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Odio en Guatemala: Parte II

Personas LGBTQ en el país están constantemente en riesgo

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(Imagen cortesía de Astrid Morales)

 

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade el 4 de mayo publicó la primera parte de la serie de tres partes. 

Las personas de la diversidad sexual están constantemente en riesgo. La violencia sistemática, fomentada por prejuicios y estereotipos, y el conservadurismo de la sociedad guatemalteca son las bases para que estas personas se conviertan en foco de agresiones, actos de discriminación y homicidios.

Los responsables de los crímenes contra la comunidad LGBTI difícilmente son identificados y juzgados, amparados bajo un sistema de justicia colapsado y poco enfocado hacia los derechos de las poblaciones vulnerables.

El Estado

El país tiene un largo historial de violación a los derechos humanos, en el que se evidencia que la comunidad LGBTI es una de las poblaciones violentadas durante el Conflicto Interno Armado (1960-1996) por el Estado y las fuerzas de seguridad.

El informe “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” muestra que al menos 156 personas gays y lesbianas fueron perseguidas sistemáticamente, detenidas ilegalmente y humilladas por la extinta Policía Nacional (PN). Los registros demuestran cómo en algunos casos, los agentes indicaron la  homosexualidad como un delito y en otros, como agranvante de delitos.

Más de tres décadas después, la ausencia de marcos legales que protejan y garanticen los derechos de estas poblaciones —sumado a un debilitado sistema de justicia con altas tasas de impunidad— son factores que hacen evidente el desinterés del Estado.

AUDIO: “La importancia de reconocer las familias diversas”
Marisa Batres, abogada

Existen grupos como la Asociación La Familia Importa y personas en puestos de poder, como el congresista Aníbal Rojas, del Partido Político Visión con Valores -VIVA-, quienes impulsando propuestas como la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, obstaculizan los procesos de la búsqueda de garantías de los derechos de estas poblaciones.

“Creemos en un país con valores firmemente establecidos en Dios y en pro de la vida (no al aborto) y en matrimonios hombre-mujer, como lo es nuestro diseño original”, manifestó Rojas en su cuenta de Facebook, cuando presentó el proyecto de ley.

Rojas, político de corte conservador, es uno de los opositores más reacios a los temas de poblaciones vulnerables. Actualmente es el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso y en 2018 fue presidente de la Comisión de la Mujer.

Durante su gestión, la Comisión de la Mujer dio dictamen desfavorable a la Ley de identidad de género. La propuesta buscaba que las personas trans pudieran acceder a documentos que las identifiquen acorde a su identidad de género.

Aunque el dictamen sostiene que “es evidente que la comunidad transgénero en Guatemala es una población particularmente vulnerable, expuesta a violencia física y sexual”, los congresistas utilizaron argumentos propios de un discurso transfóbico para rechazar la propuesta.

Algunos argumentos de la comisión para bloquear esta iniciativa fueron:

  1. La norma permitiría que las personas cambien su sexo, por lo que dos personas del mismo sexo podrían contraer matrimonio. El análisis hecho por las y los congresistas señala que la familia es heterosexual y que se da con el fin de procrear.
  2. El cambio presentaría consecuencias en la legislación laboral, pues una persona que se perciba con un “sexo distinto del ‘asignado al nacer’” podría acceder a los derechos de las mujeres en materia laboral.
  3. Las personas podrían acceder a otros beneficios en material civil y penal específica para las mujeres como la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

El dictamen sugiere que cambiar la “‘concordancia entre el nombre y el sexo expresado en el documento” equivale a “cambiar la fecha de nacimiento de un ciudadano porque este se autopercibe como mayor o menor de edad”.

Tristán López, integrante del Colectivo Trans-Formación explica que para las personas trans es un problema no tener documentos que coincidan con su identidad de género. Afirma que cuando realizan actividades que requieren documentación oficial, les dicen que no pueden hacer el trámite “porque es personal” y de esta forma se les limita procesos tan básicos como cambiar un cheque.

