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Odio en Guatemala: Parte I

10 años de políticas LGBTQ

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(Imagen cortesía de Astrid Morales)

 

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade la publicará en tres partes.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, en Guatemala algunas poblaciones reciben protección desigual.

A pesar de ser firmante de varios convenios internacionales relacionados a los derechos de las personas LGBTI, el Estado continúa priorizando a las personas y la familia heterosexual, mostrando una postura conservadora y antiderechos.

La falta de políticas públicas que reconozcan y permitan a las personas de la comunidad LGBTI tener acceso a derechos básicos como lo son la identidad de género e identificación, vivienda, salud, empleo digno y seguro, y la familia, las vuelve una de las poblaciones más vulnerables.

Desde hace más de 25 años sus integrantes se han organizado para exigir sus derechos. El espacio en el que han tenido más incidencia es en el de la salud, aunque se les relega principalmente al tema del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, cuando requieren una asistencia de salud integral.

En otros ámbitos, no se ven ni se nombran. Para las autoridades parece que no existen aunque algunas instituciones los reconozcan en sus registros oficiales.

Esta línea de tiempo recorre las acciones que ha tomado el Estado de Guatemala desde 2010, las cuales muestran el desinterés en brindar soluciones reales y que respondan a las exigencias de estas poblaciones históricamente desprotegidas y violentadas.

2010

  • Guatemala calcula por primera vez el número de personas con VIH. Son 20,591 casos, entre 1984 y 2009. El Gobierno de Álvaro Colom identifica a la comunidad LGBTI como una población de riesgo, pero no les ofrece una atención de salud integral.
  • La Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsa el “Plan Estratégico Nacional de Salud y Derechos de la Diversidad Sexual”. El documento propone una guía de trabajo en materia de salud y derechos para trabajadores de salud y grupos de base comunitaria.

2011

  • El Gobierno de Guatemala firma una declaración del Consejo de DDHH de la ONU para detener la violencia contra la comunidad LGBTI, pero el acuerdo se queda en papel porque no se establecen directrices claras para erradicar el problema.
  • La Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS) empieza a impulsar la aprobación de una ley que busca que las personas transgénero y transexuales puedan rectificar sus documentos para que muestren una identidad de acuerdo con su identidad de género adoptada. Diez años después esta ley sigue sin aprobarse.

2012

  • El Sistema Penitenciario vulnera los derechos de las personas trans al ordenar que todas las personas privadas de libertad deben vestir acorde a su género asignado al nacer. “Por antecedentes relacionados o fugas, a partir de la presente fecha los privados de libertad homosexuales deberán vestir en todo momento la vestimenta según su género natural (hombres homosexuales como hombres con el cabello recortado, mujeres lesbianas como mujeres) conforme corresponde”, manifestó el Subdirector Operativo del Sistema Penitenciario, Eddy Fisher Arbizú, en una circular.

2013

  • El presidente Otto Pérez Molina declara durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que el Estado de Guatemala está en contra de las personas homosexuales y el aborto.
  • “La base de la sociedad guatemalteca es la familia y vamos a cumplir con los valores y la ética que manda la Constitución”, expresó ante un grupo de manifestantes que se reunieron frente al lugar donde se hizo la asamblea.
  • En una reunión de la Organización de Estados Americanos, en Antigua Guatemala, se conoce la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación y Tolerancia. Al año 2021 han firmado 12 de 34 países.  Guatemala, a pesar de haber sido el país anfitrión, aún no ha firmado.

2014

  • La Procuraduría de los Derechos Humanos crea la Defensoría de la Diversidad Sexual, la cual protege los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
  • La Policía Nacional Civil incorpora la categoría LGBTI en los formularios para presentar denuncias y la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, da la instrucción de que los fiscales, al momento de investigar casos, deberán tomar en cuenta que la orientación sexual e identidad de género pueden ser motivos de discriminación.

2015

  • Sandra Morán, del Partido Winaq, se convierte en la primera diputada abiertamente lesbiana en el Congreso.
  • El Ministerio de Salud Pública aprueba una estrategia de atención diferenciada en salud a la población trans, para atender de forma integral a las personas trans, sin estigma, exclusión o discriminación. Hasta 2021 la estrategia sigue inactiva debido a la falta de voluntad política del Estado.

