SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.

Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado. 

La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.

Una mujer detrás de una noticia

Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.

De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.

La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.

Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.

Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.

El derecho a ser nombrada

Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.

Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.

En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.

Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.

Un problema que va más allá de un solo caso

El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.

Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.

301 denuncias en 2025

Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual. 

Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción. 

Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.

Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.

El precedente de Zashy Zuley

La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.

ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida. 

Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella. 

El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.

Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.

¿Dónde están los datos oficiales?

Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.

La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.

Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.

Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.

El desafío de no olvidar

El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:

¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.

Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.

Entre los sonidos vibrantes de la batucada, las luces de colores, la música y los mensajes de reivindicación, el 5 de junio se llevó a cabo una nueva edición de “Mani Fiesta tu Orgullo”, un evento que durante los últimos cuatro años se ha convertido en una de las actividades más emblemáticas para dar inicio a las celebraciones y acciones de incidencia política, cultural y comunitaria del Mes del Orgullo en El Salvador.

La actividad, organizada por la Federación Salvadoreña LGBTI en conjunto con el Centro Cultural de España en El Salvador, congregó entre 200 y 300 personas que se dieron cita para compartir un espacio de encuentro, reflexión, memoria histórica y celebración de la diversidad.

Desde las 7 p.m. y hasta las 10 p.m., el recinto se transformó en un punto de reunión para activistas, artistas, organizaciones de la sociedad civil, personas de la comunidad LGBTQ y aliados que año con año encuentran en esta actividad una oportunidad para reafirmar su identidad y fortalecer los lazos comunitarios.

Más allá de una fiesta, los organizadores destacan que “Mani Fiesta tu Orgullo” representa un acto político y social de gran importancia, pues marca oficialmente el inicio de las actividades que diversas organizaciones desarrollan durante junio y permite posicionar públicamente las demandas, preocupaciones y aspiraciones de la comunidad LGBTQ salvadoreña.

Cuatro años construyendo comunidad y visibilidad

La iniciativa nació hace cuatro años como una propuesta para abrir el Mes del Orgullo desde un espacio cultural, inclusivo y accesible para todas las personas. Desde entonces, la actividad ha evolucionado hasta convertirse en una referencia dentro de la agenda de junio, permitiendo que organizaciones, activistas y miembros de la comunidad encuentren un espacio para compartir experiencias, fortalecer alianzas y proyectar mensajes de incidencia.

Para la Federación Salvadoreña LGBTI, uno de los aspectos más significativos ha sido el respaldo constante del Centro Cultural de España, institución que ha abierto sus puertas para albergar la actividad y contribuir a la promoción de los derechos humanos y la diversidad.

“Para nosotras y nosotros es muy gratificante contar con el apoyo del Centro Cultural de España, que ha sido un aliado importante para poder desarrollar este espacio y hacerlo crecer cada año”, destacaron integrantes de la Federación.

La continuidad del evento también refleja la capacidad de resistencia y organización de la comunidad LGBTQ en un contexto que continúa presentando desafíos relacionados con la igualdad, el reconocimiento y la garantía de derechos.

Durante estos cuatro años, “Mani Fiesta tu Orgullo” ha servido como un espacio de expresión artística, pero también como una plataforma para visibilizar las realidades que enfrenta la población diversa en el país.

Un hecho histórico: la participación activa de la Asamblea Feminista

Uno de los aspectos que marcó esta edición fue la participación activa de la Asamblea Feminista, organización que desde el año pasado se ha incorporado de manera más directa a la coordinación y desarrollo de las actividades del Mes del Orgullo.

Aunque históricamente mujeres lesbianas y bisexuales han formado parte de las marchas y acciones impulsadas por la comunidad LGBTQ, su participación en los procesos organizativos había sido limitada. La incorporación de la Asamblea Feminista representa, según activistas, un paso importante hacia la construcción de un movimiento más amplio, inclusivo y articulado.

Para Karla Guevara, secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTI, este acercamiento constituye un hecho sin precedentes dentro de la historia reciente del movimiento. 

“Creo que esto es inédito, y a nosotras y nosotres como Federación nos llena de orgullo que las compañeras lesbianas y bisexuales se hayan podido sumar a estas actividades del Mes del Orgullo”, expresó.

La participación de organizaciones feministas también evidencia una creciente convergencia entre distintas luchas sociales que comparten principios relacionados con la igualdad, la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales. Para muchas personas asistentes, esta articulación representa una oportunidad para fortalecer redes de apoyo y construir agendas comunes frente a desafíos que afectan a diversos sectores históricamente excluidos.

Arte, música y celebración como herramientas de resistencia

La jornada estuvo marcada por expresiones artísticas que aportaron energía y color a la celebración. La reconocida batucada Las Musas fue una de las agrupaciones encargadas de animar la noche, aportando ritmos vibrantes que acompañaron gran parte de la actividad.

