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¿Cómo fueron las consultas populares del Código de las Familias en Cuba?

Tremenda Nota habla con participantes por todo el país

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade. Esta nota salió en su sitio web el 29 de abril.

LA HABANA — Ya terminaron las consultas populares del proyecto de Código de las Familias, se informó este martes en el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La noticia no ha tenido gran relevancia en los medios cubanos hasta el momento.

Aquí examinamos los hitos del proceso.

¿Quiénes, cuándo y cómo?                                       

La convocatoria a consulta popular del proyecto de ley se adoptó por votación unánime en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 21 de diciembre de 2021, y comenzó el 2 de febrero del 2022.

El proceso se programó en tres fases que comprendieron la consulta popular propiamente, la entrega de informes de propuestas a la Comisión Redactora y la elaboración del proyecto final que debe presentarse en mayo a la ANPP.

La consulta popular llegó a todos los municipios y barrios. En total se realizaron más de 79.000 reuniones en todo el país. El número de electores participantes fue de alrededor de 6 millones 500.000 personas.

Las intervenciones fueron más 330.000, se informó en el Pleno del PCC. Los que decidieron compartir sus opiniones y sugerencias hicieron más de 397.000 propuestas, que significan 5 en promedio por cada reunión.

Según Cubadebate, el 61 por ciento de las propuestas fueron favorables al proyecto de ley. Si bien la cifra sugiere el predominio del Sí en el próximo referendo, hay que evaluar con cautela este resultado. Se trata, en efecto, de la mayoría de las propuestas realizadas en las consultas populares, pero solo un pequeño número del total de electores intervino en las reuniones.  

En estas consultas pudieron participar los electores definidos en la ley vigente. Incluso se admitieron las sugerencias de cubanos residentes en el extranjero, aunque a la larga solo un número pequeño compartió sus opiniones a través de las vías habilitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Se estima que alrededor de 2 millones de cubanos viven fuera del país. De ellos, solo 26.740 electores participaron en la consulta. Más de la mitad eran miembros del cuerpo diplomático o de las misiones médicas cubanas.

Según el Cen, las opiniones emitidas por los electores no tienen efecto vinculante. Según el jurista Raudiel Peña Barrios, esto significa que “las opiniones expresadas durante la consulta no tienen que ser tomadas en cuenta por el gobierno”.

Las propuestas se podían realizar por escrito u oralmente, y en ningún caso debían ser discutidas o debatidas. Las posibilidades de propuestas eran “modificación”, “eliminación”, “adición” o “dudas”.

En correspondencia con el cronograma del proceso, el 10 de marzo de 2022 el Consejo Nacional Electoral (Cen), entregó el primer informe de propuestas. Hasta ese momento, se habían realizado 210.786 propuestas y de ellas de procesaron 210.142.

Alina Balseiro Hernández, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, explicó en ese momento a Cubadebate que “para conformar las propuestas tipo recogidas en el informe que se entregó a la comisión redactora, se asociaron las propuestas idénticas y aquellas que tenían redacción diferente, pero que se referían a igual criterio u opinión. Además, fueron eliminadas las propuestas que resultaron inconsistentes y no contaban con la argumentación necesaria para ser evaluadas con posterioridad”.

Con este criterio, se presentaron a la Comisión Redactora en ese momento 5.237 propuestas tipo.

Según el cronograma del proceso, este 30 de abril el Cen debe entregar el segundo informe de propuestas a la Comisión Redactora. Para mayo, la Comisión Redactora debe entregar a la ANPP un proyecto que el organismo someterá a aprobación.

Para que se considere aprobado el Código de las familias, deben votar por el Sí la mayoría simple de los electores cubanos, es decir, la mitad más uno. En el referendo constitucional de 2019, había 8 millones 705.723 electores en Cuba.

Hasta el momento, sigue sin informarse la fecha exacta en que se realizará el referendo.