Sin embargo, resalta que tener la documentación adecuada solo sería el primer paso para subsanar una injusticia histórica, que engloba la falta de reconocimiento de que las personas trans son sujetas de derecho. Si fueran reconocidas por el Estado, se podrían generar políticas públicas, programas institucionales para que se corrijan todas las desigualdades sociales que las perjudican.

AUDIO: “Ley de identidad de género”
Tristán López, integrante del Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación y la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans

“El contexto de hombres trans en Guatemala está marcado por mucha invisibilidad, soledad y violencia. (…) No sabemos cómo enfrentar a un sistema que no está hecho para nosotros. Recuerdo, desde mi experiencia, cuando me enfrenté con esta identidad de género trans (…) no sabía cómo hacer mi transición, no sabía a dónde ir para tomar hormonas (…) no sabía si me iban a querer atender en las clínicas”, explica.

AUDIO: “Situación hombres trans en Guatemala”
Tristán López, integrante del Colectivo de Hombres Trans Trans-Formación y la Red de Colectivos Americanos de Hombres Trans

Otra acción que expone claramente la postura conservadora del Gobierno es la creación del comité temporal para la protección de la vida y la familia, el cual tiene por objetivo “proporcionar asesoría integral para el análisis de la propuesta de la Política Pública de Protección a la vida y la Institucionalidad de la Familia”. Pero en el proyecto no se toma en cuenta a todos los tipos de familia.

La formación del comité se hizo pública un día después de que el politólogo Agustín Laje diera una  conferencia en el Congreso organizada por AFI  titulada “El impacto de la agenda globalista en la cultura y política de Guatemala”. En ella se enfocó en los temas: feminismo, aborto y la agenda LGBTI aduciendo que son herramientas “para destruir las naciones independientes, el matrimonio y la vida espiritual”.

“Pensar que mi pensamiento puede determinar mi identidad sexual es algo bastante ridículo a tal punto que eso me llevaría incluso a hormonarme de por vida, a mutilar mi cuerpo (…) es tan ridículo que necesita del Estado, necesita de legislaciones (..)”, dijo.

Además indicó que “el problema” no es que las personas se identifiquen con un género distinto al asignado al nacer, sino que se trata de un elemento “de una ideología autoritaria que ataca la libertad (..) y que va contra los derechos de las mayorías”.

Su discurso claramente homofóbico y transfóbico propone que el Estado de Guatemala tome una postura anti derechos e imponga legislaciones basándose en un único tipo de familia, de orientación y de identidad de género.

Otros actores que vulneran los derechos LGBTI

A nivel social, existe discriminación, agresiones y persecución a miembros de la comunidad LGBTI por parte de personas individuales.

El Gobierno de Guatemala carece de un sistema unificado de estadísticas de delitos cometidos contra la comunidad LGBTI. Cada organismo del Estado tiene una metodología distinta para cuantificar y presentar la información, por lo que las estadísticas oficiales son limitadas, no están correctamente clasificadas y presentan inconsistencias.

Hasta 2015, el MP no reconocía a la población LGBTI en sus estadísticas. 

Ese año, el MP reportó 7 denuncias. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación (Mingob) cuantificó 104 casos, y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió 16.

https://infogram.com/untitled-1h0n25yk3npol6p?live

Acorde a la PDH, de 2015 a 2020 los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango son los territorios en los que se realizaron más denuncias. Ambos son los centros urbanos más grandes del país a donde cientos de personas LGBTI llegan con dos objetivos: anonimato y libertad para expresar su identidad de género y orientación sexual. Sin embargo, no están exentas de la violencia.

Los números de la PDH también demuestran una falta de cultura de denuncia. En Izabal, uno de los departamentos donde acorde al Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género en Guatemala, la violencia contra personas LGBTI está en alza, únicamente se reportan dos denuncias en cinco años.  

Por su parte el Ministerio Público (MP) registra que las amenazas, discriminación y lesiones leves son los delitos cometidos contra personas LGBTI con las estadísticas más altas, demostrando que se ejerce tanto violencia física como psicológica a esta población.

