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Tamara Adrián continúa su lucha por derechos humanos en Venezuela

La primera diputada trans del país fue elegida en 2015

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Tamara Adrián, la primera diputada trans en Venezuela, habla durante el International LGBTQ Leaders Conference del LGBTQ Victory Fund en D.C., el 3 de diciembre de 2022. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Nota del editor: El LGBTQ Victory Fund el 3 de diciembre incorporó a Tamara Adrián a su “LGBTQ Victory Hall of Fame” durante su conferencia en Washington. El Washington Blade habló con Adrián antes de su incorporación.

Tamara Adrián, venezolana, abogada y activista con el World Movement for Democracy con su cheering committee ha roto barreras y se ha colocado como la primera diputada trans de la Asamblea Nacional de Venezuela, relata cuál es la situación actual de derechos LGBTQ en el país y si hay avances en dicha temática.

El régimen de Chávez y de Maduro se presentaron como igualitarios pero en la práctica tienen un apoyo importante de iglesias evangélicas, ambos siendo militares, poseen casi poder absoluto en las decisiones del país más del 50 por ciento y del 70 por ciento de los ministros y viceministros, respectivamente, son militares activos, mientras que, más del 95 por ciento de los presidentes de las empresas del Estado también lo son.

La realidad venezolana

Los avances legales que han habido no se han puesto no se han concretado en ninguna aplicación práctica y lo relevante nunca se ha reglamentado. Hasta el momento no hay ningún documento instrumento que permita el matrimonio igualitario y aquellos documentos que de alguna manera podrían utilizarse para el goce de derechos de las personas LGBTQ, son interpretados a conveniencia de organismos estatales.

El reconocimiento se lograba por vía judicial hasta 1998, pero después de que Chavez llegó al poder y sustituyó los jueces existentes, se acabó toda independencia en el poder judicial y existe miedo de decidir en este tipo de temáticas o lo que no se crea políticamente correcto.

En la ley orgánica del registro civil del 2009 que entró en vigencia en el 2010 se establece el derecho del cambio de nombre pero no de sexo. Esto debe nada más en tres casos: cuando el nombre es infamante, cuando el nombre expone al escarnio público, cuando no corresponde al género de la persona y pueda afectar el libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de la legislatura del registro civil está administrado por evangélicos desde ese entonces, por ende decidieron que el tercer caso para proceder con el cambio de nombre solamente aplicaba a personas cis género a quien habían colocado un nombre que no iba de acuerdo con el de su género, pero no a una persona trans.

A 12 años de esta ley nunca ha sido posible el cambio de nombre de una persona trans ni mucho menos el cambio de sexo en la documentación ni registros públicos, menciona Adrán, quien también tiene su propia solicitud pendiente desde el año 2004 ante el Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, hay alrededor de otras 15 solicitudes pendientes sin avances ni respuestas.

Hay menciones aisladas en diferentes normativas y legislaturas referentes a orientación sexual, identidad de género y a veces expresión de género en algunas leyes contra discriminación, pero no han recibido ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, La Ley Orgánica del Poder Popular, la cual introduce las comunas; la Ley del Trabajo, solo menciona orientación sexual, sin embargo, tampoco tiene aplicación alguna, hasta el momento, ningún Juez se ha atrevido a proteger a alguien que allá sido discriminado por el trabajo. 

En la Ley de Bancos, hay una mención a la identidad de género, sin embargo, este fue un esfuerzo de parte del Estado para quitar el término orientación sexual de la misma. Esta dice que al momento de abrir una cuenta de banco, la persona, no puede ser discriminada por su identidad de género, sin embargo, la superintendencia de bancos ha dicho que esto solamente se refiere a las mujeres.

“Es frustrante porque cualquier avance aparente no tiene repercusión práctica”, menciona Adrián. 

En la Ley de Regularización y Control de los Contratos de Arrendamiento y Vivienda, se hace mención de no poder publicar anuncios discriminatorios, por raza, condición de salud, orientación sexual ni identidad de género. Sin embargo, la diputada cataloga tal enunciado como “Folklorico” por no tener relevancia práctica.

Con el actual régimen venezolano, la mayoría de los medios de comunicación han sido desaparecidos por los cuerpos militares. Coartando por completo la libertad de expresión. Los medios de comunicación oficiales son utilizados para perpetrar el control militar.

