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Odio en Guatemala: Parte I

10 años de políticas LGBTQ

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(Imagen cortesía de Astrid Morales)

 

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade la publicará en tres partes.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, en Guatemala algunas poblaciones reciben protección desigual.

A pesar de ser firmante de varios convenios internacionales relacionados a los derechos de las personas LGBTI, el Estado continúa priorizando a las personas y la familia heterosexual, mostrando una postura conservadora y antiderechos.

La falta de políticas públicas que reconozcan y permitan a las personas de la comunidad LGBTI tener acceso a derechos básicos como lo son la identidad de género e identificación, vivienda, salud, empleo digno y seguro, y la familia, las vuelve una de las poblaciones más vulnerables.

Desde hace más de 25 años sus integrantes se han organizado para exigir sus derechos. El espacio en el que han tenido más incidencia es en el de la salud, aunque se les relega principalmente al tema del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, cuando requieren una asistencia de salud integral.

En otros ámbitos, no se ven ni se nombran. Para las autoridades parece que no existen aunque algunas instituciones los reconozcan en sus registros oficiales.

Esta línea de tiempo recorre las acciones que ha tomado el Estado de Guatemala desde 2010, las cuales muestran el desinterés en brindar soluciones reales y que respondan a las exigencias de estas poblaciones históricamente desprotegidas y violentadas.

2010

  • Guatemala calcula por primera vez el número de personas con VIH. Son 20,591 casos, entre 1984 y 2009. El Gobierno de Álvaro Colom identifica a la comunidad LGBTI como una población de riesgo, pero no les ofrece una atención de salud integral.
  • La Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsa el “Plan Estratégico Nacional de Salud y Derechos de la Diversidad Sexual”. El documento propone una guía de trabajo en materia de salud y derechos para trabajadores de salud y grupos de base comunitaria.

2011

  • El Gobierno de Guatemala firma una declaración del Consejo de DDHH de la ONU para detener la violencia contra la comunidad LGBTI, pero el acuerdo se queda en papel porque no se establecen directrices claras para erradicar el problema.
  • La Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS) empieza a impulsar la aprobación de una ley que busca que las personas transgénero y transexuales puedan rectificar sus documentos para que muestren una identidad de acuerdo con su identidad de género adoptada. Diez años después esta ley sigue sin aprobarse.

2012

  • El Sistema Penitenciario vulnera los derechos de las personas trans al ordenar que todas las personas privadas de libertad deben vestir acorde a su género asignado al nacer. “Por antecedentes relacionados o fugas, a partir de la presente fecha los privados de libertad homosexuales deberán vestir en todo momento la vestimenta según su género natural (hombres homosexuales como hombres con el cabello recortado, mujeres lesbianas como mujeres) conforme corresponde”, manifestó el Subdirector Operativo del Sistema Penitenciario, Eddy Fisher Arbizú, en una circular.

2013

  • El presidente Otto Pérez Molina declara durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que el Estado de Guatemala está en contra de las personas homosexuales y el aborto.
  • “La base de la sociedad guatemalteca es la familia y vamos a cumplir con los valores y la ética que manda la Constitución”, expresó ante un grupo de manifestantes que se reunieron frente al lugar donde se hizo la asamblea.
  • En una reunión de la Organización de Estados Americanos, en Antigua Guatemala, se conoce la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación y Tolerancia. Al año 2021 han firmado 12 de 34 países.  Guatemala, a pesar de haber sido el país anfitrión, aún no ha firmado.

2014

  • La Procuraduría de los Derechos Humanos crea la Defensoría de la Diversidad Sexual, la cual protege los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
  • La Policía Nacional Civil incorpora la categoría LGBTI en los formularios para presentar denuncias y la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, da la instrucción de que los fiscales, al momento de investigar casos, deberán tomar en cuenta que la orientación sexual e identidad de género pueden ser motivos de discriminación.

2015

  • Sandra Morán, del Partido Winaq, se convierte en la primera diputada abiertamente lesbiana en el Congreso.
  • El Ministerio de Salud Pública aprueba una estrategia de atención diferenciada en salud a la población trans, para atender de forma integral a las personas trans, sin estigma, exclusión o discriminación. Hasta 2021 la estrategia sigue inactiva debido a la falta de voluntad política del Estado.

