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Odio en Guatemala: Parte II

Personas LGBTQ en el país están constantemente en riesgo

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(Imagen cortesía de Astrid Morales)

 

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade el 4 de mayo publicó la primera parte de la serie de tres partes. 

Las personas de la diversidad sexual están constantemente en riesgo. La violencia sistemática, fomentada por prejuicios y estereotipos, y el conservadurismo de la sociedad guatemalteca son las bases para que estas personas se conviertan en foco de agresiones, actos de discriminación y homicidios.

Los responsables de los crímenes contra la comunidad LGBTI difícilmente son identificados y juzgados, amparados bajo un sistema de justicia colapsado y poco enfocado hacia los derechos de las poblaciones vulnerables.

El Estado

El país tiene un largo historial de violación a los derechos humanos, en el que se evidencia que la comunidad LGBTI es una de las poblaciones violentadas durante el Conflicto Interno Armado (1960-1996) por el Estado y las fuerzas de seguridad.

El informe “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” muestra que al menos 156 personas gays y lesbianas fueron perseguidas sistemáticamente, detenidas ilegalmente y humilladas por la extinta Policía Nacional (PN). Los registros demuestran cómo en algunos casos, los agentes indicaron la  homosexualidad como un delito y en otros, como agranvante de delitos.

Más de tres décadas después, la ausencia de marcos legales que protejan y garanticen los derechos de estas poblaciones —sumado a un debilitado sistema de justicia con altas tasas de impunidad— son factores que hacen evidente el desinterés del Estado.

AUDIO: “La importancia de reconocer las familias diversas”
Marisa Batres, abogada

Existen grupos como la Asociación La Familia Importa y personas en puestos de poder, como el congresista Aníbal Rojas, del Partido Político Visión con Valores -VIVA-, quienes impulsando propuestas como la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, obstaculizan los procesos de la búsqueda de garantías de los derechos de estas poblaciones.

“Creemos en un país con valores firmemente establecidos en Dios y en pro de la vida (no al aborto) y en matrimonios hombre-mujer, como lo es nuestro diseño original”, manifestó Rojas en su cuenta de Facebook, cuando presentó el proyecto de ley.

Rojas, político de corte conservador, es uno de los opositores más reacios a los temas de poblaciones vulnerables. Actualmente es el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso y en 2018 fue presidente de la Comisión de la Mujer.

Durante su gestión, la Comisión de la Mujer dio dictamen desfavorable a la Ley de identidad de género. La propuesta buscaba que las personas trans pudieran acceder a documentos que las identifiquen acorde a su identidad de género.

Aunque el dictamen sostiene que “es evidente que la comunidad transgénero en Guatemala es una población particularmente vulnerable, expuesta a violencia física y sexual”, los congresistas utilizaron argumentos propios de un discurso transfóbico para rechazar la propuesta.

Algunos argumentos de la comisión para bloquear esta iniciativa fueron:

  1. La norma permitiría que las personas cambien su sexo, por lo que dos personas del mismo sexo podrían contraer matrimonio. El análisis hecho por las y los congresistas señala que la familia es heterosexual y que se da con el fin de procrear.
  2. El cambio presentaría consecuencias en la legislación laboral, pues una persona que se perciba con un “sexo distinto del ‘asignado al nacer’” podría acceder a los derechos de las mujeres en materia laboral.
  3. Las personas podrían acceder a otros beneficios en material civil y penal específica para las mujeres como la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

El dictamen sugiere que cambiar la “‘concordancia entre el nombre y el sexo expresado en el documento” equivale a “cambiar la fecha de nacimiento de un ciudadano porque este se autopercibe como mayor o menor de edad”.

Tristán López, integrante del Colectivo Trans-Formación explica que para las personas trans es un problema no tener documentos que coincidan con su identidad de género. Afirma que cuando realizan actividades que requieren documentación oficial, les dicen que no pueden hacer el trámite “porque es personal” y de esta forma se les limita procesos tan básicos como cambiar un cheque.

Sin embargo, resalta que tener la documentación adecuada solo sería el primer paso para subsanar una injusticia histórica, que engloba la falta de reconocimiento de que las personas trans son sujetas de derecho. Si fueran reconocidas por el Estado, se podrían generar políticas públicas, programas institucionales para que se corrijan todas las desigualdades sociales que las perjudican.

