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Brenda Rosales es la primera funcionaria trans del gobierno de Bukele

Ella trabaja en el Ministerio de Cultura de El Salvador

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Brenda Rosales (Foto cortesía de Brenda Rosales)

SAN SALVADOR, El Salvador Brenda Oriana Rosales Navarro, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador (UES), de 44 años, ha trabajado como diseñadora, escultora y pintora bajo el seudónimo BORN desde mucho antes de graduarse. Actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura en la Dirección General de Género y Diversidad, articulado con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

“Mi trabajo de incidencia para tener un cargo público inició cuando comenzó todo esto de un nuevo partido con una nueva visión de darle un enfoque diferente a lo que es política”, así expresó al Washington Blade Rosales al recordar cómo es que ha logrado cumplir algunas metas, agregó además que al ver el trabajo del aquel entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, estaba realizando en el Centro Histórico e igual al que había hecho en Nuevo Cuscatlán, fueron razones que le ayudaron a decidir que quería seguir ese patrón de trabajar para la población.

Lo principal que llamó su atención fue ser parte de un cambio, compartiendo su conocimiento desde su experticia.

“Comencé a trabajar en servicios sociales en mi comunidad con el partido que se estaba formando, Nuevas Ideas, así me fui dando a conocer y de alguna manera mi trabajo en territorio”, comenta Rosales, sobre todo al recordar su trabajo en las comunidades, pues asegura que esto le dio la visibilidad y el reconocimiento.

Estos trabajos en comunidades no eran remunerados, pero en sus palabras le sirvieron para adquirir experiencia.

“La política es trabajar para la población”, agrega.

Cuando comenzaron a llamar a las personas que estarían en el gabinete de Bukele y en diferentes instituciones autónomas del Estado, fue el momento en que le ofrecieron aplicar al puesto de una jefatura, dada su hoja de vida y experiencia, cumplía con los requisitos; en ese momento aplicó al puesto de subdirectora de inclusión social, ambiental y cultural, en el INJUVE y afortunadamente quedó.

“Al principio no lo podía creer porque eran tres temas muy diferentes y de bastante compromiso”,  mencionó Rosales, pues tenía que trabajar el tema del medio ambiente, la cultura con el arte que tanto le apasiona y la inclusión social de poblaciones históricamente excluidas, entre ellas la población LGBTQ. “Cuando me presenté a la entrevista me llamaban con el nombre tal y como me identifico”, este fue un detalle importante para Rosales, pues en todo el proceso de selección jamás se sintió discriminada.

Cuando trabajó con la primera directora del INJUVE para el actual gobierno, Marcela Pineda, todo fue muy bien para ella, pues nunca tuvo ningún problema; al momento que Pineda optó en postularse para diputación y también quedó en las elecciones internas, se realizó una reestructuraron en las jefaturas del instituto. De acuerdo con Rosales, con las nuevas jefaturas del INJUVE, se dieron una serie de situaciones complejas para bastante personal de la institución.

“Por mi parte recibí discriminación y acoso laboral, a tal grado que me pidieron dejar el cargo”, recuerda Rosales al hablar con el Blade, además aseguró que al tener tanta insistencia terminó aceptando la solicitud, hoy en día trabaja como enlace interinstitucional como técnico especialista con el Ministerio de Cultura.

Tanto en su cargo anterior como en el actual, Rosales debe mantener contacto con las organizaciones LGBTQ del país y comenta que a pesar de haber tenido temas de desacuerdo por el actuar del gobierno, el trabajo se lleva muy bien.

“Pienso los gobiernos anteriores nunca tuvieron a una persona trans en un cargo tan visible porque a la gente le genera choque”, Rosales hace mención a ello pues asegura que las personas trans son la cara de la población LGBTQ, pues ellas y ellos no pueden ocultarse como a veces hacen las personas gays, lesbianas y bisexuales. Pese a los cambios que se dieron en términos de puestos laborales, Rosales valora el hecho que aún se encuentra trabajando en el área pública.