2016

  • El 19 de abril Karla Reyes, mujer trans, es asesinada por su conviviente.
  • En noviembre de 2017 el Tribunal de Puerto Barrios dicta la sentencia de 7 años de prisión para el asesino. Este es un caso emblemático porque es la primera vez que un tribunal reconoce que una persona es víctima de homicidio por ser de la comunidad LGBTI.

2017

  • La congresista Sandra Morán (Convergencia CPO-CRD) presenta la Iniciativa de Ley para sancionar los crímenes por prejuicio, la cual busca incluir como agravante en el Código Penal el desprecio a una persona por orientación sexual, identidad y expresión de género. La propuesta fue rechazada.
  • Los diputados Ronald Arango (Todos), Edgar Sandoval Trigueros (FCN-Nación) y otros 11 congresistas presentan una iniciativa que busca incluir en el Código Penal una condena de prisión de dos a ocho años y multas de tres mil a seis mil quetzales a quienes promuevan el odio, hostilidad o violencia por motivos de racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, misoginia.  A pesar de haber recibido un dictamen favorable, la iniciativa no ha tenido más avances.

2018

  • El diputado Aníbal Rojas (VIVA) y otros 16 ponentes presentan la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual criminaliza el aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, así nacidos, se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos (…). Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (…), se lee en la propuesta.
  • La investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala titulada “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” evidencia que la Policía Nacional (PN) detuvo ilegalmente y criminalizó al menos a 156 personas por su identidad de género o por su orientación sexual.
  • Los congresistas Sandra Morán y Walter Félix López (Bloque Convergencia) presentan la Iniciativa Ley de identidad de género, que busca que las personas trans puedan acceder a documentos que reconozcan su identidad de género. La propuesta obtuvo dictamen desfavorable.
  • El Organismo Judicial (OJ) habilita una carceleta en Torre de Tribunales para personas LGBTI y así evitar que sean objeto  de ataques por parte de otras y otros reclusos.

 2019

  • Aldo Dávila es electo como diputado. Es el primer hombre abiertamente gay y VIH positivo en ocupar una curul.
  • Alejandro Giammattei y Sandra Torres expresan su compromiso para aprobar la Ley de Protección de la Vida y la Familia.

“Como madre y guatemalteca, reafirmo mi compromiso con la vida desde su concepción y creo en el matrimonio entre hombre y mujer. La defensa de los valores morales, éticos y espirituales fortalece la unidad nacional” – Sandra Torres. 

“Manifiesto mi apoyo total a la iniciativa 5272 (…) y a cualquier iniciativa de ley que fortalezca los valores y principios que deben sustentar la familia”. – Alejandro Giammattei.  

2020

  • La pandemia de COVID-19 evidencia la desprotección y exclusión de las personas LGBTI, en especial las personas trans, quienes no están consideradas en los servicios de asistencia económica temporal del Estado. Para mitigar una de las necesidades básicas, con el apoyo de AIDS Healthcare Foundation (AFH) Guatemala, la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans) abre las puertas del Comedor y cocina comunitaria Jackeline Sánchez.
  • Una mujer trans, solicitante de asilo en Guatemala, es asesinada brutalmente. La mujer solicitó protección en 2018, luego de  huir de la violencia de género y la persecución de las pandillas en su país natal, El Salvador. Esto demuestra un vacío para la protección de personas LGBTI que solicitan refugio.

Para conocer más datos sobre lo ocurrido en esta década, descarga nuestra línea de tiempo completa.

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Comunidad LGBTQ salvadoreña reflexiona sobre las elecciones

El presidente Nayib Bukele se ganó segundo mandato

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(Foto cortesía de Colectivo Alejandría)

SAN SALVADOR, El Salvador – En punto de las 7 a.m. del 4 de febrero, se esperaba que abrieran todos los centros de votación en los diferentes municipios del país, pero por diferentes razones en muchos centros existió un atraso que incluso causo que las Juntas Receptoras de Votos comenzaran su labor pasada las 8 a.m.

Desde primeras horas, muchas personas de la población LGBTQ comenzaron a postear en redes sociales que habían logrado ejercer el sufragio sin ninguna eventualidad. En su mayoría, personas de la población lesbianas, gays y bisexuales, por parte de las personas trans y queer muchas de las organizaciones se tomaron el trabajo de estar al tanto de cómo iba su proceso, ninguna reportó algún inconveniente, también recibieron apoyo y acompañamiento por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Uno de los casos de acompañamiento fue el de Valeria de Aspidh Arcoiris Trans, se le puso énfasis a su caso, pues su DUI ya está con el nombre que se identifica y en el padrón electoral aún no aparecería así. 

