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Asesinan a Erika Tatiana 10 días después del discurso de odio de JOH contra personas LGBTQ en Honduras
La activista es la 4ta persona trans asesinada en el país este año

SANTA ROSA DE COPÁN, Honduras — María hizo muchas llamadas, pero su hija, Erika Tatiana Martínez García, nunca le contestó.
Desesperada por no saber de ella, fue a buscarla y la encontró muerta con heridas de arma blanca en su apartamento el domingo 26 de septiembre en horas de la tarde, relató a Reportar sin Miedo la madre de Tatiana.
Erika Tatiana, mejor conocida por su segundo nombre, tenía 32 años de edad y residía en la colonia Díaz Valenzuela, en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras.
La víctima mortal tenía un pequeño negocio donde vendía bebidas y algunos alimentos a los clientes que llegaban en estado de embriaguez.
A la casa de Tatiana acudieron miembros de la Policía Nacional para acordonar el sitio donde yacía el cadáver. María quiere justicia para su hija, pero sabe que la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad. “Si no se hace justicia acá, sé que el Señor lo hará. De Dios nadie se escapa”. Tatiana fue enterrada la tarde del lunes por sus familiares en Santa Rosa de Copán.
Mientras tanto, elementos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) procedieron a trabajar en las primeras pesquisas del caso.
El vocero de la Policía Nacional de Honduras en el departamento de Copán, Gregorio Cornejo Campos, dijo que Tatiana falleció a causa de tres heridas producidas supuestamente por un puñal en el tórax y el cuello.
“Hay mucha desinformación sobre las heridas y cómo se encontró el cuerpo, pero lo oficial que tenemos es que la mataron entre la noche del sábado y madrugada del domingo”, dijo a Reportar sin Miedo el vocero policial.
Tatiana es la cuarta trans asesinada en Honduras en el 2021. Hasta la fecha, desde el transfemicidio de Vicky Hernández en 2009 han muerto 390 personas LGBTI en Honduras.
Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, de los 17 casos de este año, 10 son de hombres gay, tres de mujeres lesbianas y cuatro de mujeres trans.
La impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI+ en Honduras es de un 91 por ciento, revelan datos de la misma institución.
Era activista nacionalista
Según su madre, Tatiana era activista del Partido Nacional en Santa Rosa y acompañó a la institución política durante años en diferentes elecciones primarias y generales.
El partido de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández al que pertenecía Tatiana se ha pronunciado públicamente en contra de leyes que benefician en derechos a las personas LGBTIQ+ y mujeres, pero no por el asesinato de una de las líderes de sus bases.
Además, el mandatario hondureño ha dicho públicamente su oposición a las propuestas a favor del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y a los defensores de los territorios que se pronuncian contra las ciudades modelos o ZEDE.
Un activista LGBTIQ+ nacionalista consultado por Reportar Sin Miedo dijo que los estatutos del Partido Nacional prohíben tocar el tema de la diversidad sexual y aborto. Sin embargo, agregó el entrevistado, muchas personas diversas sexualmente que trabajan en la formación de las bases de la organización política reciben a diario un reconocimiento por parte de los grupos locales por su trabajo en la organización de la participación comunitaria y las estructuras del partido.
Honduras: organizaciones de la diversidad sexual denuncian a JOH por “discurso de odio”
Condenan crimen
La organización LGBTIQ+ Honduras Diversa realizó un pronunciamiento público con una imagen de Tatiana en la que incluyó un mensaje pidiendo justicia.
“Hagamos oír nuestra voz, nuestro dolor y rabia, exigiendo al Ministerio Público y a los demás entes de investigación criminal en el país que realicen una investigación exhaustiva para que el asesinato de Tatiana no se sume al 91% de impunidad de los crímenes de odio de personas LGBTI+ en Honduras”, dice el comunicado.
El director de Honduras Diversa, Néstor Hernández, condenó que los medios de comunicación no respetaran la identidad y expresión de género de Tatiana.
Hernández denunció que los medios locales y de circulación nacional colocaron el nombre con el que Tatiana aparece en sus documentos públicos y no su nombre asumido, ya que las personas trans no tienen ley de identidad de género en Honduras.
