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Odio en Guatemala: Parte I

10 años de políticas LGBTQ

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(Imagen cortesía de Astrid Morales)

 

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade la publicará en tres partes.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, en Guatemala algunas poblaciones reciben protección desigual.

A pesar de ser firmante de varios convenios internacionales relacionados a los derechos de las personas LGBTI, el Estado continúa priorizando a las personas y la familia heterosexual, mostrando una postura conservadora y antiderechos.

La falta de políticas públicas que reconozcan y permitan a las personas de la comunidad LGBTI tener acceso a derechos básicos como lo son la identidad de género e identificación, vivienda, salud, empleo digno y seguro, y la familia, las vuelve una de las poblaciones más vulnerables.

Desde hace más de 25 años sus integrantes se han organizado para exigir sus derechos. El espacio en el que han tenido más incidencia es en el de la salud, aunque se les relega principalmente al tema del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, cuando requieren una asistencia de salud integral.

En otros ámbitos, no se ven ni se nombran. Para las autoridades parece que no existen aunque algunas instituciones los reconozcan en sus registros oficiales.

Esta línea de tiempo recorre las acciones que ha tomado el Estado de Guatemala desde 2010, las cuales muestran el desinterés en brindar soluciones reales y que respondan a las exigencias de estas poblaciones históricamente desprotegidas y violentadas.

2010

  • Guatemala calcula por primera vez el número de personas con VIH. Son 20,591 casos, entre 1984 y 2009. El Gobierno de Álvaro Colom identifica a la comunidad LGBTI como una población de riesgo, pero no les ofrece una atención de salud integral.
  • La Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsa el “Plan Estratégico Nacional de Salud y Derechos de la Diversidad Sexual”. El documento propone una guía de trabajo en materia de salud y derechos para trabajadores de salud y grupos de base comunitaria.

2011

  • El Gobierno de Guatemala firma una declaración del Consejo de DDHH de la ONU para detener la violencia contra la comunidad LGBTI, pero el acuerdo se queda en papel porque no se establecen directrices claras para erradicar el problema.
  • La Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS) empieza a impulsar la aprobación de una ley que busca que las personas transgénero y transexuales puedan rectificar sus documentos para que muestren una identidad de acuerdo con su identidad de género adoptada. Diez años después esta ley sigue sin aprobarse.

2012

  • El Sistema Penitenciario vulnera los derechos de las personas trans al ordenar que todas las personas privadas de libertad deben vestir acorde a su género asignado al nacer. “Por antecedentes relacionados o fugas, a partir de la presente fecha los privados de libertad homosexuales deberán vestir en todo momento la vestimenta según su género natural (hombres homosexuales como hombres con el cabello recortado, mujeres lesbianas como mujeres) conforme corresponde”, manifestó el Subdirector Operativo del Sistema Penitenciario, Eddy Fisher Arbizú, en una circular.

2013

  • El presidente Otto Pérez Molina declara durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que el Estado de Guatemala está en contra de las personas homosexuales y el aborto.
  • “La base de la sociedad guatemalteca es la familia y vamos a cumplir con los valores y la ética que manda la Constitución”, expresó ante un grupo de manifestantes que se reunieron frente al lugar donde se hizo la asamblea.
  • En una reunión de la Organización de Estados Americanos, en Antigua Guatemala, se conoce la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación y Tolerancia. Al año 2021 han firmado 12 de 34 países.  Guatemala, a pesar de haber sido el país anfitrión, aún no ha firmado.

2014

  • La Procuraduría de los Derechos Humanos crea la Defensoría de la Diversidad Sexual, la cual protege los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
  • La Policía Nacional Civil incorpora la categoría LGBTI en los formularios para presentar denuncias y la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, da la instrucción de que los fiscales, al momento de investigar casos, deberán tomar en cuenta que la orientación sexual e identidad de género pueden ser motivos de discriminación.

2015

  • Sandra Morán, del Partido Winaq, se convierte en la primera diputada abiertamente lesbiana en el Congreso.
  • El Ministerio de Salud Pública aprueba una estrategia de atención diferenciada en salud a la población trans, para atender de forma integral a las personas trans, sin estigma, exclusión o discriminación. Hasta 2021 la estrategia sigue inactiva debido a la falta de voluntad política del Estado.

