Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 27 de agosto.

LA HABANA — “Tengo muchísimas amistades que me llaman como Carlos, tengo otros allegados como mi familia que me aceptan, pero no se acomodan totalmente a la idea de que no es Diana, sino Carlos”, dice.

“Empecé en la transición hace tres años, siempre había tenido el deseo de estar bajo tratamiento. Comencé gracias a un grupo de amistades que tenía conexiones con la Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual). Hasta ahora he visto muchos cambios en mi cuerpo”, relata.

Carlos Hernández tiene 32 años y no tiene ningún problema con mencionar su nombre legal, aunque nadie se lo pregunte. El nombre antiguo está tan superado que no le preocupa mencionarlo.

Su mamá es la única que insiste en llamarlo Diana y le ha dicho que empezará a llamarlo Carlos cuando haya podido cambiar su nombre en el registro civil. Este argumento se lo inspira una transfobia agonizante, prácticamente derrotada. Ninguna institución tiene la facultad de hacer de Carlos un Carlos legítimo. Sin embargo, el Estado cree que tiene ese poder y para ejercerlo cuenta con oficinas, juristas, médicos, tribunales. Gente como la madre de Carlos, que no entiende bien que el género es otra norma, se excusa con esto.

“La última vez que insistí en buscar trabajo para el Estado me miraron de arriba a abajo cuando vieron mi carnet, me juzgaron por el tamaño”, cuenta Carlos. “Desistí y comencé a trabajar en el sector independiente y así nadie me reprime. Como trans, lo primero que yo desearía no es casarme como una Diana sino como un Carlos, cambiarme el nombre”.

Aunque el matrimonio parece la gran demanda de los colectivos LGBTIQ+ y ha sido el caballo de batalla del activismo, hay mucha gente como Carlos pensando más en derechos laborales o en el respeto al género de las personas trans. Hasta ahora, estos reclamos ni siquiera están en el gran debate público.

Cuando se aprobó el Código de Trabajo, en 2014, quienes legislaron decidieron que quedaba prohibido, a la hora de contratar, discriminar a nadie por su orientación sexual. Sin embargo, algunos diputados se negaron a incluir a la identidad de género en la lista de argumentos usados para descalificar a una persona que busca empleo. La ley entró en vigor con esa falta.

Carlos coordina una red de activistas afrodescendientes y vive con Niurka. Se conocen desde la adolescencia. Pasaron años desde que volvieron a verse decidieron tener una familia. Niurka tiene un hijo. Ha vivido como una mujer heterosexual. Insiste en que sigue siéndolo, aunque la transfobia general se empeñe en considerarla lesbiana.

“Nunca había tenido una relación con alguna otra mujer, de hecho me gustan los hombres. Por eso estoy con Carlos, porque él realmente lo es”, dice.

“Para mí ser hombre va más allá de tener genitales. Él tiene conceptos, principios y otras cualidades muy bonitas. Creo que debería ser un ejemplo para otros hombres”, opina.

“Luego del reencuentro, sin muchos rodeos, me aparecí en su casa con el niño y punto. Ya vamos para dos años de relación”, cuenta Niurka.

“El niño me dice tío, a veces me dice papá. Soy partidario de no imponer las cosas. Yo vivo orgulloso de esta familia”, dice Carlos y sonríe.

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el jueves.

LA HABANA — Brenda Díaz García, una mujer trans de 27 años, está encarcelada desde el 11 de julio de 2021. La acusan de haber lanzado piedras durante las protestas en Güira de Melena, el municipio donde reside. Su hermano, Luis Manuel Díaz García, de 16, que fue arrestado cuando intentaba impedir que la detuvieran, asegura que tal acusación es falsa.

“Nosotros salimos a manifestarnos como todo el mundo y cuando regresamos para la casa la policía la vino a buscar. Pero ella no estaba. Andaba caminando, la vieron, le cayeron atrás y la cogieron, y yo fui a defenderla y me cogieron a mí también. La acusan de tirar piedra, pero ella no tiró”, narra.

Según Luis, durante el arresto, Brenda pidió que le aflojaran las esposas porque le dolían las muñecas, y un policía le respondió: “No importa. Sufre”.

Ambos fueron trasladados a la unidad de policía conocida como el Técnico de Cuatro Caminos. A Brenda le permitieron estar en la misma celda que su hermano y allí estuvieron juntos alrededor de una semana. Con ellos había detenidos que no eran de Güira de Melena. En los interrogatorios a los que fueron sometidos, les preguntaban quiénes convocaron a manifestarse y cuánto les habían pagado.

