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La cuarentena imposible de los ancianos solitarios en Cuba

COVID-19 ha tenido gran impacto en personas de mayor edad

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Yolanda, 76 años, habitante de Regla (Foto: Hitch)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esa nota salió en su sitio web el 5 de abril.

LA HABANA — Apoyada en un bastón que termina en cuatro puntas, Ofelia camina por la calle Obispo algunos mediodías, al paso que le permiten sus 76 años y sus piernas, que ya sufrieron dos trombosis. Le apura llegar antes de la una de la tarde al Comedor 213 del Sistema de Atención a la Familia —en la intersección de las calles Cuba y Teniente Rey—, antes de que cierre o se acabe la comida. En el camino compra dos tazas de café por dos pesos cubanos; lo guarda en un pomito que antes era de miel. Se cubre la boca y la nariz con un pañuelo de florecitas, a falta de nasobuco o bozal, como ella le dice.

“Cuando se podía salir a todos lados no iba al comedor —dice—, porque tengo amistades que me llamaban y me decían que fuera a almorzar [a sus casas]. Pero ahora todo el mundo está encerrado. Ni yo voy a ellas ni ellas a mí”. 

Cruzando la Bahía de La Habana, en el municipio Regla, vive Yolanda. Una señora que, como Ofelia, tiene 76 años y vive sola. Aunque cuenta con la ayuda de su familia, desde que enviudó hace tres años recibe más apoyo de sus vecinos y sus hermanas de la iglesia pentecostal, las personas que Yolanda tiene más cerca.

“Hace unos días vino una hermana y me dijo que todo ha cesado” —dice. 

Los pastores y otros fieles se encargan de visitarla, pero a Yolanda le preocupa cómo podrán organizarse, “porque no es fácil, somos muchos ancianos en la iglesia”. 

Desde que se diagnosticaron los primeros casos de la COVID-19 en Cuba, los medios estatales e independientes alertaron sobre la vulnerabilidad de la población mayor de 60 años, que comprende 2 millones 286 mil personas (el 20.4 por ciento del total de habitantes). De ellos, 343 mil (el 15 por ciento) viven solos, según declaró en conferencia de prensa Alberto Fernández Seco, jefe del Departamento de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). 

Varios funcionarios estatales han insistido, en la prensa y en transmisiones especiales de la Mesa Redonda, en que la ciudadanía debe ayudar a estos ancianos a permanecer el mayor tiempo posible en sus casas.  

Los vecinos de Yolanda la ayudan con las gestiones externas: comprar comida, medicamentos, cobrar la pensión que le dejara su esposo. Afirma que ya pasó la doctora consultándole si tenía fiebre, tos o catarro. 

El pasado 17 de marzo, el diario Juventud Rebelde publicó declaraciones de Fernández Seco. El funcionario afirmó que el MINSAP se encontraba en una etapa de pesquisa activa, fundamentalmente para los adultos mayores que viven solos. Pero al día de hoy, primero de abril, Ofelia no ha recibido aun atención social, ni visitas médicas o de su CDR (Comité de Defensa de la Revolución, una organización de masa conformada por vecindarios).  

El domingo 29, cuando fue al comedor, a Ofelia la anotaron en una lista. “Me dijeron que me traerían la comida —me dice el lunes siguiente, cerca de las tres de la tarde—. Pero mira, aun no han venido, ahí están los pozuelos vacíos”, y señala un envase de plástico, lo que antes fue un pote de helado, y un vasito rojo. Por único cubierto tiene una cuchara que lleva siempre con ella; la guarda en una mesita donde hay pomos reciclados, algunos dientes de ajo, medicamentos y un pequeño y viejo televisor que se escucha, pero no se ve. 

El resto de sus pertenencias las reúne en jabas de nailon colgadas de las barandas de la cama. 

Los ancianos que viven solos no son vulnerables únicamente por esa condición, sino también por sus bajos ingresos. Los que no reciben ayuda económica de sus familiares, sobreviven, apenas, con sus pensiones. La mínima tiene un valor de 280 pesos en Moneda Nacional (unos 11 dólares), y la máxima puede rondar los 800 pesos (cerca de 35 dólares), para jubilados de sectores profesionales.

Otros se sustentan con trabajos que suelen hacer los adultos mayores, como custodios de instituciones estatales; cuidando y limpiando casas, o vendiendo periódicos, o maní, o caramelos en la calle. 