2016

  • El 19 de abril Karla Reyes, mujer trans, es asesinada por su conviviente.
  • En noviembre de 2017 el Tribunal de Puerto Barrios dicta la sentencia de 7 años de prisión para el asesino. Este es un caso emblemático porque es la primera vez que un tribunal reconoce que una persona es víctima de homicidio por ser de la comunidad LGBTI.

2017

  • La congresista Sandra Morán (Convergencia CPO-CRD) presenta la Iniciativa de Ley para sancionar los crímenes por prejuicio, la cual busca incluir como agravante en el Código Penal el desprecio a una persona por orientación sexual, identidad y expresión de género. La propuesta fue rechazada.
  • Los diputados Ronald Arango (Todos), Edgar Sandoval Trigueros (FCN-Nación) y otros 11 congresistas presentan una iniciativa que busca incluir en el Código Penal una condena de prisión de dos a ocho años y multas de tres mil a seis mil quetzales a quienes promuevan el odio, hostilidad o violencia por motivos de racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, misoginia.  A pesar de haber recibido un dictamen favorable, la iniciativa no ha tenido más avances.

2018

  • El diputado Aníbal Rojas (VIVA) y otros 16 ponentes presentan la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual criminaliza el aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, así nacidos, se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos (…). Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (…), se lee en la propuesta.
  • La investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala titulada “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” evidencia que la Policía Nacional (PN) detuvo ilegalmente y criminalizó al menos a 156 personas por su identidad de género o por su orientación sexual.
  • Los congresistas Sandra Morán y Walter Félix López (Bloque Convergencia) presentan la Iniciativa Ley de identidad de género, que busca que las personas trans puedan acceder a documentos que reconozcan su identidad de género. La propuesta obtuvo dictamen desfavorable.
  • El Organismo Judicial (OJ) habilita una carceleta en Torre de Tribunales para personas LGBTI y así evitar que sean objeto  de ataques por parte de otras y otros reclusos.

 2019

  • Aldo Dávila es electo como diputado. Es el primer hombre abiertamente gay y VIH positivo en ocupar una curul.
  • Alejandro Giammattei y Sandra Torres expresan su compromiso para aprobar la Ley de Protección de la Vida y la Familia.

“Como madre y guatemalteca, reafirmo mi compromiso con la vida desde su concepción y creo en el matrimonio entre hombre y mujer. La defensa de los valores morales, éticos y espirituales fortalece la unidad nacional” – Sandra Torres. 

“Manifiesto mi apoyo total a la iniciativa 5272 (…) y a cualquier iniciativa de ley que fortalezca los valores y principios que deben sustentar la familia”. – Alejandro Giammattei.  

2020

  • La pandemia de COVID-19 evidencia la desprotección y exclusión de las personas LGBTI, en especial las personas trans, quienes no están consideradas en los servicios de asistencia económica temporal del Estado. Para mitigar una de las necesidades básicas, con el apoyo de AIDS Healthcare Foundation (AFH) Guatemala, la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans) abre las puertas del Comedor y cocina comunitaria Jackeline Sánchez.
  • Una mujer trans, solicitante de asilo en Guatemala, es asesinada brutalmente. La mujer solicitó protección en 2018, luego de  huir de la violencia de género y la persecución de las pandillas en su país natal, El Salvador. Esto demuestra un vacío para la protección de personas LGBTI que solicitan refugio.

Para conocer más datos sobre lo ocurrido en esta década, descarga nuestra línea de tiempo completa.

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Celebran el segundo aniversario de la marcha LGBTQ del 11 de mayo de 2019 en La Habana

Cientos de personas participaron en el evento

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Marcha LGBTI+ del 11 de mayo de 2019 (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 10 de mayo. 

LA HABANA — La Plataforma 11M presentó este domingo un programa de eventos diseñados para celebrar el segundo aniversario de la marcha LGBTI+ del 11 de mayo de 2019 y el primer año transcurrido desde la fundación de ese grupo de activistas.

Para el 11 de mayo de 2021, convocaron a un “tuitazo”, además de un encuentro con el activista trans y realizador audiovisual Liam Durán Cardona como parte de la serie de entrevistas públicas realizadas en Telegram con el título de “Historias que cuentan”.

