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Una huelga de hambre en San Isidro, la protesta que no deja dormir a La Habana

Huelguistas fueron expulsados de su sede el jueves

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Luis Manuel Otero Alcántara durante la huelga de hambre en San Isidro (Foto de Katherine Bisquet)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su portal el 27 de noviembre.

LA HABANA — Un grupo de artistas y activistas disidentes del gobierno cubano, protagoniza una de las crisis políticas más agudas que ha vivido el país en lo que va de siglo.

Al cabo de 10 días acuartelados en una casa de La Habana Vieja y después de una semana en huelga de hambre, los activistas del Movimiento San Isidro (MSI) fueron desalojados a la fuerza en la noche de este jueves durante una gran operación policial.

Este desenlace era uno de los menos probables para un incidente que ya dura un par de semanas. Antes se esperaba el agravamiento y la probable hospitalización de Luis Manuel Otero Alcántara o de Maykel Osorbo, los dos miembros del grupo que también asumieron una huelga de sed. El gobierno, sin embargo, usó como argumento la epidemia de coronavirus para irrumpir en la sede de MSI.

Una nota aparecida en la prensa oficial justificó el desalojo diciendo que el periodista Carlos Manuel Álvarez, recién llegado desde el extranjero, debía repetirse el test de covid-19. El reportero se reunió con los huelguistas después de evadir —”vestido de turista”, dijo— la vigilancia que tenía la policía sobre la casa de la calle Damas entre San Isidro y Avenida del Puerto, en la zona más antigua de la capital.

A su llegada se encontró a 14 personas que llevaban varios días viviendo juntas en un edificio casi derrumbado que los activistas de MSI intentan reconstruir poco a poco. Luis Manuel estaba muy débil a esas alturas de su huelga de hambre y sed.

La mayoría de las fuentes disponibles sobre deshidratación aseguran que un organismo común podría vivir sin agua entre 3 y 5 días. “Se han reportado casos de personas que lograron sobrevivir por más tiempo”, dice una nota sobre el tema publicada en 2016. Luis Manuel, al parecer, es una de esas. Aguantó 6.

En la tarde del 25 de noviembre, el activista comunicó que dejaría la huelga de sed. “Hoy amanecí con ganas de crear, con ganas de vivir”, escribió en su página de Facebook. “Seguiré mi lucha por la libertad del Denis y de todos los hermanos presos y abusados por un régimen en decadencia”, advirtió en su mensaje.

Los activistas eligieron ese confinamiento voluntario después de ser detenidos constantemente por la policía mientras solicitaban la liberación de Denis Solís, un rapero que fue sancionado a 8 meses de prisión por el delito de desacato.

Solís fue detenido a los pocos días haber insultado a un policía en una transmisión de Facebook. “Sígueme haciendo acoso pa’ que tú veas que vas a explotar. ¡Donald Trump 2020!”, le gritó al policía. También usó insultos homofóbicos que preocuparon y alejaron de MSI a una parte de la comunidad LGBTI+ organizada en La Habana, aunque Denis Solís se disculpara por esas ofensas en el último video colgado en su perfil.

Los acuartelados incluyeron en su campaña otra petición: el cierre de las tiendas que venden productos básicos en dólares estadounidenses, una decisión desesperada del gobierno para sobrevivir a la crisis económica que empeoró la epidemia de covid-19.

El último motivo para ponerse en huelga de hambre apareció cuando la policía interceptó a una vecina que les alcanzaba una bolsa de alimentos. Aunque se restableció luego el suministro, una parte de los acuartelados decidió continuar sin alimentarse hasta que Denis Solís quedara en libertad.

El proceso contra el rapero, como permite la ley cubana, fue sumario. En pocos días ya estaba en la cárcel. Varios juristas consideran que ese tipo de procedimiento, aunque legal en Cuba, no respeta las garantías que merece cualquier acusado.

La liberación de Denis Solís, el punto en el que más insistieron los huelguistas, ha sido problemática para quienes piensan que el rapero sí cometió desacato.

