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El suicidio de Rick: bullying, homofobia y una madre que busca justicia

Rick, de 16 años, se suicidó en Ecuador el 1 de febrero

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Rick y Roxana Roxana siempre lo abraza en las fotografías. (Foto entregada por Roxana Ramos)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 11 de marzo.

En el dormitorio de Rick, sobre un escritorio de madera, aún reposa el folleto de la carrera de Cine de una universidad pública, junto a un cuaderno de pasta azul que contrasta con otros dos en los que las cubiertas las acapara el colorido dibujo de una pelirroja adolescente sobre siluetas de flores.

Una solitaria vincha en la que sobresalen dos corazones blancos y un fragmento de lo que era un tercero reposa también entre útiles escolares.

El primer cajón del escritorio guarda lo que fueron sus tesoros para su cuidado personal: productos de “skincare”, una brocha de polvo y un cepillo para el cabello.

La madre de Rick, Roxana Ramos, conserva casi intacto ese escritorio, así como la cama cuya cabecera está repleta de peluches, y el clóset con prendas ‘aesthetic’, como él las llamaba.

Todos son artículos u objetos familiares para ella. Rick quería ser actor, era un sueño que le había compartido y ya habían elegido una universidad; se maquillaba y usaba vinchas desde los 13 años y ella nunca lo reprimió; ni lo rechazó cuando a los 11 le dijo “siento que soy gay”.

Pero ese sueño por ser parte de una producción artística se desvaneció y su dormitorio ya no es escenario de sus sesiones de “skincare”. El pasado 1 de febrero, Rick, de 16 años, se suicidó, y su madre señala que el bullying homofóbico, la discriminación y la violencia de las que Rick fue víctima en el colegio en que estudió lo mataron.

Mofas de estudiantes (incluso de otros cursos), una caída porque un compañero le puso el pie para que se tropiece, balonazos durante el recreo, y un baldazo de agua en pleno patio de la institución.

Son las situaciones que relata Roxana porque su hijo se las contó en las conversaciones diarias que mantenían; o porque, tras ese 1 de febrero en que rogó a los paramédicos que le salven la vida, ella ha accedido a los chats que Rick mantenía con sus amigas.

Además del bullying, Roxana apunta al hostigamiento de una profesora, quien -según le contó una compañera de Rick tras su muerte- lo llamaba de manera despectiva “el homosexual” en plena clase.

Roxana busca justicia para Rick, el segundo de sus cinco hijos, a quien cargó en brazos hasta los seis años, su incondicional compañero para ver películas en casa, y quien la animaba a comprarse prendas de ropa o cambiarse de “look”.

“Yo perdí un hijo, no perdí un carro o una casa, y lo que estoy pidiendo es que se hagan responsables”, expresa Roxana en el comedor de su vivienda, en la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil.

Para ella, los responsables son el colegio en el que Rick cursaba el segundo año de Bachillerato en Contabilidad y la profesora de Matemáticas que -afirma- hostigó a su hijo. En su búsqueda de justicia, el pasado 12 de febrero, Roxana presentó ante el Ministerio de Educación una demanda por maltrato psicológico en contra de la docente. Exige que tanto la maestra como la institución educativa y sus representantes sean sancionados. 

A la vez, ha proporcionado información a la Fiscalía en una investigación que inició de oficio por el suicidio de su hijo; la defensa legal de la familia considera que tras la muerte de Rick hay elementos que configuran en delito de odio, hostigamiento e instigación al suicidio.

La abogada de la familia, Soledad Angus, señala que hubo motivaciones explícitas detrás de la muerte de Rick y la Fiscalía debe investigar. “No puede quedarse como simplemente un suicidio”, advierte.

***

Rick ingresó a estudiar al colegio que -según Roxana- causó dolor en él, en mayo de 2024, un mes antes de cumplir 16 años y celebrarlo comiendo pastel con su familia en casa. Ella conserva una foto de ese día: Él aparece sonriendo con sus tres hermanos menores.

Roxana cambió de colegio a su hijo (de uno particular a uno fiscal) el año pasado. Tomó esa decisión por estar inconforme con la enseñanza en la institución anterior. Pero el cambio le generaba temor; buscaba un lugar seguro para su hijo, donde no fuera violentado o discriminado por su orientación sexual.