En 2017, el régimen de Maduro convocó a una Asamblea Constituyente utilizada para la modificación de la Constitución de ese entonces, sin siquiera hacer revisión de las leyes ni estatuto, solamente para “aplastar” la asamblea legítima y proceder a establecer acuerdos constitucionales y leyes constitucionales. 

Bajo esto se aprobó la Ley Contra el Odio y para La Convivencia Pacífica, sin embargo la diputada dice que esta ley tiene una especie de “poison pill”. Según los preceptos de la misma no se permite discriminación en las redes ni en medios de comunicación y se hace referencia a un castigo de 10 a 20 años a quien incite al odio en redes sociales.

La misma hace mención al respeto al género, expresión de género, entre otros casos. No obstante, en todos los años de vigencia de la misma solamente se ha aplicado a casos de persecución política, dado a que una de las incitaciones al odio que se menciona dentro de la ley es por opinión política. 

Según la activista al menos unos 45 a 50 presos políticos han sido apresados por incitar el odio en redes sociales en contra del Presidente o algún otro funcionario. A pesar de la mención en sus estatutos, cuando una persona de la diversidad LGBTQ hace mención de dicha ley para ponerla en práctica en escenarios de incitación al odio contra la población, se hace caso omiso de parte de los jueces y no se cumple.

En el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, se distingue un patrón de persecución política haciendo uso de esta ley que inicialmente se mostraba como mecanismo de defensa y de estabilización social.

La Asamblea Nacional de diciembre de 2020 incorporó dos artículos dentro de la Ley Orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, donde se hace referencia a las discriminaciones en contra de la mujer y se incluyó los términos orientación sexual e identidad de género. Lo mismo en la Reforma de la Ley de la Familia, la Paternidad y la Maternidad, la cual dice que no se debe discriminar en las familias por su orientación sexual e identidad de género, aún sin haber derechos de pareja para personas LGBTQ.

No obstante, al momento de la aplicación, dicen que se refiere a la discriminación que puede ver de los padres hacia los hijos en cuanto a su expresión de género u orientación sexual. Evitando que este principio se aplique para la familia como institución.

De igual manera, se creó una defensoría especial, La Defensoría del Pueblo en materia LGBTQ, nombrando a una sola persona como encargada a nivel nacional, sin secretaria ni presupuesto. 

“Sus posibilidades para actuar son muy limitadas”, dice la venezolana.

Sumándole a esto, se le resta poder a la defensoría, dado a que no se permite la asistencia para un privado de su libertad, cuando este es el caso, se pide que se inicie un proceso por medio del ente administrativo para después proceder con un recurso judicial que puede tardar hasta 14 años y luego solicitar el apoyo de la defensoría, por lo cual no tiene mucha oportunidad de acción.

Por otro lado, se creó la fiscalía número 98, con competencia nacional, para crímenes en materia LGBTQ, la cual fue creada, aunque nunca fue publicada en gaceta, por una designación que hizo el Fiscal General de la República, hasta ahora no se conoce ningún caso que haya sido llevado por esa fiscalía desde su creación en enero de 2022.

La realidad de la educación, salud y empleo

Según Adrián “no hay protección alguna en la práctica” en temas de educación, salud ni empleo. Comúnmente son las poquísimas empresas de inversión extranjera que quedan en el país las que deciden brindar servicios de salud o que emplean a personas de la diversidad sexual en Venezuela. 

En torno a la identidad de género también son muy pocos los casos en los cuales se hace reconocimiento de la identidad asumida de personas trans. La abogada solamente conoce de dos casos en los cuales las empresas hacen reconocimiento total de las expresión de género de personas trans en sus empresas.

Con la educación el caso es similar, no se posee ninguna herramienta que garantice el goce de educación sin discriminación para personas trans. Por lo tanto, los niveles de deserción escolar son muy altos, limitando oportunidades de crecimiento para estas personas.

El Ministerio de Educación ha sido liderado por el ala radical de los evangélico, tanto para la educación primaria como para la secundaria, comparte la venezolana. Incluso en el Ministerios de Educación Superior, así que en cuando ha tratado de incorporar algún módulo de educación sexual y reproductiva los esfuerzos se ven obstaculizados.

