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El gobierno salvadoreño intensifica su lucha contra la ‘ideología de género’

Ministerio de educación se retiró material que pudiera relacionarse con el tema

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(Foto cortesia del Colectivo Alejandría)

SAN SALVADOR, El Salvador — En el transcurso del año 2024, países de América Latina han tomado medidas significativas para abordar la cuestión de la “ideología de género”, un término que ha generado controversia y debate en diversos sectores de la sociedad a nivel global.

“La ‘ideología de género’ es un instrumento político que utiliza generalmente los grupos conservadores asociados a las derechas políticas a nivel internacional, para hablar que los temas referentes a diversidad sexual, género y educación integral en sexualidad”, comenta al Washington Blade Gonzalo Montano, vocero del Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador.

A finales de febrero del presente, el gobierno de Argentina dio aviso que, en toda la administración pública, quedaba prohibido la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, esto con el argumento de que “se ha utilizado como negocio de la política”. El ministro de Defensa, Luis Petri, incluso declaró “la obligatoriedad del idioma castellano, conforme a las normas de la Real Academia Española”, esto según él para “eliminar formas incorrectas del lenguaje”.

En El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha abordado la cuestión de la “ideología de género”, centrándose primero en prohibir temáticas que considera de este tipo en las escuelas, por esto en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos mencionó que es “importante que el currículo no lleve esta ideología de género y todas estas cosas”, además que “los padres deben estar informados y tener voz y voto en lo que van a aprender sus hijos”.

Por ello el 28 de febrero José Mauricio Pineda, ministro de educación de El Salvador, envió un memorando para directores nacionales, de staff y departamentales de educación en donde les recordaba que desde 2022 se retiró todo material que pudiera relacionarse con la “ideología de género”. También agrega que debe cumplirse dicha orden “a fin de evitar medidas sancionatorias que puedan derivar en cese de funciones”.

El Ministerio de Educación en octubre del 2022 mandó a retiró todo material relacionado con educación sexual integral y prevención de violencia de género, esto después que grupos conservadores protestaran en redes sociales, ya que en las clases televisivas de Canal 10, canal del gobierno, se habló sobre el significado de “orientación sexual” a estudiantes de octavo grado. 

Erick Iván Ortiz, el gerente regional para el Global Equality Caucus, asegura al Blade que “tenemos casos, por ejemplo de chicas trans que están en su bachilleratos, el director de la escuela les ha dicho que tienen que cortarse el pelo porque no pueden llegar a clases así, porque el presidente ha dicho no quiere ideología de género en las escuelas”

El mismo 28 de febrero de acuerdo con personal del Ministerio de Salud esta entidad ordenó se removiera todo material que se relacionara con diversidad sexual y cambió los formularios en donde se podía especificar la orientación sexual e identidad de género de pacientes en las unidades de salud y las clínicas de Vigilancia Centinela y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual.

En el pasado Bukele tuvo reuniones con grupos de mujeres en pro del aborto y con el movimiento LGBTQ, esto cuando portaba la bandera izquierdista y ostentaba por la alcaldía de la capital. Las acciones de su nuevo discurso pueden responder a “una crisis de la democracia liberal, también en última instancia de una crisis económica que viene arrastrándose desde el 2008” aclara Ortiz. 

“Necesitamos en este momento un nivel de organización por un trabajo coordinado entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y particularmente las LGBTI para reconocer que el momento histórico en el que estamos es uno en el que los grupos reaccionarios y anti derechos nos estarán utilizando como chivos expiatorios por algún tiempo más, de cara a sus propios intereses políticos”, mantiene Ortiz. 

Ante esta situación las personas LGBTQ organizadas, junto a algunas organizaciones aliadas, conformaron el Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, el cual nace con el fin de unificar la luchas por la visibilidad de la problemática en el país contra la diversidad sexual, la cual mencionaron en un comunicado no cambiará los problemas en educación, salud, economía, medio ambiente y otros que puede tener el país. 