– “Mamá, yo me siento que soy gay”.
– “Mi amor, yo te acepto como sea. Tú eres mi hijo”.

La conversación se dio cuando Rick tenía 11 años. Pero incluso antes Roxana no reprimió las actividades o los juegos por los que su hijo se mostraba interesado. De pequeño, por ejemplo, cortaba las tiras de sus mochilas para hacerle pelucas a sus muñecos.

“Nunca lo tratábamos como ‘eso no hagas’ o ‘eso está prohibido’, no, nunca. A él se le respetó bastante su niñez. Él era muy libre de hacer lo que quería”, recuerda.

En su adolescencia, vivió la misma libertad. Compró en una ocasión una mochila rosada de Hello Kitty que usaba para ir al cine con amistades o en paseos familiares. Y lucía también vinchas en su cabello.

Pero el año pasado, Rick experimentó desde un inicio rechazo y violencia en el colegio. En los primeros días de clase, estudiantes de otros cursos lo abordaron y le preguntaron si era gay. 

Rick no le contó a su mamá sobre este hecho. Se lo había contado a una amiga, quien -tras la muerte de él- lo compartió con Roxana y le envió la captura de pantalla de un chat.

“Y pues le pregunto q por qué me dice eso”.
“Y pues medice que es que todos de mi curso y otros cursos anda hablando sobre ti”.
“Y yo what”.

(Nota de Redacción: Los mensajes están transcritos tal cual los redactó Rick).

Pero sí le comentó de otros, como cuando un compañero, de manera intencional, le puso el pie y, por supuesto, tropezó. O cuando estaba en el recreo sentado con sus amigas y de repente sentía en su cara o espalda el golpe de un balón de fútbol. Nunca pudo identificar a los responsables, pero escuchaba risas burlescas grupales tras recibir esos balonazos.

“Él se iba a quejar con la tutora y no sabían quién era porque se tapaban entre ellos”, asegura Roxana.

Las burlas y agresiones que sufrió Rick entran en el denominado bullying homofóbico. Edgar Zúñiga, coordinador general de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, explica que en el bullying homofóbico el detonante de una violencia reiterativa entre pares es la percepción por parte de los agresores de que una persona pertenece a las diversidades sexogenéricas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) precisa, en el informe “Abiertamente, Respuesta del sector de educación a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género”, que los estudiantes LGBTQ tienen mayores probabilidades de sufrir violencia que sus pares que no lo son.

La violencia homofóbica y transfóbica, indica el documento, se basa en el miedo, la incomodidad, la intolerancia y el odio hacia la homosexualidad y hacia las personas sexualmente diversas.

“Esta violencia persistente se combina con todos los procesos internos de descubrimiento, de aceptación, de reconocimiento de su identidad, y eso puede provocar un impacto muy negativo en la vida de las personas, llegando incluso a intentos de suicidio”, indica Zúñiga.

En Ecuador, el suicidio es la tercera causa de muerte de infancias y adolescencias, según del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No hay datos específicos de suicidios de infancias y adolescencias LGBTQ en el país, pero Zúñiga señala que -según estimaciones- las personas de las diversidades tienen hasta ocho veces más riesgo de ideación suicida que sus pares heterosexuales o cisgénero.

En Ecuador, la violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género en escuelas y colegios está contemplada en el documento “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo“, que establece directrices obligatorias para el abordaje de estos casos para instituciones públicas y privadas.

En la “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional” también se hace referencia a ese término y se señala que es deber de toda la comunidad educativa actuar para prevenir y abordar situaciones de violencia. En el documento, se recomienda que en estos casos el DECE (Departamento de Consejería Estudiantil, responsable del acompañamiento y seguimiento psicosocial de estudiantes) o tutor de curso actúen inmediatamente si se recibe una denuncia.

Además de las burlas y agresiones de sus compañeros, Rick se sentía incómodo en las clases de Matemáticas. Aunque no le contó a su madre los términos despectivos que ella hoy conoce por una compañera de él, sí le comentó que la profesora se negaba a despejar sus dudas, revisar sus tareas y lo excluía de trabajos grupales. 

En cuatro ocasiones, Roxana acudió al colegio para presentar sus quejas a la docente. De esos cuatro encuentros, en uno participó una funcionaria del DECE y en dos la tutora de curso. Además, en una reunión de padres y madres de familia, expuso el caso de su hijo y, cuenta, otros representantes comentaron situaciones similares, pero la tutora respondió “los chicos exageran”.