AUDIO: “Ley de identidad de género”
Tristán López, integrante del Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación y la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans

“El contexto de hombres trans en Guatemala está marcado por mucha invisibilidad, soledad y violencia. (…) No sabemos cómo enfrentar a un sistema que no está hecho para nosotros. Recuerdo, desde mi experiencia, cuando me enfrenté con esta identidad de género trans (…) no sabía cómo hacer mi transición, no sabía a dónde ir para tomar hormonas (…) no sabía si me iban a querer atender en las clínicas”, explica.

AUDIO: “Situación hombres trans en Guatemala”
Tristán López, integrante del Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación y la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans

Otra acción que expone claramente la postura conservadora del Gobierno es la creación del comité temporal para la protección de la vida y la familia, el cual tiene por objetivo “proporcionar asesoría integral para el análisis de la propuesta de la Política Pública de Protección a la vida y la Institucionalidad de la Familia”. Pero en el proyecto no se toma en cuenta a todos los tipos de familia.

La formación del comité se hizo pública un día después de que el politólogo Agustín Laje diera una  conferencia en el Congreso organizada por AFI  titulada “El impacto de la agenda globalista en la cultura y política de Guatemala”. En ella se enfocó en los temas: feminismo, aborto y la agenda LGBTI aduciendo que son herramientas “para destruir las naciones independientes, el matrimonio y la vida espiritual”.

“Pensar que mi pensamiento puede determinar mi identidad sexual es algo bastante ridículo a tal punto que eso me llevaría incluso a hormonarme de por vida, a mutilar mi cuerpo (…) es tan ridículo que necesita del Estado, necesita de legislaciones (..)”, dijo.

Además indicó que “el problema” no es que las personas se identifiquen con un género distinto al asignado al nacer, sino que se trata de un elemento “de una ideología autoritaria que ataca la libertad (..) y que va contra los derechos de las mayorías”.

Su discurso claramente homofóbico y transfóbico propone que el Estado de Guatemala tome una postura anti derechos e imponga legislaciones basándose en un único tipo de familia, de orientación y de identidad de género.

Otros actores que vulneran los derechos LGBTI

A nivel social, existe discriminación, agresiones y persecución a miembros de la comunidad LGBTI por parte de personas individuales.

El Gobierno de Guatemala carece de un sistema unificado de estadísticas de delitos cometidos contra la comunidad LGBTI. Cada organismo del Estado tiene una metodología distinta para cuantificar y presentar la información, por lo que las estadísticas oficiales son limitadas, no están correctamente clasificadas y presentan inconsistencias.

Hasta 2015, el MP no reconocía a la población LGBTI en sus estadísticas. 

Ese año, el MP reportó 7 denuncias. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación (Mingob) cuantificó 104 casos, y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió 16.

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Acorde a la PDH, de 2015 a 2020 los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango son los territorios en los que se realizaron más denuncias. Ambos son los centros urbanos más grandes del país a donde cientos de personas LGBTI llegan con dos objetivos: anonimato y libertad para expresar su identidad de género y orientación sexual. Sin embargo, no están exentas de la violencia.

Los números de la PDH también demuestran una falta de cultura de denuncia. En Izabal, uno de los departamentos donde acorde al Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género en Guatemala, la violencia contra personas LGBTI está en alza, únicamente se reportan dos denuncias en cinco años.  

Por su parte el Ministerio Público (MP) registra que las amenazas, discriminación y lesiones leves son los delitos cometidos contra personas LGBTI con las estadísticas más altas, demostrando que se ejerce tanto violencia física como psicológica a esta población.

El MP también muestra a la capital como el departamento con más denuncias entre 2015 y 2020, pero los datos no concuerdan con los de la PDH. Esta falta de coincidencia en las cifras impide el desarrollo de políticas públicas con enfoque LGBTI.

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Las instituciones estatales no tienen personal capacitado. No solamente en el ámbito técnico, tampoco en la sensibilización para abordar estos casos y atender y acompañar a las personas cuando buscan atención médica, justicia u otro derecho básico.

“En el caso de salud no existen protocolos ni estándares adecuados para las mujeres trans (…) solo nos ven como foco de VIH y nos atienden en el área de VIH para condones y lubricantes.

En el sistema de la Policía Nacional Civil (…) lo que hacen es discriminarnos, tratarnos como hombres. (…) hacen abuso de autoridad y no respetan nuestra identidad de género”, afirma Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans).