El MP también muestra a la capital como el departamento con más denuncias entre 2015 y 2020, pero los datos no concuerdan con los de la PDH. Esta falta de coincidencia en las cifras impide el desarrollo de políticas públicas con enfoque LGBTI.

https://infogram.com/untitled-1hmr6g7e10ggz6n?live

Las instituciones estatales no tienen personal capacitado. No solamente en el ámbito técnico, tampoco en la sensibilización para abordar estos casos y atender y acompañar a las personas cuando buscan atención médica, justicia u otro derecho básico.

“En el caso de salud no existen protocolos ni estándares adecuados para las mujeres trans (…) solo nos ven como foco de VIH y nos atienden en el área de VIH para condones y lubricantes.

En el sistema de la Policía Nacional Civil (…) lo que hacen es discriminarnos, tratarnos como hombres. (…) hacen abuso de autoridad y no respetan nuestra identidad de género”, afirma Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans).

AUDIO: “Situación de las mujeres trans en Guatemala”
Galilea Monroy, directora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans)  

En un informe publicado por las organizaciones Visibles y Colectivo Trans-Formación, incluyeron los resultados de una encuesta realizada a 344 personas LGBTI (24 trans y 289 cisgénero, quienes se identifican con el género que les fue asignado al nacer). De éstas, 112 respondieron haber sufrido algún tipo de discriminación. Solo 41 personas denunciaron las agresiones pero ninguna ha hecho seguimiento a su caso.

El miedo a las represalias es una de las razones de quienes no se animaron a denunciar. Esto demuestra la poca confianza en las instituciones, fundamentada en los altos niveles de impunidad y el temor a la revictimización por parte de trabajadores del Estado.

Instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI hacen esfuerzos por visibilizar su situación. Por ejemplo, las organizaciones REDNAS y LAMBDA se unieron para crear el Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género, plataforma que brinda datos estadísticos sobre violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y muertes por prejuicio.

Acorde a sus registros, en 2018 fueron asesinadas por lo menos 21 personas LGBTI. En su publicación “Prejuicio y crímenes de odio: la violencia como forma extrema de la estigmatización y negación de la diversidad”, Visibles asegura que en 2019 las organizaciones sociales documentaron más de 20 de estos crímenes. En 2020, el Observatorio determinó que se cometieron al menos 19 asesinatos, en su informe mensual de enero de 2021 reportan cinco y en el de febrero, uno.

Este documento reúne datos recolectados por las creadoras de este proyecto con el objetivo de hacer más visible la magnitud del problema, centralizando información respecto a los crímenes por prejuicio cometidos contra la comunidad LGBTI en Guatemala. Está abierto para que pueda ser útil a estudiantes, investigadores, periodistas, o cualquier persona interesada en profundizar en el tema.

Los medios amarillistas

La mayoría de medios de comunicación no suelen manifestar interés para posicionar el tema LGBTI en sus agendas. Mucho menos cuando se trata de cubrir hechos en los que se evidencian claramente las situaciones de abuso, discriminación y otros tipos de violencia.

Hay medios que únicamente cubren las noticias cuando las personas LGBTI son presuntas agresoras. Y, en muchos casos, abordan el tema desde la perspectiva del morbo y el amarillismo y nombran incorrectamente a las poblaciones y sus identidades, en especial a las personas trans.

Titulares como “Hombre vestido de mujer (…)” demuestran la falta de preparación de las y los periodistas y el poco conocimiento e interés de las mesas editoriales en temas de género y diversidad sexual.

Es común que los medios presenten las violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTI como hechos aislados. También tienden a la revictimización, culpando a las personas por lo sucedido, cubriendo la noticia sin pedir sus declaraciones o poniendo en duda su versión de los hechos.

Andrea Díaz, representante de la organización Vidas Paralelas, comenta que considera que existen algunos periodistas que tienen la intención de cubrir temas relacionados a las poblaciones LGBTI, pero las líneas editoriales de los medios no se los permiten o los condicionan para que lo hagan de manera sensacionalista.

Por otro lado, también expresa preocupación ante las prácticas de periodistas que difunden discursos de odio. “A veces su desconocimiento sobre el tema LGBTI es abismal o bien dejan que sus creencias religiosas y culturales influyan en su trabajo”, dice.

