Dos artistas drag desfilaron este 1 de mayo por las principales calles de San Salvador como parte del recorrido de la marcha del Día Internacional del Trabajo, visibilizando realidades en la vulneración de los derechos humanos. La presencia de Lady Drag y Wila la Icónica destacó en medio de una movilización que, si bien contó con diversos sectores sindicales y sociales, registró escasa participación de organizaciones LGBTQ.

Con vestuarios llamativos y maquillaje escénico, las artistas se integraron a la marcha junto a otras expresiones ciudadanas. Durante todo el recorrido, desde el Parque Cuscatlán hasta el Monumento al Divino Salvador del Mundo, ambas realizaron un performance que buscó denunciar el desempleo, la precarización laboral y la exclusión de las diversidades sexuales y de género en el ámbito laboral.

“El Salvador necesita reformas no solamente en el código de trabajo, sino que también reformas en el sistema educativo”, expresó Lady Drag. “O sea, que nuestras autoridades también velen porque se nos respeten”, agregó refiriéndose a la población LGBTQ.

El performance incluyó desplazamientos performativos en donde el artista Wila la Icónica, rompió una constitución de la República de El Salvador. La representación culminó en El Salvador del Mundo, donde las artistas realizaron una pose simbólica frente al monumento, emulando una escena inspirada en “La Piedad”, como acto de denuncia y resistencia.

La participación de ambas artistas se produjo en un contexto de creciente precarización laboral para las personas LGBTQ en El Salvador, también en memoria de los detenidos injustamente por el régimen de excepción y como sus madres sufren por las negligencias del sistema. También mencionaron ser una pronunciación por los aumentos a las AFP y a la canasta básica ya que se avecina el aumento al salario mínimo.

De acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos, el sector LGBTQ enfrenta barreras estructurales para el acceso a empleos dignos, así como altos niveles de discriminación y violencia.

“Siempre hay ataques de intimidación, yo he sido víctima de ataques de intimidación de este gobierno, ataques de amenaza por hacer lo que hago y, sin embargo, no me han logrado doblegar y no me van a lograr doblegar”, concluyó Lady Drag.

Pocas propuestas, mucha propaganda: críticas al gobierno marcan la jornada

La marcha del 1 de mayo no solo fue escenario de demandas laborales, sino también de fuertes críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele. 

Diversos sectores denunciaron la falta de propuestas efectivas para atender el desempleo, la informalidad y la precarización del trabajo en El Salvador, especialmente en sectores vulnerables. Al igual que los despidos masivos que se han realizado en entidades gubernamentales. 

Aunque el país ha registrado una aparente estabilidad macroeconómica, organizaciones sociales aseguran que esta no se traduce en mejoras reales para la mayoría de la población. 

“El gobierno presume crecimiento, pero en las comunidades la gente sigue sin empleo, sin acceso a salud y sin garantías laborales. Lo que hay es más propaganda que soluciones”, manifestó activista de Resistencia Popular. 

Según datos del Banco Central de Reserva, más del 60 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal, una cifra que ha variado poco en los últimos años. Activistas señalan que, en vez de generar políticas de empleo inclusivo, el Ejecutivo ha priorizado megaproyectos como Bitcoin City o la promoción del turismo, sin garantizar condiciones laborales dignas en esos sectores.

La ausencia de una propuesta concreta para atender las desigualdades laborales fue uno de los puntos más señalados durante la marcha. 

“El gobierno habla de seguridad, pero guarda silencio ante el hambre, la migración forzada por falta de empleo y la discriminación laboral”, reclamó un representante sindical del sector docente.

Asimismo, existieron muchas críticas sobre las medidas estatales que continúan ignorando las violencias estructurales que enfrentan las mujeres y las personas de la diversidad sexual, muchas de las cuales sobreviven en economías informales, trabajos de cuidado no remunerados o el arte callejero como último recurso.

Visibilidad fragmentada: la diversidad sexual marchó sin acompañamiento colectivo

A diferencia de años anteriores, la presencia organizada de personas LGBTQ fue escasa en la marcha del Día del Trabajo de 2025. Aunque la representación artística de “La Piedad” logró captar la atención de centenares de personas durante el recorrido, no hubo una participación masiva de colectivos LGBTQ como bloque articulado.