Luis es uno de los 29 adolescentes que el régimen ha detenido, procesado o mantiene bajo investigación penal luego de las masivas protestas del 11 de julio. Cuenta que durmió en el piso durante nueve días y que la comida estaba “fatal”. Asegura, además, que a Brenda, quien tiene una condición de salud, no le dieron buena atención y que los guardias se burlaban de ella haciendo muecas.

“Cuando ella llamaba porque se sentía mal y tenía mareos, no le hacían caso. Hasta que yo cogí y le caí a piñazos a la puerta. Entonces la sacaron y la llevaron a darle un medicamento”, relata.

Luis fue liberado con medida cautelar tras 17 días de detención. “Ahora tengo que ir todos los lunes a firmar en la estación de policía de aquí de Güira y me dijeron que tengo que estar en mi casa tranquilo”, explica.

Por su parte, Brenda, a la semana de estar en el Técnico de Cuatro Caminos, la separaron de su hermano y la trasladaron al campamento Reloj Club de Boyeros y más tarde a una prisión en Melena del Sur, donde se encuentra actualmente.

“Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros”, un informe realizado en 2020 por nueve organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, señala: “Las mujeres trans son transferidas frecuentemente de una prisión a otra por exigir sus derechos y pueden ser ubicadas en áreas donde existen peores condiciones”.

A veces, al no contar con todas las protecciones legales que garanticen y respeten el género autopercibido de las personas trans, el propio sistema policial y carcelario no sabe qué hacer con ellas.

De los 20 países analizados en el informe, solo Argentina cumple todos los estándares internacionales: principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, ley contra la violencia hacia mujeres, ley de identidad de género y normas para el alojamiento de personas trans en prisiones.

En países como Cuba, Bolivia y Honduras, aun cuando establezcan en sus leyes generales el principio de igualdad y de no discriminación por identidad de género, las mujeres trans son llevadas a prisiones de hombres o, en el mejor de los casos, a pabellones aparte dentro de las prisiones de hombres.

En Cuba ocurre comúnmente con las encarceladas por “peligrosidad”, que es un eufemismo usado en este caso para designar el trabajo sexual. Son llevadas al correccional para hombres de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, y no al correccional de mujeres Macondo, ubicado en Artemisa.

Brenda no ha sido la única persona trans encarcelada por haber participado en las protestas de julio. Nathalie Álvarez, de la ciudad de Colón, Matanzas, fue detenida en su casa el 17 de julio y acusada por desorden público. Permaneció detenida once días y finalmente fue liberada con medida cautelar y se encuentra bajo investigación penal.

Numerosas mujeres trans participaron en las protestas que el pasado julio se dieron a lo largo del país. En La Habana, un grupo de ellas denunció en entrevista para este mismo medio, la situación que las había empujado a manifestarse.

Además de la escasez de comida y de medicamentos y la falta de libertades que afecta a la mayoría de cubanos y cubanas, hicieron hincapié en el acoso policial, en que son procesadas sin haber cometido delito, y hablaron del desempleo, de la transfobia institucional y de la discriminación laboral.

Los reclamos de Brenda, que lleva 25 días detenida, no debieron ser muy diferentes. Su familia está muy preocupada por su situación legal, su salud e integridad física.

Un periodista de Tremenda Nota que fue detenido el 11 de julio y liberado al día siguiente, reportó haber encontrado a dos mujeres trans en la cárcel provisional conocida como el Vivac. Fue testigo de que eran tratadas por las autoridades con su nombre legal y refirió que fueron internadas en celdas junto a hombres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación, a manos de personas privadas de libertad o de carceleros.

El informe citado arriba alerta que “las mujeres trans (…) son mucho más propensas a sufrir abusos y violencia tras las rejas que otras poblaciones. Además de los retos que el encarcelamiento impone a las personas privadas de libertad, las mujeres trans presentan desafíos relacionados con el alojamiento, su identificación, las requisas, el acceso a servicios médicos, la privacidad, entre otros”.

Este 4 de agosto, el padre de Brenda y otra hermana fueron hasta la prisión donde se encuentra para llevarle comida. “No la dejan ver, solo pasarle comida”, contaron. Informan que el abogado a cargo del caso le dijo a la familia que no puede hacer nada hasta el lunes próximo.

Reportar Sin Miedo es el medio socio del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 13 de junio.

Por María Alejandra Aguilar y Dunia Orellana

SAN PEDRO SULA, Honduras — Ondeando banderas de arcoíris y organizando marchas caracterizadas por color y júbilo recibimos junio, el Mes del Orgullo LGBTIQ+, alrededor del mundo. Aunque las poblaciones de la diversidad sexual y de género se dedican a concientizar y promover representación igualitaria durante todo el año, el Mes del Orgullo es un tiempo dedicado a visibilizar a la diversidad sexual y su lucha para borrar el estigma que aún existe.