Para ese día también anunciaron, en la misma red social, el debate “Derecho de Familia en la Cuba de hoy”, conducido por Jennifer García. Finalmente, para cerrar la jornada, invitan a un “chat de voz” sobre el activismo digital.

El 14 de mayo tienen previsto un “viernes de poesía”. Al día siguiente, en el último día del programa, estarán posteando sobre “la diversidad familiar” y en la noche tendrán otro “chat de voz”, titulado en esta ocasión “El Código de las Familias que soñamos”.

La marcha del 11 de mayo de 2019 que conmemora esta semana el activismo, reunió a cientos de personas en La Habana y terminó disuelta por la policía.

Los participantes, entre ellos decenas de aliados, decidieron marchar por su cuenta después que el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) cancelara el principal desfile LGBTI+ del país, sin ofrecer una razón convincente.

Mariela Castro, la directora del Cenesex, conocida por su activismo en defensa de la comunidad LGBTI+, calificó la marcha de “show” y dijo que fue «respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, el incidente se convirtió en un hito histórico del movimiento LGBTI+ cubano.

 

La Plataforma 11M, fundada un año después como grupo de activismo independiente, ha sido reconocida de hecho por el Cenesex. En agosto de 2020, Mariela Castro respondió con una carta oficial a la queja presentada por los activistas, a raíz de filtrarse una grabación que revelaba las políticas homofóbicas y transfóbicas de la radio cubana.

Pocos meses antes, en mayo de 2019, Mariela llamó «garrapatillas» a los activistas que trabajan fuera del Cenesex y manifiestan opiniones críticas sobre el trabajo de la institución.

11M, mientras tanto, ha mantenido un diálogo respetuoso con el activismo oficial.

A la vez que el grupo independiente conmemora su primer aniversario, el Cenesex desarrolla la XIV edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia con otro programa en las redes sociales.

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A 11 años del asesinato de Vicky Hernández, su madre reclama justicia

Se espera una decisión del CIDH en el caso

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(Foto cortesía de Rosa Hernández)

 

Reportar Sin Miedo es el medio socio del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 4 de mayo.

TEGUCIGALPA, Honduras — La asesinaron hace 11 años, pero Vicky Hernández sigue presente en la mente de su madre. Desde su lecho de enferma, Rosa Hernández, de 65 años, habló con Reportar Sin Miedo y la Agencia Presentes sobre la activista trans muerta de un balazo en la cabeza entre el 28 y el 29 de junio de 2009 en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, en pleno golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Solo la enfermedad de los últimos años le ha hecho difícil seguir en pie de lucha por hacer justicia para Vicky. Sus hijas le pagan las radioterapias para tratar el cáncer, pero se han quedado sin dinero. “Conseguí que una institución me pagara seis quimios. Pero uno tiene que pagar mil lempiras diarios [40 dólares] por la radioterapia”, relata Rosa.

En medio de todo, Rosa recibe ayuda del equipo de abogadas liderado por Robert F. Kennedy Human Rights y la Red Lésbica Cattrachas. Ambas organizaciones, con apoyo de la familia de Vicky, han emprendido un trabajo arduo.

La labor de once años culminó con dos audiencias virtuales en noviembre de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambas audiencias participaron testigas hondureñas y expertxs de toda América que dieron su punto de vista sobre el caso.

La sentencia en el caso “Vicky Hernández y otros contra Honduras” será publicada muy pronto, anunció el 6 de abril la Red Lésbica Cattrachas en Twitter. El 5 de abril, la Corte IDH publicó en redes sociales que en marzo tuvo lugar la deliberación sobre la sentencia en el caso de la trans hondureña.

Las abogadas de Vicky Hernández sostienen que los responsables de su muerte son elementos de seguridad estatal hondureña, ya que durante el toque de queda eran los únicos que podían moverse libremente por las calles de San Pedro Sula. Además argumentan que el Estado no le hizo autopsia al cadáver o la ocultó con la excusa de que Vicky padecía VIH.

Si la sentencia favorece a la familia de la activista trans, sería un logro sin precedentes para la población LGBTI en América y en especial para las mujeres trans que siguen muriendo violentamente en Honduras.