¿Qué se discutió en las consultas populares?                      

Desde la inclusión del matrimonio igualitario en el proyecto constitucional de 2019, los espacios de debate público atestiguaron una fuerte pugna dentro del seno de la sociedad civil y diferentes organizaciones religiosas.

Con la publicación del proyecto del nuevo Código de las Familias y las posteriores consultas populares, este debate tomó una nueva dimensión que indujo a un accionar más fuerte de los activismos LGTBIQ+ y feministas.

Por otra parte, hubo un posicionamiento férreo de los sectores antiderechos del fundamentalismo cristiano, que incluso se manifestaron en televisión nacional.

Aunque el código es una ley revolucionaria en muchos aspectos, el tema de la responsabilidad parental ha acaparado buena parte de la polémica. Además de lo novedoso del término para una sociedad con esquemas de crianza autoritarios, la responsabilidad parental es una noción que tanto el fundamentalismo cristiano como algunos sectores de la oposición en Cuba han instrumentalizado para deslegitimar los cambios medulares que trae el Código.

Tremenda Nota conversó con varios participantes en las consultas populares para conocer, de primera mano, las tendencias principales de los planteamientos y el ambiente en que se produjeron las reuniones.

Katherine Fonte Rivero, estudiante de Veterinaria, La Habana

Las opiniones fueron 100 por ciento favorables al Código. Yo vivo en la zona del Cristo, a dos cuadras de Obispo, un lugar interesante, repleto de turistas y de policías, uno junto con el otro, pero también es un lugar donde hubo muchos problemas con las drogas hace algunos años.

La gente, gracias al turismo, ha ido encontrando fuentes de trabajo y se han regulado un poco los problemas con las broncas y los robos. Se ven menos. Entonces, esto es una mezcla rara entre un mini progreso gracias al turismo y gente de barrio 100 por ciento.

Ese día específico de la reunión eran personas mayores nada más, de más de 40 años. Los únicos jóvenes éramos yo, mi novio, mi hermano y otra amistad de nosotros. Nadie estaba para eso, a quién le iba a interesar.

Había unas 40 personas. Casi nadie fue, teníamos un montón de sillas vacías. La abogada que nos tocó era una mujer joven que de verdad tenía ganas de que la gente entendiera. Lo explicó punto por punto. Hasta las personas más ancianas entendieron perfectamente de lo que iba todo.

Nadie dijo nada en contra y hasta una señora de 70 años se paró a decir con un papel muy grande que este era un código de amor, de inclusión, unas palabras que tú no te imaginas que va a salir de una mujer de 70 años.

La gente lo apoyó de forma espontánea y real, más allá del hecho de acatar la orden del gobierno. Hubo gente que se paró y dijo, por ejemplo, “mi hija se fue del país cuando mi nieta era muy pequeña y yo tuve que criar y no podía ejercer ningún poder legal sobre ella” o “yo vivo solo, me interesa esto”.

Yoelkys Torres, activista LGBTIQ+ y coordinador del proyecto AfroaAtenAs, Matanzas

Participé en dos de las reuniones de la circunscripción 34 del consejo popular de Pueblo Nuevo, en Matanzas. El espacio utilizado fue la entrada del Callejón de las Tradiciones precisamente por las informaciones que durante un par años he estado mostrando sobre el Código de las Familias y su posible aprobación.

Había un 50 o 45 por ciento de las personas que debían estar y es que la gente es reacia a las reuniones, y tienen niveles de preocupación más importantes que el Código. Muchas personas no sabían ni lo que era.

Esto un barrio obrero y marginalizado de clase media y baja, y digamos que la mayoría de la población es de personas mayores, muy pocos jóvenes y muy pocos niños. Había dos o tres jóvenes si acaso.

La jurídica trató la mayoría de los aspectos generales del Código y la gente de aquí, como ya tiene un nivel de formación por el trabajo que nosotros hacemos, estaba muy de acuerdo. El único desacuerdo que chocó en ambas reuniones es que niños de 12 años tuvieran facilidad testamental.

