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Huyen de la muerte en Honduras: ‘Eso les pasa por andar exhibiéndose’

Alejandra y Maricela escaparon del país con su hija de 12 años

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Una golpiza que le dieron en febrero dejó a Maricela con moretones en la cara. (Foto cortesía de Cattrachas)

Reportar sin miedo es el medio socio del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 8 de abril.

TEGUCIGALPA, Honduras — Ser mujeres lesbianas las hizo blanco de la persecución y el riesgo de morir violentamente en Honduras. La Policía se negó a ayudarles cuando gente de una comunidad al sur de la capital hondureña, Tegucigalpa, manchó las paredes de su casa y quemó la motocicleta en la que ambas se transportaban. Huyeron de su país, pero chocaron en México con nuevas amenazas y peligros.

Maricela y Alejandra vivían en relativa tranquilidad en compañía de su hija de 12 años hasta que algunas personas que habitan en los alrededores de la comunidad supieron que ambas son mujeres lesbianas y viven juntas.

No tardaron en llegar los problemas a los que se enfrentan las personas LGBTIQ+ en Honduras, donde en los últimos 11 años han asesinado a 374 personas de la diversidad sexual, de las que 43 eran lesbianas, según el observatorio de muertes violentas de la Red Lésbica Cattrachas.

La organización feminista y lésbica ha hecho una recopilación del caso y este jueves a través de sus redes sociales hizo un llamado a la población hondureña, organismos internacionales y defensores de derechos humanos para que puedan ayudar a esta familia diversa.

“En Honduras ha existido y existe un contexto de violencia contra las personas LGBTI”, dijo el investigador y abogado peruano Carlos Zelada Acuña. El experto dio esa declaración durante su intervención en la audiencia del caso de la transexual hondureña Vicky Hernández contra el Estado de Honduras realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2020.

Los ataques contra Alejandra y Maricela empezaron en los primeros meses de 2021, cuando algunos pobladores las insultaron y golpearon en distintos sitios de una comunidad al sur de Tegucigalpa. Apasionadas del deporte, Maricela y Alejandra trataron de olvidar el asfixiante ambiente que las rodeaba refugiándose en sus ocupaciones diarias. Las dos son emprendedoras. Habían puesto un negocio de comida que una de ellas administraba mientras la otra trabajaba en bienes raíces.

Les manchan las paredes y les queman la moto

El conflicto empeoró en enero y febrero de 2021, cuando fueron atacadas violentamente en dos ocasiones. En uno de los ataques, Maricela recibió golpes que le dejaron moretones en la cara. “Esto nos pasa desde hace días”, declaró una de ellas a medios nacionales. “Fuimos a la policía, pero acá creen que las cosas no tienen pie ni cabeza”.

“Eso les pasa por andar exhibiéndose” fue lo que los agentes les dijeron cuando llegaron a poner la denuncia a la posta policial local. Tampoco les sirvió acudir en busca de ayuda a las oficinas locales de defensa de derechos humanos.

Ni siquiera la pequeña hija de las dos se salvó del acoso. Las agresiones contra ella se repetían tanto en su colegio que les rogó a Alejandra y Maricela que no la obligaran a ir a clases.

La situación se salió de control el 17 de febrero de 2021, cuando agresores no identificados cometieron un tercer atentado contra Alejandra, Maricela y su hija. Después de manchar con pintura las paredes de la pequeña casa donde ellas vivían con el mensaje “Marimachas hd”, los atacantes quebraron los vidrios de un automóvil estacionado en las cercanías y quemaron la moto que ambas usaban para trasladarse por la comunidad.

La moto quemada de Alejandra y Maricela. Al fondo, su casa manchada con grafitis de odio. (Foto cortesía de Cattrachas)

Sin embargo, según el canal hondureño HCH, un solo motociclista fue quien cometió este tercer atentado contra Maricela y Alejandra. El atacante arrojó piedras envueltas en hojas de papel en las que escribió mensajes de odio. “Las vamos a matar”, decía en una de las hojas.

Ni en el extranjero se acaban las agresiones

Huir fue lo único que les quedó. Tegucigalpa fue el primer destino de su escape del odio y el peligro en su comunidad.

Esperaban que en la capital las cosas cambiaran, pero no fue así. Lo mismo pasó fuera de Honduras. En marzo tomaron la decisión de irse del país, como han hecho miles de hondureños que no solo escapan de la pobreza y la violencia, sino también del odio debido a su identidad de género. Solo en el mes de enero, al menos 300 personas de la diversidad sexual huyeron en la caravana migrante que salió de San Pedro Sula el día 15.

