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La comunidad LGBTQ ante la crisis política provocada por el Movimiento San Isidro, un ‘sí pero no’
Plataforma 11M apoya a los manifestantes
LA HABANA — Los colectivos LGBTI+ se pronunciaron sobre la crisis política provocada en Cuba por la huelga de hambre del Movimiento San Isidro, un grupo de activistas disidentes, y la manifestación realizada este 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, donde cientos de personas demandaron al gobierno que se respeten los derechos de los artistas y de la ciudadanía.
La Plataforma 11M, una agrupación LGBTI+ independiente, publicó una breve declaración este sábado en respaldo a “la iniciativa del colectivo de jóvenes intelectuales y artistas” de ir protestar en el Ministerio de Cultura, “bajo la convicción de que el diálogo es el camino a seguir para garantizar la libertad de expresión y de creación artística en Cuba”.
Los manifestantes consiguieron que sus voceros fueran recibidos por Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, en una reunión que duró hasta las primeras horas de la madrugada de este sábado.
Las demandas presentadas incluyeron el derecho a la libertad de expresión y de creación artística, entre otros puntos. Solicitaron que termine el hostigamiento y la censura contra a la comunidad artística e intelectual independiente y que se respete la legalidad del proceso contra Denis Solís, un rapero que fue sancionado a 8 meses de prisión por “desacato”.
Su encarcelamiento provocó la huelga de hambre y sed de varios miembros del Movimiento San Isidro. Para pedir la libertad del rapero estuvieron confinados varios días en la sede del grupo hasta que la policía los desalojó el pasado jueves. Desde entonces, la mayoría abandonó la huelga, incluso Luis Manuel Otero Alcántara, uno de sus principales líderes.
El “desacato” por el que procesaron a Solís quedó grabado en una directa de Facebook e incluye varios insultos homofóbicos. Posteriormente, en el último video disponible en su perfil, se disculpó con la comunidad LGBTI+ por esas expresiones.
“Rechazamos enérgicamente cualquier discurso homofóbico y misógino”, dice la declaración de la Plataforma 11M, después de recordar el compromiso de sus miembros con la “no violencia”.
11M también consideró en su comunicado que “la libertad de expresión, dentro del Estado de Derecho Socialista, es un elemento básico para la defensa de las conquistas del socialismo y progreso social colectivo”.
La revista Q de Cuir, una publicación digital del activismo LGBTI+, también se pronunció sobre el caso en un editorial publicado este 24 de noviembre, donde instaron al gobierno para que “responda a la situación del Movimiento San Isidro desde otra posición que no sea la intransigencia y la violencia”.
El editorial de Q de Cuir aclaró que no comparte “la perspectiva política expresada por Denis Solís” y rechazó su “discurso homofóbico y misógino”.
“Son elementos que no podemos pasar por alto y que no son menores para nosotres, porque en la idea de país que enarbola Denis en su video, las personas LGBTIQ+ e incluso las mujeres seguimos siendo inferiores y excluidas”, dijo Q de Cuir.
No obstante, el texto defiende el derecho a que reciba “un proceso judicial como establece la ley”.
“La disidencia de pensamiento no puede ser percibida como una amenaza a la construcción de nuestro proyecto social, sino como el escenario necesario para generar mejores realidades desde el diálogo, la participación, el respeto de los derechos humanos y la protección de los grupos marginados de la sociedad”, concluyó.
Una posición semejante a la de Q de Cuir tiene la activista lesbiana Lidia Romero Moreno, miembro de la Plataforma 11M.
“No simpatizo con el Movimiento San Isidro, más sí respeto lo que hacen. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos libremente. La Constitución cubana nos garantiza ese derecho”, dijo Romero a Tremenda Nota.
La activista estuvo entre los manifestantes que fueron a protestar en el Ministerio de Cultura.
“Estoy aquí porque considero que todas las personas, independientemente de su posición política e ideológica, tienen derecho a que quienes se dicen nuestros representantes y dirigentes les escuchen”, consideró.
La activista LGBTI+ Yasmín Portales, miembro también de la Plataforma 11M y antigua coordinadora de Proyecto Arcoíris, un desaparecido grupo de activistas que se definía como “anticapitalista”, dijo a Tremenda Nota que no apoya al Movimiento San Isidro, aunque cree que “el gobierno cubano lo hace mal, desde el marco legal e incluso desde las apariencias” en su tratamiento a ese colectivo de activistas disidentes.
“No logro empatizar con personas que no han revelado ninguna propuesta política más allá del enfrentamiento a las autoridades cubanas y cuya expresión revela homofobia y machismo cabalgantes”, dijo Portales.
Este domingo, como reacción a la manifestación del Ministerio de Cultura, un grupo de jóvenes universitarios convocó a una concentración en el parque Trillo, de Centro Habana, en apoyo del gobierno ante la crisis política en curso. A la mitad del acto, llegó el presidente Miguel Díaz-Canel.
El evento fue denominado “tángana”, un término muy usado en Cuba en décadas pasadas para referirse a protestas callejeras, en particular durante la Revolución del 30 contra la dictadura de Machado.
A la “tángana” acudió al menos un grupo LGBTI+, la Red TransCuba, afiliada al Centro Nacional de Educación Sexual. Los oradores de la concentración aludieron en varios momentos a los derechos de la comunidad gay, lesbiana y trans, un asunto pendiente para la Revolución Cubana y particularmente polémico a causa de los campos de trabajo forzado que funcionaron en Cuba a mediados de la década de 1960.
“Había varias muchachas ahí, respaldando las actividades que se han hecho en estos días por la mucha provocación”, dijo a Tremenda Nota Malú Cano, la coordinadora de TransCuba.
Raúl Escalona, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y uno de los organizadores de la concentración del parque Trillo, fue uno de los oradores que se refirió a la comunidad LGBTI+ desde la tribuna levantada para la “tángana”.
“Si de algo debemos tener claridad todos, desde la más alta dirección del país hasta el último ciudadano, es que si la izquierda radical revolucionaria no lidera la lucha del movimiento LGBTI+, esta puede ser hegemonizada por la reacción”, dijo.
Yasmín Portales manifestó a Tremenda Nota que esa idea “es profundamente reduccionista y un poco homofóbica, pues presupone que un rasgo identitario define la posición ideológica de las personas”.
“Ningún grupo humano puede ser capitalizado por una línea política u otra, pues las personas tenemos la capacidad de discernir y elegir la propuesta política que más nos convenga”, consideró la activista.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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