“Valeria nos comentó que todo salió bien y recibió acompañamiento de la PDDH”, comentó al Washington Blade Mónica Hernández, directora de Aspidh. 

Así como ellas, las diferentes organizaciones no reportaron casos en donde se impidiera el derecho al voto; incluso el personaje Lady Drag, asistió a su centro de votación en el instituto EXSAL, portando un vestido negro, llevando como cola de este la Constitución de la República de El Salvador con otros libros de escritores nacionales. 

No se le negó el voto, incluso mostró que había votado por Nuevas Ideas para que su voto fuera anulado, todo como una protesta por la pobreza en la educación que existe en el país, esto de acuerdo con sus propias declaraciones dada a los medios. 

Mucha ausencia de personas LGBTQ en las votaciones 

Se observó una interesante diferencia en la afluencia de votantes entre los centros de votación en el extranjero y los ubicados dentro del país. Mientras que los compatriotas en el exterior mostraron una notable participación, los centros de votación locales, experimentaron una menor afluencia, destacando también la escasa participación de la comunidad LGBTQ salvadoreña.

En los centros de votación en el exterior, la presencia de votantes salvadoreños fue notable. 

Las largas filas y la participación activa reflejaron el compromiso de la diáspora con el proceso electoral. Sin embargo, la situación fue diferente en los centros de votación dentro de El Salvador. A pesar de los esfuerzos de concientización por parte de las organizaciones de sociedad civil en general, la participación local fue menor de lo esperado. 

Se evidenció una falta de entusiasmo general, destacando incluso una disminución en la afluencia de la población LGBTQ salvadoreña, quienes no mostraron el mismo interés que en elecciones anteriores. 

“Sinceramente no tenía muchas ganas de ir a votar, pero como dicen que, si luego uno se queja, al menos hice el intento con mi voto de hacer la diferencia”, comenta al Blade Yanet Ríos, una mujer bisexual salvadoreña.

Este contraste plantea preguntas entre las organizaciones LGBTQ, sobre los factores que pueden estar afectando la participación a nivel nacional. 

“Estamos preocupados porque la gente no sale a votar”, platica Hernández. “Vimos noticias, TikTok, los en vivo y los centros de votación no estaban llenos.”

“El discurso simplista de ‘los buenos contra los malos’ reinó sobre las reflexiones sensatas que alertaron durante meses, la consolidación de un sistema profundamente fragmentado, donde la poca confianza alcanzada por parte de las instituciones hacia la población se ha destruido”, aclaró al Blade Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS. 

Resalta la importancia de explorar estrategias para fomentar la implicación de la población local en futuros procesos electorales, sobre todo porque los mismos partidos políticos no tuvieron la misma presencia en campaña como en elecciones pasadas. Algunas miembros de colectivos LGBTQ comentaron al Blade que ahora los candidatos políticos no se acercaron a las organizaciones de sociedad civil y que el ambiente se sintió como que se daban por perdedores antes de tiempo. 

Resultados en elecciones presidenciales

El 9 de febrero el Tribunal Supremo Electoral finalizó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y de diputado, mostrando a Nayib Bukele como ganador con un 82.66 por ciento de los votos totales. Este resultado se dio tras cinco días de las elecciones, debido a múltiples fallos percibidos por el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados.

“Pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada. Algunos inconvenientes dificultaron que la trasmisión fluyera como se tenía previsto”, dijo en conferencia de prensa después de los comicios la magistrada Dora Martínez, presidenta del TSE.

Así con 2,7 millones de votos de un total de 3,2 millones, Bukele ganó la presidencia por segunda vez. Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quedó en segundo puesto con un 6,25 por ciento de la votación y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obtuvo 5,44 por ciento de acuerdo con el escrutinio final.

“No podemos hablar de una fiesta cívica ni democrática cuando las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores o cuando el aparataje estatal beneficia a unos sobre otros; donde primero se impone el resultado y después se configura el proceso”, expresó Rodríguez, haciendo alusión a la autoproclamasión como ganador que realizó Bukele en el Palacio Nacional, por la noche del 4 de febrero, sin tener resultados del escrutino final. 