“En una ocasión un periodista de radio le dijo a una compañera (mujer trans) que al usar indumentaria maya insultaba a la población indígena. Además, en 2018 organizamos un conversatorio sobre diversidad en el Centro Cultural Casa Noj.  Colocamos una bandera de la diversidad y automáticamente la actividad pasó a segundo plano. Los periodistas se enfocaron en conseguir “una explicación” del director del centro cultural. Al final, entre el trabajo de los medios y la presión social, las autoridades municipales retiraron la bandera. Recibimos comentarios de odio y amenazas de algunos pobladores”, explica.

La autodefensa LGBTI

Aunque han habido algunos avances, como la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la PDH y la carceleta para personas LGBTI en la Torre de Tribunales, las poblaciones LGBTI en Guatemala han tenido que organizarse para buscar por sus propios medios la defensa de sus derechos.

El Colectivo de Amigos Contra el Sida (CAS) tiene una clínica enfocada en la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Está abierta a todo público, pero trabajan principalmente con hombres gays y bisexuales. “El gobierno solo da condones en los servicios de salud. Ahora hay otras opciones mucho más eficientes en la prevención del virus (como la PrEp) y si las usaran podrían reducir significativamente el número de nuevas infecciones”, dice César Galindo, director de CAS.

Con 14 mil personas atendidas en 2020, el 30 por ciento de los casos diagnosticados de VIH en el país se realizaron en este lugar. Además de dar acompañamiento a quienes obtienen diagnóstico positivo, tienen programas de atención psicológica y acompañamiento legal. También son la primera clínica en Centroamérica en ofrecer PrEp, tratamiento para la prevención de VIH en personas consideradas de alto riesgo.

Galindo comenta que los pacientes con reciente diagnóstico de VIH, a los que la CAS refiere a los hospitales nacionales reciben el tratamiento adecuado y que actualmente no hay desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales (ARV).  Sin embargo, también resalta que si bien el Estado absorbe los gastos de atención en personas con VIH,  tiene poca participación en los programas de prevención, especialmente con grupos de alto riesgo.

Mientras que el costo mensual de atención para una persona con VIH es de entre $200 y $300, un frasco de 30 pastillas PrEp cuesta alrededor de $4. Aunque las matemáticas son claras, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no ofrece esta alternativa.

Por otro lado, ante la falta de atención diferenciada e integral por parte del Estado para las personas trans, el Colectivo Trans-Formación cuenta con la única clínica en Centroamérica especializada en hombres trans.

En la clínica se enfocan en darles una asistencia en la que trabajan en conjunto las afectaciones biológicas y psicológicas, así como la repercusión que puede tener en ellos desenvolverse en una sociedad no inclusiva y discriminatoria.

La organización ha hecho jornadas mensuales gratuitas de medicina general, ultrasonidos pélvicos y de detección de hepatitis. Desde 2019 brindan consultas en línea a personas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Perú. Y entre 2020 y 2021 ha financiado el cambio de nombre de 13 hombres trans.

También realiza capacitaciones en línea en temas como la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los derechos sexuales y reproductivos y ofrece tratamiento de reemplazo hormonal.

La médica Yusimil Carrazana comenta que atiende personas de entre 18 y 52 años y que el proceso inicia con una serie de exámenes de laboratorio básicos para determinar la salud del interesado. Una vez se establece que las condiciones son óptimas y que la persona comprende todas las cargas emocionales y sociales que implica hacer este cambio en el contexto guatemalteco, inicia la terapia. El costo de la dosis de testosterona mensual es Q250 – Q 350.

Además existen dos procedimientos irreversibles a los que los hombres trans pueden someterse: la mastectomía con virilización (extracción de la glándula mamaria y la reconstrucción del tórax con su propio pezón, pero de forma masculina y la  histerectomía con ovariectomía (extracción del útero y de los ovarios).

Aunque las personas tengan los medios económicos para someterse a estas operaciones, el colectivo ha tenido que buscar profesionales y lugares amigables con las poblaciones diversas porque en las instituciones de salud pública y privada no se comprende la necesidad de estas intervenciones y no se les da un trato respetuoso a los hombres trans.