Solamente los niños de noveno año tienen acceso a algún tipo de información referente a salud sexual y reproductiva. No obstante, cualquier esfuerzo por permitir acceso a educación referente a identidad de género y orientación sexual son bloqueados bajo cualquier espectro.

Por otro lado, ya no se tiene conocimiento de cuál es el número de personas LGBTQ asesinadas en la República, lo cual se ve empeorado por la falta de medios de comunicación confiable que difundan información sin injerencia militar. Aunque algunos de los medios de comunicación sobrevivieron de manera digital, lo hicieron sin el ala de investigación necesaria para cubrir estas temáticas.

En 2017 Venezuela era el tercer país con mayor número de muertes de personas trans. Las organizaciones de sociedad civil se siguen organizando de una u otra manera para poder ayudar un poco con la crisis humanitaria actual, sin embargo, el apoyo que pueden brindar se ve limitado por el contexto legal y político.

“Nos hemos convertido en una crisis olvidada”, menciona Adrián. En la actualidad hay más de 7 millones de refugiados venezolanos a nivel mundial, sin embargo, se ha normalizado lo cual de cierta manera viene a empeorar la situación humanitaria porque deja las verdaderas necesidades en el olvido. Además se desconoce cuántas personas LGBTQ hay dentro de estas métricas.

En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas de Hecho por Adrián en el 2019, el grado de percepción de discriminación en el país donde los migrantes venezolanos se encuentran versus el que sufrían en venezuela, cae en un 60 por ciento a comparación del porcentaje de discriminación que vivían estando en Venezuela.

Organizando un movimiento de movimientos

El movimiento unidos por la libertad, del cual también forma parte la activista ha tratado de realizar una serie de acciones para tratar de restablecer la democracia en Venezuela, entre estas el poner a las personas chavistas frente a las personas antichavistas dado a que todas han sufrido de lo mismo.

El Consejo Nacional Electoral, reconocimiento como movimiento político no como partido político. Proceso de Organización, ya cuenta con promotores en las 24 circunscripciones electorales de Venezuela para poder participar en todas las elecciones posibles en Venezuela

Nacen dado a que los partidos políticos del país no estaban trabajando en las necesidades de la sociedad del país. Adrián no ha renunciado a su partido, sin embargo, vio la necesidad de participar en esta iniciativa para buscar más opciones para mejorar las condiciones sociales del país.

También resalta como se continúa perpetuando la desigualdad de género y las estructuras de género para continuar con la manipulación estructural del Estado. En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas, Adrián logró descubrir que el principal agresor dentro de la familia y la sociedad es la madre. Lo cual es visto frecuentemente a lo largo de toda américa latina por una cultura heterocispatriarcal arraigadas en diferentes niveles estructurales.

La diputada remarca como “Los regímenes militares con aditamento evangélico no son necesariamente abiertos a temas de mujeres y LGBT” y que mientras continúen los mismos regímenes es muy difícil que se tengan avances prácticos que permitan igualdad y un goce de derechos integrales para las personas trans.

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Honduras

Realidad LGBTQ en Honduras: fuga o muerte

Observatorio KAI+: 35 asesinatos anti-LGBTQ en 2026

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Tegucigalpa, Honduras, en 2022. Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 21 de agosto.

TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.

Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.

Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.

«No queremos vivir con miedo»: defensores

Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala. 

Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.

Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos. 

«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.

Violencia generalizada y discriminación sistemática

Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados. 

Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».

Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.

Migración forzada, huir para vivir

Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas. 

Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».

Recomendaciones ante un Estado ausente

El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.

Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».

El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.

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Noticias en Español

Un terremoto también se vive desde el exilio

Yonatan Matheus se nació en La Guaira, la zona venezolana más afectada por los sismos

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(Imagen por Tindo/Bigstock)

El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron Venezuela y alteraron la vida de miles de personas en cuestión de segundos. Para gran parte del mundo fue una noticia que ocupó titulares durante algunos días. Para quienes nacimos allí, el tiempo pareció detenerse. Antes de pensar en la magnitud del sismo o en el número de viviendas afectadas, hubo una pregunta que desplazó cualquier otra: ¿estarán bien quienes amo?

