Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.

Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.

Pero esa es solo una parte.

Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.

Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.

La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.

Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.

Entonces la pregunta sigue siendo la misma.

Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?

¿Dónde fue a parar ese recurso?

¿Dónde está el dinero que generó?

Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.

Hay una historia más larga que no se puede ignorar.

Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.

Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.

Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.

Y hay algo más duro.

Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.

Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.

¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?

Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.

La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.

Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.

Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.

Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.

Esa es la contradicción.

El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.

Pero hay otra pregunta que también está ahí.

¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?

La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.

Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.

Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.

Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.

Esa parte no se puede seguir esquivando.

Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.

Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.

Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.

Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.

Nota del editor: Una versión de este comentario en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el 7 de abril.

The Tennessee House of Representatives passed a bill last week to create a transgender “watch list” that also pushes detransition medical treatment. The state Senate will consider it on Wednesday.

House Bill 754/State Bill 676 has been deemed “ugly” by LGBTQ advocates and criticized by healthcare information litigators as a major privacy concern.

The bill would require “gender clinics accepting funds from this state to perform gender transition procedures to also perform detransition procedures; requires insurance entities providing coverage of gender transition procedures to also cover detransition procedures; requires certain gender clinics and insurance entities to report information regarding detransition procedures to the department of health.”

It would require that any gender-affirming care-providing clinics share the date, age, and sex of patients; any drugs prescribed (dosage, frequency, duration, and method administered); the state and county; the name, contact information, and medical specialty of the healthcare professional who prescribed the treatment; and any past medical history related to “neurological, behavioral, or mental health conditions.” It would also mandate additional information if surgical intervention is prescribed, including details on which healthcare professional made a referral and when.

HB 0754 would also require the state to produce a “comprehensive annual statistical report,” with all collected data shared with the heads of the legislature and the legislative librarian, and eventually published online for public access.

The bill also reframes detransitioning as a major focus of gender-affirming healthcare — despite studies showing that the number of trans people who detransition is statistically quite low, around 13 percent, and is often the result of external pressures (such as discrimination or family) rather than an issue with their gender identity.

This legislation stands in sharp contrast to federal protections restricting what healthcare information can be shared. In 1996, Congress passed the Health Insurance Portability and Accountability Act, or HIPAA, requiring protections for all “individually identifiable health information,” including medical records, conversations, billing information, and other patient data.

Margaret Riley, professor of law, public health sciences, and public policy at the University of Virginia, has written about similar efforts at the federal level, noting the Trump-Vance administration’s push to subpoena multiple hospitals’ records of gender-affirming care for trans patients despite no claims — or proof — that a crime was committed.

It has “sown fear and concern, both among people whose information is sought and among the doctors and other providers who offer such care. Some health providers have reportedly decided to no longer provide gender-affirming care to minors as a result of the inquiries, even in states where that care is legal.” She wrote in an article on the Conversation, where she goes further, pointing out that the push, mostly from conservative members of the government, are pushing extracting this private information “while giving no inkling of any alleged crimes that may have been committed.”

State Rep. Jeremy Faison (R-Cosby), the bill’s sponsor, said in a press conference two weeks ago that he has met dozens of individuals who sought to transition genders and ultimately detransitioned. In committee, an individual testified in support of the bill, claiming that while insurance paid for gender-affirming care, detransition care was not covered.

“I believe that we as a society are going to look back on this time that really burst out in 2014 and think, ‘Dear God, What were we thinking? This was as dumb as frontal lobotomies,’” Faison said of gender-affirming care. “I think we’re going to look back on society one day and think that.”

Jennifer Levi, GLAD Law’s senior director of Transgender and Queer Rights, shared with PBS last year that legislation like this changes the entire concept of HIPAA rights for trans Americans in ways that are invasive and unnecessary.

“It turns doctor-patient confidentiality into government surveillance,” Levi said, later emphasizing this will cause fewer people to seek out the care that they need. “It’s chilling.”

The Washington Blade reached out to the American Civil Liberties Union of Tennessee, which shared this statement from Executive Director Miriam Nemeth:

“HB 754/SB 676 continues the ugly legacy of Tennessee legislators’ attacks on the lives of transgender Tennesseans. Most Tennesseans, regardless of political views, oppose government databases tracking medical decisions made between patients and their doctors. The same should be true here. The state does not threaten to end the livelihood of doctors and fine them $150,000 for safeguarding the sensitive information of people with diabetes, depression, cancer, or other conditions. Trans people and intersex people deserve the same safety, privacy, and equal treatment under the law as everyone else.”

The Council for Global Equality is among the groups that condemned President Donald Trump on Tuesday over his latest threats against Iran.

Trump in a Truth Social post said “a whole civilization will die tonight” if Tehran did not reach an agreement with the U.S. by 8 p.m. ET. on Tuesday.

Iran is among the handful of countries in which consensual same-sex sexual relations remain punishable by death.

Israel and the U.S. on Feb. 28 launched airstrikes against Iran.

One of them killed Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Iran in response launched missiles and drones against Israel and other countries that include Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, Jordan, Saudi Arabia, Azerbaijan, and Cyprus.

Gas prices in the U.S. and around the world continue to increase because the war has essentially closed the Strait of Hormuz, a strategic waterway that connects the Persian Gulf and the Gulf of Oman through which roughly 20 percent of the world’s crude oil passes.

Trump less than 90 minutes before his deadline announced a two-week ceasefire with Iran that Pakistan helped broker.

“We the undersigned human rights, humanitarian, civil liberties, faith-based and environmental organizations, think tanks and experts are deeply alarmed by President Trump’s threat regarding Iran that ‘a whole civilization will die tonight’ if his demands are not met. Such language describes a grave atrocity if carried out,” reads the statement that the Council for Global Equality more than 200 other organizations and human rights experts signed. “A threat to wipe out ‘a whole civilization’ may amount to a threat of genocide. Genocide is a crime defined by the Genocide Convention and by the Rome Statute of the International Criminal Court as committing one or more of several acts ‘with intent to destroy in whole or in part a national, racial or religious groups as such.'”

The statement states “the law is clear that civilians must not be targeted, and they must also be protected from indiscriminate or disproportionate attacks.”

“Strikes on civilian infrastructure — such as the recent attack on a bridge and the attacks President Trump is repeatedly threatening to carry out to destroy power plants — have devastating consequences for the civilian population and environment,” it reads.

“We urge all parties to respect international law,” adds the statement. “Those responsible for atrocities, including crimes against humanity and war crimes, can and must be held accountable.”

The Alliance for Diplomacy and Justice, Amnesty International USA, Human Rights Watch, the American Civil Liberties Union, the NAACP, MADRE, and the Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center are among the other groups that signed the letter.