No hubo ningún fundamentalista, a pesar de que tenemos una iglesia cerca. En ningún momento yo tuve que intervenir, incluso las autoridades que vinieron me pidieron hablar, pero expliqué que no era necesario porque todo el mundo estaba muy consciente.

Sí hubo varias personas en otros lugares, inclusive miembros del Partido Comunista de Cuba, que se opusieron totalmente al Código.

José Alejandro Estévez Santos, estudiante de Medicina, Las Tunas

Participé en dos reuniones, la que tocaba aquí en mi barrio, el reparto Aurora, y en la de mi brigada en la universidad. Vivo hace poco tiempo en este barrio, por eso no sé cuántas personas estaban convocadas. En la universidad sí hubo mucha participación: de 27, unos 23 o 24.

El barrio en el que vivo es residencial. Tiene una gran concentración de clases medias y altas, sobre todo media, aunque hay sus excepciones. Casi todos los que estuvieron presentes en la reunión de la circunscripción eran personas de más de 50 años.

Ese día, la delegada leyó un papel donde parece que estaban los temas más candentes y no hubo nadie en contra. Algunos salieron a explicar la importancia de aprobarlo, pero casi nadie había leído el texto y casi nadie participó tampoco. Creo que fui el único. Los dos o tres que participaron lo que hicieron fue repetir la propaganda de la televisión y los medios estatales.

En la brigada había un desconocimiento total, el único que tenía noción del Código era yo. De los pocos que sabían, lo que sabían era que había matrimonio igualitario, adopción…

En mi intervención traté de explicar lo novedoso del texto. En ninguno de los dos espacios hubo fundamentalistas. Cuando la Constitución sí, en ese momento algunos estudiantes se pararon y la cosa fue fuerte. También los marcos de discusión de ese momento fueron más amplios, por ejemplo, en la universidad fue a teatro lleno.

Indira González Rodríguez, Villa Clara

He estado en dos en dos consultas. En la primera fue en Santa Catalina, en la ciudad de Santa Clara, que si bien no es de la zona céntrica de la ciudad, tampoco es lo que el argot político y mediático considera vulnerable o marginalizado.

Era un grupo heterogéneo, pero predominaban personas entre 40 y 60 años, además de cuatro o cinco jóvenes que iban acompañando a sus padres o madres.

Hablaron de los términos y novedades más importantes respecto la ley vigente. La expresión generalizada para mí era que las personas tenían un profundo desconocimiento del proyecto, de los términos y las novedades que se estaban planteando en relación con el vigente.

Yo creo que no era desinterés o apatía, porque las personas expresaron a viva voz que les hubiera gustado poder leer el documento para formular un criterio, porque lo que te cuentan en la TV o en la radio, pasado por el tamiz de periodistas o expertos, es insuficiente.

La disponibilidad de tabloides aquí era muy baja. Las consultas comenzaron el 1 de febrero a las 8 de la noche y la distribución de los tabloides empezó ese día por la mañana. Para la edad del auditorio que había, tener el tabloide era importante si se aspiraba a una reunión de calidad. La alternativa era que el dúo de juristas explicara título por título los aspectos más novedosos, pero las personas tenían que haber leído.

La otra reunión fue en mi centro laboral y los jóvenes éramos mayoría. Aquí hubo muchas dudas con la autonomía progresiva, la crianza positiva, la responsabilidad parental. Por otra parte, estuvo lo patrimonial, el régimen económico del matrimonio.

Una de las propuestas fue mía y tuvo que ver con la protección familiar a las infancias trans, porque aunque se habla de la protección a las niñas, niños y adolescentes me parece que la práctica ha demostrado que se debe ser más explícito en cuanto a la protección de comunidades históricamente vulneradas.