Además de la salud, el acompañamiento legal es otro de los temas clave de las organizaciones en pro de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Por ejemplo, Trabajando Unidos, organización de Huehuetenango, denunció ante la PDH el caso de José Díaz, joven gay de 18 años que fue asesinado en 2019. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío y presentaba cortadas en la piel hechas para escribirle insultos dirigidos a su orientación sexual.

El colectivo también brindó acompañamiento legal y psicosocial a la madre de José Díaz. Hasta el momento no se han identificado responsables por el crimen.

La sociedad civil tiene sus exigencias claras: el reconocimiento de la situación de las personas LGBTI y  la implementación de leyes que reconozcan la identidad de género y penalicen la discriminación y violencia ejercida contra estas poblaciones, un gobierno y educación laica y la capacitación de los funcionarios  en temas de género y diversidad sexual.

 

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Noticias en Español

Asesinan a Erika Tatiana 10 días después del discurso de odio de JOH contra personas LGBTQ en Honduras

La activista es la 4ta persona trans asesinada en el país este año

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Erika Tatiana (Imagen cortesía de Reportar Sin Miedo)

Reportar Sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 27 de septiembre.

SANTA ROSA DE COPÁN, Honduras — María hizo muchas llamadas, pero su hija, Erika Tatiana Martínez García, nunca le contestó. 

Desesperada por no saber de ella, fue a buscarla y la encontró muerta con heridas de arma blanca en su apartamento el domingo 26 de septiembre en horas de la tarde, relató a Reportar sin Miedo la madre de Tatiana.

Erika Tatiana, mejor conocida por su segundo nombre, tenía 32 años de edad y residía en la colonia Díaz Valenzuela, en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. 

La víctima mortal tenía un pequeño negocio donde vendía bebidas y algunos alimentos a los clientes que llegaban en estado de embriaguez.

A la casa de Tatiana acudieron miembros de la Policía Nacional para acordonar el sitio donde yacía el cadáver. María quiere justicia para su hija, pero sabe que la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad. “Si no se hace justicia acá, sé que el Señor lo hará. De Dios nadie se escapa”. Tatiana fue enterrada la tarde del lunes por sus familiares en Santa Rosa de Copán. 

Mientras tanto, elementos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) procedieron a trabajar en las primeras pesquisas del caso. 

El vocero de la Policía Nacional de Honduras en el departamento de Copán, Gregorio Cornejo Campos, dijo que Tatiana falleció a causa de tres heridas producidas supuestamente por un puñal en el tórax y el cuello. 

“Hay mucha desinformación sobre las heridas y cómo se encontró el cuerpo, pero lo oficial que tenemos es que la mataron entre la noche del sábado y madrugada del domingo”, dijo a Reportar sin Miedo el vocero policial. 

Tatiana es la cuarta trans asesinada en Honduras en el 2021. Hasta la fecha, desde el transfemicidio de Vicky Hernández en 2009 han muerto 390 personas LGBTI en Honduras. 

Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, de los 17 casos de este año, 10 son de hombres gay, tres de mujeres lesbianas y cuatro de mujeres trans. 

La impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI+ en Honduras es de un 91 por ciento, revelan datos de la misma institución. 

Era activista nacionalista 

Según su madre, Tatiana era activista del Partido Nacional en Santa Rosa y acompañó a la institución política durante años en diferentes elecciones primarias y generales. 

El partido de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández al que pertenecía Tatiana se ha pronunciado públicamente en contra de leyes que benefician en derechos a las personas LGBTIQ+ y mujeres, pero no por el asesinato de una de las líderes de sus bases. 

Además, el mandatario hondureño ha dicho públicamente su oposición a las propuestas a favor del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y a los defensores de los territorios que se pronuncian contra las ciudades modelos o ZEDE. 

Un activista LGBTIQ+ nacionalista consultado por Reportar Sin Miedo dijo que los estatutos del Partido Nacional prohíben tocar el tema de la diversidad sexual y aborto.  Sin embargo, agregó el entrevistado, muchas personas diversas sexualmente que trabajan en la formación de las bases de la organización política reciben a diario un reconocimiento por parte de los grupos locales por su trabajo en la organización de la participación comunitaria y las estructuras del partido.