Nicola Chávez, parte del equipo de AMATE El Salvador, mencionó que participar en esta marcha para AMATE implica poner temas de la población LGBTQ sobre la palestra de discusiones sobre condiciones laborales en El Salvador. 

“Nuestra población generalmente tiene trabajos sumamente precarizados, sufren de bajos niveles de escolaridad”, comentó.

Chávez también asegura que para las personas que tienen expresiones de género diferentes a la norma u orientaciones sexuales diferente a la norma, es urgente que existan leyes de protección laboral y así las pocas personas que puedan entrar a un empleo más formal, no tengan que pasar por estas experiencias de no ser contratadas por su expresión de género o ser despedidas por lo mismo. 

El decreto 56, fue un decreto emblemático que es mencionado siempre por activistas LGBTQ, ya que fue la primera vez que se tuvo la oportunidad de tener algún respaldo jurídico contra la discriminación en el ámbito laboral que lastimosamente solo tenía cobertura en el sector público, con empleados de gobierno. 

Por su parte, una activista independiente de la diversidad sexual, que prefirió no revelar su nombre por razones de seguridad, lamentó la fragmentación actual del movimiento LGBTQ en El Salvador. 

“Estamos en un contexto político donde las organizaciones tienen miedo o están cooptadas. Hay silencio, no hay propuestas, no hay diálogo. La comunidad diversa está siendo relegada también desde dentro”, señaló.

Ambas voces coinciden en que, hay mucho trabajo pendiente por hacer en favor de una población históricamente excluida, preocupa la situación en un país donde los discursos oficialistas y religiosos aún promueven la discriminación y la invisibilidad de las realidades LGBTQ en las agendas públicas.

La marcha del 1 de mayo volvió a ser un espacio donde convergieron múltiples voces, cuerpos y luchas. Desde sindicatos históricos hasta organizaciones estudiantiles, pasando por expresiones artísticas y personas independientes, la movilización dejó claro que las calles siguen siendo un escenario vital para demandar justicia social.

Aunque marcada por ausencias, como la escasa participación visible de colectivos LGBTQ, la marcha demostró que existen ganas de seguir alzando la voz, aunque sea desde distintas formas de expresión. Ya sea a través de pancartas, consignas o performances, las y los participantes coincidieron en una demanda central: respeto a los derechos laborales, condiciones dignas de trabajo y una vida libre de explotación.

En un contexto donde se criminaliza la protesta, se debilita la negociación colectiva y se precariza el empleo, el Día Internacional de las y los Trabajadores no fue solo una conmemoración, sino una reafirmación de que la lucha continúa. Una lucha plural, creativa y persistente que no se detendrá hasta que cada persona trabajadora, sin importar su identidad o condición, pueda vivir con dignidad.

A Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, le fracturaron los brazos y las piernas antes de arrojarla a una quebrada en Bello, Antioquia. Sin poder nadar por las heridas, murió ahogada. Nadie la ayudó. La escena quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales, despertando una indignación tardía en un país que sigue indiferente ante el dolor de las personas trans.

“La diversidad nos está costando la vida”, dicen las organizaciones defensoras de derechos humanos que esta semana encendieron velas en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país para clamar justicia por Sara y por todas las víctimas de la transfobia en Colombia.

El crimen ocurrió el fin de semana en la Quebrada de Playa Rica, en Bello, municipio del Valle de Aburrá. Fue ahí donde arrojaron el cuerpo de Sara Millerey, conocida cariñosamente como “La Millerey”, una mujer que había enfrentado la exclusión desde su infancia. Según una amiga cercana, Sara sufrió abusos sexuales en su niñez, dejó el colegio y vivió en condición de calle durante años, enfrentando el consumo de drogas y múltiples formas de violencia. Pero su identidad nunca dejó de ser visible, y eso, en un país como Colombia, le costó la vida.