Pero quienes no tienen salud para trabajar, y no pudieron cumplir los años laborales obligatorios para alcanzar la edad de jubilación, no tienen pensión ni perciben ingreso alguno. Es el caso de Ofelia, que dejó de trabajar con 50 años para cuidar a su hijo menor. Fue a finales de los 90, cuando el muchacho debutó con trastornos nerviosos y fue necesario confinarlo en un hospital psiquiátrico en Pinar del Río, donde permanece todavía, 26 años después. 

En aquella época, Ofelia trabajaba en el Ministerio de Comercio Interior, muy cerca de su casa.

“Pedí licencia, pedí licencia … hasta que tuve que pedir la baja”. Entonces, varias amistades de la iglesia evangélica a la que asiste la recomendaron para que cuidara y limpiara casas. Y así se mantuvo hasta hace dos años, cuando sufrió la primera trombosis.

Le pregunto cómo hace ahora, sin pensión ni trabajo, y responde que vive de lo que Dios le ponga en la mano.

Yolanda con su compañero de caminatas. (Foto: Hitch)

Entre las medidas especiales para prevenir la transmisión de la COVID-19 en adultos mayores, el gobierno cubano ha puesto énfasis en las pesquisas referidas anteriormente, y la atención primaria de salud a este sector de la población. Asimismo, el doctor Fernández Seco confirmó que se realiza un examen diario tanto a los internos como a las personas que trabajan en los 155 hogares de ancianos (asilos) y las 293 casas de abuelos (donde permanecen solo durante el día) que existen en el país. 

Sin embargo, más allá de la atención médica, el gobierno no ha explicitado cuáles medidas se toman en función de las necesidades de quienes no están internados o seminternados en estas instituciones, y no cuentan con el amparo de sus familiares. 

Las iniciativas surgen desde la ciudadanía. Algunos negocios particulares, como cafeterías y restaurantes, cocinan para los adultos mayores del barrio. Otros grupos de jóvenes asisten como pueden a ancianos y demás comunidades vulnerables, como las personas transexuales.

Desde la sala de su casa, iluminada y fresca, Yolanda reconoce que hay abandono y descuido, que se necesitan trabajadores sociales, pero, insiste, no quiere ser malinterpretada. Confía en su presidente Miguel Díaz-Canel. “Está poniendo fuertes las cosas para que se resuelva” —dice, refiriéndose a las acciones generales que ha tomado el gobierno para mitigar el impacto de la pandemia. Yolanda es de las mujeres que no se quejan.

Del tema, Ofelia prefiere guardar silencio (también lo hace cuando le pregunto qué fue de su hijo mayor). Dos días después de que anotaran su nombre y dirección en el comedor social, prefiere no esperar más a que alguien le traiga la comida a su casa. 

Su rutina por la calle Obispo continúa … 

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Noticias en Español

Asesinan a Erika Tatiana 10 días después del discurso de odio de JOH contra personas LGBTQ en Honduras

La activista es la 4ta persona trans asesinada en el país este año

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Erika Tatiana (Imagen cortesía de Reportar Sin Miedo)

Reportar Sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 27 de septiembre.

SANTA ROSA DE COPÁN, Honduras — María hizo muchas llamadas, pero su hija, Erika Tatiana Martínez García, nunca le contestó. 

Desesperada por no saber de ella, fue a buscarla y la encontró muerta con heridas de arma blanca en su apartamento el domingo 26 de septiembre en horas de la tarde, relató a Reportar sin Miedo la madre de Tatiana.

Erika Tatiana, mejor conocida por su segundo nombre, tenía 32 años de edad y residía en la colonia Díaz Valenzuela, en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. 

La víctima mortal tenía un pequeño negocio donde vendía bebidas y algunos alimentos a los clientes que llegaban en estado de embriaguez.

A la casa de Tatiana acudieron miembros de la Policía Nacional para acordonar el sitio donde yacía el cadáver. María quiere justicia para su hija, pero sabe que la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad. “Si no se hace justicia acá, sé que el Señor lo hará. De Dios nadie se escapa”. Tatiana fue enterrada la tarde del lunes por sus familiares en Santa Rosa de Copán. 

Mientras tanto, elementos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) procedieron a trabajar en las primeras pesquisas del caso. 

El vocero de la Policía Nacional de Honduras en el departamento de Copán, Gregorio Cornejo Campos, dijo que Tatiana falleció a causa de tres heridas producidas supuestamente por un puñal en el tórax y el cuello. 

“Hay mucha desinformación sobre las heridas y cómo se encontró el cuerpo, pero lo oficial que tenemos es que la mataron entre la noche del sábado y madrugada del domingo”, dijo a Reportar sin Miedo el vocero policial. 