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También las asociaciones diversas Arcoíris y Muñecas de Arcoíris realizaron un pronunciamiento público: “No más crímenes de odio contra nuestras hermanas, no más apología para nuestras colectivas”.
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Por su parte, el secretario de la Juventud del Partido Libre, Kevin Ramos, dijo en sus redes sociales: “Seguiremos en la lucha por la búsqueda de la justicia. La transfobia es una realidad y más viva que nunca”.
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Honduras tiene una deuda pendiente con las personas trans
Tatiana debería ser una de las personas LGBTIQ+ beneficiadas por la sentencia en el caso de Vicky Hernández. En cambio, se convierte en otra víctima de un crimen de odio.
El Estado de Honduras fue condenado el 28 de junio por la Corte IDH por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández. La sentencia del caso obliga al país a crear protocolos y normativas para brindar, de forma expedita, identidad de género a las personas trans.
Sin embargo, hasta hoy el gobierno hondureño no ha cumplido ninguno de los mandatos de la Corte IDH incluidos en la sentencia del caso de Vicky. Al contrario, durante el período electoral ha afinado su discurso contra las personas de la diversidad sexual y mujeres, según denuncias de activistas.
“Al investigar la vida y muerte de Vicky entendimos la falta de acceso a servicios básicos, las dificultades para conseguir empleo formal y las barreras legales para el cambio de nombre y reconocimiento de su identidad y expresión de género que sufren las personas trans. Vimos cómo una cultura persistente de impunidad ha impedido sancionar a quienes cometen crímenes transfóbicos, y cómo muchos gobiernos de la región han optado por ignorar esta realidad. Para hacerle justicia a Vicky hay que entender el modo en el que el sistema les falla a las mujeres trans y cómo se puede mejorar”, escribieron para el New York Times las abogadas Angelita Baeyens y Kacey Mordecai de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights.
El equipo legal del caso también contó con las abogadas hondureñas Astrid Ramos y Nadia Mejía, de la Red Lésbica Cattrachas.
La red es liderada por Indyra Mendoza, quien el 14 de septiembre fue nombrada junto con Claudia Spellman entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.
Ambas mujeres diversas sexualmente son las primeras personas hondureñas que obtienen este reconocimiento internacional.
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Nace Red LGBTQIA+ El Salvador
Activistas dieron una conferencia de prensa en Suchitoto el 17 de mayo

SUCHITOTO, El Salvador — En conferencia de prensa el 17 de mayo, se dio a conocer la Red LGBTQIA+.
En palabras de Fernando Guerra de Cultura Trans, “es un espacio de coordinación entre 15 organizaciones que se ha venido conformando desde hace un año y posee cobertura en el área urbana y rural, en siete de los 14 departamentos de El Salvador”.
“Todos y todas queremos un El Salvador libre de violencia y discriminación, desafortunadamente los derechos de las personas LGBTQIA+ siguen siendo vulnerados”, mencionó Kerlin Belloso, abogada de la Red LGBTQIA+.
Luego de analizar la realidad de El Salvador, como que en el 2003 el Consejo de Derechos Civiles y Políticos le dio a El Salvador unas recomendaciones por los crímenes por odio de aquel momento, en el 2006 se realizaron los Principios de Yogyakarta donde se incluían recomendaciones y también hasta el momento no se ha hecho nada; estos entro otros varios puntos sobre los cuales El Salvador no ha tomado acción.
“Hemos pensado en una estrategia distinta… luego de 10 años en la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género y hay pocos avances”, comentó Modesto Mendizábal del Centro Dike LGBT.
Por ello, de acuerdo con las palabras de Guerra, la misión principal de esta red es “promover y defender la dignidad humana y la igualdad de derechos para las personas LGBTQIA+ mediante el poder narrativo, la incidencia política, la educación social y la construcción de una comunidad fuerte, visible y solidaria”.
Los principios bajo los que operarán serán “la solidaridad, inclusión, efectividad y eficiencia; en general, nos esforzaremos por construir relaciones transparentes, horizontales y basadas en la confianza entre socies y las necesidades locales, para consolidar el poder narrativo”, agregó en sus palabras Fátima Peñate de Espacio Seguro.