En la demanda presentada por Roxana al Ministerio de Educación, se detallan estos hechos como “prácticas de hostigamiento” y que responden a sesgos discriminatorios de una profesora que usaba términos despectivos para referirse a la orientación sexual de Rick en plena clase.

“Si bien pudo haber, y seguramente hubo, violencia entre pares, esto fue incitado por alguien que tenía una posición de autoridad ante ellos, que es la docente. Entonces, si una docente le dice ‘el homosexual’ a un niño en clases, es mínimamente esperable que eso vaya a detonar violencia entre pares”, explica Soledad Angus, abogada de la familia.

Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI, coincide con ella: “Muchas veces el bullying es auspiciado, de forma tácita o no, por los adultos, por los docentes, incluso los psicólogos de las unidades educativas”.

Zúñiga también explica que el aislamiento, la marginación y un trato discriminatorio son formas tácitas de violencia, pero -agrega- son situaciones que, lamentablemente, no son comprobables.

“Ahora sería impensable que alguien no te acepte en una unidad educativa porque eres diverso. No lo van a decir así, van a decir ‘no tenemos espacio físico’ o ‘no tenemos cupo’. Hay esta forma sutil de generar esta violencia y es una de las formas más perversas de violencia”, observa.

Uno de los pedidos de la defensa al Ministerio de Educación fue la suspensión de la docente porque se considera que hay un riesgo de que ejerza presión en los estudiantes durante las investigaciones. En la demanda, se adjuntó un CD con un vídeo en el que la profesora se dirige a un curso para -precisa el documento- amenazar a los alumnos con la intención de que no hablen de ella en el caso.

El video no muestra a la docente porque fue grabado sigilosamente por un estudiante. La mayor parte del tiempo se ve la espalda de quien está sentado en un pupitre en un aula de clases. Entre el natural bullicio de un colegio (hasta se puede escuchar a una persona tomando asistencia) se cuela la voz de una mujer que se dirige a estudiantes con frases como “no pueden difamar a una persona”, “si hago una contrademanda” o “tengo abogados”.

El Ministerio de Educación, en respuesta a un pedido de entrevista de edición cientonce, indicó que la docente se encuentra alejada de la institución educativa como parte de las medidas de protección mientras se lleva a cabo la investigación.

La cartera de Estado aclaró, además, que se trata de una investigación en curso y que se están tomando todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos.

Dentro de este proceso, el colegio reportó que Roxana no había informado sobre el acoso escolar que sufría su hijo y el DECE no cuenta con ningún reporte, sostiene el ministerio en una de sus respuestas a este medio, pese a que Roxana acudió en cinco ocasiones a la unidad educativa.

“Ella fue a manifestar que era una profesora que lo trataba mal, a quien correspondía y quien tenía la obligación legal de activar protocolos era al colegio. No pueden exonerarse en que Roxana no puso una denuncia porque finalmente ella es un usuario que no tiene que conocer los protocolos, ellos sí”, señala Angus.

***

El último encuentro que Roxana mantuvo con la profesora de Matemáticas y la tutora del curso fue el 31 de enero, un día antes de la muerte de Rick. Habló con ellas porque una compañera de su hijo le había comentado que lo trataba mal.

Esto se menciona en la denuncia, pero en el comedor de su casa Roxana cuenta más detalles sobre las motivaciones de esa reunión.

Aproximadamente una semana antes, ella pasó por Rick al colegio. No acostumbraba a recogerlo después de clases por sus otras ocupaciones, pero ese día pudo hacerlo.

Rick salió enojado, cuenta Roxana. Le preguntó qué le sucedía y respondió “nada, nada”. “Entonces, se acerca una compañera y me dice ‘señora, la profesora de matemáticas se le carga mucho’”.

Tras despedirse de ella, preguntó a Rick por qué no le había contado, pero él dijo que su compañera estaba exagerando. Roxana decidió igual hablar con la profesora. Incluso el mismo día de la reunión, antes de salir de casa, su hijo le pidió que no acuda al colegio. 

Rick ya no le estaba contando a su mamá las situaciones hostiles que vivía en el colegio. Roxana se ha enterado de otras más por chats que le han facilitado las compañeras de su hijo.

