducirse en una falta de capacitación a funcionarios, educación sexual insuficiente y obstáculos para acceder a la justicia, entre otras consecuencias.
Paloma Zúñiga, un ex consejera constitucional de Revolución Democrática (RD) que participó en el proceso de redacción constitucional y aliada LGBTQ, explicó al Washington Blade que en temas queer hay tres problemas graves en el texto constitucional.
“Primero, una objeción de conciencia demasiado amplia podría permitir la discriminación por motivos religiosos en educación, centros de salud, comercio, entre otras. Por ejemplo, un restaurante podría expulsar a una pareja de lesbianas por besarse, un hospital negarse a atender a una persona trans o no permitir el ingreso de estudiantes LGBTQ en las aulas de clases”, dijo.
Zuñiga agregó que “en segundo lugar, la ausencia de un principio de no discriminación lo suficientemente robusto como para obligar al Estado a prevenir la discriminación considerando que la violencia contra las personas queer ha aumentado. Y por último, la preocupación por la debilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en cuanto a su autonomía y libre desarrollo de la personalidad, que podría afectar directamente a las niñeces trans”.
En la misma línea, Cumplido coincide con Zúñiga respecto a los problemas que podría traer la constitucionalización de la objeción de conciencia. La activista destacó ejemplos internacionales, como el caso Burwell v. Hobby Lobby Stores en Estados Unidos, donde la objeción de conciencia se utilizó para reabrir debates sobre derechos ya resueltos democráticamente. En el contexto chileno, esto podría replicarse en diversas situaciones, especialmente dada la amplitud la enmienda.
Zúñiga, que pertenece a un partido político que respalda al presidente Gabriel Boric, dijo “debemos votar en contra porque es un gran riesgo y retroceso para las personas LGBTQ y los derechos conquistados en los últimos años”.
“Como sector de izquierda hicimos todo lo posible por eliminar las enmiendas que perjudicaban a LGBTQ+, e incluso mejorar su calidad de vida a través de una nueva Constitución, pero el Partido Republicano con su mayoría bloqueo todos nuestros intentos”, explicó.
Acciones de la Fundación Iguales y próximas etapas
Ante estos desafíos, la Fundación Iguales ha emprendido acciones para concientizar a la sociedad chilena. Han compartido un documento detallado con argumentos técnicos y jurídicos y están difundiendo material a través de redes sociales para explicar las posibles consecuencias de aprobar la constitución.
Independientemente del resultado del plebiscito, la Fundación Iguales tiene planes para continuar su defensa de los derechos de la diversidad sexual en Chile. Enfocarán esfuerzos en la reforma a la ley antidiscriminación y la ley José Matías para proteger a los niños y niñas trans del bullying escolar. Además, seguirán con su trabajo de capacitaciones y acciones territoriales a lo largo del país, con el objetivo de transformar a Chile en un lugar seguro para las personas LGBTQ.
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A 47 suben personas LGBTQ asesinadas en Honduras en 2023
Mataron a dos mujeres trans en menos de tres días
SAN PEDRO SULA, Honduras — El 2023 terminará como uno de los peores años para las personas LGBTIQ+ y las mujeres en el país. En menos de tres días, dos mujeres trans han sido asesinadas.
Las víctimas son Mónica Santos en La Ceiba, Atlántida, y Abigaíl Zelaya en Guaimaca, Francisco Morazán.
Las organizaciones de derechos humanos LGBTIQ+ de Honduras exigen que ambos crímenes no queden impunes. Además, condenan la falta de acciones concretas del gobierno de Xiomara Castro para disminuir estas violencias.
Durante la presidencia de Castro, por segundo año se disparó la cantidad de víctimas LGBTI+, denunció la Red Lésbica Cattrachas.
En el 2022, la cifra de asesinatos fue 46. Este año se superó ese número cuando aún no ha finalizado la primera quincena de noviembre.
Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas, expresó a Reportar Sin Miedo que el gobierno no ha hecho nada para que disminuyan, se investiguen o criminalicen la violencia y los asesinatos contra las disidencias sexuales.
Asimismo, Mendoza denunció que funcionarios del gobierno regalan biblias en los centros educativos.
En el departamento de Atlántida, la departamental de Educación prometió 32 mil ejemplares de este libro para la población estudiantil.