“Tiene que haber justicia para todos”, exige Rosa. “Tienen que respetar los derechos de ellos por ser trans y de ellas por ser lesbianas. Porque son humanos. ¿Por qué discriminarlos? No puede haber discriminación”.

Datos recopilados por organizaciones de derechos humanos muestran que Honduras tiene la tasa más alta de asesinatos de personas transgénero y otras personas con diversidad de género en el mundo.

Una vida en medio del peligro

“Vicky fue todo para mí”, cuenta Rosa, quien se incorpora un poco en la cama con ayuda de Tatiana, una de sus siete hijas e hijos a quienes crio vendiendo dulces en las calles.

“Me traía dinero para la comida”, dice Rosa, de pelo canoso y ojos que ven con amabilidad detrás de los anteojos de marco negro. Para disipar el calor que hace en el cuarto de paredes verdes, Tatiana enciende un ventilador y arregla un poco la ropa de su madre.

Vicky ejercía el comercio sexual para dar dinero a su familia. Como a otras trans, la sociedad hondureña le cerró los caminos: no le dio un trabajo normal, la despreció, no le ofreció los servicios de salud, educación y empleo que da a lxs demás ciudadanxs. Tuvo que viajar a Guatemala a los 16 años de edad para empezar su transición. A Rosa le costó aceptar que Vicky era distinta, pero terminó aceptándola y sintiéndose orgullosa con ella.

Su forma de ganarse la vida fue también su forma de perderla. La madre de Vicky todas las noches espera que ella regresara con vida cuando se iba a trabajar.

Una noche, pocos meses antes de morir, Vicky llegó malherida. “Vino herida de un filazo que me le pegó un guardia de seguridad. Vino sangrando. Otra trans me ayudó a llevarla al hospital”. Los policías la insultaron. “Dijeron ‘por mí morite, hijo de la gran…’”, cuenta Rosa.

Esa fue una de tantas señales del peligro letal que acecha a las trans hondureñas como Vicky. Las que ejercen el comercio sexual corren mayor riesgo de morir, pero en realidad ninguna está a salvo en una sociedad machista como la hondureña.

Aunque su hija caminaba sobre el filo de la navaja, Rosa jamás la rechazó. “Para una madre, siempre la hija es hija. No sé cómo hay madres que rechazan a sus hijxs cuando son homosexuales o trans cuando a un hijx es doloroso parirlx”.

Mataron a todas las testigas

Hasta el día en que se le acabó la suerte. Si se puede llamar suerte a vivir como Vicky vivía.

Ese día, Vicky y Rosa no sabían que había toque de queda. “Al otro día me pareció raro que no hubiera venido Vicky”. La cena de su hija se había enfriado sobre la mesa. “Entonces, una de las muchachas me dijo: ‘¿No sabe que los policías mataron a Vicky en la madrugada?’”.

El mundo de Rosa se derrumbó. No, no lo sabía. “‘Vicky está en la morgue’, me dijo. Para mí no había palabras”.

La noche en que mataron a Vicky, sus compañeras de trabajo salieron corriendo para escapar de la muerte. Una de las testigas fue una de las afortunadas que lograron huir. “La mataron”, le contó a Rosa. “Yo todavía le dije a Vicky ‘corre, corre, corre’. Cuando volteamos a ver, no miramos a Vicky, sólo oímos los disparos”.

Escaparon, pero no por mucho tiempo. “A Lisa la mataron y a la otra también la mataron”, recuerda Rosa, quien con ayuda de Tatiana se traslada a la salita adornada con peluches y modestos adornos de cerámica. “No quedaron testigos, pero me aseguraron que la policía había matado a Vicky”.

Con miedo, pero sin echarse para atrás

La mamá de Vicky junto con su otra hija, Tatiana.

“Cuando estábamos en la audiencia en la Corte IDH recibí una llamada de la DPI”, cuenta Rosa con voz quebrada. DPI es la sigla de la Dirección Policial de Investigación de Honduras y la llamada, según Rosa, fue para amedrentarla y hacer que abandonara su deseo de buscar justicia en las audiencias de la Corte IDH.