Además, dejaron claro que realizaran acciones que aportan al cambio de narrativa o contra-narrativa, “ esto para la creación de políticas inclusivas, la reducción de la LGBTfobia y para que la sociedad se libere de estereotipos, normas, actitudes y prácticas discriminatorias”, mencionó Nicolas Rodríguez de El Salvador G.
Aparte de eso también ejecutaran al menos un proyecto de investigación y un ejercicio de análisis de evidencia, cada año, en torno a los asuntos LGBTQIA+ y temáticas afines.
Proyecto Nova
En esta conferencia presentaron el proyecto NOVA, “es el acróstico de Narrativas y Oportunidades, Visibles y Afirmativas en El Salvador. NOVA es un proyecto de PODER NARRATIVO EXPANSIVO, plurianual financiado por el Fondo Nébula. El proyecto será ejecutado en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, Cabañas, La Paz”, explicó Sebastián Cerritos de Fusión Diversidad.
Cuentan con un presupuesto que asciende los $100,000 de los cuales el 50 por ciento es para el fortalecimiento de las organizaciones de la red y el otro 50 por ciento será para acciones de incidencia y poder narrativo expansivo; la primera fase inició el 17 de mayo y finalizará el 31 de diciembre, las fases siguientes parten del año 2024.
De acuerdo con su planteamiento del proyecto, única manera de contrarrestar los discursos de odio hacia la población LGBTQ e intersex es proporcionando a nuestra comunidad los recursos para aumentar su poder narrativo e impulsar discursos alternativos o contra-narrativas que aprovechen los valores compartidos y cambien las perspectivas, así lo mencionó Fausto Gámez de Brisas del Campo.
“Muchas veces hablamos de no convencer a los convencidos, y el objetivo de este proyecto es alcanzar a aquellos que no están convencidos, todo desde un marco de derechos”, agregó William Hernández, director de Entre Amigos.
Para la ejecución del proyecto han identificado cinco ámbitos, entre ellos están los grupos religiosos y pro-vida, partidos políticos conservadores y tomadores de decisión política conservadores, profesionales y servidores públicos conservadores, empresarios anti LGBTQ y también población rural.
Al trabajar con estas poblaciones esperan obtener cosas muy puntuales, “un diagnóstico de narrativas y el mapeo de grupos anti-derechos, como también un plan estratégico colaborativo entre la RED LGBTQIA+ y socios involucrados”, explicó Gisselle Campos de QUEIQUE AC, entre otras cosas puntuales que ayudaran con nuevas narrativas para el cambio de actitudes y comportamientos sociales.
Las organizaciones que formaran parte de la RED LGBTQIA+ El Salvador, están Conexión Juvenil, BI SV, Entre Amigos, Colectivo de Diversidad Sexual de Tecoluca, El Salvador G, Cultura Trans, Huellas Suchitoto, Centro Dike, LGBT, Espacio Seguro, Fusión Diversidad, Brisas del Campo, QUEIQUE AC como también ID Joven.
Las cuales no desaprovecharon la oportunidad de dar su posicionamiento con respeto al día contra la LGBTQfobica, en donde mencionaron la necesidad de crear políticas a favor de la población LGBTQ e intersex, agregando que se comprometen a seguir resistiendo y luchando por un futuro en el que la diversidad sea celebrada y respetada, y poder vivir plenamente y con orgullo.
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‘Ya no tenemos derecho ni a la calle’
Mujeres trans ecuadorianas se confrontan la violencia del crimen organizado

“No estoy muy convencida de hablar de esto”, susurra mientras agacha la mirada y cierra los ojos envolviéndose en sus pensamientos por unos segundos. “Pero creo que es necesario hacerlo, nunca en mi vida le he temido a nada y no voy a empezar ahora”, dice con firmeza esbozando una leve sonrisa. Luego empieza a caminar en medio del bullicio de lxs estudiantes en las proximidades de la Universidad Central, en el sector de la Av. América, en Quito.
Juliana (nombre protegido) tiene 31 años, salió de su casa a los 16 y como muchas chicas trans tuvo que arreglárselas por sí misma. “La familia siempre es la primera que nos desampara, sienten repudio por nosotras. Pero bueno, eso ya pasó y no se puede hacer nada, es mejor olvidarlo”, asegura con resignación y da el tema por zanjado.