“Ningún ataque contra la diversidad sexual va a borar, y mucho menos solucionar estos problemas”, agregan en el comunicado. 

Aseguran en el mismo comunicado que entre los graves problemas sociales que enfrenta el país es el acoso por parte de Cuerpos de Agentes Metropolitanos a vendedoras ambulantes del Centro Histórico de San Salvador, de donde son excluidas de manera violenta, tal como se les excluye del sistema de salud y el currículo educativo. 

“Las medidas recientes no van a anular nuestra existencia, pero si legitiman estigmas y odio en nuestra contra”, agregan. 

“Ya veníamos viendo de alguna manera ciertos matices que nos estaban generando alerta desde el año 2019”, comenta Karla Guevara, vocera del Movimiento Ampliado LGBT+ de El Salvador, esto debido al cierre de la Secretaria de Inclusión Social, con ella la invisibilización y posterior desaparición de la Dirección de Diversidad Sexual, además de desechar el Decreto Ejecutivo 56 que prohibía cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género en todo oficina gubernamental. 

También se tenían mesas de trabajo en ministerios como el de trabajo y justicia, además de la fiscalía y otras entidades, pero desde la llevada del gobierno de Bukele, todo este trabajo que se había logrado quedó anulado. 

Ante un escenario desalentador

El pasado 7 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, lanzó el primer Instituto de Investigación de Violencia Basada en Género del país; el cual, de acuerdo con su publicación en redes sociales, será un espacio para generar información sobre agresiones contra las mujeres y población LGBTQ.

Han creado un repositorio en el que se encuentran investigaciones previas sobre la temática, realizada por el IVG, también realizaran actividades de formación dirigidas a instituciones gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y población universataria, para fortalecer conocimientos respecto a la temática. 

El embajador para Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, mencionó durante el lanzamiento que para el gobierno norteamericano es una prioridad este tipo de trabajo, no solo porque todo ciudadano tenga derecho a las mismas oportunidades sino porque el futuro del país depende de alcanzar una verdadera equidad de género. 

“Si El Salvador quiere alcanzar sus metas de prosperidad y dearrollo económico, no puede tener a la mitad de su población viviendo en desventaja y miedo”, declaró en conferencia. 

Como referente en Latinoamérica, Ortiz comenta que “como Global Equality Caucus continuaremos trabajando en el fortalecimiento de nuestra red de trabajo en América Latina, desarrollando aprendizajes de aquellas experiencias que nos permitan maximizar los impactos y poder articular de mejor manera nuestras iniciativas”. 

Las organizaciones LGBTQ por su parte continúan trabajando desde una manera aún mas contralora de la situación actual, proporcionando los servicios que ya se brindan desde sus espacios a la población LGBTQ usuaria, además de seguir con talleres de formación y empoderamiento de en derechos humanos. 

“Las organizaciones estamos abiertas al diálogo, pero si estos espacios no se dan o se cierran, nos queda tomar otras acciones, como salir a marchar, obviamente exigir los derechos humanos que prácticamente se nos están violentando”, enfatiza Guevara.

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Histórico: personas LGBTQ ya pueden donar sangre en Honduras

Se publicó acuerdo ejecutivo 002-2024 el 30 de noviembre en la Gazeta

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(Imagen cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 5 de diciembre.

Un esperado avance en la lucha de las poblaciones LGBTIQ+ se produjo tras levantarse la prohibición que durante 25 años impidió que las poblaciones de las disidencias sexuales donaran sangre en Honduras.

Con la publicación del 30 de noviembre en el diario oficial La Gaceta se puso fin a la reforma legal que durante un cuarto de siglo prohibió a las poblaciones LGBTIQ+ donar sangre sin importar las circunstancias. Así, por medio del acuerdo ejecutivo 002-2024, las disidencias sexuales han obtenido un pequeño triunfo tras levantarse el impedimento legal de donar sangre, aunque eso haya puesto en riesgo vidas humanas.

