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Elecciones en Chile: 52 candidaturas LGBTQ quieren escribir una nueva Constitución
Expresidente ejecutivo de Fundación Iguales es candidato
CONCEPCIÓN, Chile — Este sábado y domingo se realizarán unas históricas elecciones en Chile, luego de que la pandemia del coronavirus obligará a retrasar. Inicialmente debían desarrollarse el pasado 10 y el 11 de abril. En ese entonces, el país atravesaba por un complejo momento sanitario con una tasa de ocupación hospitalaria de 95 por ciento y un aumento de contagios con cifras récord que obligó a suspenderlas.
Para los comicios, más de 14,7 millones de ciudadanos están convocados para elegir a sus representantes municipales y regionales, así como a los 155 miembros de la Convención Constitucional quienes serán responsables de escribir una nueva Constitución.
El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019 en ese país sudamericano, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990.
Que preliminarmente desencadenó en la realización de un plebiscito en octubre de 2020. En dicha jornada la participación fue superior al 50 por ciento del electorado total, pese a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Situándose como la elección con mayor cantidad de votantes en la historia republicana de Chile donde un 78 por ciento decidió democráticamente reemplazar la actual Constitución.
Pese a que la actual Constitución ha sido sometida ocasionalmente a algunas reformas, para una gran parte de la población es considerada ilegítima ya que fue impuesta durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
Frente a la pregunta “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”, habían dos opciones donde el Apruebo se impuso por 5.885.721 votos (78,27 por ciento) frente a 1.633.932 votos (21,73 por ciento) del Rechazo.
Mientras que la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una Convención Constitucional; que estará formada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por voto popular.
Dicha elección se realizará este fin de semana. Y tendrá una característica inédita en el mundo: será primera vez en la historia que una Constitución es redactada en forma paritaria. Además de tener escaños reservados para pueblos originarios.
Y entre los principales temas que abordará el órgano constituyente están la desigualdad y las reformas sociales, reclamos que fueron desnudados en el estadillo social.
Donde también hay altas posibilidades de mejorar la calidad de vida de la población LGBTQ en Chile.
En total hay 52 candidaturas LGBTQ que van a competir por un cupo en la Convención Constitucional. La cifra de postulaciones más alta hasta ahora. Lo que ya marca un hito.
En el marco del proceso eleccionario el Observatorio LGBTIQ+ “Les Constituyentes” ha logrado levantar información de candidaturas constituyentes que se autodefinen como LGBTQ.
“Vemos la oportunidad histórica de conversar sobre diversas materias que hoy impactan en la comunidad. No deja de llamar la atención que, en pleno siglo XXI, aún persista la ausencia de políticas públicas vinculadas a Derechos Humanos que garanticen una vida digna para todas las personas. Por ello, reafirmamos la necesidad de aportar en el camino hacia una Constitución diversa y disidente” señalan.
Según información publicada en su sitio web en 22 de 28 distritos hay al menos alguna candidatura LGBTQ.
Una de ellas es la de Juan Enrique Pi, expresidente ejecutivo de Fundación Iguales, una organización aliada de Human Rights Campaign en Chile, quien compite por el distrito 11 que representa al sector más conservador y adinerado de ese país.
“Las personas LGBTI estamos disponibles para disputar el poder. Para ejecutar el poder, porque por cierto, no solamente tenemos el interés de reconocer y defender los derechos de nuestra comunidad y de las personas que históricamente han sido discriminadas y porque también tenemos mucho que aportar en nuestras áreas de conocimiento y de experiencia” afirmó Pi al Washington Blade a través de una llamada telefónica.
Para el activista esta elección “es la oportunidad principal que tenemos para que se reconozca la diversidad que existe en nuestro país. No solamente la diversidad sexual y de género, sino que también las disidencias, los pueblos originarios, los inmigrantes, las religiones y mucho más”.
Juan Enrique Pi (Foto de cortesía)
Pi aseguró que de ser electo trabajará para “que la Constitución le dibuje una línea al Estado y que esa línea no se pueda rozar por ningún motivo y consiste en que el Estado nunca debe decidir sobre el cuerpo de las personas, sobre las familias de las personas. Sobre la elección de las personas, ni las libertades individuales, y también sobre su identidad”.
“Lo principal es que tengamos un reconocimiento de la diversidad familiar. Porque hoy en día la Constitución vigente dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No dice nada más. Por lo tanto, creo que es fundamental, que la Constitución reconozca que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad pero en sus diversas formas y composiciones” insistió Pi al Blade.
“Algo fundamental también establece la obligación del Estado de educar en materia de Derechos Humanos. Es fundamental la educación en materia de derechos humanos, de democracia, de libertades y de respeto a la diversidad y a la sociedad y a esta sociedad diversa” sentenció el candidato.
Sin embargo, Pi no compite solo por ese distrito. La historiadora feminista y activista LGBTQ, Maria Jose Cumplido lo acompaña en la misma lista. Uno o ambos pueden salir electos.
“Mirando la historia constitucional de Chile, todas las Constituciones se hicieron sin la participación de la ciudadanía sino generalmente con comisiones o personas del Congreso o elegidas un poco a dedo por el ejecutivo” explicó Cumplido al Blade.
Maria José Cumplido (Foto de cortesía)
“Yo creo que va a ser importante y fundamental el hecho de que en la misma Convención Constitucional hayan mecanismos de participación efectiva de las personas y que luego eso quede en la Constitución como algo que perdure en la política a largo plazo y eso impactará en que cuando se discuta una ley o cuando se estén presentando propuestas la comunidad LGBTQ desde la ciudadanía va a tener la opción de participar de esos procesos, ya sea a través de cabildos participativos vinculantes, puede ser una iniciativa popular de ley donde van a poder poner arriba de la mesa nuestras demandas particulares y las demandas que van a ir apareciendo con el tiempo” profundizó la historiadora.
Cumplido subrayó al Blade “tenemos un Estado que no garantiza derechos y que nos impacta directamente a la comunidad LGBTQ que está mucho más precarizada, que sufre más discriminación en todos los aspectos, entonces cuando construyamos una Constitución que no solo garantice derechos básicos, sino que también promueva politicas no discriminatorias en todos sus órganos y finalmente en toda la sociedad”.
Mientras que, Oscar Rementería, portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la organización LGBTQ más antigua en Chile, recalcó en la importancia de participar en el proceso.
“Llamamos a las personas de la diversidad sexual y de género a conocer e interiorizarse de las propuestas de los candidaturas LGBTIQ+, así como a revisar las iniciativas de candidatos heterosexuales y cisgéneros que están incluyendo la temática de la no discriminación, de manera de considerar esta variable a la hora de definir el voto” dijó Rementeria.
“Si bien es cierto la orientación sexual o la identidad de género no determinan un buen o mal desempeño en un cargo público, las propuestas de las candidaturas; así como la historia de los postulantes; si dan luces de ello, por lo que, en síntesis, el llamado es a votar informados”, finalizó.
Luego de las elecciones, comenzará el trabajo para redactar la nueva Constitución. El texto final se someterá a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado “plebiscito de salida” o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.
De ser aprobada en el referéndum final, la nueva ley fundamental entrará en vigor de inmediato y derogará automáticamente la anterior.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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