Actualmente reside en Quito, pero nació y se crió en Manta, donde junto a sus compañeras encontró el calor del hogar que le había sido negado. Se trasladó a la capital en busca de mejores oportunidades cuando tenía 24 años, sin saber que se cruzaría de frente con la violencia y la extorsión.
“Hoy en día la situación de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual es terrible, antes al menos nos podíamos ganar unos centavos. Ahora, ya no tenemos derecho ni a eso, no tenemos derecho ni a la calle”, relata con rabia, como quien siente el alivio de –por primera vez- contar algo que nunca se atrevió a decirle a nadie. Juliana asegura que las “vacunas” y “derechos de plaza” llevan en Quito ya mucho tiempo y son un problema que afecta y vulnera a las trabajadoras sexuales trans.
***
Desde el año 2021 en que inició el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador está atravesando una fuerte crisis de inseguridad y violencia. Según el informe Human Rights Watch 2023, estas variables son motivo de “profunda preocupación” para Ecuador.
De acuerdo a la encuesta realizada por la consultora CID Gallup, Ecuador es el país de América Latina en el que la ciudadanía se siente más insegura en las calles.
En 2021 se reportaron 2.135 muertes violentas, que equivale a una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 la cifra llegó a 4.603 muertes; es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes.
En 2023 la violencia se ha exacerbado. Durante el primer trimestre del año se registraron 1.356 muertes violentas, lo que representa un aumento del 66,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Se estima que para finales de año se lleguen a contabilizar 6.300 crímenes. Ecuador es el país de la región en el que más crecen las muertes violentas.
En medio de esta situación de violencia e inseguridad, las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres trans, son las más vulnerables. Coca y Mota, del colectivo Pachaqueer, denuncian que “las personas trans son consideradas de tercera o cuarta categoría en la jerarquía de las vidas que importan y el contexto actual propicia que las constantes violencias que atraviesan sean exacerbadas”.
Odalys Cayambe, presidenta de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, añade que las mujeres trans-trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas por el crimen organizado con tasas de hasta US$ 30 por día o US$ 500 mensuales. Lo que precariza aún más su vida y les obliga a trabajar únicamente para cumplir con el pago de estas cuotas que las mantienen “acorraladas”.
“Nos dicen que debemos quedarnos calladas, que no podemos decir nada, mucho menos denunciar”, agrega. De hacerlo, corren el riesgo de ser “eliminadas”. Cayambe asegura también que la vida trans se encuentra más atravesada que nunca por la violencia. “Ya no sabemos ni con qué nos podemos cruzar, qué puede pasarnos a la vuelta de la esquina, y todo queda siempre en impunidad”.
Las muertes trans no son contabilizadas en Ecuador, no existen, ya que al morir no se respeta la identidad de esta población. Además, existen vacíos legales que impiden el reconocimiento de los transfemicidios.
EthnoData, plataforma de estudios de datos, recomienda que es necesaria la implementación de protocolos específicos para víctimas transfemeninas dentro del sistema penal ecuatoriano.
“Tengo muchas compañeras enterradas en lo que va de año y ellas no están en ningún registro, al menos no con su verdadero nombre”, denuncia Odalys Cayambe.
La ausencia de datos oficiales generados por el Estado es reflejo del abandono estatal a la población trans. Esta realidad problematiza e imposibilita la búsqueda de justicia. “Vayan, vayan a los hospitales aquí en Guayaquil y vean cuántas mujeres trans están muriendo realmente”, concluye.
Las propias organizaciones LGBTIQ+ intentan superar la inexistencia de cifras oficiales con sus propios registros. El informe Runa Sipiy, que cada año elabora la Asociación Silueta X para contabilizar el número de muertes de personas de las diversidades sexo genéricas, refleja un incremento exponencial de crímenes y violencia en contra de esta población.
Según este informe, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el año 2021, de las cuales 10 eran mujeres trans. En 2022, la cifra aumentó a 25, con 16 casos correspondientes a mujeres trans. En ese año se incorporó la variable “muerte al estilo sicariato”, con 10 casos.