De ese modo, la nueva reforma publicada hace cinco días modifica el acuerdo 629, llamado «Norma técnica para el manejo de la sangre y los componentes sanguíneos», emitido en agosto de 1999 y publicado en La Gaceta en enero del año 2000.

La norma técnica de 1999 ordenaba «excluir en forma permanente” de la donación de sangre «a homosexuales, bisexuales [y] heterosexuales con comportamiento sexual de riesgo”, entre otros.

La razón de tal exclusión, según la norma técnica de hace 25 años, era que “por razón de sus prácticas sexuales o exposición a alto riesgo, tienen mayor probabilidad de adquirir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana u otros agentes infecciosos”.

25 años sin donar sangre 

“Nuestra sangre no es distinta. Este avance significa 25 años de lucha por nuestros derechos”, dijo a Reportar Sin Miedo Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, tras conocer el acuerdo que restituye a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre. 

Esta reforma histórica se debe al trabajo de litigio estratégico de la Red Lésbica Cattrachas, que impulsó ante el Sistema Interamericano el derecho de donar sangre de las personas LGBTIQ+.

Este nuevo logro de Cattrachas se suma a su exitoso trabajo para obtener la sentencia en el caso «Vicky Hernández versus Honduras» que significó la condena del Estado hondureño por el asesinato de la líder trans.

En el proceso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se han involucrado durante los últimos años con dictámenes, informes técnicos y acciones para la no discriminación de las disidencias sexuales en la donación de sangre.  

El nuevo acuerdo que restituye el derecho de donar sangre a las disidencias sexuales se produce tras un cuarto de siglo durante el cual el Estado solo cumplió en parte su papel de protector de la persona humana en lo referente a las disidencias sexuales de Honduras.

Así, la política sobre la sangre y sus derivados que había estado vigente desde 1999 negó a las poblaciones LGBTIQ+ el derecho de donar sangre junto con personas trabajadoras del sexo, farmacodependientes, hemofílicos, politransfundidos, compañeros sexuales de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana y alcohólicos habituales.

La normativa estaba ‘desfasada’

La prohibición de donar sangre que afectó a las poblaciones LGBTIQ+ en Honduras no solo les impidió el goce pleno de sus derechos. Además, la reforma vigente desde agosto de 1999 hasta el 30 de noviembre de 2024 segó vidas como la de Marcela, la pareja de Eliza*.

Eliza vivió en carne propia esta reforma discriminatoria cuando no pudo donar sangre para Marcela, quien estaba muriendo de leucemia en el Seguro Social de Tegucigalpa en julio de 2020. 

“La primera vez que intenté donar sangre, la Cruz Roja me rechazó sin decirme motivo. Necesitaba donar con urgencia porque mi pareja necesitaba transfusión. No me lo permitieron por ser lesbiana y ella murió”, relató Eliza. Para la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza, el acuerdo de 1999, reformado en 2024, ya estaba desfasado.

“La normativa está totalmente desfasada”, dijo Mendoza en 2020, refiriéndose a los casos de población LGBTI que dona sangre en el país. 

Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas, la red que en los últimos tres años ha obtenido dos logros históricos en favor de las poblaciones LGBTQ.

Eliza no conocía esa normativa, por lo cual se presentó a la Cruz Roja y dijo que tenía relaciones sexuales con otra mujer. 

Quienes la atendieron le dijeron que era imposible que donara sangre, argumentando que no tenía el peso adecuado para ser donante. 

“Pocos días antes de morir, Marcela se había puesto peor”, relató. 

Marcela necesitaba con urgencia más plaquetas para continuar luchando contra la leucemia, por lo cual Eliza se dirigió al centro de donación. Se alegró porque cumplía los requisitos, pero esa vez no argumentaron que estaba demasiado delgada. 

“Usted no puede donar. Ya sabe por qué”, dijeron. Después de dar rodeos, agregaron que no podía hacerlo porque tenía relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo.

