Noticias en Español
¿Cómo fueron las consultas populares del Código de las Familias en Cuba?
Tremenda Nota habla con participantes por todo el país
LA HABANA — Ya terminaron las consultas populares del proyecto de Código de las Familias, se informó este martes en el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
La noticia no ha tenido gran relevancia en los medios cubanos hasta el momento.
Aquí examinamos los hitos del proceso.
¿Quiénes, cuándo y cómo?
La convocatoria a consulta popular del proyecto de ley se adoptó por votación unánime en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 21 de diciembre de 2021, y comenzó el 2 de febrero del 2022.
El proceso se programó en tres fases que comprendieron la consulta popular propiamente, la entrega de informes de propuestas a la Comisión Redactora y la elaboración del proyecto final que debe presentarse en mayo a la ANPP.
La consulta popular llegó a todos los municipios y barrios. En total se realizaron más de 79.000 reuniones en todo el país. El número de electores participantes fue de alrededor de 6 millones 500.000 personas.
Las intervenciones fueron más 330.000, se informó en el Pleno del PCC. Los que decidieron compartir sus opiniones y sugerencias hicieron más de 397.000 propuestas, que significan 5 en promedio por cada reunión.
Según Cubadebate, el 61 por ciento de las propuestas fueron favorables al proyecto de ley. Si bien la cifra sugiere el predominio del Sí en el próximo referendo, hay que evaluar con cautela este resultado. Se trata, en efecto, de la mayoría de las propuestas realizadas en las consultas populares, pero solo un pequeño número del total de electores intervino en las reuniones.
En estas consultas pudieron participar los electores definidos en la ley vigente. Incluso se admitieron las sugerencias de cubanos residentes en el extranjero, aunque a la larga solo un número pequeño compartió sus opiniones a través de las vías habilitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Se estima que alrededor de 2 millones de cubanos viven fuera del país. De ellos, solo 26.740 electores participaron en la consulta. Más de la mitad eran miembros del cuerpo diplomático o de las misiones médicas cubanas.
Según el Cen, las opiniones emitidas por los electores no tienen efecto vinculante. Según el jurista Raudiel Peña Barrios, esto significa que “las opiniones expresadas durante la consulta no tienen que ser tomadas en cuenta por el gobierno”.
Las propuestas se podían realizar por escrito u oralmente, y en ningún caso debían ser discutidas o debatidas. Las posibilidades de propuestas eran “modificación”, “eliminación”, “adición” o “dudas”.
En correspondencia con el cronograma del proceso, el 10 de marzo de 2022 el Consejo Nacional Electoral (Cen), entregó el primer informe de propuestas. Hasta ese momento, se habían realizado 210.786 propuestas y de ellas de procesaron 210.142.
Alina Balseiro Hernández, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, explicó en ese momento a Cubadebate que “para conformar las propuestas tipo recogidas en el informe que se entregó a la comisión redactora, se asociaron las propuestas idénticas y aquellas que tenían redacción diferente, pero que se referían a igual criterio u opinión. Además, fueron eliminadas las propuestas que resultaron inconsistentes y no contaban con la argumentación necesaria para ser evaluadas con posterioridad”.
Con este criterio, se presentaron a la Comisión Redactora en ese momento 5.237 propuestas tipo.
Según el cronograma del proceso, este 30 de abril el Cen debe entregar el segundo informe de propuestas a la Comisión Redactora. Para mayo, la Comisión Redactora debe entregar a la ANPP un proyecto que el organismo someterá a aprobación.
Para que se considere aprobado el Código de las familias, deben votar por el Sí la mayoría simple de los electores cubanos, es decir, la mitad más uno. En el referendo constitucional de 2019, había 8 millones 705.723 electores en Cuba.
Hasta el momento, sigue sin informarse la fecha exacta en que se realizará el referendo.
¿Qué se discutió en las consultas populares?
Desde la inclusión del matrimonio igualitario en el proyecto constitucional de 2019, los espacios de debate público atestiguaron una fuerte pugna dentro del seno de la sociedad civil y diferentes organizaciones religiosas.
Con la publicación del proyecto del nuevo Código de las Familias y las posteriores consultas populares, este debate tomó una nueva dimensión que indujo a un accionar más fuerte de los activismos LGTBIQ+ y feministas.
Por otra parte, hubo un posicionamiento férreo de los sectores antiderechos del fundamentalismo cristiano, que incluso se manifestaron en televisión nacional.
Aunque el código es una ley revolucionaria en muchos aspectos, el tema de la responsabilidad parental ha acaparado buena parte de la polémica. Además de lo novedoso del término para una sociedad con esquemas de crianza autoritarios, la responsabilidad parental es una noción que tanto el fundamentalismo cristiano como algunos sectores de la oposición en Cuba han instrumentalizado para deslegitimar los cambios medulares que trae el Código.
Tremenda Nota conversó con varios participantes en las consultas populares para conocer, de primera mano, las tendencias principales de los planteamientos y el ambiente en que se produjeron las reuniones.