En un hecho, no menor, de revictimización después de fallecida el Secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Bello, José Ronaldo Serrano Jaramillo, negó la identidad de género de Sara Millerey, refiriéndose a ella por su nombre masculino asignado al nacer. A ella la mató precisamente ese desconocimiento de su construcción identitaria, la transfobia y los discursos de odio que ellos mismos — y todos los que niegan que ella era una mujer trans — perpetúan.

La brutalidad del asesinato ha sacudido incluso a las autoridades. La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del crimen. La Alcaldía de Bello y la Defensoría del Pueblo también se han pronunciado, confirmando que las investigaciones están en curso. Sin embargo, hasta ahora no hay capturados, pese a que el asesinato fue grabado.

Aunque el Gobierno Nacional ha creado espacios institucionales como el Viceministerio de Diversidades y la Oficina de Diversidad Sexual y de Género en el Ministerio de la Igualdad, que también ha lamentado el hecho, la violencia no cesa. Los territorios más peligrosos para las personas trans siguen siendo el Valle de Aburrá y el Distrito de Aguablanca, en Cali, donde la impunidad, la exclusión y el odio siguen cobrando vidas.

No podemos permitir que se vuelva un patrón recurrente: 

La historia de Sara no es un caso aislado. Es el reflejo de una sociedad que normaliza la violencia hacia quienes se atreven a vivir su identidad con valentía. 

Que un video tan atroz tenga que circular para despertar reacciones es también un síntoma de ese abandono. “Eso no se le hace a nadie”, dijo entre lágrimas su madre. Tenía razón: a nadie se le debería hacer. Pero a Sara sí se lo hicieron.

(Noticias Telemedellín)

Y mientras su rostro se convierte en bandera de resistencia, su muerte grita una verdad incómoda, en ciertos sectores: ser trans en Colombia sigue siendo una sentencia de muerte.

TOTAL REPUDIO

Desde OrgulloLGBT.co condenamos con total firmeza el atroz asesinato de Sara Millerey González y exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones, así como la captura y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de este crimen cargado de odio. Este acto de extrema violencia no solo enluta a la comunidad LGBTQ sino que interpela a toda la sociedad colombiana por su indiferencia e inhumanidad frente al dolor de quienes viven en la marginalidad y la exclusión. 

La dignidad de una vida no puede depender de la identidad de género, y este crimen nos obliga a preguntarnos qué clase de país estamos construyendo si seguimos permitiendo que la diversidad se pague con la vida.

La reciente decisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) de suspender temporalmente su financiamiento a organizaciones que trabajan por los derechos humanos ha generado un profundo impacto en El Salvador, especialmente en aquellas que defienden a la población LGBTQ.

La medida ha afectado de forma directa a entidades que brindaban acompañamiento legal, atención en salud mental, asesoría para víctimas de violencia y promoción de iniciativas económicas comunitarias. Las consecuencias son palpables: despidos masivos, cierre de programas y debilitamiento de redes de apoyo.

Esta situación ocurre en un contexto político internacional tenso, tras la llegada de una nueva administración a la Casa Blanca que ha replanteado el enfoque de su cooperación exterior. Mientras tanto, en países como El Salvador, las organizaciones sociales enfrentan ahora una emergencia silenciosa que podría dejar sin protección a cientos de personas vulnerables.

Colectivos en crisis: sin fondos y con menos personal

Uno de los casos más significativos es el de Colectivo Alejandría, que perdió el 65 por ciento de su presupuesto anual tras la suspensión de los fondos. 

Su directora, Karla Guevara, relató que la organización se vio obligada a despedir a más de la mitad del personal y a suspender varios programas esenciales, como la atención a sobrevivientes de violencia basada en género, servicios de salud mental, asesoría legal y proyectos de emprendimiento para personas LGBTQ.

Otro caso preocupante es el de Perlas de Oriente en San Miguel. 

Su directora general, Venus Nolasco, denunció que tuvieron que detener iniciativas clave de prevención del VIH, talleres de capacitación y actividades comunitarias. 

“Es un gran retroceso para el fortalecimiento de la comunidad LGBTQ+”, afirmó. 