Además, varios sitios estatales lo han relacionado con presuntos terroristas en un video difundido en la última semana. En las imágenes, tomadas durante un interrogatorio policial, Solís admite haber estado relacionado con José Luis Fernández Figuera, un sujeto que el mismo material considera “autor de varios hechos de sabotajes hechos en Cuba, circulado por las autoridades cubanas desde el año 2017”.

El video presenta a Figuera como “miembro de una organización terrorista autodenominada ‘Lobos Solitarios’”. Sin embargo, no existe información pública sobre ese grupo terrorista ni acerca de los sabotajes que se le atribuyen.

“Lobo solitario” es un término genérico usado en las últimas décadas para referirse a individuos que actúan como terroristas por su cuenta, sin afiliarse a ninguna organización.

Los huelguistas de MSI desestimaron estas acusaciones, lo mismo que abogados como Eloy Viera Cañive. “Lo que para cualquier persona podría considerarse una confesión, para mí es una manipulación. Denis Solís no fue sancionado por ningún delito de mercenarismo, por recibir dinero, por estar instrumentalizado desde ningún lugar, fue sancionado por un delito de desacato”, dijo el jurista en una transmisión de la revista digital El Toque.

No existe ninguna versión, ni oficial ni independiente, que explique las razones por las que el policía entró a la casa de Solís. El único documento a la vista es la directa del propio acusado, donde se le ve insultar al oficial sin recibir ninguna réplica.

Ese fue el incidente que provocó la huelga de hambre y sed en una casa de San Isidro. Pero todo llegó mucho más lejos y se ha convertido en un foco de rebelión civil, no violenta, que genera simpatías y rechazos indistintamente.

Los desalojaron y se fueron al Ministerio de Cultura

Sobre las 8 pm de este jueves, los usuarios de Facebook e Instagram no pudieron acceder a esas redes sociales desde La Habana. En la próxima hora, los sitiados y sus amigos serían desalojados con violencia sin que quedaran más evidencias gráficas que las tomadas por la policía.

Después de ser expulsados, los miembros de MSI y las otras personas que se alojaban con ellos, fueron liberados en sus viviendas legales. Durante la madrugada de este viernes, sin embargo, se produjeron nuevas detenciones.

Luis Manuel Otero Alcántara no aceptó quedarse en el apartamento de Katherine Bisquet, como sugirieron las autoridades, que mantenían ocupada a esa hora la sede de la huelga en San Isidro. Entonces continuó bajo custodia. Anamely Ramos, en protesta por la situación de Luis Manuel, se hizo detener frente a su edificio en Centro Habana.

En la tarde de este viernes, se conoció que Ramos se hallaba en casa de la activista Omara Ruiz Urquiola, una de las desalojadas de San Isidro. De Luis Manuel Otero Alcántara no hay noticia. Amnistía Internacional emitió un comunicado donde lo calificó como “prisionero de conciencia”.

Decenas de artistas y activistas se manifiestan todavía a esta hora (9:30 pm) frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, para protestar contra el desenlace violento contra los sitiados en San Isidro.

Los promotores de la manifestación que comenzó en la mañana y sumó a más de cien personas, difundieron un documento con demandas para el gobierno.

“Repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”, dice el documento.

“En solidaridad con nuestros hermanos del Movimiento San Isidro exigimos que la justicia no se ejerza a discreción”, observa también, para después solicitar al gobierno que “elimine el odio político y cree sistemas reales y efectivos desde donde se escuchen las demandas de la ciudadanía estableciendo garantías para un diálogo desprejuiciado y honesto que no tenga represalias para los que alzan su voz”.

Al cierre de esta nota, 30 de los manifestantes fueron admitidos en el Ministerio de Cultura para exponer sus demandas al viceministro Fernando Rojas, según varias fuentes consultadas en el lugar de la protesta.

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Escritora trans venezolana reivindica una fe sin exclusiones ante la visita del papa a Sudamérica

León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú

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el papa León XIV (Foto de Vatican News/X)

La visita del papa León XIV a Sudamérica, prevista para noviembre, ofrece un contexto para abordar una cuestión que atraviesa el testimonio de la escritora venezolana Marisol Johana Díaz Reyes de Córdova: el lugar de las personas trans en las comunidades de fe.