“Me dio miedo porque matan a la gente y no saben ni quién [lo hace]. Por eso he estado en zozobra. Me da miedo porque tal vez uno tiene demandado el Estado y vayan a querer fregarlo porque para ellos la vida de uno no vale nada”.

Pero con la ayuda de Cattrachas y las demás organizaciones que lxs respaldan, Rosa y su familia han agarrado el valor necesario para contar su historia y mantenerse en pie de lucha durante más de una década.

“Me dijeron que luchara y luchara para que la muerte de Vicky no quede impune”, dice Rosa. “Pero es duro perder una hija que me daba el sostén y quedar a la deriva”.

 

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Salvadoreños LGBTQ marchan en el Día Internacional del Trabajo

Demandan de nuevo protecciones por la comunidad

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

 

SAN SALVADOR, El Salvador Como cada año el primero del mes de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, y El Salvador no es la excepción.

Todos los años grupos sindicales de diferentes instituciones salen de diversos puntos de la capital para exigir entre pancartas y consignas que se respeten siempre los derechos laborales; desde el año 2016 un grupo de diversas organizaciones de la población LGBTQ salvadoreña, se ha sumado a esta iniciativa de tomarse las calles y manifestarse en favor del cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora a la cual también pertenecen.

“En el 2016 hicimos un plantón frente al Castillo Venturoso bajo la idea, que sigue siendo la misma hasta ahora, de visibilizar las reivindicaciones de la clase trabajadora LGBTI”, expresa al Washington Blade, Roberto Zapata, secretario de finanzas de Amate El Salvador.

“En comparación de años anterior la afluencia va aumentando un poco más”, expresa al Blade, Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría. “Creemos que es importante como personas LGBTI reivindicar el derecho laboral, porque también somos parte de la clase trabajadora”.

En meses anteriores, amparados en el Art. 3 de la Constitución de la República de El Salvador, el cual establece que “todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión”. La Federación Salvadoreña LGBTI que aglutina a diversas organizaciones del país, junto a organizaciones de sociedad civil, exigieron a la Asamblea Legislativa que recién salió del poder, que discutieran en ante proyecto de Ley Especial Contra la Discriminación que presentaron al congreso nacional.

En dicho proyecto se incluye el tema laboral según comenta Guevara al Blade, “dentro de la La Ley Especial Contra la Discriminación, se incluye el tema de no discriminar por ninguna condición al momento de contratar, no solamente por orientación sexual o identidad de género que es lo que realmente la población LGBTI demandamos”.

“Al momento de contratar en empresas públicas o privadas no se debe discriminar por orientación sexual o identidad de género”, alega Guevara.

Hace tres años, específicamente el 22 de marzo del 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, presentó la propuesta de Ley de Identidad de Género; la cual tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental de las personas trans al nombre propio, protegido por el artículo 36 inciso 3° de la Constitución de la República, causa por la cual tanto hombres como mujeres trans tienen más dificultades al buscar un empleo.

“Necesitamos que hayan puestos de trabajo para personas trans que son las que enfrentan más barreras para poder acceder a empleos dignos”, menciona Zapata al Blade. “En el ámbito laboral las personas trans son las más afectadas de la población LGBT, esto es porque no existe aún una Ley de Identidad de Género”.

La Asamblea Legislativa saliente no se pronunció al respecto, vulnerando de esta manera el derecho al nombre de las personas trans; recordemos las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede constituir en “discriminación oficial”, de acuerdo con la Opinión Consultiva OC-24/17, negando el acceso a leyes y/o políticas a la población LGBTQ.

“También necesitamos que a las personas que ya tienen trabajo no se les discrimine, que no haya acoso laboral de parte de compañeros y compañeras de trabajo, ni tampoco de los empleadores y que puedan desempeñarse como cualquier trabajador o trabajadora dentro de su respectivo cargo”, comenta Zapata entre las demandas que exigen en la marcha.

En El Salvador hay muchas personas LGBTQ que están preparadas para trabajar y son discriminadas por su orientación sexual o identidad de género.

“Queremos que vean las capacidades de la población tiene; porque lejos de toda situación somos personas que pagamos impuestos y realmente contribuimos al desarrollo de la economía a través del empleo”, finaliza diciendo al Blade, Guevara.

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