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Chimuelo, unas veces policía y otras veces disidente en San Isidro
Director del medio socio del Blade fue detenido el domingo
LA HABANA — Vamos en una patrulla por la avenida de Boyeros, en La Habana. A la policía que me conduce le gustan los dibujos animados, en particular la saga de “How to Train your Dragon” (“Cómo entrenar a tu dragón”), producida por Dreamworks Animation en 2010.
“Me puse muy triste cuando se quedaron solos en la isla, porque ya Chimuelo tenía hasta un ‘chimuelito'”, dice. “Siempre estoy buscando muñequitos, él también”, señala a su compañero que va al timón.
Chimuelo es un dragón que entrena Hipo, un vikingo. Los vikingos y los dragones se odian, pero, a pesar de la inquina, Hipo no se decide a matarlo. Se hacen amigos. Es la clase de historia que tanto gusta de amores prohibidos, de relaciones impensables, de los triunfos de la humanidad sobre el prejuicio.
Esta patrulla me embarcó en La Habana Vieja y yo iba encantado con ellos, divertidísimo, con las esposas puestas como indica el protocolo.
“No me las aprietes mucho”, le dije al muchacho antes de darle las muñecas.
“No te preocupes, que tú tienes las manos flacas”, respondió cariñoso.
Quedaron sueltas, casi cómodas. Me senté de costado la mayor parte del viaje, para no apoyar la espalda sobre esas insignias de la autoridad que el cine porno ha desprestigiado tanto.
Yo quería ser detenido, de qué me iba a quejar. La tarde se me amargó cuando supe que la policía había sacado del Parque Central a la periodista Luz Escobar y ahí mismo decidí pedirles de favor que me detuvieran para tranquilizarme. Es la filosofía de Thoreau: ir preso te calma.
Llevo días inquieto por el Movimiento San Isidro, un grupo de activistas que decidió encerrarse para presionar al gobierno y conseguir la libertad de Denis Solís, un rapero. No digo #FreeDenis en las redes sociales, como tanta gente que estimo, ni me he callado como otros que también respeto, por más que prefiera ver a Denis libre para decir disparates. No es tan fácil sumarme, aunque el proceso contra Denis sea irregular y merezca una revisión, porque no hay modo de que los maricones, las tuercas y las trans podamos simpatizar con él. Hace falta distanciarse, comprender quién es y por qué está preso. Ser detenido por la misma gente que procesó a Denis, ayuda.
“Raúl Castro es maricón, ustedes se subordinan al homosexual”, dijo el rapero a un policía que, no sabemos todavía para qué, apareció en su casa. El incidente fue transmitido en Facebook por el propio Denis. Se le notaba por encima de la mascarilla que era un policía viejo, no uno de los que conocen a Chimuelo y me transportan alegres hacia algún punto del sur de La Habana.
“¡Usted es un penco (cobarde) envuelto en un uniforme!”, gritó Denis. El oficial, callado. La policía cubana no es tan discreta. Carga todas las semanas con alguien de San Isidro y se lo llevan a la unidad de Cuba y Chacón para que no les alborote La Habana Vieja.
Lo entrenan como Hipo enseñó a Chimuelo, para que vaya, venga de las unidades, y en ese paseo le florezca la pena, pierda la comprensión del contexto, empiece a creer, por ejemplo, que Trump tiene un remedio para Cuba, que Alex Otaola y Eliecer Ávila son unos sabios, que Fidel Castro era un vikingo y ellos, los de San Isidro, son los dragones.
La única opción que tengo como reportero, antes que ponerme a clamar por la inocencia de Denis Solís, es enterarme de quién es, de qué le acusan y armar con eso una historia sin lugares comunes, no una de relaciones desaprobadas que al final funcionan y nos dejan crecer gracias a su moraleja.
Denis es un homofóbico estridente y un analfabeto político que le gritaba al policía: “Yo soy el lobo solitario y te voy a explotar, ¡Trump 2020!”. Sin embargo, por eso no se puede aceptar, no se debe, que condenen a Denis sin defensa con la fórmula abreviada que usaron, típica de una justicia viciada.
Mejor que libertad para Denis sería pedir un proceso justo, hacer una solitud más viable que la opinión pública pueda respaldar, sobre todo porque San Isidro no solo tiene hambre de justicia a esta hora. Hace cuatro días algunos de los confinados dejaron de comer y de beber. La huelga empezó después que una vecina les traía alimentos y perdió la jaba en la esquina a manos de la policía.
Desde entonces, los activistas piden más: a Denis en hábeas corpus, liberado en la puerta de la casa donde están confinados; el cierre de las tiendas que el gobierno inauguró hace meses para vender productos básicos en dólares mientras no hay nada que comprar en pesos; por último, porque no vale menos la bondad de los amigos, la devolución de la jaba de comida confiscada. Quieren lo poco y lo mucho. Para lograrlo solo tienen la moneda de cambio de sus cuerpos.
“A mi marido en el pueblo le dicen Veneno”, cuenta la policía a su colega cuando la patrulla rodea el aeropuerto. “¡Fíjate lo malo que era ese niño!”.
A Maykel Castillo, uno de los huelguistas de hambre y sed, le dicen Osorbo, que significa daño en yoruba. Veneno, Osorbo y Chimuelo son como hermanos. Solo por azar los que me custodian son patrulleros y no disidentes. Denis Solís, en otras circunstancias, estaría patrullando con piel de “lobo solitario”, aunque su presidente, dice que Donald Trump, sea misógino, xenófobo y racista. Suena muy elegante Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal, pero también se nota la banalidad del bien en el Movimiento San Isidro.
Porque todos los poderes, sin excepción, se fundan en la sinrazón de dominar, la disidencia tiene que ser la alternativa de la razón liberadora. La que no venga con esa cualidad vive como San Isidro, en una huelga que va a matar a alguno en nombre de la libertad de Denis Solís, de la crisis económica que simbolizan las tiendas en dólares y de una jaba arrebatada en la esquina por la policía ratera que siente la saga de Chimuelo como una obra maestra.
Las razones que tienen para morir en San Isidro son tan buenas, o tan malas, como las que podrían tener para vivir. Como se cree que vivir es un estado más garantizado y morirse nos parece a los vivos un gesto extremo, la mayoría de los que están al tanto de los activistas, gente viva, decidida a seguir así, podrá creer que estos argumentos no son suficientes para elegir el hambre letal.
El respeto que se siente ante el valor de quien decide morirse por defender algo, no basta para creer, además, que muere con toda la razón de su parte.
La policía que es novia de Veneno y su colega me traen hasta una calle oscura del pueblo de Santiago de las Vegas, al sur de La Habana. El viaje termina aquí. Devolvieron el teléfono. Les pregunto cómo volver a La Habana, dónde comerme un pan, y me explican que vuelva sobre mis pasos hasta donde hay merenderos y una parada del P12. Les digo que “gracias”.
Es justo indicar que ellos me cumplieron el sueño de ser detenido ese día. Dije “por favor, deténganme” y lo hicieron, como igualmente le cumplirán a los activistas de San Isidro el “por favor, déjenme morir”. Los patrulleros te cumplen estos pedidos, te tratan como a Chimuelo. Eres para ellos un amor imposible con moraleja.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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