Rosales es la primera funcionaria trans con este gobierno, y asegura que se ha destacado por trabajar con las comunidades, las alcaldías y con las organizaciones juveniles. Entre las articulaciones que ha realizado, fue fomentar trabajos culturales que involucraran en su momento al INJUVE y la UES desde la Escuela de Artes.

“La licenciada Sandra Lorena Benavides de Serrano, vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Salvador, me abrió las puertas para hablar de los proyectos en favor de las juventudes”, lamentablemente con la pandemia y luego con los cambios de dirección tuvieron que pausarse los proyectos plateados con esta institución de educación superior. 

Pese a todo lo sucedido la UES ya conocían el trabajo hecho y el que estaba realizando Rosales, en ese contexto la universidad estaba preparando una mención honorífica para estudiantes sobresalientes que ese había graduado en diferentes años y que han puesto en alto el nombre de la institución educativa.

“Tuve el honor de haber sido tomada en cuenta para ello gracias a la promoción de la vicedecana Benavides de Serrano”, agrega que le mencionó, al momento de proponerla, ninguna de las personas involucradas se opuso.

Al ponerse en contacto con Rosales, la universidad le consultó el nombre con el que quería saliera su diploma, a lo que ella expresó que el nombre según DUI no la representaba y que Rosales sería el indicado. Llegado el día del evento, el 24 de noviembre del 2021, se le otorgó el reconocimiento por su trayectoria profesional. 

“Todo el tiempo fui llamada por el nombre con el que me identifico”, expresa con alegría.

La noticia fue de mucho impacto, tanto medios nacionales como internacionales quisieron saber su reacción ante lo sucedido, “eso fue un paso trascendental hacia temas de inclusión”, de acuerdo con Rosales, estos acontecimientos ayudan a quitar la idea de ver a las personas LGBTQ también como personas profesionales y dejar a un lado los prejuicios.

“Estoy muy orgullosa y agradecida, porque mi alma mater me haya reconocido de acuerdo a mi identidad, reconocen mi esfuerzo y dejaron a un lado el estigma”, comenta Rosales al recordar el evento.

Pero eso no acaba con un reconocimiento, la misma universidad, abrió el espacio para que Rosales pueda impartir horas clases a estudiantes de nuevo ingreso, en la Escuela de Artes, para la materia de dibujo.

“Me voy abriendo más espacios en donde puedo compartir lo que he aprendido, esto me da satisfacción y orgullo”, expresa Rosales.

Muchas personas trans no logran culminar sus estudios, porque de acuerdo con Rosales, al comenzar el proceso de transición a temprana edad, hace que se “comiencen a cerrar puertas”, todo por la transfobia que causa el acoso escolar.

“Yo hice mi transición después que me gradué, pero creo en el destino”, expresa Rosales al referirse de los logros y reconocimientos obtenidos.

Uno de los sueños de Rosales desde que se graduó en la universidad, fue dar clases y esa meta se ha cumplido recientemente, a inicios de este año 2022 recibió el llamado para cubrir una clase de nuevo ingreso, a lo cual ella sin dudarlo aceptó.

“Creí que los alumnos no iban a aceptar tener a una persona trans como docente, porque yo desde que llegué y me presenté, dije que soy una mujer trans”, comenta Rosales en admiración a la reacción de sus alumnos, que comenzaron siendo 30 estudiantes y ahora son 45, esto ya que algunos optaron por cursar la materia con ella.

Brenda también participó en las elecciones internas del partido Nuevas Ideas para optar ser candidata a diputada, lamentablemente estas no fueron favorables para ellas, pero con el trabajo realizado hasta el momento, está entre sus planes volver a competir en las elecciones internas de su partido para lograr ser candidata a diputada. Como tampoco descarta la posibilidad de que, si se presenta una oportunidad mayor dentro de la docencia, puede optar por trabajar de lleno en ello, para generar cambios con el arte.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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