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Una huelga de hambre en San Isidro, la protesta que no deja dormir a La Habana

Huelguistas fueron expulsados de su sede el jueves

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Luis Manuel Otero Alcántara durante la huelga de hambre en San Isidro (Foto de Katherine Bisquet)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su portal el 27 de noviembre.

LA HABANA — Un grupo de artistas y activistas disidentes del gobierno cubano, protagoniza una de las crisis políticas más agudas que ha vivido el país en lo que va de siglo.

Al cabo de 10 días acuartelados en una casa de La Habana Vieja y después de una semana en huelga de hambre, los activistas del Movimiento San Isidro (MSI) fueron desalojados a la fuerza en la noche de este jueves durante una gran operación policial.

Este desenlace era uno de los menos probables para un incidente que ya dura un par de semanas. Antes se esperaba el agravamiento y la probable hospitalización de Luis Manuel Otero Alcántara o de Maykel Osorbo, los dos miembros del grupo que también asumieron una huelga de sed. El gobierno, sin embargo, usó como argumento la epidemia de coronavirus para irrumpir en la sede de MSI.

Una nota aparecida en la prensa oficial justificó el desalojo diciendo que el periodista Carlos Manuel Álvarez, recién llegado desde el extranjero, debía repetirse el test de covid-19. El reportero se reunió con los huelguistas después de evadir —”vestido de turista”, dijo— la vigilancia que tenía la policía sobre la casa de la calle Damas entre San Isidro y Avenida del Puerto, en la zona más antigua de la capital.

A su llegada se encontró a 14 personas que llevaban varios días viviendo juntas en un edificio casi derrumbado que los activistas de MSI intentan reconstruir poco a poco. Luis Manuel estaba muy débil a esas alturas de su huelga de hambre y sed.

La mayoría de las fuentes disponibles sobre deshidratación aseguran que un organismo común podría vivir sin agua entre 3 y 5 días. “Se han reportado casos de personas que lograron sobrevivir por más tiempo”, dice una nota sobre el tema publicada en 2016. Luis Manuel, al parecer, es una de esas. Aguantó 6.

En la tarde del 25 de noviembre, el activista comunicó que dejaría la huelga de sed. “Hoy amanecí con ganas de crear, con ganas de vivir”, escribió en su página de Facebook. “Seguiré mi lucha por la libertad del Denis y de todos los hermanos presos y abusados por un régimen en decadencia”, advirtió en su mensaje.

Los activistas eligieron ese confinamiento voluntario después de ser detenidos constantemente por la policía mientras solicitaban la liberación de Denis Solís, un rapero que fue sancionado a 8 meses de prisión por el delito de desacato.

Solís fue detenido a los pocos días haber insultado a un policía en una transmisión de Facebook. “Sígueme haciendo acoso pa’ que tú veas que vas a explotar. ¡Donald Trump 2020!”, le gritó al policía. También usó insultos homofóbicos que preocuparon y alejaron de MSI a una parte de la comunidad LGBTI+ organizada en La Habana, aunque Denis Solís se disculpara por esas ofensas en el último video colgado en su perfil.

Los acuartelados incluyeron en su campaña otra petición: el cierre de las tiendas que venden productos básicos en dólares estadounidenses, una decisión desesperada del gobierno para sobrevivir a la crisis económica que empeoró la epidemia de covid-19.

El último motivo para ponerse en huelga de hambre apareció cuando la policía interceptó a una vecina que les alcanzaba una bolsa de alimentos. Aunque se restableció luego el suministro, una parte de los acuartelados decidió continuar sin alimentarse hasta que Denis Solís quedara en libertad.

El proceso contra el rapero, como permite la ley cubana, fue sumario. En pocos días ya estaba en la cárcel. Varios juristas consideran que ese tipo de procedimiento, aunque legal en Cuba, no respeta las garantías que merece cualquier acusado.

La liberación de Denis Solís, el punto en el que más insistieron los huelguistas, ha sido problemática para quienes piensan que el rapero sí cometió desacato.

