Chilean President José Antonio Kast took office on Wednesday.

Kast — the far-right leader of the Republican Party who was a member of the country’s House of Deputies from 2002-2018 — defeated Jeannette Jara — a member of the Communist Party of Chile who was the former labor and social welfare minister in former President Gabriel Boric’s government — in last year’s presidential election.

The Chilean constitution prevented Boric from running for a second consecutive term.

The Washington Blade has previously reported Kast has expressed his opposition to gender-specific policies, comprehensive sex education, and reforms to Chile’s anti-discrimination laws. Kast has also publicly opposed the country’s marriage equality law that took effect on March 10, 2022, the day before Boric took office.

The Movement for Homosexual Integration and Liberation, a Chilean LGBTQ and intersex rights group known by the acronym Movilh, declared a “state of alert” after Kast’s election, “given this leader’s (Kast’s) public and political trajectory, characterized for decades by systematic opposition to laws and policies aimed at equality and nondiscrimination of LGBTIQ+ individuals.”

Argentine President Javier Milei, Deputy U.S. Secretary of State Christopher Landau, and Venezuelan opposition leader María Corina Machado are among those who attended Kast’s inauguration that took place in the Chilean Congress in Valparaíso.

Former Bogotá Mayor Claudia López on Sunday won her primary in the race to succeed Colombian President Gustavo Petro.

López, a centrist who is running as an independent, defeated Leonardo Huerta in the “Consulta de las Soluciones” primary.

López was the Colombian capital’s mayor from 2020-2023. She was a member of the Colombian Senate from 2014-2018.

López is running to succeed Petro, the country’s first leftist president who cannot seek a second consecutive term under Colombia’s constitution. Other presidential candidates who won their respective parties’ primaries on Sunday include Sen. Iván Cepeda, a member of Petro’s Historic Pact party, and Sen. Paloma Valencia of the conservative Democratic Center, the country’s main opposition party that former President Álvaro Uribe leads.

Juan Daniel Oviedo, who finished second in the Democratic Center’s primary, is openly gay.

The first-round of Colombia’s presidential election will take place on May 31.

Polls indicate López is trailing Cepeda and Valencia, who are considered the two frontrunners.

A second round will take place is no candidate receives at least 50 percent of the vote on May 31. López would become Colombia’s first female and first lesbian president if she wins the election.

López’s wife loses Senate seat

Colombia’s congressional elections also took place on Sunday.

Former Congressman Mauricio Toro, a member of the center-left Green Alliance party, in 2018 became the first openly gay man elected to Colombian Congress when he won a seat in the House of Representatives.

He lost his reelection bid in 2022. Voters on Sunday elected Toro for a second term.

Congresswoman María del Mar Pizarro, a bisexual Historic Pact member, won re-election.

Caribe Afirmativo, a Colombian LGBTQ and intersex rights group, notes only two of the 33 openly LGBTQ congressional candidates won their respective races. Among those who lost is Sen. Angélica Lozano, a bisexual woman who in 2018 became the first openly LGBTQ person elected to the Colombian Senate.

Lozano is married to López.

Lozano in a message posted to her Instagram page expressed “heartfelt gratitude to everyone for their support and love.”

“I will end my work in Congress on a high note by ensuring (the) child support and service contractor protection bills will become a reality in June,” she said.

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Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 9 de febrero.

A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.

Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso. 

Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).

El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.

Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en  los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía. 

Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase. 

La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.

Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.

#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.

Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm

— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025

“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado. 

Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso. 

En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.

El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.

De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.

Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.