“Hay una hiperviolación del Estado laico. Los feminicidios se incrementan, la impunidad se mantiene y como siempre a nadie le importa”, reflexiona Mendoza con enojo por la falta de voluntad política de funcionarios y operadores de justicia del actual gobierno.
El gobierno de @XiomaraCastroZ, por segundo año consecutivo, sobrepasa la masiva cantidad de muertes violentas de personas LGBTI registradas históricamente en Honduras. @SSEGURIDADHN
— CATTRACHAS (@CATTRACHAS) November 8, 2023
En el 2023, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas, 47 personas LGBT+ han sido asesinadas; 18 de ellas son personas trans, 17 gays y 12 lesbianas.
Estadísticas hasta el viernes 10 de noviembre del 2023, según el Observatorio de la Red Lésbica Cattrachas.
Mónica migró a La Ceiba para encontrarse con la muerte
Dos balazos en el tórax acabaron con la vida de Mónica Santos, de 32 años. Su muerte violenta se produjo en la zona conocida como La Atenea en La Ceiba, donde mujeres trans ejercen el comercio sexual.
Cuando murió, Mónica no tenía documento de identidad. Su caso es como el de todas las personas trans en Honduras, a quienes el Estado no les reconoce su identidad asumida, a pesar de que hay una condena internacional impulsada por la sentencia de la Corte IDH en el caso de la activista trans Vicky Hernández.
Mónica hablaba misquito, inglés y garífuna. Desde hace más de ocho años vivía en La Ceiba, dice la líder trans Sasha Rodríguez de la organización Oprouce, quien la recuerda con mucho cariño, ya que pertenecía a su agrupación.
“Mónica a veces se sentía excluida, ella tuvo una vida muy marcada, su situación de pobreza era extrema y muchas veces no tenía ni alimentos”, recuerda Rodríguez.
En 2020, Mónica fue privada de su libertad en la penitenciaría masculina de Támara, pero después de dos años la liberaron por falta de pruebas.
“La conocí y sufrió una serie de vejámenes”, relata Rihanna Ferrera, directora de Cozumel Trans.
Ferrera lamentó que integrantes de la Policía Nacional especularan en las redes sociales sobre las razones del asesinato de Mónica sin haber realizado las investigaciones.
“Es alarmante la situación, escalofriante porque sabemos que la semana anterior asesinaron en diferentes lugares a tres personas trans. El gobierno se ha llamado al silencio. Esta situación es un llamado para que los colectivos estemos más unidos”, expresó Ferrera a Reportar Sin Miedo.
Dolor en Guaimaca por Abigaíl
La noche del sábado 11 de noviembre, el cuerpo sin vida de Abigaíl Zelaya Vásquez, de 27 años de edad, fue encontrado en un solar de la colonia San Juan, en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras.
La información preliminar mostrada en las imágenes es que el cadáver presentaba heridas de arma blanca, sobre todo en el cuello.
Abigaíl llevaba puesto vestido azul. En la escena se encontraron sus tacones.
Al lugar donde estaba tendido el cuerpo llegó su madre, quien imploró que la levantaran para trasladarla a un centro médico, pero Abigaíl ya había expirado.
A la escena acudieron algunos vecinos y familiares de la joven que lloraban por su deceso. Indicaron que era una persona alegre y muy conocida en la zona.
Condenamos los asesinatos hacia las personas Trans en Honduras.
Exigimos cumplimiento total de la Sentencia Vicky Hernández al @GobiernoHN
A la @PoliciaHonduras @FFAAHN a cumplir con sus funciones en el resguardo de la seguridad de las personas al @MP_Honduras que se investigue pic.twitter.com/OrLweZZcDC— Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans🏳️⚧️ (@CozumelTrans) November 13, 2023
Los antiderechos de Libre y el BOC
Mientras aumentan los asesinatos de disidencias sexuales en Honduras, el Congreso Nacional está dividido por la elección del fiscal general y la derogación de las ZEDE.
Además, la ciudadanía hondureña afronta la polarización entre las personas que apoyan al gobierno de Castro y quienes participan en el Bloque de la Oposición (BOC).