Rodríguez además menciona que la poblaciones que históricamente han sido desatendidas, continúan siendo las más vulnerables y las que son invisibilizadas en las propuestas de los candidatos, ya que estás son inexistentes para hablar sobre la población LGBTQ.

Ahora comenzarán el conteo para el escrutinio final de las elecciones legislativas, de las cuales el partido Nuevas Ideas espera obtener la mayoría, para dar seguimiento al trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora. 

Ante este escenario, Hernández ve complicado tener expectativas positivas con los resultados obtenidos. 

“Esperamos que nuestros gobernantes que finalmente sean los que se establezcan, nos representen como sector que existe y que merece un trato digno y respetuoso a nuestras orientaciones e identidades diversas”, expresa. 

Aspidh de acuerdo con Hernández, están enfocando su trabajo en formar a la población.

“Para nosotras es súper importante el tema de la de la creación de una escuela de formadores políticos”, expresa Rodríguez. “De esta manera se puede esperar que exista más involucramiento de la población en próximas elecciones y generar cambios desde el conocimiento y la participación.” 

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La CIDH señala la preocupante violencia que sufren las personas trans en las Américas

El organismo destaca las cifras brutales

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Se publicó esta nota en su sitio web el 4 de febrero.

Publicado originalmente en Escándala.

La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La comisión apunta en su comunicado que la violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados miembros adopten con urgencia medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.

El organismo destaca las cifras brutales de las violencias que viven y enfrentan las personas trans en los diferentes países que integran Las Américas.

El caso México

En su comunicado, la CIDH apunta que en México, en lo que va de 2024, se han monitoreado al menos cinco muertes violentas y dos agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México. Además del caso de le magistrade Ociel Baena.

Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más casos registrados tienen de violaciones y asesinatos cometidos en contra de personas de las poblaciones LGBTQ, en especial hacia las mujeres trans.

En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían documentado al menos 98 personas trans asesinadas. 

En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.

Entre los meses de enero y febrero, más de diez mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans. 

En Ecuador, hasta junio de 2023 se registraron por lo menos seis asesinatos de mujeres trans. 

En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans por parte de un particular, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente. 

En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina y, en octubre, una adolescente trans migrante colombiana de 16 años fue asesinada en la ciudad de Santiago. 

En noviembre, entre el día 8 y 11, la CIDH recibió informaciones sobre dos asesinatos de mujeres trans en Honduras y de otras dos en Venezuela.  

La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTQ defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial.

El organismo señala que es preocupante la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, así como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios. 

Con datos del registro global Transrespect vs Transfobia de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 fueron atribuidos a la región de las Américas.

El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos señala que es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género y desarrollen políticas públicas, leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia. 

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Activistas LGBTQ se preparan para elecciones en El Salvador

Se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas el 4 de febrero

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador   En la víspera de las elecciones en El Salvador, presidenciales y diputación el 4 de febrero, alcaldes y diputados a PARLACEN el 3 de marzo, la nación centroamericana se encuentra en una encrucijada política que amenaza con socavar aún más los cimientos democráticos. La sombra del autoritarismo se cierne sobre el proceso electoral, planteando interrogantes sobre el futuro los derechos de la comunidad LGBTQ en un escenario político donde la pluralidad y la inclusión podrían quedar en segundo plano.

En las últimas décadas, El Salvador ha experimentado un complicado trayecto hacia la consolidación de su sistema democrático. A pesar de los avances notables, la persistente amenaza del predominio de un solo partido político vuelve a poner a prueba la resistencia de las instituciones democráticas y sus garantías de representación.

Existe una creciente preocupación entre los observadores políticos y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de que el actual partido en el poder asegure una vez más un dominio ininterrumpido. La falta de una competencia política real y la polarización cada vez más marcada amenazan con consolidar un poder hegemónico que podría tener consecuencias significativas para diversos sectores de la sociedad.

La voz olvidada: El impacto en la comunidad LGBTQ

En medio de esta incertidumbre política, la comunidad LGBTQ se encuentra en una posición particularmente vulnerable. A pesar de avances en la lucha por la igualdad y la diversidad, existe el temor de que las cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ sean nuevamente relegadas al olvido en el escenario político actual, tal como sucedió con el accionar de gobiernos pasados.