En una nota de voz de casi 20 segundos por Instagram, él le cuenta a una amiga que en una ocasión le echaron un balde de agua. “Yo ya quería llorar, esta vez sí me enojé porque fueron muy bruscos conmigo”, le confiesa Rick a su amiga.

Roxana recuerda que ese día hubo una fiesta de espuma por el último día de clases de tercer bachillerato, en el mismo mes de enero. Llegó mojado y golpeado, recuerda.

Cuando le preguntó por qué llegaba así, Rick no le contó lo que precisó a su amiga en la breve nota de voz. Le dijo que no había visto quién lo golpeó y que todos habían salido así. “Lo minimizaba, decía que hasta una compañera también salió golpeada”, lamenta Roxana.

En diciembre, hubo otro evento estudiantil sobre el que Rick tampoco le contó a su mamá. Roxana se enteró el mes pasado por redes sociales. En la cuenta de Instagram del colegio, hay un reel que fue subido el pasado 24 de diciembre, con el mensaje “Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, en que aparecen fotografías de estudiantes varones con globos bajo sus camisetas y pantalones con los que buscan adquirir una silueta femenina exagerada. En una de ellas, afirma Roxana, aparecen compañeros de curso de Rick.

“Mi hijo ese día (del evento) vino un poco molesto”, señala. Solo le dijo que la fiesta estuvo “aburrida”. Roxana comenta que incluso días antes Rick había expresado su deseo de no acudir el día de la fiesta, pero luego no tuvo opción porque debía participar en una actividad obligatoria.

Rick no dijo nada más. No contó a Roxana sobre esa actividad que el mismo colegio posteó. Sí le llevó un poco de comida de la fiesta, como solía hacer cuando había festejos en la unidad educativa o cuando salía con sus amigas.

Estas parodias, asociadas a la costumbre de “las viudas” en el país, pueden ser tomadas como un agravio por un adolescente homosexual, considera Edgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad LGBTI.

“Es una cosa muy común en fin de año todo el tema de las viudas, todo el tema de la sátira a la figura femenina, a las identidades feminizadas, y es lógico que aquellas personas que están en una proceso de exploración vean eso como una burla”, explica.

Aunque aclara que el video es reflejo de un problema estructural, considera que el colegio está incumpliendo con ofrecer espacios seguros para estudiantes de las diversidades sexogenéricas.

“Si alguien posteó eso y lo está poniendo como algo que representa a la unidad educativa, significa que hay una cero conciencia de la violencia LGBTIfóbica en ese espacio”.

La “Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo” recomienda que en las instituciones se desarrollen actividades de sensibilización sobre la discriminación y violencias contra personas LGBTQ. 

Este medio consultó al Ministerio de Educación si en el colegio se implementan las recomendaciones del documento, pero la institución no lo precisó. Su respuesta fue: “El Ministerio de Educación se encuentra analizando y levantando información sobre este caso y las acciones de prevención y abordaje que ha realizado la institución educativa”.

Una respuesta evasiva en un contexto en que la ministra de Educación, Alegría Crespo, ha mostrado su abierta oposición a temas de género y diversidades en las instituciones educativas.

En un vídeo, publicado semanas atrás, anunció que el ministerio ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de los protocolos para prevenir y abordar vulneraciones de derechos en las aulas, pero a la vez señaló que no se implementará “ninguna acción basada en ideologías de género” ni habrá “imposición de agendas ideológicas”.

Estos términos son usados de manera despectiva por sectores antiderechos para oponerse al reconocimiento de derechos de mujeres y personas LGBTQ.

Este anuncio se dio tras la sentencia de la Corte Constitucional que dispone al Ministerio de Eduación elaborar un protocolo para acompañar los procesos de transición de género en escuelas y colegios.

El caso que estudió la Corte fue el de una niña trans cuya escuela no tomó las medidas para respetar su identidad de género. En el desarrollo de la sentencia, entre otros puntos, precisa que “la finalidad de la educación no se reduce a garantizar únicamente la adquisición de conocimientos, sino también se orienta al pleno desarrollo de la personalidad, y al ejercicio de otros derechos humanos”.

*** 

La última conversación que Rick tuvo con su mamá sobre temas del colegio fue un día antes de su muerte. Le comentó que tenía que presentar el siguiente lunes un proyecto en la materia de Matemáticas y el cuaderno de Filosofía. Roxana lo sabía, pues había hablado con los profesores de ambas materias. 

