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El único regalo que quiero de Santa
Yariel Valdés González permanece bajo custodia de ICE en Luisiana
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade que ganó asilo político en Estados Unidos el 18 de septiembre. Permanece bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) en Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana, porque el fallo del juez de inmigración en su favor ha sido apelado.
PLAIN DEALING, La. — En mi tierra natal, Cuba, Santa Claus nunca ha sido muy reconocido. La dictadura comunista no da cobija a ese personaje obeso y amable que, según ellos, lo único que hace es inyectar una imagen en los niños para disfrazar el “consumismo capitalista” que sostiene a los Estados Unidos. Sin embargo, los niños y los adultos cubanos adoramos el espíritu navideño que trae Santa cada diciembre. Así pues, decoramos arbolitos, nos reunimos a cenar y a compartir en familia y hasta los mas pequeños, y otros no tanto, recibimos y entregamos algunos regalos antes de que acabe el año viejo o el Día de Reyes Magos. Contradictoriamente, las tiendas en Cuba, gestionadas todas por el gobierno, quedan adornadas con luces y pinos artificiales, no por la Navidad, sino para festejar el fin de un año y un nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana cada primero de enero.
¡Eso es lo que interesa!
El régimen mantiene su fachada anti-navideña, una especie de “mundo paralelo” en el que solo ellos viven, pues los cubanos ya estamos cansados de tanta actuación falsa y ridícula. Tanto es así que yo mismo tuve que varias veces morderme la lengua (no literalmente claro) mientras trabajaba como presentador en la radio de mi ciudad porque jamás podía mencionar la palabra “Navidad”. Ese vocablo provocaba y provoca aun hoy el terror entre los directivos de cualquier medio de comunicación oficialista, donde no se puede legitimar esa tradición tan poco comunista. De ahí que Santa nunca haya salido por la Televisión Cubana o en los periódicos. Para el gobierno, el espíritu de Santa y todo lo que ello representa es una incitación a demasiadas frivolidades, propias del “enemigo del Norte” y que pueden “contaminar” ideológicamente a su pueblo. De modo que la Navidad cubana viene a ser un poco clandestina, medio ilegal, “underground”, presente para el pueblo e inexistente para los gobernantes. Así de compleja y ambivalente es mi Cuba. Pese a esa realidad, siempre disfrute a mi manera de la Navidad en mi país por la oportunidad de reunirme con mi familia y pareja, rodeados por esa sensación de felicidad y amor. Sin embargo, también espero con ansias mi primera “Christmas” en los Estados Unidos, y no solo por los regalos, como muchos pudieran pensar.
A este país llegué a finales de marzo de 2019 para solicitar asilo político, impulsado por la persecución que sufrí en Cuba por mi trabajo como periodista independiente. En la isla enfrenté sanciones laborales e ideológicas en la prensa oficial, expulsión del sistema de medios de comunicación del gobierno, interrogatorios y detenciones arbitrarias, prohibiciones de salida del país para eventos periodísticos, así como el asedio voraz y desmedido de los agentes del régimen en mi vecindario, hacia mi familia y amigos. Todo como parte de esa estrategia para perseguir e infundir miedo a los reporteros libres, a quienes no pueden controlar ni censurar. En Cuba no existe libertad de expresión y mucho menos de prensa. El único partido comunista, con un reinado absoluto de mas de 60 años, se encarga de controlar cada palabra escrita y dicha. La relación partido-medios de comunicación es como la relación amo-esclavo. Si no obedeces sus órdenes, las consecuencias serán claramente funestas. Esas son las reglas de ese juego de poder: Injustas y totalitarias.
Con mucha suerte pude escapar de aquel inframundo y seis meses después de mi arribo a este país, el 18 de septiembre de este año, el juez de inmigración Timothy Cole dictaminó que era merecedor de un asilo. Me concedía así la protección que tanto había buscado y por la cual huí de mi país, dejando detrás a mi familia, a mi novio y a mis amigos-colegas, quienes actualmente continúan viviendo una verdadera cacería de brujas, por el simple motivo de contar la verdad sobre Cuba.
Últimamente, la represión contra los profesionales de la prensa independiente cubana ha ascendido a niveles altamente preocupantes con arrestos domiciliarios, detenciones ilegales por varios días, violencia física y psicológica, registros y confiscación de equipos de trabajo, acosos y amenazas en persona o a través de las redes sociales por intermedio del denominado “ciberbulling”, orquestado por un ejército de combatientes digitales.
Igualmente, se han incrementado las prohibiciones de viajar fuera de la isla a eventos y conferencias profesionales bajo el absurdo pretexto de que la prensa independiente está al servicio de potencias extranjeras, que la financian para lograr un cambio de régimen en Cuba y otras barbaridades. Eso y mucho más es lo que me espera en Cuba si me viera obligado a regresar. Ahora la posibilidad de ser deportado está latente otra vez, pues el ICE apeló mi asilo otorgado en septiembre y en estos momentos continúo encarcelado mientras una corte superior, integrada por tres jueces en Virginia, someten mi caso a una segunda valoración.
Tienen, literalmente, mi vida y mi futuro en sus manos.
Muchos pudieran pensar que soy demasiado dramático, pero quienes piensan diferente a la dictadura cubana y además lo manifiestan públicamente en reportes periodísticos a través de Internet destapan la ira más feroz de la fiera. Los freelancers somos considerados una ” amenaza a la Seguridad Nacional”, peligrosos traidores subversivos, que no merecen ni el aire que respiran y si de paso pertenecen a la comunidad LGBTQ, el castigo será doble, pues la isla en los últimos tiempos no ha temido en revelarse tal y como verdaderamente es: Una tiranía intolerante y homofóbica. Mi colaboración con publicaciones que Cuba tilda como “contrarrevolucionarias y subversivas” como Tremenda Nota, el medio socio del Washington Blade en Cuba, CubaNet y otras como YucaByte o este propio semanario, a cuyo editor internacional Michael K. Lavers tienen en la lista de “prohibidos” de entrar a Cuba, me han hecho una persona “non grata” para el gobierno y como tal temo ser tratado si pusiera un pie en la isla. Pueden tener la seguridad de que jamás hubiera renunciado al abrazo de mi mamá o el beso cariñoso de mis ancianos abuelos si realmente mis derechos elementales como ser humano no hubieran sido vilmente pisoteados y mi vida no estuviera en peligro. Supongo que fue el instinto de supervivencia el que me hizo cerrar los ojos y abandonar repentinamente esos lazos de sangre y amor.
Ya hace casi ocho meses que continúo luchando, desde el interior de una prisión, por mi salvación. En lo profundo del sur americano, en la detención Bossier Parish Medium Security Facility, en Luisiana, intento mantener el optimismo y la fe, aunque cada día que pasa este encierro me marchita un poco las esperanzas. Solo el apoyo constante de mi familia en Miami y en Cuba, mi abogada, así como de mis más cercanos amigos y colegas en este país y en la isla han evitado mi colapso emocional, al verme en un callejón sin salida.
Cada noche antes de dormir rezo porque se haga justicia nuevamente, porque esos jueces consideren que sí merezco la oportunidad de vivir sin miedo en esta gran nación. Solo espero que ratifiquen la decisión del juez Cole, tomada ya hace más de dos meses. Sin dudas, sería el mejor obsequio que me podría traer esta Navidad. Como niño ilusionado espero que Santa Claus conduzca su trineo hasta Luisiana y me entregue el único regalo que fervientemente le pido a cada minuto: Libertad.
¡Libertad!
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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