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Así fue el Stonewall de La Habana
El activismo independiente cubano realizó su propia marcha
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 15 de mayo.
LA HABANA — El coronel pregunta a los manifestantes: “¿Quién organizó esta marcha?” Responde una mujer que nadie conoce, pequeña, de unos cincuenta años: “No la organizó nadie, esta marcha es de todos”.
La policía hace retroceder a la mujer, junto al resto de la gente que ya cruzaba la calle. El coronel camina hacia el Prado de La Habana. Va escoltado por decenas de uniformados que se cierran en torno a cientos de personas y las obligan a subir a la acera en el último tramo del paseo.
La marcha iba hacia el mar, a topar con el muro del malecón, junto al castillo de La Punta, cuando se interpusieron las patrullas, los camiones, una guagua del transporte público que traía más policías y que fue ofrecida a los manifestantes para irse, si estaban de acuerdo, a una fiesta gay organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la institución que dirige Mariela Castro Espín, la diputada, la hija de Raúl y la sobrina de Fidel.
Nadie sube.
Los manifestantes quedan sobre un islote, sitiados por un cordón de agentes y automóviles. “Una república gay”, dijo alguien. Como no pueden seguir y ahora están varados, algunos de los manifestantes suben a los bancos y se besan envueltos en banderas del arcoíris. Miran a la policía y se besan.
“Si nos dejan llegar al malecón, ya no seríamos cientos, seríamos miles”, dice Ariel Ruiz Urquiola, un biólogo que se convirtió en campesino y luego en preso de conciencia, condenado a prisión en un proceso sumario por llamar “guardia rural” a un guardabosques que lo acosaba en su finca de Viñales, al occidente de Cuba.
“Yo no conocía a ninguno de los activistas, no conocía a nadie, pero eso no me excluía de mi gremio”.
Ariel es gay, pero nunca estuvo en una marcha LGBTI+. En la tarde del 11 de mayo, volvió a un calabozo por primera vez desde que le otorgaron una licencia extrapenal en 2017 porque estaba casi muerto, en huelga de hambre.
“Era evidente que la marcha no estaba bien organizada ni tenía ningún tipo de soporte material, no había muchas banderas, no había carteles”, recuerda.
“Éramos como una pandilla que iba a una fiesta, aunque no sabíamos dónde estaba la fiesta porque no había nadie dirigiendo aquello”.
Los activistas se reunieron en el Parque Central, a la poca sombra que da la estatua de Martí, un Martí con el dedo apuntando hacia La Habana Vieja. En esa dirección apareció el único atrezo: una motocicleta que ondeaba la bandera LGBTI+ encima de la bandera cubana.
“Soy Yasmany Sánchez Pérez, estudiante de agronomía del curso por encuentros, de licencia porque estoy revalorizando mis prioridades”, se presenta, por fin, el muchacho que iba al frente de la marcha, de blanco, con el arcoíris en la mejilla. Cuando fue arrestado, mientras discutía con la policía y les decía que la marcha no iba a parar, nadie sabía quién era.
“Descubrí en las redes sociales que se había suspendido la marcha y que había sido obra del Cenesex y eso me indignó mucho”, cuenta.
La Conga contra la Homofobia y la Transfobia era una exhibición de fuerza que Mariela Castro Espín ensayó en 2007 y duró una década, como parte de las Jornadas que Cenesex prepara cada año para promover la igualdad del colectivo LGBTI+ y, de paso, hacerle buena propaganda a la Revolución cubana, que no consigue disipar su fama de homofóbica.
En la década del 60, los homosexuales fueron a campos de trabajo forzado en Cuba. En los años 70 se les expulsó del trabajo y de la universidad. A principios de los 80 se les ofreció exiliarse por el puerto del Mariel. Para la segunda mitad de esa misma década, muchos acabaron internados en los denominados sanatorios del Sida.
El Cenesex comunicó la cancelación en una nota parca, presentada como un simple “ajuste al programa” con vagos apuntes sobre “nuevas tensiones” que trastornan “nuestra vida cotidiana”.
Pocos días después, ante la reacción de los activistas y el anuncio de una concentración independiente en el Parque Central, Cenesex publicó otro comunicado, menos impreciso que el primero, donde relacionaba la crisis política venezolana y la política estadounidense con grupos en la Isla que usarían la conga para promover su agenda. En el texto abundan las denuncias, pero no se adjuntó ninguna prueba. Y se esperaba que la comunidad lo diera por bueno y aceptara suspender las marchas anunciadas en algunas ciudades de la Isla.