Los desastres naturales no solo transforman los territorios; también modifican la manera en que quienes vivimos en el exilio nos relacionamos con el lugar al que seguimos llamando hogar. La distancia no reduce el dolor ni la preocupación por quienes permanecen allí. Cada llamada sin responder, cada fotografía y cada mensaje recuerdan que existen vínculos que sobreviven a las fronteras, al tiempo y a la propia migración.

Lo primero que hice fue llamar a mi familia en La Guaira. Durante esos minutos comprendí, una vez más, que también existen terremotos que se sienten desde el exilio. La incertidumbre crece con cada llamada que no entra y con cada mensaje que permanece sin respuesta.

Cuando finalmente logré comunicarme, confirmé que familiares y personas cercanas habían perdido sus hogares, que distintas zonas de La Guaira enfrentaban graves afectaciones y que comunidades como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado también sufrían las consecuencias de los terremotos. Aunque algunas de estas localidades registraron daños estructurales de menor magnitud que las zonas más devastadas, sus habitantes también vieron alterada su vida cotidiana por la interrupción de servicios, las dificultades de acceso y la profunda interdependencia social, económica y comunitaria que caracteriza a La Guaira.

Algunos miembros de mi comunidad también habían fallecido. Entre ellos estaban dos hombres gays a quienes conocía. Sus nombres me recordaron que detrás de cada cifra existen historias, afectos y proyectos de vida. También me hicieron pensar en todas aquellas personas cuyas vidas y muertes difícilmente ocuparán un titular, especialmente quienes durante años vivieron en los márgenes, con escasa visibilidad y sin el pleno reconocimiento de su dignidad. Me recordaron, además, que las emergencias nunca afectan a todas las personas por igual y que quienes ya enfrentaban mayores condiciones de vulnerabilidad suelen soportar una carga aún más pesada durante la recuperación. 

El país del que uno sale nunca desaparece

Nací y crecí en La Guaira. Allí permanecen buena parte de mi historia, mi familia, mis amistades y una comunidad que sigue formando parte de quien soy. Hace diez años tuve que salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos como consecuencia de la persecución que enfrenté por ser un hombre gay y defensor de derechos humanos. Con el tiempo comprendí que el exilio no consiste únicamente en cambiar de país. También significa aprender a vivir con la certeza de que una parte de nosotros permanecerá siempre en el lugar del que tuvimos que partir.

Cada celebración familiar, cada crisis y cada tragedia confirman que seguimos perteneciendo a ese territorio. Las personas refugiadas y migrantes no dejamos de vivir las emergencias de nuestros países de origen; simplemente las vivimos de otra manera. Mientras otras personas pueden desplazarse para abrazar a sus familias o participar directamente en las labores de ayuda, quienes estamos lejos intentamos acompañar desde la incertidumbre, con la impotencia de saber que el corazón permanece donde el cuerpo ya no puede estar.

Quizá esa sea una de las dimensiones menos visibles del desplazamiento forzado. Vivimos las tragedias de nuestro país a la distancia, con menos posibilidades de actuar físicamente, pero con el mismo dolor y con un profundo sentido de responsabilidad hacia las personas y los lugares que siguen formando parte de nuestra historia.

Cuando una casa representa toda una vida

Después de una emergencia suele repetirse una frase bien intencionada: “Lo importante es que todos están vivos; lo material se recupera.” Aunque busca transmitir esperanza, también puede invisibilizar una realidad profundamente humana. En Venezuela, una vivienda rara vez representa únicamente una construcción. Es el resultado de años de trabajo, sacrificios compartidos y sueños familiares. En sus paredes también habitan recuerdos, fotografías, documentos y la memoria de quienes la construyeron.

Cuando un terremoto destruye un hogar, también altera el proyecto de vida de una familia. Por eso no basta con volver a levantar edificios. Es necesario crear las condiciones para que las personas recuperen estabilidad, seguridad y la posibilidad de imaginar nuevamente un futuro. Como trabajador social, estoy convencido de que los territorios no vuelven a ponerse de pie únicamente con cemento. También necesitan confianza, organización, apoyo mutuo y espacios donde las personas puedan elaborar el duelo y fortalecer nuevamente sus redes de apoyo.