Tatiana es la cuarta trans asesinada en Honduras en el 2021. Hasta la fecha, desde el transfemicidio de Vicky Hernández en 2009 han muerto 390 personas LGBTI en Honduras. 

Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, de los 17 casos de este año, 10 son de hombres gay, tres de mujeres lesbianas y cuatro de mujeres trans. 

La impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI+ en Honduras es de un 91 por ciento, revelan datos de la misma institución. 

Era activista nacionalista 

Según su madre, Tatiana era activista del Partido Nacional en Santa Rosa y acompañó a la institución política durante años en diferentes elecciones primarias y generales. 

El partido de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández al que pertenecía Tatiana se ha pronunciado públicamente en contra de leyes que benefician en derechos a las personas LGBTIQ+ y mujeres, pero no por el asesinato de una de las líderes de sus bases. 

Además, el mandatario hondureño ha dicho públicamente su oposición a las propuestas a favor del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y a los defensores de los territorios que se pronuncian contra las ciudades modelos o ZEDE. 

Un activista LGBTIQ+ nacionalista consultado por Reportar Sin Miedo dijo que los estatutos del Partido Nacional prohíben tocar el tema de la diversidad sexual y aborto.  Sin embargo, agregó el entrevistado, muchas personas diversas sexualmente que trabajan en la formación de las bases de la organización política reciben a diario un reconocimiento por parte de los grupos locales por su trabajo en la organización de la participación comunitaria y las estructuras del partido.

Honduras: organizaciones de la diversidad sexual denuncian a JOH por “discurso de odio”

Condenan crimen

La organización LGBTIQ+ Honduras Diversa realizó un pronunciamiento público con una imagen de Tatiana en la que incluyó un mensaje pidiendo justicia. 

“Hagamos oír nuestra voz, nuestro dolor y rabia, exigiendo al Ministerio Público y a los demás entes de investigación criminal en el país que realicen una investigación exhaustiva para que el asesinato de Tatiana no se sume al 91% de impunidad de los crímenes de odio de personas LGBTI+ en Honduras”, dice el comunicado. 

El director de Honduras Diversa, Néstor Hernández, condenó que los medios de comunicación no respetaran la identidad y expresión de género de Tatiana.

Hernández denunció que los medios locales y de circulación nacional colocaron el nombre con el que Tatiana aparece en sus documentos públicos y no su nombre asumido, ya que las personas trans no tienen ley de identidad de género en Honduras.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Honduras Diversa (@hondurasdiversa)

También las asociaciones diversas Arcoíris y Muñecas de Arcoíris realizaron un pronunciamiento público: “No más crímenes de odio contra nuestras hermanas, no más apología para nuestras colectivas”. 

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Casa Arcoiris (@arcoirishn)

Por su parte, el secretario de la Juventud del Partido Libre, Kevin Ramos, dijo en sus redes sociales: “Seguiremos en la lucha por la búsqueda de la justicia. La transfobia es una realidad y más viva que nunca”. 

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Asociacion Cepres (@asociacioncepres)

Honduras tiene una deuda pendiente con las personas trans 

Tatiana debería ser una de las personas LGBTIQ+ beneficiadas por la sentencia en el caso de Vicky Hernández. En cambio, se convierte en otra víctima de un crimen de odio.

El Estado de Honduras fue condenado el 28 de junio por la Corte IDH por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández. La sentencia del caso obliga al país a crear protocolos y normativas para brindar, de forma expedita, identidad de género a las personas trans.

Sin embargo, hasta hoy el gobierno hondureño no ha cumplido ninguno de los mandatos de la Corte IDH incluidos en la sentencia del caso de Vicky. Al contrario, durante el período electoral ha afinado su discurso contra las personas de la diversidad sexual y mujeres, según denuncias de activistas. 

“Al investigar la vida y muerte de Vicky entendimos la falta de acceso a servicios básicos, las dificultades para conseguir empleo formal y las barreras legales para el cambio de nombre y reconocimiento de su identidad y expresión de género que sufren las personas trans. Vimos cómo una cultura persistente de impunidad ha impedido sancionar a quienes cometen crímenes transfóbicos, y cómo muchos gobiernos de la región han optado por ignorar esta realidad. Para hacerle justicia a Vicky hay que entender el modo en el que el sistema les falla a las mujeres trans y cómo se puede mejorar”, escribieron para el New York Times las abogadas Angelita Baeyens y Kacey Mordecai de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights. 

El equipo legal del caso también contó con las abogadas hondureñas Astrid Ramos y Nadia Mejía, de la Red Lésbica Cattrachas.