Hablaron cuando Rick regresó del colegio, en las conversaciones diarias que mantenían y en las que también hacían bromas, o hablaban de su gata Meche.

Ese día, por la mente de Roxana ya pasó cambiar a su hijo a otra institución educativa para cursar el tercer año de Bachillerato. Le faltaba solo un año para terminar sus estudios secundarios y perseguir su sueño de ser actor.

Pero al día siguiente, el sábado 1 de febrero, Rick se suicidó en su dormitorio, aproximadamente a las 16:00. No dejó ninguna nota, pero su madre asegura que el bullying mató a su hijo.

A la media hora de su deceso, en un grupo de WhatsApp del curso de Rick, Roxana cuenta que llegaron mensajes como “¿Ya está muerto Rick?”, “jajajaja”, “que conteste aunque esté muerto”… En ese momento, ella tenía su teléfono, que está ahora en manos de Fiscalía.

En otro grupo de WhastApp de otro curso al que tuvo acceso Roxana, en un chat al día siguiente del fallecimiento de Rick, se lee la pregunta “como que un pelado de segundo murió ??”. La primera respuesta fue: “Si. El marinconcito”.

El día de la velación de su hijo, acudieron la rectora, inspectora y tutora del colegio, cuenta Roxana. “Ahí les dije que nunca me ayudaron y que voy a hacer justicia”.

Hasta el momento, además de la investigación en el colegio por parte del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos instaló una mesa interinstitucional para el seguimiento del caso, mientras que Fiscalía ha ordenado versiones, pericias y requerimientos de información, precisa la defensa de la familia.

Roxana busca justicia por el hijo a quien en cada cumpleaños le compraba una torta para celebrar en casa. A quien abrazaba en las fotografías que se tomaban juntos. A quien en una ocasión descubrió que, de la mesada que le entregaba, destinaba dinero para comprarle dulces.

“Se me fue mi hijo, se me fue todo. Me quedé sin mi compañero que me daba aliento”.

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El Salvador

El Salvador: el costo del silencio oficial ante la violencia contra la comunidad LGBTQ

Entidades estatales son los agresores principales

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.

Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.

El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.

Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor

El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.

Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:

  • 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),
  • 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),
  • 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.

A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.

Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:

“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”

Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.

El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.

El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso

El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.

“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.

La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.

Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.

Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.

Educación negada, derechos anulados

Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:

“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”

Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.

Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.

Organizaciones en resistencia

Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.

Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”

Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.

Matar sin balas: la anulación de la existencia

“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.

Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.

En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.

El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.

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Un país que vota desde el miedo y la esperanza

Candidatos pro-LGBTQ ganaron en todo el país

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La ciudad de Miami en 2020. Los resultados de las elecciones del 4 dfueron una llamada de atención para los candidatos anti-LGBTQ y antiinmigrantes.(Foto de by Yariel Valdés González por el Washington Blade)

Estados Unidos volvió a las urnas el 4 de noviembre de 2025, y el resultado fue mucho más que una contienda electoral. Lo que se vivió en Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Miami y California fue una radiografía moral y política de una nación que vota entre el miedo y la esperanza. Los votantes hablaron desde la incertidumbre, pero también desde la convicción de que el país todavía puede ser un espacio de justicia, inclusión y respeto.

Las victorias de Abigail Spanberger en Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey, junto al ascenso del progresista Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York, el avance demócrata en Miami y la aprobación de la Proposición 50 en California, marcaron el ritmo de una elección que dejó un mensaje claro para la administración Trump: el miedo puede movilizar, pero no logra sostener el poder. La ciudadanía eligió con el corazón, cansada de los discursos de odio y del espectáculo político, y con la esperanza de reencontrarse con una política que mire hacia la gente, no hacia el poder.

El caso de Nueva York sintetiza ese cambio de rumbo. Zohran Mamdani, hijo de inmigrantes, musulmán y abiertamente progresista, centró su discurso de victoria en la defensa de la dignidad humana y la solidaridad.

“Esta noche hicimos historia”, dijo ante una multitud diversa que lo vitoreaba. “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”.