AUDIO: “Situación de las mujeres trans en Guatemala”
Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans)  

En un informe publicado por las organizaciones Visibles y Colectivo Trans-Formación, incluyeron los resultados de una encuesta realizada a 344 personas LGBTI (24 trans y 289 cisgénero, quienes se identifican con el género que les fue asignado al nacer). De éstas, 112 respondieron haber sufrido algún tipo de discriminación. Solo 41 personas denunciaron las agresiones pero ninguna ha hecho seguimiento a su caso.

El miedo a las represalias es una de las razones de quienes no se animaron a denunciar. Esto demuestra la poca confianza en las instituciones, fundamentada en los altos niveles de impunidad y el temor a la revictimización por parte de trabajadores del Estado.

Instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI hacen esfuerzos por visibilizar su situación. Por ejemplo, las organizaciones REDNAS y LAMBDA se unieron para crear el Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género, plataforma que brinda datos estadísticos sobre violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y muertes por prejuicio.

Acorde a sus registros, en 2018 fueron asesinadas por lo menos 21 personas LGBTI. En su publicación “Prejuicio y crímenes de odio: la violencia como forma extrema de la estigmatización y negación de la diversidad”, Visibles asegura que en 2019 las organizaciones sociales documentaron más de 20 de estos crímenes. En 2020, el Observatorio determinó que se cometieron al menos 19 asesinatos, en su informe mensual de enero de 2021 reportan cinco y en el de febrero, uno.

Este documento reúne datos recolectados por las creadoras de este proyecto con el objetivo de hacer más visible la magnitud del problema, centralizando información respecto a los crímenes por prejuicio cometidos contra la comunidad LGBTI en Guatemala. Está abierto para que pueda ser útil a estudiantes, investigadores, periodistas, o cualquier persona interesada en profundizar en el tema.

Los medios amarillistas

La mayoría de medios de comunicación no suelen manifestar interés para posicionar el tema LGBTI en sus agendas. Mucho menos cuando se trata de cubrir hechos en los que se evidencian claramente las situaciones de abuso, discriminación y otros tipos de violencia.

Hay medios que únicamente cubren las noticias cuando las personas LGBTI son presuntas agresoras. Y, en muchos casos, abordan el tema desde la perspectiva del morbo y el amarillismo y nombran incorrectamente a las poblaciones y sus identidades, en especial a las personas trans.

Titulares como “Hombre vestido de mujer (…)” demuestran la falta de preparación de las y los periodistas y el poco conocimiento e interés de las mesas editoriales en temas de género y diversidad sexual.

Es común que los medios presenten las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI como hechos aislados. También tienden a la revictimización, culpando a las personas por lo sucedido, cubriendo la noticia sin pedir sus declaraciones o poniendo en duda su versión de los hechos.

Andrea Díaz, representante de la organización Vidas Paralelas, comenta que considera que existen algunos periodistas que tienen la intención de cubrir temas relacionados a las poblaciones LGBTI, pero las líneas editoriales de los medios no se los permiten o los condicionan para que lo hagan de manera sensacionalista.

Por otro lado, también expresa preocupación ante las prácticas de periodistas que difunden discursos de odio. “A veces su desconocimiento sobre el tema LGBTI es abismal o bien dejan que sus creencias religiosas y culturales influyan en su trabajo”, dice.

“En una ocasión un periodista de radio le dijo a una compañera (mujer trans) que al usar indumentaria maya insultaba a la población indígena. Además, en 2018 organizamos un conversatorio sobre diversidad en el Centro Cultural Casa Noj.  Colocamos una bandera de la diversidad y automáticamente la actividad pasó a segundo plano. Los periodistas se enfocaron en conseguir “una explicación” del director del centro cultural. Al final, entre el trabajo de los medios y la presión social, las autoridades municipales retiraron la bandera. Recibimos comentarios de odio y amenazas de algunos pobladores”, explica.

La autodefensa LGBTI

Aunque han habido algunos avances, como la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la PDH y la carceleta para personas LGBTI en la Torre de Tribunales, las poblaciones LGBTI en Guatemala han tenido que organizarse para buscar por sus propios medios la defensa de sus derechos.

El Colectivo de Amigos Contra el Sida (CAS) tiene una clínica enfocada en la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Está abierta a todo público, pero trabajan principalmente con hombres gays y bisexuales. “El gobierno solo da condones en los servicios de salud. Ahora hay otras opciones mucho más eficientes en la prevención del virus (como la PrEp) y si las usaran podrían reducir significativamente el número de nuevas infecciones”, dice César Galindo, director de CAS.