2016

  • El 19 de abril Karla Reyes, mujer trans, es asesinada por su conviviente.
  • En noviembre de 2017 el Tribunal de Puerto Barrios dicta la sentencia de 7 años de prisión para el asesino. Este es un caso emblemático porque es la primera vez que un tribunal reconoce que una persona es víctima de homicidio por ser de la comunidad LGBTI.

2017

  • La congresista Sandra Morán (Convergencia CPO-CRD) presenta la Iniciativa de Ley para sancionar los crímenes por prejuicio, la cual busca incluir como agravante en el Código Penal el desprecio a una persona por orientación sexual, identidad y expresión de género. La propuesta fue rechazada.
  • Los diputados Ronald Arango (Todos), Edgar Sandoval Trigueros (FCN-Nación) y otros 11 congresistas presentan una iniciativa que busca incluir en el Código Penal una condena de prisión de dos a ocho años y multas de tres mil a seis mil quetzales a quienes promuevan el odio, hostilidad o violencia por motivos de racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, misoginia.  A pesar de haber recibido un dictamen favorable, la iniciativa no ha tenido más avances.

2018

  • El diputado Aníbal Rojas (VIVA) y otros 16 ponentes presentan la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual criminaliza el aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, así nacidos, se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos (…). Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (…), se lee en la propuesta.
  • La investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala titulada “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” evidencia que la Policía Nacional (PN) detuvo ilegalmente y criminalizó al menos a 156 personas por su identidad de género o por su orientación sexual.
  • Los congresistas Sandra Morán y Walter Félix López (Bloque Convergencia) presentan la Iniciativa Ley de identidad de género, que busca que las personas trans puedan acceder a documentos que reconozcan su identidad de género. La propuesta obtuvo dictamen desfavorable.
  • El Organismo Judicial (OJ) habilita una carceleta en Torre de Tribunales para personas LGBTI y así evitar que sean objeto  de ataques por parte de otras y otros reclusos.

 2019

  • Aldo Dávila es electo como diputado. Es el primer hombre abiertamente gay y VIH positivo en ocupar una curul.
  • Alejandro Giammattei y Sandra Torres expresan su compromiso para aprobar la Ley de Protección de la Vida y la Familia.

“Como madre y guatemalteca, reafirmo mi compromiso con la vida desde su concepción y creo en el matrimonio entre hombre y mujer. La defensa de los valores morales, éticos y espirituales fortalece la unidad nacional” – Sandra Torres. 

“Manifiesto mi apoyo total a la iniciativa 5272 (…) y a cualquier iniciativa de ley que fortalezca los valores y principios que deben sustentar la familia”. – Alejandro Giammattei.  

2020

  • La pandemia de COVID-19 evidencia la desprotección y exclusión de las personas LGBTI, en especial las personas trans, quienes no están consideradas en los servicios de asistencia económica temporal del Estado. Para mitigar una de las necesidades básicas, con el apoyo de AIDS Healthcare Foundation (AFH) Guatemala, la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans) abre las puertas del Comedor y cocina comunitaria Jackeline Sánchez.
  • Una mujer trans, solicitante de asilo en Guatemala, es asesinada brutalmente. La mujer solicitó protección en 2018, luego de  huir de la violencia de género y la persecución de las pandillas en su país natal, El Salvador. Esto demuestra un vacío para la protección de personas LGBTI que solicitan refugio.

Para conocer más datos sobre lo ocurrido en esta década, descarga nuestra línea de tiempo completa.

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The university that refuses to let go

Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike

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Joanna Cifredo outside the University of Puerto Rico campus in Mayagüez, Puerto Rico. (Washington Blade photo by Ignacio Estrada Cepero)

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

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La X vuelve al tribunal

Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico

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(Foto de Sergei Gnatuk via Bigstock)

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial. 

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Cuba

Cuba bajo presión y sin respuestas

Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir

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La Habana en 2017. (Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.

Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.

Pero esa es solo una parte.

Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.

Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.

La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.

Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.

Entonces la pregunta sigue siendo la misma.

Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?

¿Dónde fue a parar ese recurso?

¿Dónde está el dinero que generó?

Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.

Hay una historia más larga que no se puede ignorar.

Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.

Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.

Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.

Y hay algo más duro.

Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.

Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.

¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?

Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.

La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.

Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.

Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.

Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.

Esa es la contradicción.

El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.

Pero hay otra pregunta que también está ahí.

¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?

La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.

Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.

Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.

Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.

Esa parte no se puede seguir esquivando.

Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.

Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.

Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.

Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.

Nota del editor: Una versión de este comentario en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el 7 de abril.

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