Katherine Fonte Rivero, estudiante de Veterinaria, La Habana
Las opiniones fueron 100 por ciento favorables al Código. Yo vivo en la zona del Cristo, a dos cuadras de Obispo, un lugar interesante, repleto de turistas y de policías, uno junto con el otro, pero también es un lugar donde hubo muchos problemas con las drogas hace algunos años.
La gente, gracias al turismo, ha ido encontrando fuentes de trabajo y se han regulado un poco los problemas con las broncas y los robos. Se ven menos. Entonces, esto es una mezcla rara entre un mini progreso gracias al turismo y gente de barrio 100 por ciento.
Ese día específico de la reunión eran personas mayores nada más, de más de 40 años. Los únicos jóvenes éramos yo, mi novio, mi hermano y otra amistad de nosotros. Nadie estaba para eso, a quién le iba a interesar.
Había unas 40 personas. Casi nadie fue, teníamos un montón de sillas vacías. La abogada que nos tocó era una mujer joven que de verdad tenía ganas de que la gente entendiera. Lo explicó punto por punto. Hasta las personas más ancianas entendieron perfectamente de lo que iba todo.
Nadie dijo nada en contra y hasta una señora de 70 años se paró a decir con un papel muy grande que este era un código de amor, de inclusión, unas palabras que tú no te imaginas que va a salir de una mujer de 70 años.
La gente lo apoyó de forma espontánea y real, más allá del hecho de acatar la orden del gobierno. Hubo gente que se paró y dijo, por ejemplo, “mi hija se fue del país cuando mi nieta era muy pequeña y yo tuve que criar y no podía ejercer ningún poder legal sobre ella” o “yo vivo solo, me interesa esto”.
Yoelkys Torres, activista LGBTIQ+ y coordinador del proyecto AfroaAtenAs, Matanzas
Participé en dos de las reuniones de la circunscripción 34 del consejo popular de Pueblo Nuevo, en Matanzas. El espacio utilizado fue la entrada del Callejón de las Tradiciones precisamente por las informaciones que durante un par años he estado mostrando sobre el Código de las Familias y su posible aprobación.
Había un 50 o 45 por ciento de las personas que debían estar y es que la gente es reacia a las reuniones, y tienen niveles de preocupación más importantes que el Código. Muchas personas no sabían ni lo que era.
Esto un barrio obrero y marginalizado de clase media y baja, y digamos que la mayoría de la población es de personas mayores, muy pocos jóvenes y muy pocos niños. Había dos o tres jóvenes si acaso.
La jurídica trató la mayoría de los aspectos generales del Código y la gente de aquí, como ya tiene un nivel de formación por el trabajo que nosotros hacemos, estaba muy de acuerdo. El único desacuerdo que chocó en ambas reuniones es que niños de 12 años tuvieran facilidad testamental.
No hubo ningún fundamentalista, a pesar de que tenemos una iglesia cerca. En ningún momento yo tuve que intervenir, incluso las autoridades que vinieron me pidieron hablar, pero expliqué que no era necesario porque todo el mundo estaba muy consciente.
Sí hubo varias personas en otros lugares, inclusive miembros del Partido Comunista de Cuba, que se opusieron totalmente al Código.
José Alejandro Estévez Santos, estudiante de Medicina, Las Tunas
Participé en dos reuniones, la que tocaba aquí en mi barrio, el reparto Aurora, y en la de mi brigada en la universidad. Vivo hace poco tiempo en este barrio, por eso no sé cuántas personas estaban convocadas. En la universidad sí hubo mucha participación: de 27, unos 23 o 24.
El barrio en el que vivo es residencial. Tiene una gran concentración de clases medias y altas, sobre todo media, aunque hay sus excepciones. Casi todos los que estuvieron presentes en la reunión de la circunscripción eran personas de más de 50 años.
Ese día, la delegada leyó un papel donde parece que estaban los temas más candentes y no hubo nadie en contra. Algunos salieron a explicar la importancia de aprobarlo, pero casi nadie había leído el texto y casi nadie participó tampoco. Creo que fui el único. Los dos o tres que participaron lo que hicieron fue repetir la propaganda de la televisión y los medios estatales.
En la brigada había un desconocimiento total, el único que tenía noción del Código era yo. De los pocos que sabían, lo que sabían era que había matrimonio igualitario, adopción…
En mi intervención traté de explicar lo novedoso del texto. En ninguno de los dos espacios hubo fundamentalistas. Cuando la Constitución sí, en ese momento algunos estudiantes se pararon y la cosa fue fuerte. También los marcos de discusión de ese momento fueron más amplios, por ejemplo, en la universidad fue a teatro lleno.
Indira González Rodríguez, Villa Clara
He estado en dos en dos consultas. En la primera fue en Santa Catalina, en la ciudad de Santa Clara, que si bien no es de la zona céntrica de la ciudad, tampoco es lo que el argot político y mediático considera vulnerable o marginalizado.
Era un grupo heterogéneo, pero predominaban personas entre 40 y 60 años, además de cuatro o cinco jóvenes que iban acompañando a sus padres o madres.
Hablaron de los términos y novedades más importantes respecto la ley vigente. La expresión generalizada para mí era que las personas tenían un profundo desconocimiento del proyecto, de los términos y las novedades que se estaban planteando en relación con el vigente.