Radicada en Uruguay, Díaz de Córdova reúne en su libro “Vida Trans: Porque la sociedad nos ha separado hasta de Dios” su experiencia como mujer trans y migrante, su participación política y su relación con la espiritualidad.

La Santa Sede anunció que León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026, antes de continuar por Argentina y Perú. El recorrido sudamericano está previsto del 6 al 17 de noviembre.

Ante ese horizonte, la autora reivindica el amor al prójimo y la fraternidad como fundamentos de una convivencia que reconozca la dignidad de las personas trans. Su planteamiento encuentra un antecedente en el mensaje del fallecido papa Francisco a las personas LGBTQ.

En una respuesta escrita al sacerdote jesuita James Martin, publicada por Vatican News en mayo de 2022, Francisco afirmó: «Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos». En el mismo intercambio defendió una Iglesia que convocara a todos sus hijos y rechazó una concepción selectiva de la comunidad eclesial.

Díaz de Córdova relaciona ese mensaje con el mandamiento evangélico de amarse unos a otros. Desde su experiencia personal, sostiene que reconocerse como hermanos e hijos de Dios debe traducirse en respeto hacia quienes han vivido rechazo por su identidad.

Su obra ya ha generado debate público. La presentación de Vida Trans en un ámbito vinculado al Partido Nacional motivó un planteamiento del Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay ante las autoridades partidarias. CBN Nicaragua recogió el episodio en agosto.

La organización evangélica precisó que su preocupación se centraba en el contexto institucional de la actividad y que no cuestionaba el derecho de la autora a escribir, publicar o presentar el libro. Esa distinción permite situar el desacuerdo sin atribuirle una prohibición de la obra.

El recorrido de la escritora ofrece un punto de partida para un reportaje internacional sobre migración, diversidad y pertenencia religiosa. Su testimonio plantea cómo se vive la fe desde una identidad que puede convertirse en motivo de exclusión y qué respuestas encuentran esas experiencias dentro de las comunidades creyentes.

La próxima visita papal aporta el contexto de actualidad. La voz de Díaz de Córdova aporta la dimensión humana: una autora que escribe sobre su relación con Dios y reivindica que el reconocimiento de la dignidad alcance también a las personas trans.

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Central America

Alianza para la Inclusión fortalece la defensa de derechos LGBTQ en Centroamérica

Se implementa el proyecto en Guatemala, El Salvador y Honduras

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Promover, proteger y defender los derechos humanos de las personas LGBTQ en Centroamérica es el propósito del proyecto “Alianza para la Inclusión: hacia la promoción de derechos LGBTIQ+ en Centroamérica”, una iniciativa subvencionada por la Unión Europea, Global Gateway, Oikos Cooperação e Desenvolvimento y Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, que articula esfuerzos en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El proyecto, cuya implementación se desarrolla entre 2025 y 2028, busca fortalecer a organizaciones, liderazgos comunitarios y redes regionales frente a contextos marcados por la discriminación, la violencia y la reducción del espacio cívico.

A través de procesos de formación, atención integral, protección, fortalecimiento organizativo, incidencia y articulación regional, la iniciativa procura generar condiciones más seguras y dignas para que las personas LGBTQ puedan ejercer plenamente sus derechos.

Formación y fortalecimiento de liderazgos

Durante los primeros 18 meses de ejecución, el proyecto ha desarrollado acciones de formación y acompañamiento, otorgado subvenciones a colectivos comunitarios, impulsado estrategias de seguridad integral y respaldado procesos regionales de articulación e incidencia.

Uno de los resultados reportados es la participación de 489 personas LGBTQ de Guatemala, El Salvador y Honduras en procesos formativos relacionados con la desnaturalización de la violencia, organización e incidencia. Asimismo, 41 personas líderes LGBTQ de El Salvador y Guatemala fortalecieron sus capacidades para la formulación de proyectos.