Nolasco también alertó que sin financiamiento externo se pierde la capacidad de incidir y sensibilizar a instituciones públicas en materia de derechos humanos.

En una situación similar se encuentra Aspidh Arcoiris Trans, donde gran parte del equipo sigue trabajando ad honorem para mantener en pie los servicios mínimos. Su directora, Mónica Hernández, indicó que continúan atendiendo casos de discriminación y ofreciendo asesorías, pero sin saber por cuánto tiempo podrán sostenerse en estas condiciones.

Las organizaciones de sociedad civil, aseguran que la población LGBTQ en El Salvador, sigue siendo criminalizada, pese a no querer hablar del tema en ninguna entidad del Gobierno, debido a la supuesta seguridad que hoy se vive, los derechos humanos de las personas con una orientación e identidad de género diversa, siguen siendo vulnerados.

Cierre de espacios seguros y afectación en salud

A las consecuencias presupuestarias se suma el reciente cierre de Casa Rosada, un espacio seguro para la comunidad LGBTQ ubicado en Antiguo Cuscatlán. La alcaldía municipal ordenó el cese de sus operaciones el 1 de abril, argumentando inconformidad de vecinos y temas regulatorios de uso de suelo. Casa Rosada era un referente para la promoción de la salud mental, la formación y la integración comunitaria.

El impacto también se extiende al ámbito de la salud. Según un informe de ONUSIDA, el programa USAID PASMO, que implementaba la PrEP contra el VIH a través de clínicas privadas, fue suspendido. Aunque la terapia antirretroviral aún se mantiene, la cobertura ha disminuido, afectando a poblaciones clave como hombres gais, trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas y personas trans.

Educación en pausa: becas estudiantiles y formación juvenil detenidas

Además de los colectivos LGBTQ, la suspensión ha alcanzado a una serie de programas educativos clave para jóvenes de zonas rurales y urbanas marginadas. Organizaciones como Glasswing International, Fe y Alegría, y diversas iniciativas lideradas por universidades privadas reportan la cancelación o congelamiento de becas estudiantiles financiadas directa o indirectamente por USAID, en las cuales también habían jóvenes LGBTQ beneficiados.

“Muchas de nuestras becas eran cofinanciadas por fondos de cooperación. Al cerrarse esta línea, no podremos continuar con nuevos ingresos para el ciclo 2025”, explicó un vocero de una universidad privada del oriente del país, que pidió anonimato.

Estos programas beneficiaban a jóvenes con alto rendimiento académico pero sin recursos para costearse una educación superior. También incluían formación técnica, pasantías y mentorías para preparar a los estudiantes para el mercado laboral o el emprendimiento.

Otro de los sectores afectados son los programas de apoyo a mujeres rurales, víctimas de violencia y madres solteras que recibían capacitación en liderazgo, gestión de pequeños negocios, acceso a microcréditos y formación técnica. Proyectos como Ciudad Mujer han reportado una disminución en los servicios brindados por falta de recursos provenientes de la cooperación internacional.

Además, muchas ONG que trabajaban en zonas como Morazán, Ahuachapán y La Unión en temas de soberanía alimentaria, agricultura sostenible y empoderamiento comunitario, han tenido que suspender actividades por la pérdida de fondos de USAID. Esto afecta de manera directa a cientos de familias que dependían de estos proyectos para su sustento diario.

Una pausa que pone vidas en riesgo

La suspensión de los fondos de USAID no solo representa una pérdida económica. Para cientos de personas LGBTQ en El Salvador, significa menos acceso a servicios de salud, menos protección ante la violencia, y la pérdida de espacios seguros que les ofrecían dignidad y esperanza.

Activistas como Guevara, hacen un llamado a donantes de otros gobiernos, “sigan apostándole al trabajo que las organizaciones sociales LGBTIQ+ seguimos haciendo y vamos a continuar así”, haciendo un llamado a la solidaridad internacional.

En un país donde las brechas de discriminación aún son profundas, esta pausa en la cooperación internacional pone en evidencia la fragilidad del tejido comunitario y la urgente necesidad de crear mecanismos sostenibles de financiamiento y protección para las poblaciones vulnerables.