Alejandra y Marcela emigraron por tierra rumbo a Guatemala. Los asaltos se convirtieron en cosa de todos los días para la familia lesboparental. El primero ocurrió en territorio guatemalteco, donde un policía les quitó todas las cosas de algún valor que llevaban. Los asaltantes parecían saltar de cada recodo del camino de Guatemala a México.

En tierra mexicana, los oficiales de migración las golpearon. También las separaron, pero no por mucho tiempo.

Quieren casarse y ser felices

Habían recorrido miles de kilómetros y no estaban dispuestas a que nadie las separara. Cuando volvieron a estar juntas en México, sintieron que volvían a respirar.

“Queremos casarnos”, dice Alejandra. Maricela está de acuerdo. Están seguras de que pueden lograrlo en México.

También quieren que la gente conozca su historia. Maricela y Alejandra son un ejemplo de resistencia. Escaparon de Honduras, pero no están dispuestas a dejar escapar sus sueños.

Alejandra y Maricela cuando todavía vivían en una comunidad de Francisco Morazán, en el centro de Honduras. (Foto cortesía de Cattrachas

 

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Celebran el segundo aniversario de la marcha LGBTQ del 11 de mayo de 2019 en La Habana

Cientos de personas participaron en el evento

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Marcha LGBTI+ del 11 de mayo de 2019 (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 10 de mayo. 

LA HABANA — La Plataforma 11M presentó este domingo un programa de eventos diseñados para celebrar el segundo aniversario de la marcha LGBTI+ del 11 de mayo de 2019 y el primer año transcurrido desde la fundación de ese grupo de activistas.

Para el 11 de mayo de 2021, convocaron a un “tuitazo”, además de un encuentro con el activista trans y realizador audiovisual Liam Durán Cardona como parte de la serie de entrevistas públicas realizadas en Telegram con el título de “Historias que cuentan”.

Para ese día también anunciaron, en la misma red social, el debate “Derecho de Familia en la Cuba de hoy”, conducido por Jennifer García. Finalmente, para cerrar la jornada, invitan a un “chat de voz” sobre el activismo digital.

El 14 de mayo tienen previsto un “viernes de poesía”. Al día siguiente, en el último día del programa, estarán posteando sobre “la diversidad familiar” y en la noche tendrán otro “chat de voz”, titulado en esta ocasión “El Código de las Familias que soñamos”.

La marcha del 11 de mayo de 2019 que conmemora esta semana el activismo, reunió a cientos de personas en La Habana y terminó disuelta por la policía.

Los participantes, entre ellos decenas de aliados, decidieron marchar por su cuenta después que el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) cancelara el principal desfile LGBTI+ del país, sin ofrecer una razón convincente.

Mariela Castro, la directora del Cenesex, conocida por su activismo en defensa de la comunidad LGBTI+, calificó la marcha de “show” y dijo que fue «respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el incidente se convirtió en un hito histórico del movimiento LGBTI+ cubano.

 

La Plataforma 11M, fundada un año después como grupo de activismo independiente, ha sido reconocida de hecho por el Cenesex. En agosto de 2020, Mariela Castro respondió con una carta oficial a la queja presentada por los activistas, a raíz de filtrarse una grabación que revelaba las políticas homofóbicas y transfóbicas de la radio cubana.

Pocos meses antes, en mayo de 2019, Mariela llamó «garrapatillas» a los activistas que trabajan fuera del Cenesex y manifiestan opiniones críticas sobre el trabajo de la institución.

11M, mientras tanto, ha mantenido un diálogo respetuoso con el activismo oficial.

A la vez que el grupo independiente conmemora su primer aniversario, el Cenesex desarrolla la XIV edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia con otro programa en las redes sociales.

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A 11 años del asesinato de Vicky Hernández, su madre reclama justicia

Se espera una decisión del CIDH en el caso

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(Foto cortesía de Rosa Hernández)

 

Reportar Sin Miedo es el medio socio del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 4 de mayo.

TEGUCIGALPA, Honduras — La asesinaron hace 11 años, pero Vicky Hernández sigue presente en la mente de su madre. Desde su lecho de enferma, Rosa Hernández, de 65 años, habló con Reportar Sin Miedo y la Agencia Presentes sobre la activista trans muerta de un balazo en la cabeza entre el 28 y el 29 de junio de 2009 en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, en pleno golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Solo la enfermedad de los últimos años le ha hecho difícil seguir en pie de lucha por hacer justicia para Vicky. Sus hijas le pagan las radioterapias para tratar el cáncer, pero se han quedado sin dinero. “Conseguí que una institución me pagara seis quimios. Pero uno tiene que pagar mil lempiras diarios [40 dólares] por la radioterapia”, relata Rosa.

En medio de todo, Rosa recibe ayuda del equipo de abogadas liderado por Robert F. Kennedy Human Rights y la Red Lésbica Cattrachas. Ambas organizaciones, con apoyo de la familia de Vicky, han emprendido un trabajo arduo.