Para Pedro Campos, coordinador de Oikos — Cooperação e Desenvolvimento en El Salvador, estos procesos tienen una dimensión que trasciende lo técnico.

“Desde hoy estamos cada día más convencidas y convencidos de que la gestión de proyectos más que técnica o administrativa es esencialmente humana. Nunca debemos olvidar que la persona en toda su diversidad es el centro de nuestro quehacer. Y si un día la empatía y el amor nos abandonan, habremos perdido la esencia de nuestro trabajo”.

La formación también ha significado una oportunidad para fortalecer liderazgos comunitarios. Josh Hernández, persona no binaria y codirectore de Espacios Seguros El Salvador, destaca el impacto que tuvo su participación.

“Esta experiencia me ha fortalecido como activista y como parte de una organización comunitaria, y me ha permitido ampliar mi visión y soñar con nuevas actividades que contribuyan a construir una cultura de paz en nuestra sociedad salvadoreña”, comenta Hernández.

Atención integral para personas LGBTQ en situación de vulnerabilidad

En El Salvador, uno de los componentes del proyecto se ha enfocado en brindar atención integral a personas que enfrentan situaciones de violencia, discriminación o vulnerabilidad.

A través de COMCAVIS TRANS, el proyecto permitió atender a 128 personas, mediante servicios psicosociales, legales y de resguardo temporal en su albergue.

La atención incluyó orientación para activar mecanismos de denuncia y medidas de protección, además de contención emocional, manejo de crisis y acompañamiento para la estabilización de condiciones básicas.

La experiencia también se ha extendido a Honduras. Loren López, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Lesbianas y Bisexuales LITOS, resaltó el valor de generar espacios seguros para mujeres lesbianas, bisexuales y personas LTBQ (lesbianas, trans, bisexuales y queer).

“Me quedo con la satisfacción de haber contribuido a crear espacios donde una mujer LTBQ+ pueda sentirse segura, escuchada y reconocida, sin tener que esconder quién es. Esta experiencia fortaleció a LITOS y nos dejó nuevas herramientas y posibilidades para seguir trabajando por los derechos y la eliminación de la discriminación”, agrega López. 

La seguridad integral como herramienta de protección

En contextos donde quienes defienden derechos pueden enfrentar diferentes tipos de riesgos, el proyecto ha incorporado la seguridad integral como un componente fundamental.

Durante 2026, 140 personas LGBTQ pertenecientes a seis organizaciones participaron en procesos de formación sobre seguridad integral, abordando dimensiones físicas, digitales y emocionales.

Como resultado, seis organizaciones elaboraron y consolidaron sus propios planes de seguridad integral, incorporando medidas de prevención y respuesta ante riesgos físicos y digitales, con especial énfasis en la protección de información sensible, el uso seguro de plataformas digitales y la gestión de incidentes en entornos virtuales.

Incidencia para transformar políticas y garantizar derechos

La iniciativa también ha acompañado procesos de incidencia y litigio estratégico en Guatemala.

La Asociación LAMBDA, junto con la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), acompañó una consulta nacional con personas LGBTQ para contribuir a la elaboración de una Estrategia Nacional para las personas LGBTQ, cuyo proceso se encontraba en elaboración y cuya aprobación se esperaba para finales de 2026.

Asimismo, en julio de 2026 fue presentada ante la Corte Constitucional de Guatemala una acción de inconstitucionalidad como parte de una estrategia nacional de litigio estratégico orientada a la aprobación del matrimonio igualitario. Al cierre de la actualización de resultados de este año, el proceso permanecía pendiente de resolución.

El acompañamiento jurídico también ha permitido apoyar procesos individuales relacionados con el reconocimiento de la identidad.

Uno de estos casos es el de Paula Escobar, mujer trans guatemalteca acompañada por LAMBDA en el proceso de cambio de nombre en sus documentos de identidad.

“Ha sido el paso más grande de mi vida, pues me libró de momentos incómodos y de dar explicaciones para ser reconocida como la mujer que soy”.