Con 14 mil personas atendidas en 2020, el 30 por ciento de los casos diagnosticados de VIH en el país se realizaron en este lugar. Además de dar acompañamiento a quienes obtienen diagnóstico positivo, tienen programas de atención psicológica y acompañamiento legal. También son la primera clínica en Centroamérica en ofrecer PrEp, tratamiento para la prevención de VIH en personas consideradas de alto riesgo.

Galindo comenta que los pacientes con reciente diagnóstico de VIH, a los que la CAS refiere a los hospitales nacionales reciben el tratamiento adecuado y que actualmente no hay desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales (ARV).  Sin embargo, también resalta que si bien el Estado absorbe los gastos de atención en personas con VIH,  tiene poca participación en los programas de prevención, especialmente con grupos de alto riesgo.

Mientras que el costo mensual de atención para una persona con VIH es de entre $200 y $300, un frasco de 30 pastillas PrEp cuesta alrededor de $4. Aunque las matemáticas son claras, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no ofrece esta alternativa.

Por otro lado, ante la falta de atención diferenciada e integral por parte del Estado para las personas trans, el Colectivo Trans-Formación cuenta con la única clínica en Centroamérica especializada en hombres trans.

En la clínica se enfocan en darles una asistencia en la que trabajan en conjunto las afectaciones biológicas y psicológicas, así como la repercusión que puede tener en ellos desenvolverse en una sociedad no inclusiva y discriminatoria.

La organización ha hecho jornadas mensuales gratuitas de medicina general, ultrasonidos pélvicos y de detección de hepatitis. Desde 2019 brindan consultas en línea a personas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú. Y entre 2020 y 2021 ha financiado el cambio de nombre de 13 hombres trans.

También realiza capacitaciones en línea en temas como la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los derechos sexuales y reproductivos y ofrece tratamiento de reemplazo hormonal.

La médica Yusimil Carrazana comenta que atiende personas de entre 18 y 52 años y que el proceso inicia con una serie de exámenes de laboratorio básicos para determinar la salud del interesado. Una vez se establece que las condiciones son óptimas y que la persona comprende todas las cargas emocionales y sociales que implica hacer este cambio en el contexto guatemalteco, inicia la terapia. El costo de la dosis de testosterona mensual es Q250 – Q 350.

Además existen dos procedimientos irreversibles a los que los hombres trans pueden someterse: la mastectomía con virilización (extracción de la glándula mamaria y la reconstrucción del tórax con su propio pezón, pero de forma masculina y la  histerectomía con ovariectomía (extracción del útero y de los ovarios).

Aunque las personas tengan los medios económicos para someterse a estas operaciones, el colectivo ha tenido que buscar profesionales y lugares amigables con las poblaciones diversas porque en las instituciones de salud pública y privada no se comprende la necesidad de estas intervenciones y no se les da un trato respetuoso a los hombres trans.

Además de la salud, el acompañamiento legal es otro de los temas clave de las organizaciones en pro de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Por ejemplo, Trabajando Unidos, organización de Huehuetenango, denunció ante la PDH el caso de José Díaz, joven gay de 18 años que fue asesinado en 2019. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío y presentaba cortadas en la piel hechas para escribirle insultos dirigidos a su orientación sexual.

El colectivo también brindó acompañamiento legal y psicosocial a la madre de José Díaz. Hasta el momento no se han identificado responsables por el crimen.

La sociedad civil tiene sus exigencias claras: el reconocimiento de la situación de las personas LGBTI y  la implementación de leyes que reconozcan la identidad de género y penalicen la discriminación y violencia ejercida contra estas poblaciones, un gobierno y educación laica y la capacitación de los funcionarios  en temas de género y diversidad sexual.

 

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Comunidad LGBTQ salvadoreña reflexiona sobre las elecciones

El presidente Nayib Bukele se ganó segundo mandato

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(Foto cortesía de Colectivo Alejandría)

SAN SALVADOR, El Salvador – En punto de las 7 a.m. del 4 de febrero, se esperaba que abrieran todos los centros de votación en los diferentes municipios del país, pero por diferentes razones en muchos centros existió un atraso que incluso causo que las Juntas Receptoras de Votos comenzaran su labor pasada las 8 a.m.