La red es liderada por Indyra Mendoza, quien el 14 de septiembre fue nombrada junto con Claudia Spellman entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. 

Ambas mujeres diversas sexualmente son las primeras personas hondureñas que obtienen este reconocimiento internacional. 

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Noticias en Español

‘Ser hombre va más allá de tener genitales’: Carlos y Niurka, una familia LGBTQ en Cuba

‘Yo vivo orgulloso’

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Carlos Hernández (Foto de María Lucía Expósito)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 27 de agosto.

LA HABANA — “Tengo muchísimas amistades que me llaman como Carlos, tengo otros allegados como mi familia que me aceptan, pero no se acomodan totalmente a la idea de que no es Diana, sino Carlos”, dice.

“Empecé en la transición hace tres años, siempre había tenido el deseo de estar bajo tratamiento. Comencé gracias a un grupo de amistades que tenía conexiones con la Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual). Hasta ahora he visto muchos cambios en mi cuerpo”, relata.

Carlos Hernández tiene 32 años y no tiene ningún problema con mencionar su nombre legal, aunque nadie se lo pregunte. El nombre antiguo está tan superado que no le preocupa mencionarlo.

Su mamá es la única que insiste en llamarlo Diana y le ha dicho que empezará a llamarlo Carlos cuando haya podido cambiar su nombre en el registro civil. Este argumento se lo inspira una transfobia agonizante, prácticamente derrotada. Ninguna institución tiene la facultad de hacer de Carlos un Carlos legítimo. Sin embargo, el Estado cree que tiene ese poder y para ejercerlo cuenta con oficinas, juristas, médicos, tribunales. Gente como la madre de Carlos, que no entiende bien que el género es otra norma, se excusa con esto.

“La última vez que insistí en buscar trabajo para el Estado me miraron de arriba a abajo cuando vieron mi carnet, me juzgaron por el tamaño”, cuenta Carlos. “Desistí y comencé a trabajar en el sector independiente y así nadie me reprime. Como trans, lo primero que yo desearía no es casarme como una Diana sino como un Carlos, cambiarme el nombre”.

Aunque el matrimonio parece la gran demanda de los colectivos LGBTIQ+ y ha sido el caballo de batalla del activismo, hay mucha gente como Carlos pensando más en derechos laborales o en el respeto al género de las personas trans. Hasta ahora, estos reclamos ni siquiera están en el gran debate público.

Cuando se aprobó el Código de Trabajo, en 2014, quienes legislaron decidieron que quedaba prohibido, a la hora de contratar, discriminar a nadie por su orientación sexual. Sin embargo, algunos diputados se negaron a incluir a la identidad de género en la lista de argumentos usados para descalificar a una persona que busca empleo. La ley entró en vigor con esa falta.

(Foto de María Lucía Expósito)

Carlos coordina una red de activistas afrodescendientes y vive con Niurka. Se conocen desde la adolescencia. Pasaron años desde que volvieron a verse decidieron tener una familia. Niurka tiene un hijo. Ha vivido como una mujer heterosexual. Insiste en que sigue siéndolo, aunque la transfobia general se empeñe en considerarla lesbiana.

“Nunca había tenido una relación con alguna otra mujer, de hecho me gustan los hombres. Por eso estoy con Carlos, porque él realmente lo es”, dice.

“Para mí ser hombre va más allá de tener genitales. Él tiene conceptos, principios y otras cualidades muy bonitas. Creo que debería ser un ejemplo para otros hombres”, opina.

“Luego del reencuentro, sin muchos rodeos, me aparecí en su casa con el niño y punto. Ya vamos para dos años de relación”, cuenta Niurka.

“El niño me dice tío, a veces me dice papá. Soy partidario de no imponer las cosas. Yo vivo orgulloso de esta familia”, dice Carlos y sonríe.

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Noticias en Español

Mujeres trans detenidas en el 11J: A las arbitrariedades reportadas, se añade la violencia de género

Personas por todo el país participaron en las protestas

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Brenda Díaz (izq.) y otras mujeres trans que protestaron el 11J en Cuba (Fotos de Facebook y Tremenda Nota)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el jueves.

LA HABANA — Brenda Díaz García, una mujer trans de 27 años, está encarcelada desde el 11 de julio de 2021. La acusan de haber lanzado piedras durante las protestas en Güira de Melena, el municipio donde reside. Su hermano, Luis Manuel Díaz García, de 16, que fue arrestado cuando intentaba impedir que la detuvieran, asegura que tal acusación es falsa.