Ese proceso tampoco ocurre en igualdad de condiciones para todas las personas. Los desastres suelen profundizar desigualdades que ya existían antes de la emergencia. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con enfermedades crónicas o con VIH y muchas personas LGBTQ, especialmente aquellas que enfrentan pobreza, discriminación o redes de apoyo limitadas, suelen encontrar mayores obstáculos para acceder a servicios, restablecer sus medios de vida o volver a sentirse seguras. Una respuesta verdaderamente humanitaria no consiste únicamente en llegar primero; consiste en asegurar que nadie quede atrás cuando comienza el largo camino para reconstruir su vida. 

Cuando la emergencia deja de ser noticia

Las primeras horas después de un desastre suelen despertar lo mejor de una sociedad. Vecinas y vecinos organizan rescates, personas voluntarias distribuyen alimentos, equipos de salud trabajan sin descanso y miles de ciudadanos, dentro y fuera del país, buscan la manera de ayudar. Esa movilización espontánea representa uno de los recursos más valiosos frente a cualquier crisis y demuestra que, incluso en contextos de profunda polarización, la vida humana sigue siendo capaz de convocar encuentros.

Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el verdadero desafío apenas comienza cuando la emergencia deja de ocupar los titulares. Mientras los medios dirigen su atención hacia otras noticias y las donaciones disminuyen, miles de familias siguen intentando recuperar sus hogares, restablecer sus medios de vida y reorganizar una cotidianidad profundamente alterada. La crisis termina mucho antes para la opinión pública que para quienes continúan enfrentando sus consecuencias.

En la acción humanitaria suele describirse un fenómeno conocido como fatiga de la compasión. En términos generales, hace referencia a la disminución progresiva de la atención pública y de parte de la movilización solidaria conforme una crisis deja de ocupar el centro de la conversación. No significa que desaparezca la voluntad de ayudar, sino que nuevas urgencias desplazan rápidamente a las anteriores. El riesgo es que los territorios afectados queden solos precisamente cuando enfrentan la etapa más compleja de volver a levantarse.

Las principales organizaciones humanitarias recuerdan que reparar edificios constituye sólo una parte del proceso. También es indispensable fortalecer la salud mental, ofrecer apoyo psicosocial, recuperar el tejido comunitario y garantizar que la población participe activamente en las decisiones sobre su propio futuro. Una vivienda puede reconstruirse en algunos meses; recuperar la sensación de seguridad, la confianza o el sentido de pertenencia suele requerir mucho más tiempo.

Esta realidad resulta especialmente importante para quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad antes del terremoto. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con VIH y muchas personas LGBTQ suelen encontrar mayores barreras para acceder a servicios, mantener sus tratamientos, recuperar sus ingresos o reconstruir sus redes de apoyo. Las emergencias no crean esas desigualdades, pero con frecuencia las hacen más visibles y profundas. Por eso, una recuperación verdaderamente sostenible no consiste únicamente en volver al punto donde estábamos antes del desastre, sino en aprovechar ese proceso para reducir brechas históricas y fortalecer la inclusión.

Como trabajador social, prefiero hablar de una resiliencia consciente. No de una resiliencia que exige fortaleza permanente o invita a ocultar el dolor bajo la idea de que “hay que seguir adelante”, sino de aquella que reconoce las pérdidas, entiende que el duelo necesita tiempo y acepta que pedir ayuda también forma parte del camino. Ninguna comunidad debería sentirse obligada a reconstruirse sola, ni ninguna persona a demostrar que ya superó una tragedia antes de estar preparada para hacerlo.

Permanecer también es una forma de ayudar

El exilio me impidió estar físicamente en La Guaira durante los días posteriores a los terremotos, pero no me impidió asumir la responsabilidad de acompañar desde donde hoy me encuentro. Durante esas semanas utilicé mis plataformas para verificar información antes de compartirla, visibilizar localidades que históricamente han recibido menor atención —como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado— y promover mensajes centrados en las necesidades de la población afectada.

Ese compromiso también dio origen a la serie documental La Guaira: Antes y Después, un esfuerzo por documentar cómo cambiaron distintos espacios y contribuir a que no desaparezcan de la memoria colectiva cuando termine la cobertura periodística. Más que registrar la destrucción, busca recordar que detrás de cada fotografía existen familias que seguirán necesitando apoyo mucho después de que las cámaras se hayan ido.

