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Las batallas perdidas del activismo LGBTQ en Cuba

Demanda contra rapera homofóbica no avanzó

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El activista Alberto Roque y la rapera Danay Suárez (Ilustración de Polari)

Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 19 de enero.

LA HABANA — La querella judicial del activista Alberto Roque contra la rapera Danay Suárez era una causa perdida en Cuba y en cualquier parte. Ningún tribunal atento a la precisión que exigen las leyes, hubiera dado por buena una demanda basada en la injuria personal si apareció en un texto que la acusada no escribió.

La teoría de la conspiración que apoya Danay ―creer en la existencia de un grupo pedófilo organizado, que se ha aliado con la comunidad LGBTI+ para ampliar su influencia―, solo es un disparate. Y el disparate, del tamaño que sea, todavía no está penado por ningún código. La noción de libertad de expresión admite el disparate y hasta lo protege.

El texto de Dayis Arizmendi ―todavía nadie sabe, al menos ninguno de los injuriados, si Arizmendi existe― fue leído y desmontado al primer vistazo por decenas de personas informadas. De un debate en las redes sociales no debió pasar.

Ir a los tribunales ha sido una buena estrategia del activismo LGBTI+ en otros países. Ha servido para conseguir beneficios prácticos y también para animar la discusión pública. La primera batalla cubana de esta clase, lamentablemente, resultó ser una bala perdida, una de esas que retroceden por la culata y acaban haciendo blanco en el cuerpo de quien disparó.

El activismo LGBTI+ es más débil ahora frente al fundamentalismo cristiano. Llevar a Suárez a un tribunal sin ninguna posibilidad de triunfo, fue un error de ese “lobo solitario” que quiere ser Alberto Roque. Su abogado, sin experiencia en estas querellas promovidas en beneficio de una causa, por la falta de tradición que tenemos en Cuba, no supo asesorarlo bien.

Con el desenlace a la vista, perdida la batalla, los activistas han señalado la falta de leyes contra la discriminación y el peligro de los discursos de odio. Ya es tarde. Decirlo ahora, con Danay Suárez absuelta y confirmada en su fe anti LGBTI+, no suaviza la victoria de los evangélicos que siguen fuerzas para impedir el matrimonio entre personas del mismo género.

El texto reposteado por Danay, si se lee bien, es discurso de odio. Pero Alberto Roque, médico y activista, no supo que los tribunales no leen así. La ley obliga al juez a leer lo obvio. Lo que no sea dicho con las palabras exactas, en tono evidente ―”flagrante”, diría un experto―, no será tenido en cuenta por esta clase de lector.

Manuel Vázquez Seijido, el abogado que ha ascendido hasta llegar a subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), pudo aclarárselo a Roque y explicarle que no tenía chance de escarmentar a la rapera. No se sabe si Roque lo consultó. Sí está confirmado que no buscó apoyo en la Plataforma 11M, el grupo LGBTI+ independiente más organizado. Prefirió actuar por su cuenta y terminó perjudicando a todos, tanto al activismo oficial como al independiente, que ahora tienen un oponente fortalecido.

11M también ha disparado balas al aire frente al fundamentalismo.

En octubre de 2020, el grupo dirigió un comunicado al gobierno para solicitarle que reaccionara antes una campaña organizada por varias iglesias evangélicas.

El texto tenía un punto problemático: los activistas denunciaron que los cristianos anti LGBTI+ cuentan con “financiamientos de organizaciones estadounidenses” y observaron que “el Estado cubano no ha respondido a los ataques y desacreditaciones de estas denominaciones cristianas”, aunque en otras ocasiones “ha respondido”, debe añadirse que violentamente, a la actuación pública de “activistas o personas no religiosas, acusándoles de mercenarismo”.

Esta es una estrategia propia de los débiles. Pero la debilidad, bien asumida, no se escuda detrás de estigmas semejantes a los que la cercan. 11M le dijo al gobierno que las iglesias son “mercenarias” y que debe encararlas con el rigor que usa con otros “mercenarios”, como si los manifestantes LGBTI+ del 11 de mayo de 2019 no hubieran sido calificados igual por la propia Mariela Castro: “fue un show mediático convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera”.

La debilidad, con suerte, va a madurar.

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Noticias en Español

Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

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Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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