“La violencia estructural contra mujeres trans se mantiene, pero en medio de un contexto sangriento estas se ven mucho más afectadas”, sostiene Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X. La activista proyecta que para el año 2023 se prevé un incremento de al menos un 45 por ciento en muertes LGBTIQ+.
Para Rodríguez, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad directa sobre estas cifras, pues la ausencia de políticas públicas enfocadas en combatir las inequidades que afectan a las personas LGBTIQ+ son un agravante que profundizan sus vulnerabilidades. “Las condiciones del actual sistema social ecuatoriano arroja a muchas compañeras trans a la calle exponiéndolas desde temprana edad a contextos de violencia”.
Coca y Mota, de PachaQueer, son aún más tajantes en su señalamiento al actual mandatario sobre las circunstancias de violencia que afectan a las diversidades sexo genéricas: “el régimen dictatorial del presidente Guillermo Lasso ha implementado una necro política de estado que nos ubica en la línea del no ser y no existir, deshumanizándonos y desconociendo nuestras identidades”.
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Con desesperación y rabia, Juliana denuncia que las trabajadoras sexuales trans son amenazadas de muerte si se atreven a exponer a las personas que les exigen dinero por “mantener” sus “plazas” en las calles. Para cumplir con el pago de las denominadas “vacunas”, y seguir comiendo, en muchas ocasiones trabajan día y noche. “Vivir así ya no es vida”.
Desde su adolescencia, Juliana se enfrentó a contextos de inseguridad y violencia que logró superar con resiliencia. Pero sabe que esto va incluso más allá. “Esta gente no tiene alma, no tiene corazón, no van a dudar un segundo al momento de meterte un tiro en medio de la cabeza”, asegura.
Tras unos segundos de pausa para darle una pitada al cigarrillo que sostiene en su mano derecha mientras camina, interroga con frontalidad: “¿A quién le importa la vida de una puta? ¿A quién le interesa la vida de una trans? Yo o cualquiera de mis compañeras podríamos morir esta noche y nadie se enteraría, todo seguiría igual”.
Vuelve a cerrar los ojos y se encierra nuevamente en sí misma, como pensando en la impunidad de la que —sabe— gozan las personas que a diario arrebatan vidas en Ecuador sin que ocurra nada al respecto. Esta realidad abandona a las mujeres trans-trabajadoras sexuales a su suerte y las vuelve presas fáciles para el crimen organizado. “Incluso te obligan a vender su mercancía (drogas)”, añade.
“Un día me paré fuerte y no quise pagar, me arrinconaron contra una pared y me dijeron que, si no les daba su dinero, no podía estar más en la calle, y que si lo hacía iba a acabar en el fondo de una quebrada”, relata, con la voz notablemente entrecortada.
Vuelve a fumar y guarda silencio, dando con ello a entender que no quiere profundizar más en el tema. Para Juliana, a veces es mejor olvidar, o al menos intentar no recordar ciertas cosas, “fingir demencia” —como ella mismo dice—.
“Solo me refugio en mí misma y sigo viviendo, no queda más. Total, ni al Gobierno ni a nadie le interesan nuestros problemas, por eso nadie habla”.
Diane Rodríguez explica que la población ecuatoriana está hoy viviendo un fenómeno que es común para las personas LGBTIQ+: la impunidad. Si alguien muere o es extorsionado, nada ocurre, no se investiga, nadie va preso, no hay justicia, mucho menos reparación. “Es lo que nuestra población siempre ha experimentado, ser únicamente daños colaterales, quedar en el olvido”, indica.
Por ello asegura que las trabajadoras sexuales trans prefieren optar por el silencio, porque si se oponen o se levantan contra quienes las obligan a involucrarse al microtráfico y a pagar extorsiones “hasta ahí llegan, primero son amenazadas, y si persisten, simplemente pierden la vida. Como le ocurrió a Jessica Martínez”.
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“Me han amenazado de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada, están pidiendo mi cabeza”. Le dijo la activista Jessica Martínez a su amiga y compañera de lucha Odalys Cayambe, poco antes de ser asesinada con once disparos. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en Ambato, donde residía y ejercía el trabajo sexual.