Giselle Ordóñez, bartender, La Habana

Soy del Consejo Zamora-Cocosolo, Marianao, un barrio obrero de La Habana con zonas marginadas. A la reunión asistieron aproximadamente 80 personas, cifra récord, nunca habían salido tantos vecinos. Casi todo el tiempo en silencio, escuchando atentos.

Se leyeron y aclararon todos los artículos y en especial, los concernientes a responsabilidad parental y el matrimonio igualitario. Yo hablé del tema responsabilidad parental y la necesidad de explicarlo a fondo, porque ese cambio de nomenclatura no afecta ni la tutoría de los menores ni la guarda y custodia. Se aclaró ese punto y todos quedaron satisfechos.

Luego de terminar la reunión, la gente se quedó con dudas sobre los temas patria potestad y responsabilidad parental. Y lo otro, el tema del orden de los apellidos.

Nada de mencionar el tema del matrimonio igualitario ni la conformación de las familias homoparentales, porque la verdad es que en este barrio hay varias familias y parejas de hecho que son homosexuales y varias trans que son reconocidas y bien aceptadas en el barrio, incluso muy queridas por todos los vecinos. En eso, mi “charquito” tiene 100 puntos.

La muchacha, estudiante de Derecho, explicó bien resumido y conciso cada título del proyecto. Lo único a destacar es que un buen por ciento de los vecinos, no ha consultado el documento por no tenerlo a su alcance. Deficiencia tremenda, porque de haberlo leído todos, hubiéramos tenido un debate productivo. Por ahora, lo que más se necesita es que la mayoría lea el documento.

Yadira Álvarez Betancourt, profesora, La Habana

Yo soy del consejo popular Santa Felicia, en Marianao, un barrio obrero con muchos trabajadores informales.

A la reunión fueron menos personas de las que debían, unas 15 de 30 o 40 que hay en la manzana. La edad oscilaba entre 20 y 70 y pico de años aproximadamente.

Se hizo un paneo general de todos los capítulos del Código. La gente pidió aclaraciones sobre todo en temas de herencia, propiedad, adopción, manutención y atención económica a personas vulnerables, niños, ancianos y discapacitados.

Aquí hay muchísimas madres solteras con más de un hijo, cuidadoras de discapacitados y abuelos cuidando nietos porque los hijos se han ido del país, y por eso surgieron esos temas. En general estuvieron a favor una vez aclaradas las dudas.

Hubo dos fundamentalistas en contra del matrimonio igualitario y del reconocimiento de las familias homoparentales, pero se los “comieron”, y se callaron.

Aquí hay varias personas de la comunidad LGTBIQ+ a quienes se les aprecia mucho y por eso la gente empatiza con ellos, con sus machismos y sus chistes tontos que hay que deconstruir, pero hay mucho menos rechazo que antes. Las preocupaciones de las personas de estos barrios son otras.

Yo hablé sobre todo de la necesidad del reconocimiento de todos los tipos de familias y los derechos de todas las personas a tener vidas familiares, a mantener los vínculos con sus familias de origen.

Aquí en la zona viven varias personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sido expulsadas por sus familias de origen y se les impide ver a sus abuelos y sobrinos.

Me sorprendí muchísimo. Pensé que iba a ser más complicado porque yo vivo a tres cuadras de la Liga Evangélica de Cuba y es un lugar de mucho tráfico de personas haciendo proselitismo, pero no pasó nada. Hubo dos budistas, algo muy interesante, y dijeron que todos los derechos deben ser respetados para que haya paz.

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Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

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(Captura de pantalla de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 19 de enero.

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.


* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

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Noticias en Español

El 2026 bajo presión

La realidad que enfrentan las organizaciones LGBTQ en EEUU

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.

Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.

La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.

A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.

El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.

Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.

Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.

Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.

Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.

El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.

La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.

El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.

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Colombia

Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad

Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre

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(Foto via Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.

Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.

Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.

En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.

Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.

Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.

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