 Pero su mensaje más poderoso fue el que dedicó a las comunidades más vulnerables: Aquí creemos en defender a quienes amamos, ya seas inmigrante, miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras que Donald Trump despidió de un trabajo federal, una madre soltera que aún espera que bajen los precios de los alimentos o cualquier otra persona que se encuentre contra la pared”.

Esas palabras resonaron como una respuesta a los años de retrocesos y ataques legislativos contra las personas LGBTQ y, en especial, contra la comunidad trans. Mamdani prometió ampliar y proteger el acceso a la atención médica afirmativa de género, destinando fondos públicos para garantizar que “todos los neoyorquinos tienen acceso al tratamiento médico que necesitan”. Su compromiso coloca a Nueva York como un faro de resistencia frente a la ola de políticas restrictivas que han surgido en varios estados del país.

Lo ocurrido en noviembre tiene, además, un profundo significado para quienes viven en los márgenes del poder. Para la comunidad trans, estos resultados representan algo más que un respiro político: son una afirmación de existencia. En tiempos donde el discurso oficial ha buscado borrar identidades, negar tratamientos y criminalizar cuerpos, la victoria de líderes que defienden la inclusión devuelve la esperanza de vivir sin miedo. El voto trans, y el voto LGBTQ en general, fue más que un gesto cívico: fue un acto de supervivencia y de resistencia.

La elección también habló al corazón de las comunidades inmigrantes, de las personas que viven con VIH o enfermedades crónicas, de las minorías raciales y de quienes luchan por un salario justo. En un país donde tantos sienten que la política los ha olvidado, estas victorias locales devuelven la posibilidad de creer en la democracia como herramienta de transformación. Son un recordatorio de que la esperanza no es ingenuidad, sino el acto más valiente de quienes deciden seguir de pie.

Miami, por su parte, envió una señal inesperada. En un bastión republicano históricamente alineado con la administración Trump, la candidata demócrata tomó la delantera y forzó una segunda vuelta. En una ciudad diversa, con fuerte presencia latina, afrodescendiente e LGBTQ, el avance progresista fue un mensaje de ruptura con el voto automático y con la política del miedo. Las urnas del sur de la Florida demostraron que los cambios comienzan en los lugares menos previsibles.

Para la administración Trump, la lectura es clara. El país está enviando una advertencia: los derechos humanos no se negocian. La economía importa, pero también importa la dignidad. Los votantes quieren soluciones reales, no eslóganes; respeto, no manipulación; empatía, no imposición.

Las comunidades LGBTQ y trans han sido el rostro visible de una resistencia que no se rinde. Cada voto emitido fue un acto de esperanza frente al miedo; cada victoria, una respuesta a la violencia simbólica e institucional. Las palabras del nuevo alcalde de Nueva York se convirtieron en símbolo nacional porque trascendieron la política partidista: recordaron que en medio de la oscuridad, la humanidad todavía puede ser una política pública.

Las urnas de noviembre hablaron con la voz de quienes han sido marginados, atacados o invisibilizados. Hablan las personas trans que exigen respeto, las parejas que defienden su amor, los jóvenes que no aceptan ser silenciados, los creyentes que apuestan por una fe inclusiva y las familias que siguen creyendo en un país posible. En medio del miedo, el país eligió esperanza. Y esa esperanza —imperfecta, frágil, pero viva— puede ser el principio de una nueva historia: una en la que la igualdad no sea un sueño, sino una promesa cumplida.

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Doble exclusión, misma dignidad

Personas con discapacidades en América Latina y el Caribe se luchan dos batallas.

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El Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

En un continente donde los derechos de la comunidad LGBTQ avanzan y retroceden al ritmo de los vientos políticos, hay una realidad que casi nadie nombra: la de quienes, además de pertenecer a esta comunidad, viven con una discapacidad física, motora o sensorial. En ellos convergen dos batallas —la del reconocimiento y la de la accesibilidad— que se libran, la mayoría de las veces, en silencio.

Según el Banco Mundial, más de 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, la región alberga algunos de los movimientos LGBTQ más visibles del mundo, aunque persisten graves formas de violencia y exclusión. Sin embargo, los estudios que cruzan ambas realidades son casi inexistentes. Y esa ausencia de datos también es una forma de violencia.