Tras un año de quimioterapias y otros duros tratamientos, había sido testigo del desgaste y la agonía de Marcela, pero una ley discriminatoria le impidió ayudar a la persona que amaba. 

“No es por discriminación”, le dijo el enfermero, “ustedes no me dan asco”. Eliza no necesitaba más explicaciones porque estaba segura de que la estaban discriminando. 

Marcela murió el 21 de julio de 2020.

Vea aquí un video relacionado con el tema.

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Activista trans denuncia al Estado salvadoreño ante la CIDH

Karla Guevara dice el país ha violado sus derechos

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Karla Guevara (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Karla Guevara, una reconocida activista por los derechos de las personas trans en El Salvador, comunicó su denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. 

En su petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicita que se declare la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará. La activista señala que estas vulneraciones han ocurrido en perjuicio de su persona, particularmente en el marco de su lucha por el reconocimiento de su identidad de género.

Desde 2019, Guevara ha enfrentado un complejo y prolongado proceso judicial para obtener el cambio de nombre y género en sus documentos oficiales, debido a la inexistencia de una ley de identidad de género en El Salvador. Actualmente, las personas trans solo pueden recurrir a los juzgados de familia para solicitar dicho reconocimiento, un camino que, como señala la activista, está plagado de obstáculos y revictimización. 

“Como la primera mujer trans en El Salvador en acceder a cambiar de nombre y género en mis documentos de identidad, he luchado desde mi activismo por una Ley de Identidad de Género”, expresó Guevara en una entrevista con Washington Blade.

El proceso iniciado en el Juzgado Primero de Familia de San Salvador en diciembre de 2019 fue inicialmente declarado improponible en enero de 2020. Sin embargo, tras apelar dos veces a la Cámara de Familia, Guevara obtuvo una sentencia favorable en agosto de 2022. La resolución ordenaba el cambio de nombre y género en sus documentos de identidad y la marginación de su partida de nacimiento, pero la Alcaldía Municipal de San Salvador interpuso un amparo que ha impedido la ejecución de esta decisión durante los últimos dos años, alargando a cinco años su búsqueda de reconocimiento oficial.

Tratos discriminatorios y violencia psicológica

Durante este extenso proceso, Guevara denunció ser víctima de tratos discriminatorios y revictimizantes que han afectado su salud mental y vulnerado su integridad personal. Entre estos tratos destacan la patologización y genitalización de su identidad, el escrutinio judicial e inspección física de su cuerpo y el escepticismo constante de las autoridades sobre su femineidad y motivaciones. 

“El Estado salvadoreño ha impedido y sigue impidiendo que mi persona cuente con documentos de identidad acordes con mi identidad de género, pese a que existe una sentencia firme que me reconoce este derecho”, declaró Guevara.

Estas experiencias, según la denuncia, constituyen violaciones a su integridad psíquica y violencia psicológica según la Convención de Belém do Pará. Además, Guevara argumenta que el Estado salvadoreño ha vulnerado derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, como la integridad personal, la protección de la vida privada, la libertad personal, la igualdad ante la ley y las garantías judiciales, entre otros.

Acompañamiento de organizaciones sociales

La denuncia de Guevara cuenta con el respaldo de organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Synergia, quienes han apoyado su caso ante la CIDH. Estas organizaciones destacan que la falta de una Ley de Identidad de Género en El Salvador perpetúa la discriminación estructural hacia las personas trans. Además, recalcan la importancia de visibilizar casos como el de Guevara para impulsar reformas legales que garanticen el reconocimiento y la protección de los derechos de la población LGBTQ.

“Consideramos que llevar el caso a esta instancia, es la forma más eficiente y efectiva para tener este reconocimiento de las violaciones que el Estado de El Salvador cometió hacia Karla”, expresó Mirta Moragas de Synergía – IHR – Initiatives for Human Rights.

Para Alejandra Burgos de Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, es importante mostrar el apoyo a Guevara desde la Red Feminista. 