El BOC es un grupo formado por fuerzas del Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal y Partido Nacional para denunciar la concentración en la familia Castro Zelaya de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A estos se suma ahora el Ministerio Público.
“Nos siguen matando y la gente no reacciona. No reacciona la Policía, no reacciona nadie. Todo tiene que ver con política exterior. No tiene nada que ver con lo nacional, con lo que realmente está pasando aquí con las mujeres y personas LGBTI+”, expresó la directora de Cattrachas, Indyra Mendoza.
No sólo los funcionarios del gobierno de Xiomara Castro actúan contra las disidencias sexuales.
El esposo y asesor presidencial de Castro, Manuel Zelaya Rosales, se mofó en abril de este año de los diputados gays del Congreso Nacional.
La burla de Zelaya se produjo durante una aparición pública divulgada por el canal de televisión del Estado en el parqueo de la Casa Presidencial.
Zelaya se burló de las poblaciones LGBTIQ+ junto con el diputado suplente Manuel Rodríguez. Ambos pertenecen al Partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder.
“Manuel es famoso en el Congreso porque él dice, a mí no me consta, él dice que tiene una lista de género en el Congreso y que en el Congreso no hay dos géneros, hay más. Él puede dar testimonio de cuáles son los géneros que hay en el Congreso, nunca me la ha querido dar”, dijo Zelaya con tono burlón.
Con esas frases incitó al diputado Manuel Rodríguez a hablar de una supuesta lista de Libre en la que aparecen todos los congresistas pertenecientes a más de “dos géneros”.
A continuación, Manuel Rodríguez se unió a la “broma” iniciada por Zelaya. “Hay tres géneros, los homosexuales, los bisexuales y las lesbianas”, dijo mientras él y Mel Zelaya se reían.
“Ahí le di la lista original a usted, lo que pasa es que no quiere decirla, la tiene escondida”, agregó, dirigiéndose de nuevo al asesor presidencial.
Parte del público presente en la reunión de bases se rio a carcajadas de las palabras de los funcionarios.
Tampoco podemos olvidar los ataques de Roberto Contreras, quien el 12 de abril del 2023 dijo: “Prefiero cien mil veces portar esta bandera garífuna que una bandera de la diversidad sexual”.
Contreras, alcalde de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, dio esas declaraciones cuando se celebraban 226 años de presencia garífuna en el país.
Más discursos de odio
Por otro lado, el secretario de Salud, José Matheu, expresó que, si se aprueban las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), habría “desenfreno sexual” en las mujeres.
Asimismo, el ministro de Educación, Daniel Sponda, rompió las guías de educación Ciudadano mi salud y mi vida creadas en el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Los antiderechos no sólo están dentro del gobierno de Xiomara Castro. También el llamado “archienemigo de la presidenta”, Salvador Nasralla, marchó con los grupos fundamentalistas.
“Yo me crié en un hogar cristiano, así que yo no apoyo el matrimonio gay”, dijo Nasralla cuando habló con Reportar Sin Miedo en junio de 2023.
Este tipo de manifestaciones tenían un claro objetivo: evitar que el Ejecutivo aprobara la ley de prevención de embarazo en adolescentes que permitiría por primera vez incluir educación sexual en las escuelas de forma laica e integral.
Xiomara Castro cedió ante las presiones el 29 de julio, día que en Tegucigalpa se conmemoraba la marcha del orgullo. Castro vetó la ley que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional.
Mientras tanto, madres y padres de familia, en su mayoría de alumnos de escuelas privadas, están redactando, con apoyo de líderes de las iglesias Católica y Evangélica, una nueva ley para evitar que se enseñe la “ideología de género” a sus descendientes.
Por otra parte, grupos de mujeres y disidencias denuncian las incongruencias del veto presidencial debido a la fecha en que se produjo y se anunció públicamente. Asimismo critican la injerencia de grupos fundamentalistas en las principales secretarías del Estado.
Sin embargo, no sólo los oficialistas pronuncian discursos de odio.
También integrantes del Partido Nacional como Tomás Zambrano, Mario Pérez y David Chávez han hecho campaña con mensajes contra los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.
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Piden justicia para magistrade Jesús Ocien Baena
Miles de personas se manifestaron en la Ciudad de México el lunes
Activistas y organizaciones por los derechos LGBTQI+ han pedido una investigación diferenciada y especializada en el caso de asesinato de Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes.