Honduras: organizaciones de la diversidad sexual denuncian a JOH por “discurso de odio”

Condenan crimen

La organización LGBTIQ+ Honduras Diversa realizó un pronunciamiento público con una imagen de Tatiana en la que incluyó un mensaje pidiendo justicia. 

“Hagamos oír nuestra voz, nuestro dolor y rabia, exigiendo al Ministerio Público y a los demás entes de investigación criminal en el país que realicen una investigación exhaustiva para que el asesinato de Tatiana no se sume al 91% de impunidad de los crímenes de odio de personas LGBTI+ en Honduras”, dice el comunicado. 

El director de Honduras Diversa, Néstor Hernández, condenó que los medios de comunicación no respetaran la identidad y expresión de género de Tatiana.

Hernández denunció que los medios locales y de circulación nacional colocaron el nombre con el que Tatiana aparece en sus documentos públicos y no su nombre asumido, ya que las personas trans no tienen ley de identidad de género en Honduras.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Honduras Diversa (@hondurasdiversa)

También las asociaciones diversas Arcoíris y Muñecas de Arcoíris realizaron un pronunciamiento público: “No más crímenes de odio contra nuestras hermanas, no más apología para nuestras colectivas”. 

 

 
 
 
 
 
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Por su parte, el secretario de la Juventud del Partido Libre, Kevin Ramos, dijo en sus redes sociales: “Seguiremos en la lucha por la búsqueda de la justicia. La transfobia es una realidad y más viva que nunca”. 

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Asociacion Cepres (@asociacioncepres)

Honduras tiene una deuda pendiente con las personas trans 

Tatiana debería ser una de las personas LGBTIQ+ beneficiadas por la sentencia en el caso de Vicky Hernández. En cambio, se convierte en otra víctima de un crimen de odio.

El Estado de Honduras fue condenado el 28 de junio por la Corte IDH por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández. La sentencia del caso obliga al país a crear protocolos y normativas para brindar, de forma expedita, identidad de género a las personas trans.

Sin embargo, hasta hoy el gobierno hondureño no ha cumplido ninguno de los mandatos de la Corte IDH incluidos en la sentencia del caso de Vicky. Al contrario, durante el período electoral ha afinado su discurso contra las personas de la diversidad sexual y mujeres, según denuncias de activistas. 

“Al investigar la vida y muerte de Vicky entendimos la falta de acceso a servicios básicos, las dificultades para conseguir empleo formal y las barreras legales para el cambio de nombre y reconocimiento de su identidad y expresión de género que sufren las personas trans. Vimos cómo una cultura persistente de impunidad ha impedido sancionar a quienes cometen crímenes transfóbicos, y cómo muchos gobiernos de la región han optado por ignorar esta realidad. Para hacerle justicia a Vicky hay que entender el modo en el que el sistema les falla a las mujeres trans y cómo se puede mejorar”, escribieron para el New York Times las abogadas Angelita Baeyens y Kacey Mordecai de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights. 

El equipo legal del caso también contó con las abogadas hondureñas Astrid Ramos y Nadia Mejía, de la Red Lésbica Cattrachas.

La red es liderada por Indyra Mendoza, quien el 14 de septiembre fue nombrada junto con Claudia Spellman entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. 

Ambas mujeres diversas sexualmente son las primeras personas hondureñas que obtienen este reconocimiento internacional. 

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Noticias en Español

‘Ser hombre va más allá de tener genitales’: Carlos y Niurka, una familia LGBTQ en Cuba

‘Yo vivo orgulloso’

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Carlos Hernández (Foto de María Lucía Expósito)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 27 de agosto.

LA HABANA — “Tengo muchísimas amistades que me llaman como Carlos, tengo otros allegados como mi familia que me aceptan, pero no se acomodan totalmente a la idea de que no es Diana, sino Carlos”, dice.

“Empecé en la transición hace tres años, siempre había tenido el deseo de estar bajo tratamiento. Comencé gracias a un grupo de amistades que tenía conexiones con la Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual). Hasta ahora he visto muchos cambios en mi cuerpo”, relata.