La labor de once años culminó con dos audiencias virtuales en noviembre de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambas audiencias participaron testigas hondureñas y expertxs de toda América que dieron su punto de vista sobre el caso.

La sentencia en el caso “Vicky Hernández y otros contra Honduras” será publicada muy pronto, anunció el 6 de abril la Red Lésbica Cattrachas en Twitter. El 5 de abril, la Corte IDH publicó en redes sociales que en marzo tuvo lugar la deliberación sobre la sentencia en el caso de la trans hondureña.

Las abogadas de Vicky Hernández sostienen que los responsables de su muerte son elementos de seguridad estatal hondureña, ya que durante el toque de queda eran los únicos que podían moverse libremente por las calles de San Pedro Sula. Además argumentan que el Estado no le hizo autopsia al cadáver o la ocultó con la excusa de que Vicky padecía VIH.

Si la sentencia favorece a la familia de la activista trans, sería un logro sin precedentes para la población LGBTI en América y en especial para las mujeres trans que siguen muriendo violentamente en Honduras.

“Tiene que haber justicia para todos”, exige Rosa. “Tienen que respetar los derechos de ellos por ser trans y de ellas por ser lesbianas. Porque son humanos. ¿Por qué discriminarlos? No puede haber discriminación”.

Datos recopilados por organizaciones de derechos humanos muestran que Honduras tiene la tasa más alta de asesinatos de personas transgénero y otras personas con diversidad de género en el mundo.

Una vida en medio del peligro

“Vicky fue todo para mí”, cuenta Rosa, quien se incorpora un poco en la cama con ayuda de Tatiana, una de sus siete hijas e hijos a quienes crio vendiendo dulces en las calles.

“Me traía dinero para la comida”, dice Rosa, de pelo canoso y ojos que ven con amabilidad detrás de los anteojos de marco negro. Para disipar el calor que hace en el cuarto de paredes verdes, Tatiana enciende un ventilador y arregla un poco la ropa de su madre.

Vicky ejercía el comercio sexual para dar dinero a su familia. Como a otras trans, la sociedad hondureña le cerró los caminos: no le dio un trabajo normal, la despreció, no le ofreció los servicios de salud, educación y empleo que da a lxs demás ciudadanxs. Tuvo que viajar a Guatemala a los 16 años de edad para empezar su transición. A Rosa le costó aceptar que Vicky era distinta, pero terminó aceptándola y sintiéndose orgullosa con ella.

Su forma de ganarse la vida fue también su forma de perderla. La madre de Vicky todas las noches espera que ella regresara con vida cuando se iba a trabajar.

Una noche, pocos meses antes de morir, Vicky llegó malherida. “Vino herida de un filazo que me le pegó un guardia de seguridad. Vino sangrando. Otra trans me ayudó a llevarla al hospital”. Los policías la insultaron. “Dijeron ‘por mí morite, hijo de la gran…’”, cuenta Rosa.

Esa fue una de tantas señales del peligro letal que acecha a las trans hondureñas como Vicky. Las que ejercen el comercio sexual corren mayor riesgo de morir, pero en realidad ninguna está a salvo en una sociedad machista como la hondureña.

Aunque su hija caminaba sobre el filo de la navaja, Rosa jamás la rechazó. “Para una madre, siempre la hija es hija. No sé cómo hay madres que rechazan a sus hijxs cuando son homosexuales o trans cuando a un hijx es doloroso parirlx”.

Mataron a todas las testigas

Hasta el día en que se le acabó la suerte. Si se puede llamar suerte a vivir como Vicky vivía.

Ese día, Vicky y Rosa no sabían que había toque de queda. “Al otro día me pareció raro que no hubiera venido Vicky”. La cena de su hija se había enfriado sobre la mesa. “Entonces, una de las muchachas me dijo: ‘¿No sabe que los policías mataron a Vicky en la madrugada?’”.

El mundo de Rosa se derrumbó. No, no lo sabía. “‘Vicky está en la morgue’, me dijo. Para mí no había palabras”.

La noche en que mataron a Vicky, sus compañeras de trabajo salieron corriendo para escapar de la muerte. Una de las testigas fue una de las afortunadas que lograron huir. “La mataron”, le contó a Rosa. “Yo todavía le dije a Vicky ‘corre, corre, corre’. Cuando volteamos a ver, no miramos a Vicky, sólo oímos los disparos”.

Escaparon, pero no por mucho tiempo. “A Lisa la mataron y a la otra también la mataron”, recuerda Rosa, quien con ayuda de Tatiana se traslada a la salita adornada con peluches y modestos adornos de cerámica. “No quedaron testigos, pero me aseguraron que la policía había matado a Vicky”.