Desde primeras horas, muchas personas de la población LGBTQ comenzaron a postear en redes sociales que habían logrado ejercer el sufragio sin ninguna eventualidad. En su mayoría, personas de la población lesbianas, gays y bisexuales, por parte de las personas trans y queer muchas de las organizaciones se tomaron el trabajo de estar al tanto de cómo iba su proceso, ninguna reportó algún inconveniente, también recibieron apoyo y acompañamiento por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Uno de los casos de acompañamiento fue el de Valeria de Aspidh Arcoiris Trans, se le puso énfasis a su caso, pues su DUI ya está con el nombre que se identifica y en el padrón electoral aún no aparecería así. 

“Valeria nos comentó que todo salió bien y recibió acompañamiento de la PDDH”, comentó al Washington Blade Mónica Hernández, directora de Aspidh. 

Así como ellas, las diferentes organizaciones no reportaron casos en donde se impidiera el derecho al voto; incluso el personaje Lady Drag, asistió a su centro de votación en el instituto EXSAL, portando un vestido negro, llevando como cola de este la Constitución de la República de El Salvador con otros libros de escritores nacionales. 

No se le negó el voto, incluso mostró que había votado por Nuevas Ideas para que su voto fuera anulado, todo como una protesta por la pobreza en la educación que existe en el país, esto de acuerdo con sus propias declaraciones dada a los medios. 

Mucha ausencia de personas LGBTQ en las votaciones 

Se observó una interesante diferencia en la afluencia de votantes entre los centros de votación en el extranjero y los ubicados dentro del país. Mientras que los compatriotas en el exterior mostraron una notable participación, los centros de votación locales, experimentaron una menor afluencia, destacando también la escasa participación de la comunidad LGBTQ salvadoreña.

En los centros de votación en el exterior, la presencia de votantes salvadoreños fue notable. 

Las largas filas y la participación activa reflejaron el compromiso de la diáspora con el proceso electoral. Sin embargo, la situación fue diferente en los centros de votación dentro de El Salvador. A pesar de los esfuerzos de concientización por parte de las organizaciones de sociedad civil en general, la participación local fue menor de lo esperado. 

Se evidenció una falta de entusiasmo general, destacando incluso una disminución en la afluencia de la población LGBTQ salvadoreña, quienes no mostraron el mismo interés que en elecciones anteriores. 

“Sinceramente no tenía muchas ganas de ir a votar, pero como dicen que, si luego uno se queja, al menos hice el intento con mi voto de hacer la diferencia”, comenta al Blade Yanet Ríos, una mujer bisexual salvadoreña.

Este contraste plantea preguntas entre las organizaciones LGBTQ, sobre los factores que pueden estar afectando la participación a nivel nacional. 

“Estamos preocupados porque la gente no sale a votar”, platica Hernández. “Vimos noticias, TikTok, los en vivo y los centros de votación no estaban llenos.”

“El discurso simplista de ‘los buenos contra los malos’ reinó sobre las reflexiones sensatas que alertaron durante meses, la consolidación de un sistema profundamente fragmentado, donde la poca confianza alcanzada por parte de las instituciones hacia la población se ha destruido”, aclaró al Blade Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS. 

Resalta la importancia de explorar estrategias para fomentar la implicación de la población local en futuros procesos electorales, sobre todo porque los mismos partidos políticos no tuvieron la misma presencia en campaña como en elecciones pasadas. Algunas miembros de colectivos LGBTQ comentaron al Blade que ahora los candidatos políticos no se acercaron a las organizaciones de sociedad civil y que el ambiente se sintió como que se daban por perdedores antes de tiempo. 

Resultados en elecciones presidenciales

El 9 de febrero el Tribunal Supremo Electoral finalizó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y de diputado, mostrando a Nayib Bukele como ganador con un 82.66 por ciento de los votos totales. Este resultado se dio tras cinco días de las elecciones, debido a múltiples fallos percibidos por el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados.

“Pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada. Algunos inconvenientes dificultaron que la trasmisión fluyera como se tenía previsto”, dijo en conferencia de prensa después de los comicios la magistrada Dora Martínez, presidenta del TSE.

Así con 2,7 millones de votos de un total de 3,2 millones, Bukele ganó la presidencia por segunda vez. Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quedó en segundo puesto con un 6,25 por ciento de la votación y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obtuvo 5,44 por ciento de acuerdo con el escrutinio final.