Carlos Hernández tiene 32 años y no tiene ningún problema con mencionar su nombre legal, aunque nadie se lo pregunte. El nombre antiguo está tan superado que no le preocupa mencionarlo.

Su mamá es la única que insiste en llamarlo Diana y le ha dicho que empezará a llamarlo Carlos cuando haya podido cambiar su nombre en el registro civil. Este argumento se lo inspira una transfobia agonizante, prácticamente derrotada. Ninguna institución tiene la facultad de hacer de Carlos un Carlos legítimo. Sin embargo, el Estado cree que tiene ese poder y para ejercerlo cuenta con oficinas, juristas, médicos, tribunales. Gente como la madre de Carlos, que no entiende bien que el género es otra norma, se excusa con esto.

“La última vez que insistí en buscar trabajo para el Estado me miraron de arriba a abajo cuando vieron mi carnet, me juzgaron por el tamaño”, cuenta Carlos. “Desistí y comencé a trabajar en el sector independiente y así nadie me reprime. Como trans, lo primero que yo desearía no es casarme como una Diana sino como un Carlos, cambiarme el nombre”.

Aunque el matrimonio parece la gran demanda de los colectivos LGBTIQ+ y ha sido el caballo de batalla del activismo, hay mucha gente como Carlos pensando más en derechos laborales o en el respeto al género de las personas trans. Hasta ahora, estos reclamos ni siquiera están en el gran debate público.

Cuando se aprobó el Código de Trabajo, en 2014, quienes legislaron decidieron que quedaba prohibido, a la hora de contratar, discriminar a nadie por su orientación sexual. Sin embargo, algunos diputados se negaron a incluir a la identidad de género en la lista de argumentos usados para descalificar a una persona que busca empleo. La ley entró en vigor con esa falta.

(Foto de María Lucía Expósito)

Carlos coordina una red de activistas afrodescendientes y vive con Niurka. Se conocen desde la adolescencia. Pasaron años desde que volvieron a verse decidieron tener una familia. Niurka tiene un hijo. Ha vivido como una mujer heterosexual. Insiste en que sigue siéndolo, aunque la transfobia general se empeñe en considerarla lesbiana.

“Nunca había tenido una relación con alguna otra mujer, de hecho me gustan los hombres. Por eso estoy con Carlos, porque él realmente lo es”, dice.

“Para mí ser hombre va más allá de tener genitales. Él tiene conceptos, principios y otras cualidades muy bonitas. Creo que debería ser un ejemplo para otros hombres”, opina.

“Luego del reencuentro, sin muchos rodeos, me aparecí en su casa con el niño y punto. Ya vamos para dos años de relación”, cuenta Niurka.

“El niño me dice tío, a veces me dice papá. Soy partidario de no imponer las cosas. Yo vivo orgulloso de esta familia”, dice Carlos y sonríe.

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Mujeres trans detenidas en el 11J: A las arbitrariedades reportadas, se añade la violencia de género

Personas por todo el país participaron en las protestas

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Brenda Díaz (izq.) y otras mujeres trans que protestaron el 11J en Cuba (Fotos de Facebook y Tremenda Nota)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el jueves.

LA HABANA — Brenda Díaz García, una mujer trans de 27 años, está encarcelada desde el 11 de julio de 2021. La acusan de haber lanzado piedras durante las protestas en Güira de Melena, el municipio donde reside. Su hermano, Luis Manuel Díaz García, de 16, que fue arrestado cuando intentaba impedir que la detuvieran, asegura que tal acusación es falsa.

“Nosotros salimos a manifestarnos como todo el mundo y cuando regresamos para la casa la policía la vino a buscar. Pero ella no estaba. Andaba caminando, la vieron, le cayeron atrás y la cogieron, y yo fui a defenderla y me cogieron a mí también. La acusan de tirar piedra, pero ella no tiró”, narra.

Según Luis, durante el arresto, Brenda pidió que le aflojaran las esposas porque le dolían las muñecas, y un policía le respondió: “No importa. Sufre”.