“Nosotros salimos a manifestarnos como todo el mundo y cuando regresamos para la casa la policía la vino a buscar. Pero ella no estaba. Andaba caminando, la vieron, le cayeron atrás y la cogieron, y yo fui a defenderla y me cogieron a mí también. La acusan de tirar piedra, pero ella no tiró”, narra.

Según Luis, durante el arresto, Brenda pidió que le aflojaran las esposas porque le dolían las muñecas, y un policía le respondió: “No importa. Sufre”.

Ambos fueron trasladados a la unidad de policía conocida como el Técnico de Cuatro Caminos. A Brenda le permitieron estar en la misma celda que su hermano y allí estuvieron juntos alrededor de una semana. Con ellos había detenidos que no eran de Güira de Melena. En los interrogatorios a los que fueron sometidos, les preguntaban quiénes convocaron a manifestarse y cuánto les habían pagado.

Luis es uno de los 29 adolescentes que el régimen ha detenido, procesado o mantiene bajo investigación penal luego de las masivas protestas del 11 de julio. Cuenta que durmió en el piso durante nueve días y que la comida estaba “fatal”. Asegura, además, que a Brenda, quien tiene una condición de salud, no le dieron buena atención y que los guardias se burlaban de ella haciendo muecas.

“Cuando ella llamaba porque se sentía mal y tenía mareos, no le hacían caso. Hasta que yo cogí y le caí a piñazos a la puerta. Entonces la sacaron y la llevaron a darle un medicamento”, relata.

Luis fue liberado con medida cautelar tras 17 días de detención. “Ahora tengo que ir todos los lunes a firmar en la estación de policía de aquí de Güira y me dijeron que tengo que estar en mi casa tranquilo”, explica.

Por su parte, Brenda, a la semana de estar en el Técnico de Cuatro Caminos, la separaron de su hermano y la trasladaron al campamento Reloj Club de Boyeros y más tarde a una prisión en Melena del Sur, donde se encuentra actualmente.

Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros”, un informe realizado en 2020 por nueve organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, señala: “Las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones”.

A veces, al no contar con todas las protecciones legales que garanticen y respeten el género autopercibido de las personas trans, el propio sistema policial y carcelario no sabe qué hacer con ellas.

De los 20 países analizados en el informe, solo Argentina cumple todos los estándares internacionales: principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, ley contra la violencia hacia mujeres, ley de identidad de género y normas para el alojamiento de personas trans en prisiones.

En países como Cuba, Bolivia y Honduras, aun cuando establezcan en sus leyes generales el principio de igualdad y de no discriminación por identidad de género, las mujeres trans son llevadas a prisiones de hombres o, en el mejor de los casos, a pabellones aparte dentro de las prisiones de hombres.

En Cuba ocurre comúnmente con las encarceladas por “peligrosidad”, que es un eufemismo usado en este caso para designar el trabajo sexual. Son llevadas al correccional para hombres de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y no al correccional de mujeres Macondo, ubicado en Artemisa.

Brenda no ha sido la única persona trans encarcelada por haber participado en las protestas de julio. Nathalie Álvarez, de la ciudad de Colón, Matanzas, fue detenida en su casa el 17 de julio y acusada por desorden público. Permaneció detenida once días y finalmente fue liberada con medida cautelar y se encuentra bajo investigación penal.

Numerosas mujeres trans participaron en las protestas que el pasado julio se dieron a lo largo del país. En La Habana, un grupo de ellas denunció en entrevista para este mismo medio, la situación que las había empujado a manifestarse.

Además de la escasez de comida y de medicamentos y la falta de libertades que afecta a la mayoría de cubanos y cubanas, hicieron hincapié en el acoso policial, en que son procesadas sin haber cometido delito, y hablaron del desempleo, de la transfobia institucional y de la discriminación laboral.

Los reclamos de Brenda, que lleva 25 días detenida, no debieron ser muy diferentes. Su familia está muy preocupada por su situación legal, su salud e integridad física.

Un periodista de Tremenda Nota que fue detenido el 11 de julio y liberado al día siguiente, reportó haber encontrado a dos mujeres trans en la cárcel provisional conocida como el Vivac. Fue testigo de que eran tratadas por las autoridades con su nombre legal y refirió que fueron internadas en celdas junto a hombres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación, a manos de personas privadas de libertad o de carceleros.

El informe citado arriba alerta que “las mujeres trans (…) son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, entre otros”.

Este 4 de agosto, el padre de Brenda y otra hermana fueron hasta la prisión donde se encuentra para llevarle comida. “No la dejan ver, solo pasarle comida”, contaron. Informan que el abogado a cargo del caso le dijo a la familia que no puede hacer nada hasta el lunes próximo.

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