Sin embargo, las personas LGBTIQ+ y sus aliadxs no son lxs únicxs en publicar mensajes de apoyo en redes sociales durante el Mes del Orgullo. Recientemente, corporaciones y empresas también se han unido al movimiento visibilizando su respaldo a través de campañas publicitarias. Tal es el caso de la marca de bebidas alcohólicas Four Loko, que publicó en sus redes sociales la campaña “Four Loko es para TODES” con el fin de visibilizar a la comunidad LGBTIQ+ hondureña.

También lo hizo Barena en el 2020 con una campaña publicitaria denominada “#LevantalaConOrgullo”, en la cual también promocionaron un “kit para apoyar la igualdad” por la compra de sus productos. Esta campaña fue creada por la transnacional AB InBev y dirigida creativamente en Honduras y El Salvador por la compañía publicitaria Ogilvy.

Sin derechos ni oportunidades

Aunque el Mes del Orgullo no es la única ocasión que las empresas y corporaciones utilizan para diversificar sus audiencias y consumidores, este movimiento es objeto de crítica y oposición que, digamos, el mes rosa -mes de concientización sobre el cáncer de mama- no recibe. Este fenómeno de utilizar al movimiento LGBTIQ+ como una herramienta para generar dinero se denomina capitalismo rosa o capitalismo gay.

Según activistas LGBTIQ+ hondureñxs, esa fue la táctica de Galeano, una marca de ropa hondureña que publicó una controversial imagen de Lempira, símbolo patrio nacional, con los colores de la bandera LGBTI+ en redes sociales el pasado 1 de junio. Acompañada de un mensaje ambiguo por parte de la empresa en el que no se expresa abiertamente apoyo hacia la población de la diversidad sexual, la publicación recibió miles de interacciones y comentarios negativos, incluso de personas de la diversidad sexual.

“Prácticamente, el sistema capitalista se ha llegado a adueñar del colectivo LGBTIQ+. Están vendiendo nuestro orgullo y nosotros estamos permitiéndolo”, opinó la activista LGBTIQ+ hondureña Génesis González. “La única manera en la que ellos se están pronunciando a favor de nosotros simplemente es en un día o en un mes, cuando la homofobia, la transfobia, la bifobia y la lesbofobia existen en todo el año”.

En un país donde la diversidad sexual es discriminada y violentada, no basta una publicación con arcoíris cada junio. De acuerdo con el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, más de 380 personas LGBTI han sido asesinadas desde el 2009, sin contar la cifra de quienes han sufrido amenazas de muerte, violencia física y sexual. Además, según un reporte del 2020 por el Observatorio de los Derechos Humanos, las personas de la diversidad sexual “se ven empujadas a los márgenes sociales y económicos por una vida de discriminación”. Esta marginación sistémica suele comenzar con el rechazo y el abuso por parte de sus familias, agrega el reporte.

¿Dónde está la responsabilidad empresarial?

El problema con el capitalismo rosa es que tal sistema, si bien visibiliza a las personas LGBTIQ+ durante el Mes del Orgullo, también se lucra de su opresión y no permite que estas comunidades logren desarrollos económicos sustentables para sí mismas. “Pensar en alcanzar otras audiencias es violencia capitalista porque es buscar provecho lucrativo y monetario de las vidas y luchas que no te atraviesan y deshumanizar las vidas de a quienes sí”, comentó lu cía Santos, representante del colectivo Luciérnaga Poética.

José, un joven de 24 años, abiertamente gay y migrante de San Pedro Sula, lleva seis meses sin encontrar trabajo. ¿Su mayor obstáculo? Ser homosexual. Personas como José no reciben ningún beneficio por parte de empresas que aparentan ser inclusivas, pero no implementan políticas internas que brindan oportunidades a las personas de la diversidad sexual. Como José, muchxs sufren discriminación con base en su orientación sexual e identidad de género en los lugares de trabajo, lo cual invisibiliza a la comunidad aún más.

“Estoy de acuerdo con que existan marcas comerciales que para estas fechas visibilicen su acompañamiento o su identificación con la comunidad de la diversidad sexual”, opinó el sociólogo hondureño Luis Velásquez. “Yo, como consumidor, sí les exigiría que tuvieran responsabilidad social empresarial en lo interno, que en sus políticas empresariales administrativas sean respetuosas de los derechos humanos y de la diversidad, y que en sus políticas comerciales se exprese esto por el resto del año”.

La publicación de Galeano también recibió críticas por usar la imagen del Indio Lempira, pero la cuenta oficial en Instagram no aclaró el propósito de modificar al símbolo patrio con colores de la bandera LGBTI+. Muchxs tomaron la publicación como una ofensa.