“No podemos hablar de una fiesta cívica ni democrática cuando las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores o cuando el aparataje estatal beneficia a unos sobre otros; donde primero se impone el resultado y después se configura el proceso”, expresó Rodríguez, haciendo alusión a la autoproclamasión como ganador que realizó Bukele en el Palacio Nacional, por la noche del 4 de febrero, sin tener resultados del escrutino final. 

Rodríguez además menciona que la poblaciones que históricamente han sido desatendidas, continúan siendo las más vulnerables y las que son invisibilizadas en las propuestas de los candidatos, ya que estás son inexistentes para hablar sobre la población LGBTQ.

Ahora comenzarán el conteo para el escrutinio final de las elecciones legislativas, de las cuales el partido Nuevas Ideas espera obtener la mayoría, para dar seguimiento al trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora. 

Ante este escenario, Hernández ve complicado tener expectativas positivas con los resultados obtenidos. 

“Esperamos que nuestros gobernantes que finalmente sean los que se establezcan, nos representen como sector que existe y que merece un trato digno y respetuoso a nuestras orientaciones e identidades diversas”, expresa. 

Aspidh de acuerdo con Hernández, están enfocando su trabajo en formar a la población.

“Para nosotras es súper importante el tema de la de la creación de una escuela de formadores políticos”, expresa Rodríguez. “De esta manera se puede esperar que exista más involucramiento de la población en próximas elecciones y generar cambios desde el conocimiento y la participación.” 

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La CIDH señala la preocupante violencia que sufren las personas trans en las Américas

El organismo destaca las cifras brutales

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Se publicó esta nota en su sitio web el 4 de febrero.

Publicado originalmente en Escándala.

La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La comisión apunta en su comunicado que la violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados miembros adopten con urgencia medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

El organismo destaca las cifras brutales de las violencias que viven y enfrentan las personas trans en los diferentes países que integran Las Américas.

El caso México

En su comunicado, la CIDH apunta que en México, en lo que va de 2024, se han monitoreado al menos cinco muertes violentas y dos agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México. Además del caso de le magistrade Ociel Baena.

Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más casos registrados tienen de violaciones y asesinatos cometidos en contra de personas de las poblaciones LGBTQ, en especial hacia las mujeres trans.

En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían documentado al menos 98 personas trans asesinadas. 

En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.

Entre los meses de enero y febrero, más de diez mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans. 

En Ecuador, hasta junio de 2023 se registraron por lo menos seis asesinatos de mujeres trans. 

En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans por parte de un particular, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente. 

En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina y, en octubre, una adolescente trans migrante colombiana de 16 años fue asesinada en la ciudad de Santiago. 

En noviembre, entre el día 8 y 11, la CIDH recibió informaciones sobre dos asesinatos de mujeres trans en Honduras y de otras dos en Venezuela.  

La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTQ defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial.

El organismo señala que es preocupante la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, así como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios. 

Con datos del registro global Transrespect vs Transfobia de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 fueron atribuidos a la región de las Américas.

El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos señala que es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género y desarrollen políticas públicas, leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia. 

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Activistas LGBTQ se preparan para elecciones en El Salvador

Se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas el 4 de febrero

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador   En la víspera de las elecciones en El Salvador, presidenciales y diputación el 4 de febrero, alcaldes y diputados a PARLACEN el 3 de marzo, la nación centroamericana se encuentra en una encrucijada política que amenaza con socavar aún más los cimientos democráticos. La sombra del autoritarismo se cierne sobre el proceso electoral, planteando interrogantes sobre el futuro los derechos de la comunidad LGBTQ en un escenario político donde la pluralidad y la inclusión podrían quedar en segundo plano.

En las últimas décadas, El Salvador ha experimentado un complicado trayecto hacia la consolidación de su sistema democrático. A pesar de los avances notables, la persistente amenaza del predominio de un solo partido político vuelve a poner a prueba la resistencia de las instituciones democráticas y sus garantías de representación.

Existe una creciente preocupación entre los observadores políticos y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de que el actual partido en el poder asegure una vez más un dominio ininterrumpido. La falta de una competencia política real y la polarización cada vez más marcada amenazan con consolidar un poder hegemónico que podría tener consecuencias significativas para diversos sectores de la sociedad.

La voz olvidada: El impacto en la comunidad LGBTQ

En medio de esta incertidumbre política, la comunidad LGBTQ se encuentra en una posición particularmente vulnerable. A pesar de avances en la lucha por la igualdad y la diversidad, existe el temor de que las cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ sean nuevamente relegadas al olvido en el escenario político actual, tal como sucedió con el accionar de gobiernos pasados.