Ser una persona LGBTQ en América Latina todavía implica, en muchos casos, enfrentar el rechazo familiar, la discriminación laboral o la exclusión religiosa. Pero si a eso se suma una discapacidad, las barreras se multiplican. En palabras de un activista brasileño citado por CartaCapital, “cuando entro a una entrevista, me miran primero la silla de ruedas y después descubren que soy gay. Ahí empieza el doble filtro”. Este fenómeno, conocido como doble prejuicio, se refleja tanto fuera como dentro de la propia comunidad LGBTQ. A menudo, la discapacidad sigue siendo invisibilizada incluso en marchas del orgullo o campañas de diversidad, donde predominan imágenes de cuerpos normativos y jóvenes. El capacitismo —esa discriminación basada en la idea de que solo los cuerpos funcionales son válidos— se cuela incluso en los espacios que deberían ser los más inclusivos.

La desexualización de las personas con discapacidad es una de las formas más sutiles de exclusión. El reportaje argentino Sexo, discapacidad y placer, publicado por Distintas Latitudes, expone cómo la sociedad suele negar el derecho al deseo y al amor de quienes viven con alguna limitación física. Cuando además se trata de una persona LGBTQ, la negación se duplica: se les niega el cuerpo, el deseo y, con ello, una parte esencial de su dignidad humana. Como afirma la psicóloga mexicana María L. Aguilar, “la desexualización de las personas con discapacidad es una forma de violencia simbólica. Y cuando se cruza con la diversidad sexual, se convierte en una negación del derecho al placer y a la autonomía”.

El ejemplo más visible de inclusión llega desde el deporte. En los Juegos Paralímpicos de París 2024, al menos 38 atletas LGBTQ participaron, según un informe de Agencia Presentes. Pero la pregunta permanece: ¿cuántas personas LGBTQ con discapacidad fuera del ámbito deportivo logran tener voz, empleo, pareja o acceso a los servicios básicos? En un continente marcado por la desigualdad, la intersección entre orientación sexual, discapacidad, pobreza y género produce una combinación de vulnerabilidades que pocas políticas públicas abordan.

Diversos estudios advierten que las personas LGBTQ en América Latina presentan tasas más altas de depresión y ansiedad que la población general. A su vez, los informes sobre discapacidad en la región señalan altos niveles de aislamiento y falta de apoyo. Pero no existen datos interseccionales que midan cómo se viven estos desafíos cuando ambas realidades se cruzan. En países como Chile, el Observatorio de Discapacidad e Inclusión advierte una alta prevalencia de problemas de salud mental y un acceso insuficiente a servicios especializados. En Estados Unidos, investigaciones del Trevor Project muestran que los jóvenes Latine LGBTQ tienen mayor riesgo de intentos de suicidio cuando enfrentan discriminación múltiple. En América Latina y el Caribe, la ausencia de estadísticas en este campo no solo refleja desinterés: también perpetúa la invisibilidad.

Ni las leyes sobre discapacidad mencionan explícitamente a la población LGBTQ, ni las políticas de diversidad incorporan la variable de discapacidad. Un informe de la International Disability Alliance sobre la región advierte que las personas con discapacidad LGBTQ “enfrentan discriminación múltiple y carecen de protección específica”. Pese a ello, surgen señales de esperanza: en México, el Colectivo de Personas con Discapacidad LGBTQ+ impulsa iniciativas para visibilizar la exclusión doble; en Brasil, la organización Vale PCD desarrolla proyectos de inclusión laboral y cultural; y en el Caribe oriental, el Proyecto LIVITY, de la Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality (ECADE), fomenta la participación política de personas con discapacidad y de la comunidad LGBTQ.

La verdadera inclusión no se mide por las rampas, ni por los discursos de tolerancia. Se mide por la capacidad de una sociedad para reconocer la dignidad humana en todas sus expresiones, sin lástima, sin morbo, sin condiciones. No se trata de aplaudir historias de superación, sino de garantizar el derecho a una vida plena. Como dijo un líder caribeño citado por ECADE: “La inclusión no es un gesto, es una decisión moral y política”.

Este tema exige una conversación continental. América Latina y el Caribe solo podrán hablar de igualdad real cuando el cuerpo, el deseo y la libertad de las personas LGBTQ con discapacidad sean respetados con la misma fuerza con que se proclama la diversidad. Nombrar lo que aún no se nombra es el primer paso hacia la justicia. Porque lo que no se mide, no se atiende; y lo que no se mira, no existe.

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