Creo profundamente que comunicar con responsabilidad también es una forma de acción humanitaria. Verificar antes de publicar, evitar la desinformación y mantener visibles a los territorios históricamente olvidados constituye una manera concreta de acompañar el proceso de recuperación y fortalecer el compromiso colectivo desde la distancia.

La solidaridad que decide quedarse

Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejarán cicatrices visibles en edificios, carreteras y viviendas. Otras permanecerán en silencio, acompañando a familias que deberán reconstruir no solo sus hogares, sino también su sensación de seguridad, sus proyectos de vida y la confianza en el futuro.

Como venezolano, guaireño, refugiado y defensor de derechos humanos, esta experiencia reforzó una convicción que ha guiado buena parte de mi trabajo: las personas deben permanecer en el centro de cualquier respuesta humanitaria. Ninguna diferencia política, institucional o ideológica debería ser más importante que proteger la vida, aliviar el sufrimiento y garantizar que quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad reciban el acompañamiento que necesitan para volver a empezar con dignidad.

Los terremotos dejan de sentirse cuando la tierra deja de temblar. El olvido comienza cuando dejamos de mirar. Entre una cosa y otra existe un largo camino que exige memoria, compromiso sostenido y la decisión colectiva de no abandonar a quienes siguen intentando levantarse cuando el resto del mundo ya ha seguido adelante. Porque una sociedad no termina de recuperarse cuando reconstruye sus edificios; lo hace cuando todas las personas tienen la oportunidad de volver a vivir con seguridad, esperanza y la certeza de que nadie quedó atrás.

Yonatan Matheus (He/Him/Él) es defensor de derechos humanos LGBTQ y trabajador social y activista. Trabaja en la intersección entre Migración, Justicia Social y respuesta al VIH.

Este comentario salió en el sitio web de Yonatan el 6 de julio.

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Centenares de personas participan en la Marcha del Orgullo en la capital salvadoreña

La población diversa volvió a ocupar el espacio público

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR,  El Salvador Alrededor de las 2 de la tarde del 27 de junio, centenares de personas comenzaron a reunirse en el redondel Masferrer para participar en la tradicional Marcha del Orgullo LGBTQ de El Salvador, una movilización que año con año busca visibilizar las luchas, los avances y las demandas de la población diversa en el país. Más que una celebración, la actividad volvió a convertirse en un espacio para reivindicar la existencia de miles de personas que, pese a los desafíos sociales y políticos, continúan reclamando el respeto de sus derechos fundamentales.

Con banderas multicolores ondeando entre la multitud, música y una atmósfera cargada de emoción, la marcha inició su recorrido descendiendo por el Paseo General Escalón, atravesando las Fuentes Beethoven y la plaza El Salvador del Mundo hasta concluir en las inmediaciones del Parque Cuscatlán, sobre la 25 Avenida Sur.

A medida que avanzaban las horas, el tránsito habitual de una de las principales arterias de la capital fue sustituido por un río de colores, consignas y expresiones artísticas. Decenas personas voluntarias debidamente identificadas, acompañaron el recorrido para facilitar el paso de las personas participantes, detener el tráfico y garantizar el desarrollo de la actividad mientras miles de curiosos observaban desde las aceras, restaurantes, centros comerciales y edificios ubicados a lo largo del trayecto.

Desde horas antes del inicio del recorrido, las calles comenzaron a llenarse de personas provenientes de distintos departamentos del país. Algunas viajaron desde la madrugada para participar en la actividad, mientras otras aprovecharon el fin de semana para reencontrarse con amistades y familiares que cada año convierten la marcha en un punto de reunión.

Muchas personas dedicaron semanas e incluso meses a preparar cuidadosamente sus vestuarios, maquillajes, accesorios y pancartas. Cada atuendo representaba una forma distinta de expresar identidad, creatividad y orgullo. Algunos optaron por elaborados trajes inspirados en la cultura drag; otros lucieron prendas confeccionadas con los colores de las distintas banderas que representan a la diversidad sexual y de género. No faltaron quienes eligieron vestirse de manera sencilla, convencidos de que su sola presencia ya representaba un acto de valentía.

