Noticias en Español
El asesinato de una mujer trans que conmocionó a Colombia
Juliana Giraldo Díaz murió en control militar
Nota del editor: El Washington Blade ha publicado una versión de esta nota en inglés.
“¡Por favor ayúdenme a hacer viral este video! ¡El ejército me acaba de matar a mi mujer! ¡Ayúdenme por favor a difundirlo! … Me mataron a Juliana … No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, este man me la mató. Mire no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza”.
Sin poder contener las lágrimas ni la angustia, Francisco Larrañaga suplica por ayuda en un video que él mismo graba. Es el esposo de Juliana Giraldo Díaz, una mujer trans de 38 años, a quien una bala disparada por un soldado del ejército le arrebató la vida al instante mientras pasaba por un puesto de control militar.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la mañana del 24 de septiembre en una zona rural del departamento de Cauca al suroeste de Colombia. Giraldo iba en el asiento del copiloto mientras Larrañaga conducía el auto de color blanco.
Dos versiones del porqué se produjeron los disparos circulan en los medios colombianos: Una, señala que el automóvil no se detuvo en el puesto de control, mientras que la otra apunta a que el vehículo estaría dando reversa.
Esta última fue ratificada por el ejército a través del general Marco Mayorga, comandante de la tercera división. En una entrevista a Caracol Radio, Mayorga comentó que un soldado informó haber disparado a las llantas del vehículo cuando daba marcha atrás cerca del punto de control, pensando que se estaba preparando para chocar contra él.
“El soldado dijo que disparó a los neumáticos para detener el vehículo”, agregó Mayorga. “Me parece que una bala cayó al pavimento y cambió de rumba … lamentablemente golpeando a Juliana”.
El acto fue condenado en Twitter por el presidente Iván Duque y por el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Duque ordenó disponer todo lo necesario para una investigación con celeridad y añadió que el responsable debe recibir un castigo ejemplar.
Holmes refirió que, por el momento, el soldado presuntamente involucrado en los hechos y otros uniformados que lo acompañaban han sido apartados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes.
Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación colombiana informó que el equipo especial designado para investigar el asesinato indagará si Giraldo fue atacada por su identidad de género.
La pérdida de Giraldo eleva a 28 la cifra de personas trans asesinadas este año en Colombia, según un reporte de la Red Comunitaria Trans, un grupo de derechos trans. La violencia contra miembros de la comunidad LGBTQ ha aumentado durante los primeros ocho meses del 2020, cuando al menos 63 personas, incluidas 17 mujeres trans, ha sido asesinadas.
‘Juliana no murió. La mataron’
Un manifestante en las afueras de la sede de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, Colombia, sostiene un cartel que dice: “Juliana no murió. La mataron”. Como él, miles de colombianos se reunieron frente a las instalaciones del Ejército en las ciudades de Cali, Medellín y Popayán para manifestar su indignación por el fatal incidente.
La pérdida de Giraldo ha conmocionado a la sociedad colombiana en general, pero especialmente a la comunidad LGBTQ, que ha criticado fuertemente al ejército y clama por justicia. El asesinato de Giraldo vino a elevar mucho más las tensiones, pues ya se habían registrado numerosas denuncias de abusos y exceso de fuerza de miembros de la policía.
Laura Weinstein, directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) refirió al Blade que el asesinato de Giraldo evidencia las violencias estructurales de Colombia, donde las todavía las Fuerzas Armadas, ya sean legales o ilegales, tienen un poder muy fuerte.
“La muerte de Juliana termina reflejando un país violento, donde el que tiene las armas predomina y termina haciendo daño”, apuntó.
Wilson Castañeda Castro, director de la organización Caribe Afirmativo, destaca que el homicidio de Giraldo expresa el alto estado de vulnerabilidad que tienen las personas trans en Colombia.
Castañeda explica que es inconcebible la idea de una “bala desviada” que iba al piso y terminó con la vida de Giraldo, pues el tipo de armamento que usa el ejército expulsa varios tiros y no uno solo. “La herida que acabó con la vida de Juliana fue en su cabeza y ella estaba sentada en el vehículo, situación que hace imposible el ejercicio físico que presentan y no había señalización de retén militar. Testigos aseguran que el ejército disparó, no para disuadir, sino para acabar con su vida”.
Weinstein comentó que un “accidente” no puede ser una justificación para obviar lo sucedido. “Aquí sí pasó algo, que no se hizo de la manera que se debió haber hecho. Según he podido leer, dicen que no había ningún retén militar donde pararan a las personas, sino que de la nada salieron los militares, del medio de los árboles y esta no es la manera de proceder”.
“En términos generales el movimiento LGBT de Colombia está altamente preocupado. Vemos que paulatinamente se van perdiendo los logros obtenidos en materia de derechos humanos, que el Estado, lejos de ser protector y garante, está asumiendo un papel de violador y de no prevención o sanción de la violencia. De otro lado, se incrementan los niveles de miedo por los efectos sociales y los mensajes de terror que infunden en todo el colectivo este tipo de violencia”, apunta Castañeda.
Según Castaneda, ni el presidente, ni su equipo de trabajo, ni mucho menos el Ministerio del Interior, que lleva la agenda LGBTQ, no se han pronunciado, ni frente a este caso, ni a los más de 60 ocurridos durante el año.
“Ni siquiera este tipo de violencia les motiva a convocar y a trabajar. Para Caribe Afirmativo, la omisión del gobierno actual deja claro que no es de su interés la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas LGBT y su silencio ante crímenes de Estado como el de Juliana, deja constancia de una complicidad con la violencia”.
Weinstein agrega por último que como parte de la sociedad civil deben exigir un desenlace justo a esta situación. “Confiamos que la justicia cumpla con su papel y vuelva la confianza, que no tenemos precisamente, por las enormes violencias a los que nos vemos sometidos de forma constante”.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
‘Jonah’ an undeniably compelling but unusual memory play
The Oscar-losing performance that’s too good to miss
Trump tells Fox News he won the ‘gay vote’ — but polls tell a different story
Anti-trans visa ruling echoes Nazi regime destroying trans documents
Japanese Supreme Court to consider marriage equality
D.C. goes gaga for Gaga
Menaka Guruswamy celebrated as India’s first openly LGBTQ MP
HRC to host National Rainbow Seder
Gay priest credited with boosting church support for LGBTQ Catholics