“La marcha fue pobre, no era una fiesta” semejante a las congas que encabezaba Mariela Castro Espín, compara Ariel. “Había muy poco colorido”, dice. “Lo que más se coreó fue ‘Cuba diversa’, ‘Queremos una Cuba diversa, una Cuba inclusiva'”.
También gritaron, al menos una vez, “No queremos conga”.
El Prado no es un paseo largo. Al principio se ubican unos vendedores de artesanías y algunos artistas ambulantes. Al centro, la marcha debió evitar unas piezas emplazadas hace pocas semanas para la Bienal de Arte de La Habana. “No queremos conga” fue la frase de la mitad del camino, cuando parecía que tenían, al fin, su propia marcha. Al final del Prado hay una estatua de Juan Clemente Zenea, un poeta fusilado en el siglo XIX. De ahí no pudieron pasar, ahí se produjo el Stonewall cubano.
“Cuando vi que al final del paseo las autoridades de la Seguridad del Estado estaban tratando de impedir la marcha, mi indignación aumentó y alcé mi voz”, dice Yasmany. Les dijo, entrecortado, que marchar es un derecho ciudadano.
“Yasmany Sánchez no era un activista”, advierte Ariel. “Pero ese muchacho se convirtió, en ese mismo instante, en el líder de la manifestación”.
Ni Ariel ni Yasmany eran activistas LGBTI+ conocidos. Ni se conocían entre sí.
Fue el muro del último tramo lo que provocó a Yasmany a ir más lejos, a discutir con un oficial vestido de civil. Fue Yasmany, detenido por ese muro, diciendo a todos “Me llevan preso”, lo que provocó a Ariel a retenerlo con un abrazo.
“Oigo que decía, ‘Me están llevando preso, que el mundo sepa que me están llevando preso’, y mi instinto es abrazarlo para evitar que se lo lleven. Yo lo agarro para protegerlo. Y la policía empieza a forcejear con su cuerpo y con el mío”.
Son un nudo de brazos y piernas, Ariel y Yasmany, la policía, justo en la esquina de San Lázaro, porque la marcha estuvo a punto doblar esa esquina, una de las más agudas de La Habana, para seguir al Echeverría, un antiguo club privado que se convirtió, bajo la Revolución cubana, en un centro recreativo para obreros. Ahí convidó Mariela Castro a una fiesta, a la misma hora que la marcha independiente.
Los manifestantes no pudieron girar en la esquina. Desplegaron ahí otro cordón de policías, tan denso como el que prohibía el paso hacia el malecón.
“Solo Ariel permaneció pegado a mí”, dice Yasmany. “Nos arrastran hacia la patrulla y nos metieron adentro”.
Ariel va en el aire. Cargado por tres policías, sin tocar el suelo, sigue agarrado de Yasmany.
El momento más violento de la marcha gay tuvo algo muy gay. Dos hombres abrazados. El momento más violento tuvo eso de hermoso, kitsch forzado, con ejército de fondo.
Abrazados se los llevaron.
Decenas de policías, mientras tanto, hacen retroceder a los manifestantes hasta la última acera del Prado de La Habana. “¿Quién organizó esta marcha?”, insiste un coronel.
Yasmany y Ariel, en el carro jaula, no ven lo que sigue. Boris González Arenas, un periodista independiente, grita “Libertad”. A secas. No libertad para alguien ni libertad de algo. “Libertad”, como si se vaciara al decirlo, y así, con su grito en los labios, lo cargan hasta el mismo carro. Se les reúnen Iliana Hernández, otra periodista, y una lesbiana de Camagüey que no era activista LGBTI+.
“Creo que ella fue arrestada por error”, dice Ariel. “Estaba muy atemorizada de que la deportaran a su provincia, en ella confluían muchos temores del ciudadano”.
A Oscar Casanella, activista, amigo de Ariel, le rompen la frente y se lo llevan al hospital. En la estación le preguntan “¿Dónde está Oscar?”. Él no sabe, no responde, mira a otro lado.
En el carro hace mucho calor. En la “república gay” de Prado y San Lázaro hace calor. Los manifestantes se quedan un rato, rodeados por patrullas y efectivos, hasta que vienen los oficiales a decirles que se vayan, de una vez, o serán procesados por alterar el orden público o por desacato.
Dejan vacío el islote, se dispersan. A una hora y media del principio de la marcha en el Parque Central queda otra vez bajo control la esquina donde ocurrió el Stonewall de La Habana.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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