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Un segundo hogar para la comunidad LGBTQ en Ciudad de México
Casa Frida ha cobijado a 74 personas
El 14 de febrero de 2020 Juan Antonio Carmona no llegó a casa del colegio.
Luego de asistir a sus clases, decidió celebrar San Valentín con su novio, otro adolescente de 17 años que había conocido nueve meses atrás. Sus padres, enfermos de homofobia, ya le habían prohibido salir en esa fecha, pero Carmona incumplió gustoso la orden y se fue al cine con su chico.
Al regresar, chocó una vez más con la incomprensión de su familia, que le prohibía mostrarse gay en la calle y mucho menos tras la puerta familiar. Como nunca cedió, lo expulsaron de la casa y las calles de la Ciudad de México fueron su hogar por tres semanas.
“Fue algo difícil pero necesario”, cuenta Carmona en una entrevista con el Washington Blade. “Me quedaba en las entradas de algún metro y me alimentaba con lo que encontraba en la calle”.
El número de jóvenes expulsados de sus residencias por pertenecer a la comunidad gay, muchos de los cuales se han visto obligados a vivir en las calles se ha incrementado recientemente, según el reporte de It Gets Better México, una organización sin fines de lucro con la misión de elevar, empoderar y conectar a jóvenes LGBTQ.
Asimismo, el confinamiento por la pandemia del coronavirus provocó que muchos jóvenes salieran del clóset con sus familiares, exponiéndolos a disímiles formas de discriminación. Durante la cuarentena, las niñas, niños y adolescentes LGBTQ figuraron entre los grupos más vulnerables, pues se encuentran bajo la vigilancia constante de adultos con los que pasaron el tiempo de aislamiento.
Iván Tagle, director de Yaaj México, una organización sin fines de lucro encargada de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población gay, aseguró que ha recibido hasta cinco veces más casos de jóvenes en peligro de quedarse en la calle por el coronavirus.
“Es alarmante que no denuncien por miedo a delatar a uno de sus familiares, desafortunadamente no saben que existen instituciones que apoyan durante esta emergencia, y siempre de la mano de organismos gubernamentales”, detalló Alex Orué, director de It Gets Better México al medio mexicano Milenio.
Precisamente, una de esas organizaciones que tienden la mano a la comunidad LGBTQ sacó de las calles a Carmona. Un amigo lo condujo hasta Casa Frida, un refugio de reciente creación en la capital mexicana donde son bienvenidos todos aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad.
Un lugar que cambia vidas
Casa Frida nació el 13 de mayo del 2020 en el marco de las medidas de contingencia tomadas ante la crisis pandémica de coronavirus, con el objetivo de brindar asistencia y refugio a la comunidad LGBTQ, explica al Blade Raúl Caporal Montes, codirector del refugio.
Caporal Montes define al lugar como un espacio seguro, de contención y acompañamiento psicosocial para personas de la comunidad. El nacimiento de Casa Frida fue impulsado por las “diversas barreras socio-estructurales a las que nos seguimos enfrentando las personas LGBTIQ, agudizadas por la crisis económica que acompañaba la pandemia por COVID-19”.
Este refugio brinda especial atención a jóvenes gays de entre 16 y 34 años de edad que han sido expulsados de sus hogares a razón de su orientación sexual o identidad de género, personas LGBTQ que han perdido sus fuentes de ingresos a partir el paro de actividades económicas, migrantes que pertenecen a la comunidad y/o personas con VIH.
De acuerdo con Caporal Montes, Casa Frida apoya a los más necesitados desde tres pilares fundamentales: hogar a través de un programa de alojamiento, alimentación y servicios básicos, así como la garantía de seguridad y protección; apoyo psicosocial dirigido a atender la salud mental de quienes reciben así como forman y capacitan a sus residentes para fortalecer habilidades técnicas y sociales, que les permitirán tener mayores oportunidades para la reintegración social.
Para las personas transgénero, Casa Frida brinda acompañamiento jurídico para el cambio a su identidad de género así como vinculación a servicios de salud para terapia de reemplazo hormonal. Casa Frida también tiene un equipo multidisciplinario, conformado por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, una consulta de psiquiatría y varios voluntarios que apoyan las actividades que allí se desarrollan.
Desde su surgimiento, Casa Frida ha acogido a 74 personas, principalmente entre 18-35 años de edad. El refugio tiene una capacidad de 20 camas, aunque se espera ampliar a 34 próximamente.
A la hora de redactar esta nota, vivían en sus instalaciones 17 personas. Actualmente cuentan con un espacio residencial de tres niveles con ocho habitaciones, un área común y una terraza para el esparcimiento.
Allí, Carmona residió aproximadamente siete meses, donde siempre se sintió en un clima familiar, como no había experimentado desde hacía años, reveló. Aprendió cómo cuidarse, cómo ser él mismo, a disfrutar de las diferencias y vio crecer su autoestima, al punto de que ya no le incomodan las opiniones ajenas sobre su homosexualidad.
Durante su estancia, lo ayudaron a confeccionar su currículum; asistió a varios cursos; continuaba sus estudios y, como en cualquier casa, colaboraba con las tareas hogareñas.
Carmona recibió además asistencia psicológica para completar su proceso de autoaceptación, como también su familia mediante contactos y pláticas en busca de una reconciliación, que finalmente fue efectiva. Caporal Montes explicó al Blade que en el caso particular de Carmona se hizo una labor de acompañamiento y asistencia psicoterapéutica durante su residencia en Casa Frida.
“Se alcanzó una mediación exitosa al lograr la reintegración familiar. Para esto fue necesario un espacio integral de formación y capacitación en terminologías adecuadas, introducción a la diversidad y el género en conjunto con la familia”, contó Caporal Montes. “Luego de un tiempo comenzaron convivencias de los familiares dentro de actividades comunitarias en la casa. Esto es un ejemplo de que es posible la reintegración familiar”.
Hoy día, Carmona está de regreso con su familia, que poco a poco aprendió a aceptar su orientación sexual y desterró esas burlas incómodas que tanto daño le hacían.
“En Casa Frida me subieron la autoestima. Me hicieron salir adelante, pues ya estoy trabajando y pensando en mi independencia económica. Ellos cambiaron demasiado mi vida”, declaró.
Todo esto es posible gracias a las donaciones realizadas por la propia comunidad LGBTIQ y organizaciones civiles, pues actualmente no cuentan con subsidios gubernamentales. Han sobrevivido a la actual pandemia gracias a “la solidaridad, amor y apoyo de la propia comunidad LGBTIQ, organizaciones, vecinos y ciudadanos”, destacó Caporal Montes.
El codirector hizo además un llamado a todas aquellas personas que pudieran hacer donaciones a través de su sitio web para mantener su promesa de ayuda a quienes enfrentan situaciones complejas por su orientación sexual o identidad de género.
https://www.refugiocasafrida.com/donar
Quienes necesiten el apoyo de este refugio existen múltiples vías para contactarlos: a través de su página web, al correo electrónico: [email protected], llamando al teléfono 5563796215 o mensajería de Whatsapp al 5618028637 así como presentarse en su sede, sita en Calle Sur 105 #434, Colonia Heroes de Churubusco, Iztapalapa, Ciudad de México.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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