“También mostramos nuestro apoyo con todas las personas trans que no tienen acceso a ser reconocidas con su nombre en este país”, agregó. 

Ambas organizaciones reconocen la valentía de Guevara, como también la de muchas organizaciones en El Salvador, que han luchado contra la impunidad ante los crímenes de odio en el país. 

Impacto del discurso de odio en El Salvador

El contexto nacional en materia de derechos de la población LGBTQ es preocupante, con un aumento de discursos de odio promovidos por funcionarios públicos, incluyendo al presidente, así como diputados y otras figuras políticas. Este clima hostil, según varios activistas de El Salvador, ha generado retrocesos significativos en materia de derechos humanos. Aseguran que estos discursos no solo perpetúan la violencia y la discriminación, sino que también afectan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales.

El caso de Guevara se suma a una creciente lista de denuncias contra el Estado salvadoreño por violaciones a los derechos humanos de la población LGBTQ. Organismos internacionales, como la CIDH, están llamados a evaluar esta denuncia y emitir recomendaciones que impulsen cambios estructurales en el país.

Colectivo Alejandría y otras organizaciones han instado a la comunidad internacional a presionar al gobierno salvadoreño para que adopte medidas concretas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las personas trans, porque las evidencias de un mal proceder son claras. 

“Este es un ejemplo claro de todos los desacatos del Estado salvadoreño, con órdenes judiciales estrictas y específicas”, expresa Aranza Santos de Colectivo Alejandría.

Un camino hacia la justicia

El proceso de Guevara es un recordatorio de la urgente necesidad de una legislación inclusiva en El Salvador. Su lucha es un símbolo de resistencia y esperanza para la población trans, que enfrenta diariamente barreras legales y sociales para vivir con dignidad. Con el apoyo de organizaciones diversas organizaciones que luchas por los derechos de la población LGBTQ, Guevara continúa su batalla no solo por su reconocimiento personal, sino por el derecho de toda una comunidad a ser vista, escuchada y respetada.

En un contexto marcado por retrocesos en derechos humanos, el caso de Guevara resalta la importancia de construir un país más inclusivo y justo, donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación.

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Estudiantes de la Universidad de El Salvador reclaman respeto para la comunidad LGBTQ

23.7 por ciento de estudiantes queer de la UES han experimentado discriminación

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(Foto de la página de Facebook de AMATE El Salvador)

A finales de octubre en la Universidad de El Salvador, AMATE El Salvador llevó a cabo un foro que buscaba marcar un hito en la historia de la única institución pública de educación superior en el país. Este espacio, orientado hacia la inclusión de la diversidad sexual y de género, presentó una propuesta que podría transformar el ambiente académico, eliminando barreras de discriminación y promoviendo una convivencia más justa.

El foro: “Hacia una universidad más inclusiva: Propuestas para la inclusión LGBTI+ en la UES”, tuvo como base un estudio realizado por AMATE El Salvador en 2023, titulado “Orgullo en la UES: Desafíos para la inclusión LGBT+ en la Universidad de El Salvador”. Según los hallazgos, el 23.7 por ciento de los estudiantes LGBTQ de la UES han experimentado algún tipo de discriminación. Lo preocupante es que el 72.2 por ciento de estos casos señalan a los docentes como principales perpetradores, seguidos por compañeros de estudio y personal administrativo. 

Este panorama refleja una problemática sistémica que trasciende las aulas y afecta a toda la comunidad universitaria. 

“Los estudiantes LGBT+ no se sienten seguros en la universidad. Creen que construir una política de inclusión sería un paso hacia la transformación”, expresó Gonzalo Montano, sociólogo y miembro de la Fundación AMATE, en una entrevista con el Washington Blade.

Otro dato relevante del estudio muestra que el 63.9 por ciento de los encuestados reportaron haber escuchado a docentes utilizar argumentos religiosos para atacar a personas de la diversidad sexual en clases. Este dato pone de manifiesto cómo las creencias personales pueden interferir en el respeto a los derechos humanos en un espacio que debería ser neutral e inclusivo.