Jéssica era también la vicepresidenta de la Organización Trans Nueva Esperanza, que trabajaba por la reivindicación de los derechos de la población trans en la ciudad. Desde su colectivo se había revelado en contra de las bandas delictivas que la extorsionaban a ella y a sus compañeras con el pago de cuotas por el derecho a ocupar la calle y ejercer su trabajo.
“Ella era mi amiga, veníamos trabajando juntas desde los territorios, yo la admiraba. Pese a que denunciamos y pedimos ayuda a Fiscalía, nadie hizo nada, la dejaron morir”. Son las palabras de Odalys Cayambe al recordar a Jéssica Martínez, quien fue una mujer trans de 37 años, afrodescendiente y oriunda de Chone, que se trasladó a Ambato tras huir de Quito, donde denunció haber recibido una paliza por parte de la Policía.
🟣#JusticiaParaJéssica | Jéssica Martínez, vicepresidenta de la agrupación Nueva Esperanza, lidereza afroecuatoriana del Movimiento Trans en #Ambato y defensora de derechos de las trabajadoras sexuales trans, fue víctima de #Transfeminicidio el sábado 3 de septiembre de 2022. pic.twitter.com/2Hdjuu0fz4
— Surkuna💚 (@SurkunaEc) September 6, 2022
Jéssica se ha convertido hoy en el reflejo de las consecuencias que pueden traer para las mujeres trans revelarse ante sus victimarios y, también, de la indiferencia e inacción estatal frente a esta realidad.
“Jéssica estaba acorralada y ya ven lo que pasó, murió y ahí quedó la cosa, sus compañeras se vieron obligadas a huir de Ambato para no correr con la misma suerte”, señala Cayambe.
Quienes la querían y acompañaban en su lucha, la recuerdan y extrañan. Ruby, quien fue una de sus mejores amigas, asegura que les hace mucha falta y que no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. “Te extrañamos mucho mi negrita bella”.
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A las muertes violentas que afectan a personas LGBTIQ+ y la extorsión por “derechos” de calle a mujeres trans trabajadoras sexuales, se suman otros tipos de violencia e inseguridad, como el cobro de vacunas a locales comerciales que pertenecen a personas de las diversidades sexo genéricas.
Odalys Cayambe denuncia que “algunas compañeras, con el trabajo de su cuerpo, han logrado ponerse un negocio de cualquier cosa y están siendo vacunadas”. Por vacuna, se entiende a aquel tipo de extorsión en el que la víctima debe pagar una cierta cantidad de dinero periódicamente por supuesta “protección”.
Esta problemática las obliga inclusive a migrar de sus ciudades de origen, huyendo de las extorsiones y de las posibles consecuencias de no pagar. “Se van, se tienen que ir, porque les es imposible cumplir con lo que les piden, la cosa está así, deben abandonar lo poco que tienen”, comenta Cayambe.
En Quito, la situación es similar. Diane Rodríguez señala que Silueta X ha recibido denuncias de extorsiones a salones de belleza en sectores como Cumbayá o Carcelén. A estos negocios se les cobra cuotas que sobrepasan su capacidad, lo que desencadena en que se vean obligados a cerrar, explica Rodríguez.
Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 98 denuncias por extorsión en Quito. La cifra supera el total contabilizado en 2022, año en que llegó a 68. No existe ningún tipo de información referente a la población LGBTIQ+.
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“¿Quiénes están detrás de todo esto? No lo sé, o si lo supiera no podría decírtelo directamente, eso me pondría en peligro a mí, incluso sin decir mi nombre. ¿Y sabes? También te pondría en peligro a ti”, advierte Juliana, lanzando un sano consejo.
“Lo que sí sé y sí puedo decirte es que antes las cosas no eran así, la movida no era tan densa, claro que siempre había discriminación, violencia, lo normal”, comenta con una naturalidad que extremese. “Pero ahora, la situación ya es mucho más fuerte, que esto no salga en las noticias, no quiere decir que no esté ocurriendo”.
Juliana cuenta que hace unos meses, mientras visitaba a una amiga suya en el sector norte de Quito, en Carapungo, le contaron que allí están dando palizas a mujeres trans que no pueden pagar lo que se les pide. “Se les llevan hasta sus cosas, a mi amiga le quitaron sus herramientas de trabajo, su secador, sus tijeras… todo”.