Los colores del arcoíris se mezclaron con las banderas trans, bisexuales, lesbianas, pansexuales, no binarias y otras identidades que forman parte de la diversidad humana. Entre abrazos, fotografías, consignas, bailes y presentaciones improvisadas, el ambiente transmitía alegría, pero también una profunda carga simbólica para quienes consideran esta marcha un acto de existencia y resistencia.

Las expresiones de afecto entre parejas, amistades y familias se desarrollaban con naturalidad durante todo el recorrido. Para muchas personas asistentes, ese espacio representó uno de los pocos momentos del año donde podían mostrarse públicamente sin ocultar quiénes son o temer al rechazo inmediato de quienes les rodean.

Memoria, resistencia y un llamado a no olvidar

Previo al banderillazo de salida, representantes de la Federación Salvadoreña LGBTIQ+ ofrecieron un mensaje que invitó a recordar el camino recorrido por quienes lucharon décadas atrás en condiciones mucho más adversas.

“Hoy caminamos pensando en quienes caminaron antes que nosotres, en quienes resistieron cuando nombrarse podía costar el trabajo, la familia, la libertad o la vida”, expresaron durante su intervención, provocando aplausos entre las personas asistentes.

El mensaje también recordó que muchas de las conquistas actuales son resultado de generaciones que enfrentaron discriminación, violencia institucional y exclusión social, abriendo camino para que nuevas juventudes puedan vivir su identidad con mayor libertad, aunque todavía persistan numerosos desafíos.

Las palabras pronunciadas antes del inicio de la marcha marcaron el tono del resto de la jornada. No se trataba únicamente de celebrar la diversidad, sino también de reconocer que detrás de cada bandera existe una historia marcada por la lucha contra la discriminación, la violencia y la invisibilización.

Sin embargo, el discurso también puso sobre la mesa una realidad poco discutida dentro del movimiento: la invisibilización de las personas adultas mayores LGBTQ. Según señalaron durante la actividad, la población diversa envejeciente continúa prácticamente ausente de los espacios públicos y de representación. No aparecen en las campañas del Mes del Orgullo, tampoco en las imágenes que suelen viralizarse en redes sociales ni en la publicidad que cada junio llena de colores distintos espacios comerciales.

Su ausencia también refleja las profundas desigualdades que históricamente ha enfrentado esta población. Muchas personas mayores crecieron en contextos donde expresar libremente su orientación sexual o identidad de género significaba perder el empleo, ser expulsadas de sus hogares o sufrir violencia física y psicológica.

La ausencia de referentes mayores refleja una deuda pendiente tanto de la sociedad como del propio movimiento, que enfrenta el desafío de reconocer las historias de quienes sobrevivieron a décadas de persecución y discriminación y que hoy continúan siendo parte fundamental de la memoria colectiva.

La edición 2026 de la marcha se desarrolló además en un contexto político que diversas organizaciones consideran especialmente complejo para la defensa de los derechos humanos.

Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por el cierre de espacios democráticos, el debilitamiento de organizaciones sociales y un ambiente que consideran cada vez más hostil para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En medio de ese escenario, la movilización adquirió un significado que fue mucho más allá de la celebración. Para muchas personas asistentes representó un acto de presencia política y una reafirmación de que la comunidad continúa existiendo pese a los retrocesos percibidos.

Uno de los aspectos más visibles durante el recorrido fue la importante participación de jóvenes, muchos de ellos asistiendo por primera vez a una Marcha del Orgullo. Entre sonrisas y evidente emoción, varias personas compartían que habían esperado durante años la oportunidad de participar libremente en esta actividad.

Para algunos significaba encontrarse con otras personas que comparten experiencias similares; para otros era la primera ocasión en la que podían expresar públicamente su orientación sexual o identidad de género sin esconderse.

Durante la cobertura realizada por diversos medios internacionales, una persona entrevistada por el Washington Blade, quien solicitó permanecer en el anonimato, resumió el sentimiento que compartían muchas voces presentes.

“Yo apoyé en su momento al presidente actual, pero no sabía que eso tendría un precio que sería bajar mi categoría como ciudadane de un país tan pequeño y con mente más cerrada. Igual marcho para demostrar que aquí estamos resistiendo”, expresó.