Asimismo, la participación de la DJ Drag Alexa Evangelista contribuyó a crear un ambiente festivo y diverso, donde la música se convirtió en un lenguaje común para las personas asistentes.

Más allá del entretenimiento, las expresiones artísticas desempeñan un papel fundamental dentro de los movimientos sociales, especialmente en aquellos relacionados con la diversidad sexual y de género.

El arte, la música, la danza y las expresiones culturales permiten construir comunidad, fortalecer identidades y generar espacios seguros donde las personas pueden expresarse libremente. En este sentido, “Mani Fiesta tu Orgullo” demuestra cómo la celebración también puede convertirse en una forma de resistencia frente a la discriminación y la exclusión.

Un manifiesto dedicado a la memoria y la gratitud

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la lectura del manifiesto del orgullo correspondiente a este año. A diferencia de otros años, el documento estuvo enfocado principalmente en la memoria histórica y el reconocimiento de quienes construyeron los primeros espacios de organización y resistencia en condiciones mucho más adversas.

El mensaje recordó a aquellas personas que, en décadas pasadas, comenzaron a construir comunidad desde la clandestinidad, cuando la discriminación social era aún más intensa y los espacios seguros prácticamente inexistían. También rindió homenaje a quienes fallecieron durante la pandemia del VIH/Sida en las décadas de 1980 y 1990, una de las etapas más dolorosas para la población LGBTQ a nivel mundial.

El manifiesto destacó además la importancia de recordar la primera Marcha del Orgullo realizada en El Salvador en 1997, un acontecimiento histórico que marcó un antes y un después en la visibilidad pública de la comunidad diversa. Asimismo, se hizo un reconocimiento especial a las personas adultas mayores de la comunidad, incluyendo mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales y mujeres trans, cuyas experiencias y luchas han contribuido a abrir camino para las nuevas generaciones.

Para muchas de las personas presentes, este enfoque representó una invitación a mirar hacia atrás con gratitud, reconociendo que los avances actuales son el resultado de décadas de trabajo, organización y valentía.

El orgullo como memoria, comunidad y esperanza

Aunque junio suele asociarse con celebraciones, desfiles y manifestaciones públicas, para muchas organizaciones LGBTQ el orgullo también implica memoria, reflexión y compromiso con las generaciones futuras.

Eventos como “Mani Fiesta tu Orgullo” permiten recordar que detrás de cada conquista existen historias de personas que enfrentaron discriminación, violencia y exclusión para abrir espacios de participación y reconocimiento. Al mismo tiempo, estas actividades fortalecen los vínculos comunitarios y generan oportunidades para que nuevas personas se integren a los movimientos de defensa de derechos humanos.

La edición de este año dejó en evidencia que la comunidad LGBTQ salvadoreña continúa apostando por la organización colectiva, la construcción de alianzas y la recuperación de la memoria histórica como herramientas fundamentales para avanzar. Con una asistencia que superó las expectativas de los organizadores y una creciente participación de distintos sectores sociales, “Mani Fiesta tu Orgullo” reafirmó su lugar como una de las actividades más significativas del inicio del Mes del Orgullo en El Salvador.

Más que una celebración, fue un espacio para recordar, agradecer y reconocer que cada paso dado en la búsqueda de igualdad ha sido posible gracias a quienes, desde distintos momentos de la historia, decidieron levantar la voz y construir comunidad. Y precisamente allí radica la esencia de esta actividad: en recordar que el orgullo no solo se celebra, también se hereda, se construye y se comparte.

En El Salvador, la violencia contra la población LGBTQ no ha disminuido: ha mutado. Lo que antes se expresaba en crímenes de odio, hoy se manifiesta en discriminación institucional, abandono y silencio estatal. Mientras el discurso oficial evita cualquier referencia a inclusión o diversidad, las cifras muestran un panorama alarmante.

Según el Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH, con el apoyo de Hivos y Arcus Foundation, desde el 1 de enero al 22 de septiembre de 2025 se registraron 301 denuncias de vulneraciones de derechos.

El departamento de San Salvador concentra 155 de esas denuncias, reflejando la magnitud del problema en la capital.

Violencia institucionalizada: el Estado como principal agresor

El informe revela que las formas más recurrentes de violencia son la discriminación (57 por ciento), seguida de intimidaciones y amenazas (13 por ciento), y agresiones físicas (10 por ciento). Pero el dato más inquietante está en quiénes ejercen esa violencia.

Los cuerpos uniformados, encargados de proteger a la población, son los principales perpetradores:

• 31.1 por ciento corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC),

• 26.67 por ciento al Cuerpo de Agentes Municipales (CAM),

• 12.22 por ciento a militares desplegados en las calles bajo el régimen de excepción.

A ello se suma un 21.11 por ciento de agresiones cometidas por personal de salud pública, especialmente por enfermeras, lo que demuestra que la discriminación alcanza incluso los espacios que deberían garantizar la vida y la dignidad.