“Antes una soñaba con hacer una platita y dejar la calle, tener una buena vejez, ponerse un local. Ahora ya no hay esperanzas de nada”. Juliana dice que pronto tendrá que marcharse, ya que no quiere llamar la atención.
“Las trans somos fuertes, duras, la calle nos ha hecho de hierro, hemos pasado por todo y somos difíciles de doblegar. Tengo fe de que esto va a cambiar y podremos volver a vivir tranquilas, con más paz, sin miedo”.
Juliana se despide igual que se presentó: con un abrazo cariñoso en el que se puede sentir su calidez humana. Empieza a caminar y tras dar unos pasos se gira para lanzar una sonrisa al aire, como convencida de estar poniendo un grano de arena más en la lucha que incansablemente han encabezado las mujeres trans en Ecuador y el mundo.
Su historia conmueve y hace un llamado a la reflexión, no únicamente por la frontalidad de sus palabras, sino también por lo que, se entiende, no pudo decir en su totalidad por miedo a posibles represalias. Razón por la cual otras muchas también callan. Juliana expone la punta de un iceberg cuyo tamaño real no es posible dimensionar.
Las mujeres trans siguen pagando “derechos de plaza” o “vacunas”, o son asesinadas como Jéssica Martínez por revelarse ante las personas que las extorsionan y obligan a delinquir; y la paz de quienes han logrado construir un negocio propio desaparece frente al cobro de vacunas desorbitadas.
En medio de disputas de poder de la clase política, la inseguridad y violencia golpea a mujeres como Juliana, que hoy se atrave a alzar su voz frente a la crítica situación que atraviesan las las mujeres trans, las más olvidadas por el Estado y cuyas muertes siguen quedando en la impunidad.
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Mausoleo Tiresias: Lo que nos une no es la muerte, es la memoria
Más de 10 personas trans han sido asesinadas en México este año

El pasado lunes 22 de mayo en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco de la alcaldía Iztapalapa se colocó la primera piedra del Mausoleo Tiresias en honor a la memoria y vida de las trans asesinadas en el país.
La lucha que comenzó Kenya Cuevas, defensora de derechos humanos y fundadora de Casa de Muñecas Tiresias la ha llevado por un largo camino en la búsqueda de justicia por el asesinato su compañera Paola Buenrostro, cuyo caso es el primer transfeminicidio reconocido en el país. Desde 2016, Cuevas se ha dedicado a darle un trato digno a los cuerpos de las mujeres trans y honrar su memoria y dignidad. Este recinto contará con 146 espacios y uno de sus objetivos también es evitar que ninguna mujer trans asesinada vaya a una fosa común, según afirmó Cuevas.


El incremento de la violencia contra las personas LGBTQI+, particularmente contra las mujeres trans pone de relieve el incremento y tolerancia de discursos de odio y retórica anti derechos que se ha destapado en redes sociales y medios de comunicación, sumado a un ambiente político polarizado y de cara a elecciones próximas. En lo que va del 2023, 19 personas LGBTQI+ han sido asesinadas, más de la mitad mujeres trans, cuyas muertes se suman a por lo menos 453 asesinatos motivados por el odio hacia la comunidad LGBTQI+ según Letra S.

Paola Buenrostro. Compañera, amiga, mujer trabajadora, valiente e imparable. Su voz fue silenciada el 30 de septiembre de 2016 por un hombre que fue dejado en libertad a pesar de los testimonios de sus compañeras. Desde ese día una lucha imparable por la justicia y la memoria comenzó.
Paola y todas las mujeres víctimas de violencia no son cifras, tienen nombre e historias, cada una de ellas merece un lugar digno para descansar y ser recordadas. Honramos sus vidas, hablamos de quiénes eran y así las sentimos con nosotras; sus almas nos acompañan, vuelan cual mariposas en el cielo, están en cada grito de lucha, ríen, aman y lloran con nosotros, nos dan la fuerza que necesitamos para seguir resistiendo.
Esta mausoleo es por ellas, por nuestras amigas, hermanas y compañeras, un recordatorio de que el amor y la lucha trascienden las barreras de la vida y la muerte.
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