El testimonio reflejó una percepción compartida por parte de algunos asistentes respecto al contexto político y social que vive actualmente la población LGBTQ en El Salvador.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Entre el respaldo empresarial y el rechazo en redes sociales

A diferencia de años anteriores, otro elemento llamó la atención durante el recorrido: la limitada presencia de organizaciones sociales claramente identificadas mediante banners, mantas o bloques organizados.

Aunque sí participaron colectivos y activistas independientes, fueron los vehículos alegóricos patrocinados por establecimientos comerciales y empresas aliadas los que dominaron visualmente buena parte del recorrido.

Los carros decorados con música, animación y publicidad fueron algunos de los elementos más llamativos de la jornada. Desde ellos se lanzaban banderas, camisetas y recuerdos promocionales mientras decenas de personas bailaban al ritmo de música pop y electrónica, generando entusiasmo entre quienes acompañaban la marcha.

No obstante, para algunas personas participantes, la menor presencia visible de organizaciones históricas también reflejó las dificultades que actualmente enfrentan muchas asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y de la población LGBTQ.

Mientras miles de personas recorrían las principales arterias de la capital, el debate también se trasladó a las redes sociales. Las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación rápidamente se llenaron de algunos comentarios favorables, pero también de numerosas expresiones de rechazo hacia la marcha y hacia la población diversa.

Las críticas giraron principalmente alrededor de argumentos religiosos, posturas conservadoras y visiones tradicionales sobre la familia y la sexualidad. Muchas personas expresaron opiniones despectivas o mensajes de intolerancia, mientras otras defendieron el derecho constitucional de toda persona a manifestarse pacíficamente.

Para activistas consultados durante la jornada, estas reacciones evidencian que la discriminación continúa profundamente arraigada en distintos sectores de la sociedad salvadoreña y que la necesidad de generar espacios de diálogo y educación sigue siendo una tarea pendiente.

Pese a ello, el ambiente dentro de la marcha permaneció festivo durante todo el recorrido.

Las consignas por la igualdad se alternaban con música, coreografías improvisadas y expresiones artísticas que transformaron por varias horas las calles de San Salvador en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación.

Una vez más, por segundo año consecutivo, la jornada concluyó sin el tradicional concierto masivo que durante años marcó el cierre de la actividad. La ausencia de un evento artístico con celebridades y espectáculos musicales no disminuyó el entusiasmo de quienes participaron hasta el final del recorrido. Conforme caía la tarde, muchas personas permanecieron en las inmediaciones del Parque Cuscatlán compartiendo fotografías, conversando y despidiéndose con la satisfacción de haber formado parte de una nueva edición del Pride salvadoreño.

Las fotografías, abrazos colectivos y mensajes escritos en pancartas terminaron convirtiéndose en el cierre simbólico de una jornada cuyo principal objetivo fue ocupar el espacio público y reafirmar la existencia de una comunidad históricamente marginada.

Las consignas podían leerse en decenas de carteles: llamados al respeto, a la igualdad, al reconocimiento de derechos y al fin de la discriminación.

Más que una celebración aislada, la Marcha del Orgullo 2026 volvió a convertirse en un recordatorio de que la historia de la población LGBTQ salvadoreña ha estado marcada por un pasado de violencia, un presente de constantes desafíos y un futuro que continúa construyéndose desde la esperanza.

En cada paso, quienes caminaron este sábado recordaron que el orgullo no nace únicamente de la celebración de la diversidad, sino también de la capacidad de resistir frente a la exclusión, el prejuicio y el silencio.

Con cada bandera levantada, cada abrazo compartido y cada consigna pronunciada a lo largo del recorrido, las personas asistentes enviaron un mensaje claro tanto a la sociedad salvadoreña como a las instituciones del Estado: la diversidad continúa presente, organizada y decidida a defender su derecho a existir.

Porque, como repetían muchas de las pancartas que acompañaron la movilización, el principal reclamo no es un privilegio especial. Es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente humano: vivir con dignidad, sin miedo, con igualdad ante la ley y con el respeto que merece toda persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La Marcha del Orgullo 2026 volvió a demostrar que, pese a las adversidades, la población LGBTQ salvadoreña continúa encontrando en las calles un espacio para hacer visible su historia, sus luchas y la convicción de que seguir existiendo también es una forma de resistencia.

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