En la mañana de hoy 13 de noviembre, medios locales reportaban con información de la Fiscalía del Estado la noticia de que le magistrade Jesús Ociel Baena se encontró sin vida en su domicilio junto conotra persona. Horas más tarde, se confirmó que quien le acompañaba era su pareja sentimental, al mismo tiempo que periodistas y medios compartían en redes sociales imágenes sangrientas de la escena del crimen filtradas por un periodista de Aguascalientes. El asesinato se calificaría como un “crimen pasional” a consecuencia de esas imágenes, en una cascada de comentarios denigrantes relacionados con su sexualidad, orientación e identidad por cuentas de periodistas, comunicadores, medios de comunicación, trolls y usuarios de las redes sociales.
En medio de memes y capturas de pantallas sobre la cobertura sesgada de los hechos y de noticias de crímenes pasados, horas más tarde, medios nacionales publicarían los avances de la fiscalía en la investigación con información de su conferencia de prensa y entrevistas que se han dado a medios, con detalles precisos sobre las líneas de investigación, contextos de la escena de crimen, el contenido de las cámaras de seguridad y hasta posibles motivos “emocionales”.
A Baena le asesinaron en su propia casa como fue Mireya Rodríguez Lemus activista trans en Chihuahua en 2020, y como a casi 4 de cada 10 personas LGBTQI+ según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBTQI+, en su informe de 2020. Su asesinato se suma a más de 453 muertes violentas de personas LGBTQI+ en los últimos cinco años (Letra S, 2022), razón por la que en redes sociales se convocó a las 7 pm en Estela de Luz, en Ciudad de México a un acto de memoria de le magistrade y la exigencia de una investigación clara. La impunidad de las muertes violentas de personas LGBTQI+ envía un fuerte mensaje a la sociedad de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes a través de un comunicado exigió a las autoridades del Estado el acceso a la verdad y la justicia y una investigación conforme a protocolos vigentes que incorporen la perspectiva de orientación sexual y de identidad de género.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo un llamado a una investigación meticulosa y a analizar la violencia por prejuicio que sistemáticamente sufren las personas LGBTQI+.
Le magistrade Jesús Ociel Baena era una de las figuras LGBTQI+ más visibles en el país y quien recibía amenazas de muertes y mensajes de odio diariamente. El pasado 15 de junio, Ulises Salvador Nava Juárez, activista LGBTQI+ y funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero fue asesinado a plena luz del día en las afueras del Museo Descubre en la ciudad de Aguascalientes al salir de un congreso donde se reunieron activistas LGBTQI+ de todo el país, incluyendo a Baena.
“Posiblemente iban por alguien más, de todas las personas que estábamos ahí pudimos haber sido esa víctima, pudo haber sido Salma (Luévano), pudo haber sido alguna otra persona de otro estado, de Baja California, pude haber sido yo, eso es muy lamentable (…) exigimos justicia ayer nos reunimos con el fiscal, estamos esperando que den con los responsables, pero no vamos a dejar de callar hasta que la vida de Ulises que no haya sido en vano su muerte y que se haga justicia por el trágico acontecimiento en la tierra de la gente buena”. – Comentó para un medio local, el Metropolitano.
Un crimen de odio es un crimen social
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTQI+ define los crímenes de odio como comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no. Baena tenía inscripción en el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con adscripción a la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, por lo que activistas y defensorxs de derechos LGBTQI+ han pedido que se investigue como crimen de odio.
Una de las más grandes problemática para poder prevenir los crímenes de odio son la impunidad, la cual se erige como obstáculo para el acceso a la justicia, el entorpecimiento en las investigaciones por prejuicios, y el no contar con datos armonizados y comparables para poder medir, analizar y prevenir la violencia (como lo hay en otros países de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).
En 2022 Letra S analizó 354 incidentes violentos o agresiones contra personas LGBTQI+ reportadas en la plataforma Visibles de Amicus, el 40.6 por ciento correspondían a agresiones verbales; 20.3 por ciento a agresiones físicas; 19.8 por ciento a agresiones psicológicas; 6.5 por ciento a agresiones sexuales; y por último, 2.8 por ciento a detenciones injustificadas.
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