Con miedo, pero sin echarse para atrás

La mamá de Vicky junto con su otra hija, Tatiana.

“Cuando estábamos en la audiencia en la Corte IDH recibí una llamada de la DPI”, cuenta Rosa con voz quebrada. DPI es la sigla de la Dirección Policial de Investigación de Honduras y la llamada, según Rosa, fue para amedrentarla y hacer que abandonara su deseo de buscar justicia en las audiencias de la Corte IDH.

“Me dio miedo porque matan a la gente y no saben ni quién [lo hace]. Por eso he estado en zozobra. Me da miedo porque tal vez uno tiene demandado el Estado y vayan a querer fregarlo porque para ellos la vida de uno no vale nada”.

Pero con la ayuda de Cattrachas y las demás organizaciones que lxs respaldan, Rosa y su familia han agarrado el valor necesario para contar su historia y mantenerse en pie de lucha durante más de una década.

“Me dijeron que luchara y luchara para que la muerte de Vicky no quede impune”, dice Rosa. “Pero es duro perder una hija que me daba el sostén y quedar a la deriva”.

 

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Salvadoreños LGBTQ marchan en el Día Internacional del Trabajo

Demandan de nuevo protecciones por la comunidad

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

 

SAN SALVADOR, El Salvador Como cada año el primero del mes de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, y El Salvador no es la excepción.

Todos los años grupos sindicales de diferentes instituciones salen de diversos puntos de la capital para exigir entre pancartas y consignas que se respeten siempre los derechos laborales; desde el año 2016 un grupo de diversas organizaciones de la población LGBTQ salvadoreña, se ha sumado a esta iniciativa de tomarse las calles y manifestarse en favor del cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora a la cual también pertenecen.

“En el 2016 hicimos un plantón frente al Castillo Venturoso bajo la idea, que sigue siendo la misma hasta ahora, de visibilizar las reivindicaciones de la clase trabajadora LGBTI”, expresa al Washington Blade, Roberto Zapata, secretario de finanzas de Amate El Salvador.

“En comparación de años anterior la afluencia va aumentando un poco más”, expresa al Blade, Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría. “Creemos que es importante como personas LGBTI reivindicar el derecho laboral, porque también somos parte de la clase trabajadora”.

En meses anteriores, amparados en el Art. 3 de la Constitución de la República de El Salvador, el cual establece que “todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión”. La Federación Salvadoreña LGBTI que aglutina a diversas organizaciones del país, junto a organizaciones de sociedad civil, exigieron a la Asamblea Legislativa que recién salió del poder, que discutieran en ante proyecto de Ley Especial Contra la Discriminación que presentaron al congreso nacional.

En dicho proyecto se incluye el tema laboral según comenta Guevara al Blade, “dentro de la La Ley Especial Contra la Discriminación, se incluye el tema de no discriminar por ninguna condición al momento de contratar, no solamente por orientación sexual o identidad de género que es lo que realmente la población LGBTI demandamos”.

“Al momento de contratar en empresas públicas o privadas no se debe discriminar por orientación sexual o identidad de género”, alega Guevara.

Hace tres años, específicamente el 22 de marzo del 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, presentó la propuesta de Ley de Identidad de Género; la cual tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental de las personas trans al nombre propio, protegido por el artículo 36 inciso 3° de la Constitución de la República, causa por la cual tanto hombres como mujeres trans tienen más dificultades al buscar un empleo.

“Necesitamos que hayan puestos de trabajo para personas trans que son las que enfrentan más barreras para poder acceder a empleos dignos”, menciona Zapata al Blade. “En el ámbito laboral las personas trans son las más afectadas de la población LGBT, esto es porque no existe aún una Ley de Identidad de Género”.

La Asamblea Legislativa saliente no se pronunció al respecto, vulnerando de esta manera el derecho al nombre de las personas trans; recordemos las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede constituir en “discriminación oficial”, de acuerdo con la Opinión Consultiva OC-24/17, negando el acceso a leyes y/o políticas a la población LGBTQ.

“También necesitamos que a las personas que ya tienen trabajo no se les discrimine, que no haya acoso laboral de parte de compañeros y compañeras de trabajo, ni tampoco de los empleadores y que puedan desempeñarse como cualquier trabajador o trabajadora dentro de su respectivo cargo”, comenta Zapata entre las demandas que exigen en la marcha.

En El Salvador hay muchas personas LGBTQ que están preparadas para trabajar y son discriminadas por su orientación sexual o identidad de género.

“Queremos que vean las capacidades de la población tiene; porque lejos de toda situación somos personas que pagamos impuestos y realmente contribuimos al desarrollo de la economía a través del empleo”, finaliza diciendo al Blade, Guevara.

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