Loidi Guardado, representante de ASPIDH, comparte con Washington Blade un caso que retrata la cotidianidad de estas violencias:

“Una enfermera en la clínica VICITS de San Miguel, en la primera visita me reconoció que la persona era hijo de un promotor de salud y fue amable. Pero luego de realizarle un hisopado cambió su actitud a algo despectiva y discriminativa. Esto le sucedió a un hombre gay.”

Este tipo de episodios reflejan un deterioro en la atención pública, impulsado por una postura gubernamental que rechaza abiertamente cualquier enfoque de inclusión, y tacha la educación de género como una “ideología” a combatir.

El discurso del Ejecutivo, que se opone a toda iniciativa con perspectiva de diversidad, ha tenido consecuencias directas: el retroceso en derechos humanos, el cierre de espacios de denuncia, y una mayor vulnerabilidad para quienes pertenecen a comunidades diversas.

El miedo, la desconfianza y el exilio silencioso

El estudio también señala que el 53.49 por ciento de las víctimas son mujeres trans, seguidas por hombres gays (26.58 por ciento). Sin embargo, la mayoría de las agresiones no llega a conocimiento de las autoridades.

“En todos los ámbitos de la vida —salud, trabajo, esparcimiento— las personas LGBT nos vemos intimidadas, violentadas por parte de muchas personas. Sin embargo, las amenazas y el miedo a la revictimización nos lleva a que no denunciemos. De los casos registrados en el observatorio, el 95.35 por ciento no denunció ante las autoridades competentes”, explica Guardado.

La organización ASPIDH atribuye esta falta de denuncia a varios factores: miedo a represalias, desconfianza en las autoridades, falta de sensibilidad institucional, barreras económicas y sociales, estigma y discriminación.

Además, la ausencia de acompañamiento agrava la situación, producto del cierre de numerosas organizaciones defensoras por falta de fondos y por las nuevas normativas que las obligan a registrarse como “agentes extranjeros”.

Varias de estas organizaciones —antes vitales para el acompañamiento psicológico, legal y educativo— han migrado hacia Guatemala y Costa Rica ante la imposibilidad de operar en territorio salvadoreño.

Educación negada, derechos anulados

Mónica Linares, directora ejecutiva de ASPIDH, lamenta el deterioro de los programas educativos que antes ofrecían una oportunidad de superación para las personas trans:

“Hubo un programa del ACNUR que lamentablemente, con todo el cierre de fondos que hubo a partir de las declaraciones del presidente Trump y del presidente Bukele, pues muchas de estas instancias cerraron por el retiro de fondos del USAID.”

Ese programa —añade— beneficiaba a personas LGBTQ desde la educación primaria hasta el nivel universitario, abriendo puertas que hoy permanecen cerradas.

Actualmente, muchas personas trans apenas logran completar la primaria o el bachillerato, en un sistema educativo donde la discriminación y el acoso escolar siguen siendo frecuentes.

Organizaciones en resistencia

Las pocas organizaciones que aún operan en el país han optado por trabajar en silencio, procurando no llamar la atención del gobierno. “Buscan pasar desapercibidas”, señala Linares, “para evitar conflictos con autoridades que las ven como si no fueran sujetas de derechos”.

Desde el Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), su cofundadora Leslie Schuld coincide. “Hay muchas organizaciones de derechos humanos y periodistas que están en el exilio. Felicito a las organizaciones que mantienen la lucha, la concientización. Porque hay que ver estrategias, porque se está siendo silenciado, nadie puede hablar; hay capturas injustas, no hay derechos.”

Schuld agrega que el CIS continuará apoyando con un programa de becas para personas trans, con el fin de fomentar su educación y autonomía económica. Sin embargo, admite que las oportunidades laborales en el país son escasas, y la exclusión estructural continúa.

Matar sin balas: la anulación de la existencia

“En efecto, no hay datos registrados de asesinatos a mujeres trans o personas LGBTIQ+ en general, pero ahora, con la vulneración de derechos que existe en El Salvador, se está matando a esta población con la anulación de esta.”, reflexiona Linares.

Esa “anulación” a la que se refiere Linares resume el panorama actual: una violencia que no siempre deja cuerpos, pero sí vacíos. La negación institucional, la falta de políticas públicas, y la exclusión social convierten la vida cotidiana en un acto de resistencia para miles de salvadoreños LGBTQ.

En un país donde el Ejecutivo ha transformado la narrativa de derechos en una supuesta “ideología”, la diversidad se ha convertido en una amenaza política, y los cuerpos diversos, en un campo de batalla. Mientras el gobierno exalta la “seguridad” como su mayor logro, la población LGBTQ vive una inseguridad constante, no solo física, sino también emocional y social.

El Salvador, dicen los activistas, no necesita más silencio. Necesita reconocer que la verdadera paz no se impone con fuerza de uniformados, sino con justicia, respeto y dignidad.