“El FMLN mostró cierta apertura cuando estuvo dentro del gobierno, pero no pasó más, en su momento hubieran tenido la oportunidad de poder apoyar a la población LGBT”, comentó al Washington Blade Fany Meléndez, una activista independiente. 

El Salvador ha tenido pequeños avances para reconoce y proteger los derechos de la población LGBTQ, pero la implementación efectiva y la garantía de un entorno inclusivo siguen siendo desafíos pendientes. Solo se contaba con algunos protocolos de atención que, de acuerdo con activistas, “han quedado en desuso” y la reforma al Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.

La posibilidad de un retorno a políticas conservadoras y la falta de representación significativa para la comunidad LGBTQ plantean serias interrogantes sobre la preservación de los avances logrados hasta ahora.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tocaba también el tema LGBTI dentro de sus spots publicitarios; hoy lo vemos como un poquito más tenue”, habla con el Blade Karla Guevara, la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTIQ de El Salvador, haciendo referencia a uno de los retrocesos que se perciben.

Las nuevas candidaturas y las del partido político en gobierno, no muestran una apertura a tocar temas referentes a la población LGBTQ y que esto se refleje en sus plataformas. 

“No nos vemos incluidas dentro de sus plataformas, o apoyo a ningún tipo de política”, agrega Guevara. “No vemos si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género o a las uniones civiles de parejas del mismo sexo u otro tipo de políticas”. 

La participación de candidaturas dentro de los partidos políticos también se ha disminuido en estas elecciones, las pocas existentes no han tenido la visibilidad como las que obtuvo en las pasadas elecciones a diputado que tuvo Erick Ortiz por el partido Nuestro Tiempo.

“Brenda Rosales en el partido de Nuevas Ideas, sabemos que compitió en las internas, pero no pasó, nos preocupa más los ataques de odio que ella sufrió en la participación que tuvo, no solo por fuera, sino de la misma gente de su partido”, expresó Guevara. 

El presidente de El Salvador Nayib Bukele (Foto cortesía del gobierno de El Salvador)

Observación y participación

Es crucial que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en El Salvador y mantenga una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. La presión externa puede desempeñar un papel crucial en la protección de las minorías y la promoción de un entorno inclusivo y respetuoso de la diversidad.

A pesar de ya no contar con una mesa de dialogo dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, esta entidad está en contacto con algunas de las organizaciones de sociedad civil, para tener contacto de algunas bases de la organización y dar seguimiento a su participación en los próximos comicios. 

“Nos piden el contacto de cuatro personas y ellos le dan seguimiento a su participación. Nosotros le damos seguimiento al resto de la base social, primero hacemos la consulta si van a ir a votar y la importancia de hacerlo y luego si necesitan apoyo, después estamos al tanto de cómo les fue”, cuenta al Blade Joshua Navas, director ejecutivo de Generación HT El Salvador.

Por su parte la Federación Salvadoreña LGBTIQ tiene una campaña en redes sociales incentivando al voto de su población, además, han habilitado un número de WhatsApp para hacer las denuncias correspondientes que se den con las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.

“A veces su Documento Único de identidad no concuerda con la expresión de género, entonces hemos habilitado la línea del 7888 0765, para poder tomar la denuncia y poder después presentar esto como una estadística de lo sucedido”, cuenta Guevara. 

En medio de la incertidumbre

A algunas organizaciones y activistas les preocupa la criminalización y persecución que se da a defensores de derechos humanos, “nosotros hemos bajado del perfil en redes sociales, ahora ya no se opina de temas de forma directa, por el temor que existe”, agrega Navas. 

“No vemos realmente si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género, si hay un apoyo a las uniones civiles de pareja del mismo sexo u otro tipo de políticas, no vemos nada de eso”, menciona de manera preocupante Guevara. 

En este clima político tenso, la comunidad LGBTQ y sus aliados enfrentan el desafío de preservar y ampliar los avances logrados hasta ahora. La esperanza reside en la resistencia de las voces que defienden la democracia, la inclusión y la igualdad. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones, el llamado a la acción resonará en la conciencia colectiva, recordándonos que la lucha por la justicia y la diversidad es una responsabilidad compartida. Y las organizaciones de sociedad civil, no perderán de vista la lucha por el cumplimiento 

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