Yo creo que no era desinterés o apatía, porque las personas expresaron a viva voz que les hubiera gustado poder leer el documento para formular un criterio, porque lo que te cuentan en la TV o en la radio, pasado por el tamiz de periodistas o expertos, es insuficiente.
La disponibilidad de tabloides aquí era muy baja. Las consultas comenzaron el 1 de febrero a las 8 de la noche y la distribución de los tabloides empezó ese día por la mañana. Para la edad del auditorio que había, tener el tabloide era importante si se aspiraba a una reunión de calidad. La alternativa era que el dúo de juristas explicara título por título los aspectos más novedosos, pero las personas tenían que haber leído.
La otra reunión fue en mi centro laboral y los jóvenes éramos mayoría. Aquí hubo muchas dudas con la autonomía progresiva, la crianza positiva, la responsabilidad parental. Por otra parte, estuvo lo patrimonial, el régimen económico del matrimonio.
Una de las propuestas fue mía y tuvo que ver con la protección familiar a las infancias trans, porque aunque se habla de la protección a las niñas, niños y adolescentes me parece que la práctica ha demostrado que se debe ser más explícito en cuanto a la protección de comunidades históricamente vulneradas.
Giselle Ordóñez, bartender, La Habana
Soy del Consejo Zamora-Cocosolo, Marianao, un barrio obrero de La Habana con zonas marginadas. A la reunión asistieron aproximadamente 80 personas, cifra récord, nunca habían salido tantos vecinos. Casi todo el tiempo en silencio, escuchando atentos.
Se leyeron y aclararon todos los artículos y en especial, los concernientes a responsabilidad parental y el matrimonio igualitario. Yo hablé del tema responsabilidad parental y la necesidad de explicarlo a fondo, porque ese cambio de nomenclatura no afecta ni la tutoría de los menores ni la guarda y custodia. Se aclaró ese punto y todos quedaron satisfechos.
Luego de terminar la reunión, la gente se quedó con dudas sobre los temas patria potestad y responsabilidad parental. Y lo otro, el tema del orden de los apellidos.
Nada de mencionar el tema del matrimonio igualitario ni la conformación de las familias homoparentales, porque la verdad es que en este barrio hay varias familias y parejas de hecho que son homosexuales y varias trans que son reconocidas y bien aceptadas en el barrio, incluso muy queridas por todos los vecinos. En eso, mi “charquito” tiene 100 puntos.
La muchacha, estudiante de Derecho, explicó bien resumido y conciso cada título del proyecto. Lo único a destacar es que un buen por ciento de los vecinos, no ha consultado el documento por no tenerlo a su alcance. Deficiencia tremenda, porque de haberlo leído todos, hubiéramos tenido un debate productivo. Por ahora, lo que más se necesita es que la mayoría lea el documento.
Yadira Álvarez Betancourt, profesora, La Habana
Yo soy del consejo popular Santa Felicia, en Marianao, un barrio obrero con muchos trabajadores informales.
A la reunión fueron menos personas de las que debían, unas 15 de 30 o 40 que hay en la manzana. La edad oscilaba entre 20 y 70 y pico de años aproximadamente.
Se hizo un paneo general de todos los capítulos del Código. La gente pidió aclaraciones sobre todo en temas de herencia, propiedad, adopción, manutención y atención económica a personas vulnerables, niños, ancianos y discapacitados.
Aquí hay muchísimas madres solteras con más de un hijo, cuidadoras de discapacitados y abuelos cuidando nietos porque los hijos se han ido del país, y por eso surgieron esos temas. En general estuvieron a favor una vez aclaradas las dudas.
Hubo dos fundamentalistas en contra del matrimonio igualitario y del reconocimiento de las familias homoparentales, pero se los “comieron”, y se callaron.
Aquí hay varias personas de la comunidad LGTBIQ+ a quienes se les aprecia mucho y por eso la gente empatiza con ellos, con sus machismos y sus chistes tontos que hay que deconstruir, pero hay mucho menos rechazo que antes. Las preocupaciones de las personas de estos barrios son otras.
Yo hablé sobre todo de la necesidad del reconocimiento de todos los tipos de familias y los derechos de todas las personas a tener vidas familiares, a mantener los vínculos con sus familias de origen.
Aquí en la zona viven varias personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sido expulsadas por sus familias de origen y se les impide ver a sus abuelos y sobrinos.
Me sorprendí muchísimo. Pensé que iba a ser más complicado porque yo vivo a tres cuadras de la Liga Evangélica de Cuba y es un lugar de mucho tráfico de personas haciendo proselitismo, pero no pasó nada. Hubo dos budistas, algo muy interesante, y dijeron que todos los derechos deben ser respetados para que haya paz.
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The university that refuses to let go
Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike
Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.
I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.
I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.
There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.
Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.
From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.
And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.
Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.
The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.
Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.
In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.
I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.
How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?
Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.
Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.
He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.
Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.
Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?
Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.
A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.
Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.
Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.
Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.
As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?
Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.
For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?
La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.
It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.
After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
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