Ambos fueron trasladados a la unidad de policía conocida como el Técnico de Cuatro Caminos. A Brenda le permitieron estar en la misma celda que su hermano y allí estuvieron juntos alrededor de una semana. Con ellos había detenidos que no eran de Güira de Melena. En los interrogatorios a los que fueron sometidos, les preguntaban quiénes convocaron a manifestarse y cuánto les habían pagado.

Luis es uno de los 29 adolescentes que el régimen ha detenido, procesado o mantiene bajo investigación penal luego de las masivas protestas del 11 de julio. Cuenta que durmió en el piso durante nueve días y que la comida estaba “fatal”. Asegura, además, que a Brenda, quien tiene una condición de salud, no le dieron buena atención y que los guardias se burlaban de ella haciendo muecas.

“Cuando ella llamaba porque se sentía mal y tenía mareos, no le hacían caso. Hasta que yo cogí y le caí a piñazos a la puerta. Entonces la sacaron y la llevaron a darle un medicamento”, relata.

Luis fue liberado con medida cautelar tras 17 días de detención. “Ahora tengo que ir todos los lunes a firmar en la estación de policía de aquí de Güira y me dijeron que tengo que estar en mi casa tranquilo”, explica.

Por su parte, Brenda, a la semana de estar en el Técnico de Cuatro Caminos, la separaron de su hermano y la trasladaron al campamento Reloj Club de Boyeros y más tarde a una prisión en Melena del Sur, donde se encuentra actualmente.

Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros”, un informe realizado en 2020 por nueve organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, señala: “Las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones”.

A veces, al no contar con todas las protecciones legales que garanticen y respeten el género autopercibido de las personas trans, el propio sistema policial y carcelario no sabe qué hacer con ellas.

De los 20 países analizados en el informe, solo Argentina cumple todos los estándares internacionales: principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, ley contra la violencia hacia mujeres, ley de identidad de género y normas para el alojamiento de personas trans en prisiones.

En países como Cuba, Bolivia y Honduras, aun cuando establezcan en sus leyes generales el principio de igualdad y de no discriminación por identidad de género, las mujeres trans son llevadas a prisiones de hombres o, en el mejor de los casos, a pabellones aparte dentro de las prisiones de hombres.

En Cuba ocurre comúnmente con las encarceladas por “peligrosidad”, que es un eufemismo usado en este caso para designar el trabajo sexual. Son llevadas al correccional para hombres de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y no al correccional de mujeres Macondo, ubicado en Artemisa.

Brenda no ha sido la única persona trans encarcelada por haber participado en las protestas de julio. Nathalie Álvarez, de la ciudad de Colón, Matanzas, fue detenida en su casa el 17 de julio y acusada por desorden público. Permaneció detenida once días y finalmente fue liberada con medida cautelar y se encuentra bajo investigación penal.

Numerosas mujeres trans participaron en las protestas que el pasado julio se dieron a lo largo del país. En La Habana, un grupo de ellas denunció en entrevista para este mismo medio, la situación que las había empujado a manifestarse.

Además de la escasez de comida y de medicamentos y la falta de libertades que afecta a la mayoría de cubanos y cubanas, hicieron hincapié en el acoso policial, en que son procesadas sin haber cometido delito, y hablaron del desempleo, de la transfobia institucional y de la discriminación laboral.

Los reclamos de Brenda, que lleva 25 días detenida, no debieron ser muy diferentes. Su familia está muy preocupada por su situación legal, su salud e integridad física.

Un periodista de Tremenda Nota que fue detenido el 11 de julio y liberado al día siguiente, reportó haber encontrado a dos mujeres trans en la cárcel provisional conocida como el Vivac. Fue testigo de que eran tratadas por las autoridades con su nombre legal y refirió que fueron internadas en celdas junto a hombres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación, a manos de personas privadas de libertad o de carceleros.

El informe citado arriba alerta que “las mujeres trans (…) son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, entre otros”.

Este 4 de agosto, el padre de Brenda y otra hermana fueron hasta la prisión donde se encuentra para llevarle comida. “No la dejan ver, solo pasarle comida”, contaron. Informan que el abogado a cargo del caso le dijo a la familia que no puede hacer nada hasta el lunes próximo.

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