De acuerdo con el testimonio, la organización se encargó de la gestión legal y aproximadamente seis meses después obtuvo una respuesta favorable.

Redes regionales para ampliar el alcance de la defensa de derechos

La articulación regional constituye otro de los componentes del proyecto. La iniciativa ha apoyado a redes latinoamericanas que buscan fortalecer y posicionar el trabajo de organizaciones LGBTQ.

Entre ellas se encuentra la Alianza Centroamericana y del Caribe de Hombres Trans, que articula organizaciones y personas transmasculinas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Durante su primer año, ALICAHT desarrolló su Plan Estratégico y Reglamento Interno 2025-2030, además de su identidad gráfica y sitio web.

Otro proceso regional respaldado fue el III Congreso Regional de CORPORA en Libertad, realizado en Guatemala en diciembre de 2025. El encuentro reunió esfuerzos orientados a fortalecer la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de las personas LGBTQ privadas y exprivadas de libertad en América Latina y el Caribe.

El espacio permitió fortalecer la articulación regional y compartir experiencias y estrategias frente a los desafíos que enfrentan las personas LGBTQ dentro y fuera de los sistemas penitenciarios.

Ari Vera, fundadora de CORPORA, ha destacado la importancia del trabajo en red como una herramienta para generar transformaciones y fortalecer las capacidades colectivas.

Inclusión más allá de las palabras

Durante el Foro “El Impacto de Incluir”, uno de los planteamientos centrales fue que la inclusión requiere transformaciones concretas y no únicamente el uso de conceptos o siglas.

Jason García, técnico PMA de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje para Oikos El Salvador, señaló una de las barreras que persisten en los proyectos. “Una de las barreras en los proyectos es que son binarios y no se reconocen las otras identidades”.

Desde esta perspectiva, un proyecto inclusivo no se limita a utilizar la palabra inclusión o incorporar las siglas LGBTQ, sino que requiere revisar prácticas, metodologías, mecanismos de participación y formas de reconocer la diversidad.

Como parte de este proceso también se preparó una guía práctica que sistematiza instrumentos y mecanismos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, destacando su importancia histórica en la ampliación y protección de derechos.

La compilación fue presentada en la X Conferencia de la Red ILGA LAC y en el 18º Encuentro de la Red Centroamericana de Intercambio Académico en Derechos Internacionales, realizado en la Universidad de El Salvador.

Cooperación centrada en las personas

Los resultados alcanzados durante los primeros 18 meses reflejan una estrategia que combina formación, atención directa, protección, fortalecimiento institucional, incidencia y construcción de redes.

Para la Unión Europea, colocar a las personas en el centro constituye un elemento fundamental de la cooperación. Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea en El Salvador, expresó “Desde la Unión Europea seguiremos apostando para una cooperación que pone en el centro a las personas. Porque el verdadero impacto de influir se mide en vidas transformadas, en derechos conquistados y en sociedades que celebran con orgullo su diversidad”.

Duccio Bandini el embajador de la Unión Europea a El Salvador. (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Con una implementación prevista hasta 2028, la Alianza para la Inclusión continúa articulando organizaciones nacionales y redes latinoamericanas para fortalecer capacidades y generar herramientas que permitan a las personas y organizaciones LGBTQ enfrentar los desafíos de sus contextos y avanzar en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

Más allá de las cifras y los productos alcanzados, el proyecto coloca en el centro una premisa: la inclusión se construye cuando las personas pueden participar, organizarse, defender sus derechos y vivir su identidad con dignidad y seguridad.

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Ecuador

Caso Karlina: Una sentencia histórica contra las terapias de «conversión»

Karlina Quiroz, una mujer trans de Chone, fue internada contra su voluntad

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(Foto cortesía de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 17 de septiembre.

La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.

Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia. 

La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.

Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.

El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.

De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.

Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.

Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.

Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.

Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.

El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.

De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.

Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.

De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros. 

“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.

Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.

Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.

El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.

La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión. 

En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos. 

La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima. 

“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.

Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.

Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.

En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.

Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.

El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.

“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.

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