“El FMLN mostró cierta apertura cuando estuvo dentro del gobierno, pero no pasó más, en su momento hubieran tenido la oportunidad de poder apoyar a la población LGBT”, comentó al Washington Blade Fany Meléndez, una activista independiente. 

El Salvador ha tenido pequeños avances para reconoce y proteger los derechos de la población LGBTQ, pero la implementación efectiva y la garantía de un entorno inclusivo siguen siendo desafíos pendientes. Solo se contaba con algunos protocolos de atención que, de acuerdo con activistas, “han quedado en desuso” y la reforma al Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.

La posibilidad de un retorno a políticas conservadoras y la falta de representación significativa para la comunidad LGBTQ plantean serias interrogantes sobre la preservación de los avances logrados hasta ahora.

“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tocaba también el tema LGBTI dentro de sus spots publicitarios; hoy lo vemos como un poquito más tenue”, habla con el Blade Karla Guevara, la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTIQ de El Salvador, haciendo referencia a uno de los retrocesos que se perciben.

Las nuevas candidaturas y las del partido político en gobierno, no muestran una apertura a tocar temas referentes a la población LGBTQ y que esto se refleje en sus plataformas. 

“No nos vemos incluidas dentro de sus plataformas, o apoyo a ningún tipo de política”, agrega Guevara. “No vemos si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género o a las uniones civiles de parejas del mismo sexo u otro tipo de políticas”. 

La participación de candidaturas dentro de los partidos políticos también se ha disminuido en estas elecciones, las pocas existentes no han tenido la visibilidad como las que obtuvo en las pasadas elecciones a diputado que tuvo Erick Ortiz por el partido Nuestro Tiempo.

“Brenda Rosales en el partido de Nuevas Ideas, sabemos que compitió en las internas, pero no pasó, nos preocupa más los ataques de odio que ella sufrió en la participación que tuvo, no solo por fuera, sino de la misma gente de su partido”, expresó Guevara. 

El presidente de El Salvador Nayib Bukele (Foto cortesía del gobierno de El Salvador)

Observación y participación

Es crucial que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en El Salvador y mantenga una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. La presión externa puede desempeñar un papel crucial en la protección de las minorías y la promoción de un entorno inclusivo y respetuoso de la diversidad.

A pesar de ya no contar con una mesa de dialogo dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, esta entidad está en contacto con algunas de las organizaciones de sociedad civil, para tener contacto de algunas bases de la organización y dar seguimiento a su participación en los próximos comicios. 

“Nos piden el contacto de cuatro personas y ellos le dan seguimiento a su participación. Nosotros le damos seguimiento al resto de la base social, primero hacemos la consulta si van a ir a votar y la importancia de hacerlo y luego si necesitan apoyo, después estamos al tanto de cómo les fue”, cuenta al Blade Joshua Navas, director ejecutivo de Generación HT El Salvador.

Por su parte la Federación Salvadoreña LGBTIQ tiene una campaña en redes sociales incentivando al voto de su población, además, han habilitado un número de WhatsApp para hacer las denuncias correspondientes que se den con las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.

“A veces su Documento Único de identidad no concuerda con la expresión de género, entonces hemos habilitado la línea del 7888 0765, para poder tomar la denuncia y poder después presentar esto como una estadística de lo sucedido”, cuenta Guevara. 

En medio de la incertidumbre

A algunas organizaciones y activistas les preocupa la criminalización y persecución que se da a defensores de derechos humanos, “nosotros hemos bajado del perfil en redes sociales, ahora ya no se opina de temas de forma directa, por el temor que existe”, agrega Navas. 

“No vemos realmente si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género, si hay un apoyo a las uniones civiles de pareja del mismo sexo u otro tipo de políticas, no vemos nada de eso”, menciona de manera preocupante Guevara. 

En este clima político tenso, la comunidad LGBTQ y sus aliados enfrentan el desafío de preservar y ampliar los avances logrados hasta ahora. La esperanza reside en la resistencia de las voces que defienden la democracia, la inclusión y la igualdad. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones, el llamado a la acción resonará en la conciencia colectiva, recordándonos que la lucha por la justicia y la diversidad es una responsabilidad compartida. Y las organizaciones de sociedad civil, no perderán de vista la lucha por el cumplimiento 

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