Además, varios sitios estatales lo han relacionado con presuntos terroristas en un video difundido en la última semana. En las imágenes, tomadas durante un interrogatorio policial, Solís admite haber estado relacionado con José Luis Fernández Figuera, un sujeto que el mismo material considera “autor de varios hechos de sabotajes hechos en Cuba, circulado por las autoridades cubanas desde el año 2017”.

El video presenta a Figuera como “miembro de una organización terrorista autodenominada ‘Lobos Solitarios’”. Sin embargo, no existe información pública sobre ese grupo terrorista ni acerca de los sabotajes que se le atribuyen.

“Lobo solitario” es un término genérico usado en las últimas décadas para referirse a individuos que actúan como terroristas por su cuenta, sin afiliarse a ninguna organización.

Los huelguistas de MSI desestimaron estas acusaciones, lo mismo que abogados como Eloy Viera Cañive. “Lo que para cualquier persona podría considerarse una confesión, para mí es una manipulación. Denis Solís no fue sancionado por ningún delito de mercenarismo, por recibir dinero, por estar instrumentalizado desde ningún lugar, fue sancionado por un delito de desacato”, dijo el jurista en una transmisión de la revista digital El Toque.

No existe ninguna versión, ni oficial ni independiente, que explique las razones por las que el policía entró a la casa de Solís. El único documento a la vista es la directa del propio acusado, donde se le ve insultar al oficial sin recibir ninguna réplica.

Ese fue el incidente que provocó la huelga de hambre y sed en una casa de San Isidro. Pero todo llegó mucho más lejos y se ha convertido en un foco de rebelión civil, no violenta, que genera simpatías y rechazos indistintamente.

Los desalojaron y se fueron al Ministerio de Cultura

Sobre las 8 pm de este jueves, los usuarios de Facebook e Instagram no pudieron acceder a esas redes sociales desde La Habana. En la próxima hora, los sitiados y sus amigos serían desalojados con violencia sin que quedaran más evidencias gráficas que las tomadas por la policía.

Después de ser expulsados, los miembros de MSI y las otras personas que se alojaban con ellos, fueron liberados en sus viviendas legales. Durante la madrugada de este viernes, sin embargo, se produjeron nuevas detenciones.

Luis Manuel Otero Alcántara no aceptó quedarse en el apartamento de Katherine Bisquet, como sugirieron las autoridades, que mantenían ocupada a esa hora la sede de la huelga en San Isidro. Entonces continuó bajo custodia. Anamely Ramos, en protesta por la situación de Luis Manuel, se hizo detener frente a su edificio en Centro Habana.

En la tarde de este viernes, se conoció que Ramos se hallaba en casa de la activista Omara Ruiz Urquiola, una de las desalojadas de San Isidro. De Luis Manuel Otero Alcántara no hay noticia. Amnistía Internacional emitió un comunicado donde lo calificó como “prisionero de conciencia”.

Decenas de artistas y activistas se manifiestan todavía a esta hora (9:30 pm) frente al Ministerio de Cultura, en La Habana, para protestar contra el desenlace violento contra los sitiados en San Isidro.

Los promotores de la manifestación que comenzó en la mañana y sumó a más de cien personas, difundieron un documento con demandas para el gobierno.

“Repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos”, dice el documento.

“En solidaridad con nuestros hermanos del Movimiento San Isidro exigimos que la justicia no se ejerza a discreción”, observa también, para después solicitar al gobierno que “elimine el odio político y cree sistemas reales y efectivos desde donde se escuchen las demandas de la ciudadanía estableciendo garantías para un diálogo desprejuiciado y honesto que no tenga represalias para los que alzan su voz”.

Al cierre de esta nota, 30 de los manifestantes fueron admitidos en el Ministerio de Cultura para exponer sus demandas al viceministro Fernando Rojas, según varias fuentes consultadas en el lugar de la protesta.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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