La propuesta de AMATE El Salvador

La propuesta presentada en el foro se fundamenta en un trabajo de investigación con datos cualitativos y cuantitativos, recolectados mediante entrevistas y encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo de la UES. 

“Es un esfuerzo construido desde las experiencias y necesidades de la comunidad universitaria”, explicó Idalia Zepeda, consultora de AMATE.

La propuesta plantea crear espacios para denunciar y atender casos de discriminación y violencia, además de prevenir crímenes de odio. También busca cambios administrativos que incluyan sensibilización y talleres formativos en temas de diversidad sexual. 

“Esto ayudaría a naturalizar investigaciones sobre derechos e inclusión en el ámbito académico”, añadió Zepeda.

El desafío de implementar esta política de inclusión en la UES no puede entenderse sin considerar el contexto más amplio de El Salvador y la región. 

“Hay un fuerte discurso en contra del reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables, especialmente hacia mujeres y población LGBTI”, advirtió Montano.

Este discurso no solo proviene de sectores conservadores de la sociedad, sino también de funcionarios públicos y representantes gubernamentales, quienes han impulsado narrativas de odio y desinformación. Estas posturas afectan no solo a las comunidades LGBTQ, sino también a la capacidad de instituciones como la UES para responder de manera inclusiva.

La respuesta de la UES: avances insuficientes

Aunque recientemente la UES cuenta con un reglamento contra la violencia de género, en el que incluye a la población LGBTQ como grupo vulnerable, esta medida es percibida por AMATE como un avance insuficiente. 

“Un reglamento no sustituye la necesidad de una política clara y firme sobre inclusión”, enfatizó Montano.

Por ello, la organización hace un llamado a seguir dialogando con las autoridades universitarias, así como con estudiantes y docentes. Es crucial que la UES adopte una postura contundente frente a la discriminación, manteniendo su autonomía frente a posibles influencias del gobierno actual.

(Foto de la página de Facebook de AMATE El Salvador)

El rol del Centro de Estudios de Género y la proyección social

Durante el proceso de elaboración de la propuesta, el Centro de Estudios de Género de la UES jugó un papel clave. Esta unidad ha sido un espacio que ayudó a facilitar temas relacionados con la diversidad sexual y de género, ofreciendo talleres y formación para personal docente y personal administrativo.

La Dirección de Proyección Social también fue fundamental en la recolección de datos y contactos con autoridades de alto nivel. Estas alianzas internas reflejan que hay áreas dentro de la universidad comprometidas con la inclusión, aunque aún persisten resistencias significativas.

Impacto de los discursos religiosos y conservadores

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la implementación de esta política es la influencia de valores tradicionales y discursos religiosos en el entorno universitario. Según AMATE, la falta de laicidad del Estado salvadoreño amplifica estos prejuicios. 

“No se trata solo de desconocimiento, sino de una socialización de valores que dificultan la aceptación de la inclusión como un principio básico”, señaló Montano.

El foro concluyó con un llamado a la reflexión colectiva sobre el papel que debe desempeñar la UES en la promoción de los derechos humanos. AMATE enfatizó que la universidad tiene una responsabilidad ética de liderar este cambio, convirtiéndose en un espacio seguro para todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

AMATE y otras organizaciones seguirán trabajando para que la UES no solo adopte la política de inclusión, sino que también implemente mecanismos concretos para garantizar su efectividad. La esperanza es que este esfuerzo inspire a otras instituciones académicas en el país y la región a seguir el mismo camino.

Este foro no solo fue un espacio de denuncia, sino también de esperanza. En un país donde los derechos de las personas LGBTQ son constantemente vulnerados, la lucha por la igualdad en la educación superior representa un rayo de luz que podría transformar realidades. La inclusión no es solo un valor, es una necesidad imperativa para el progreso social.

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