“Usar el símbolo de Lempira, en este caso con la bandera LGBTIQPA+, puede significar muchas cosas dependiendo de donde viene”, comentó Lu Cía. “El caso de Galeano es una ofensa. Usar las fechas que conmemoran de alguna u otra forma las luchas de comunidades y poblaciones violentadas como oportunidades de mercantilización es reafirmar la intención opresiva de los sistemas de opresión”.

El que las empresas y corporaciones utilicen sus marcas y plataformas para visibilizar a la comunidad de la diversidad sexual no es la causa del disgusto y ofensa por parte del público LGBTI+, según Luis Velásquez. Pero existen formas de actuar como aliadxs en vez de capitalizar el Mes del Orgullo.

“No les podemos exigir que se unan a la causa de las personas de la diversidad sexual de forma totalmente desinteresada porque no está en su naturaleza”, opinó Velásquez. “Lo que sí podemos exigirles es la responsabilidad social empresarial para que no utilicen la bandera de la diversidad o la apropiación de símbolos sin que eso sea coherente con su actividad diaria”.

Orgullo critico

El cofundador de la organización Honduras Diversa, Néstor Hernández, dice que en este mes están promoviendo el Orgullo Crítico que promueve la memoria histórica desde un espectro crítico contra las violencias capitalistas, racistas, clasistas y patriarcales. “Buscamos que todas las personas puedan estar representadas, ya que la invisibilización es segregación y discriminación. En conclusión, buscamos fomentar un espíritu de apoyo ante las diversas luchas disidentes que se dan en nuestro colectivo”, apunta el activista.

“Como personas LGBTIQ+ no debemos olvidar que orgullo es protesta. Para poder conmemorar esta fecha hubo personas que lucharon, dejando lágrimas, sudor, sangre e incluso sus vidas. Como para permitir que se comercialice esta lucha, ni Marsha P. Jonhson ni Sylvia Rivera tuvieron patrocinadores y aún así salieron a las calles y organizaron un movimiento revolucionario por la liberación sexual y de género”, manifiesta.

Para Hernández, las empresas se benefician y “nos controlan” con sus productos supuestamente inclusivos, pero los fondos recaudados en la mayoría de los casos son destinados a campañas de políticos ultraconservadores quienes se dedican a bloquear los derechos LGBTIQ+.

Desde su organización están promoviendo el Orgullo Crítico que busca recordar la revolución y reivindicación de lo que significa el Día del Orgullo. Busca la igualdad colectiva de todas las disidencias sexuales y de género.

Pinkwashing

El término pinkwashing se usa para describir la acción de usar temas relacionados con poblaciones LGBTIQ+ de manera positiva para distraer la atención de las acciones negativas de una organización, país o gobierno. La palabra fue acuñada por Breast Cancer Action para identificar a las empresas que aseguraban apoyar a las mujeres con cáncer de mama, mientras que en realidad pretendían obtener mayores beneficios y mejorar su imagen de marca al incorporar a su publicidad una causa benéfica.

Un buen ejemplo de esto fue la campaña de Pepsi en 2017, cuando se vio obligada a retirar un spot relacionado con el movimiento #BlackLivesMatter por considerarse “muy insensible” con lo que estaba sucediendo.

A raíz de estas prácticas nació la palabra pinkwashing. Se refiere, en el contexto de los derechos LGBTI, a la variedad de estrategias de marketing dirigidas a promocionar productos o empresas apelando a su condición de simpatizante con la causa, con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes.

“Las compañías deben de referirse a las poblaciones de la diversidad sexual el resto del año y somos una población vulnerada, subatendida, y creo que las corporaciones deben tener el deber ético y moral de hacer mucho más allá de vender mercancías que solo los lucren a ellos y por lo menos deberían hacer campañas de concientización”, dice el fotoperiodista Danny Barrientos.

“La capitalización del orgullo es un problema muy global porque se utiliza a una comunidad que históricamente ha sido marginada. En las últimas décadas está siendo incluida en primer mundo y las corporaciones lo incluyen para lucrarse», enfatiza Barrientos.

Junio es un mes para hablar abiertamente de los temas diversos, afirma el periodista. Además, es un tiempo para promover contenido y actividades no lucrativas, sino que provean información sobre “el amplio espectro de la comunidad LGBTIQA+”. Se necesitan “narrativas dignas no sexualizantes ni misóginas, destinadas a informar a las personas”, dice Barrientos.

“Necesitamos comenzar a informar sobre los temas relevantes y asuntos que nos aquejan. A las autoridades que por décadas nos han marginado y ni siguiera nos mencionan y también al resto de la población que, si nos conoce o desconoce, nos mira desde una representación visual burlesca y sórdida y esa representación es poco real”.