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Tamara Adrián continúa su lucha por derechos humanos en Venezuela

La primera diputada trans del país fue elegida en 2015

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Tamara Adrián, la primera diputada trans en Venezuela, habla durante el International LGBTQ Leaders Conference del LGBTQ Victory Fund en D.C., el 3 de diciembre de 2022. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Nota del editor: El LGBTQ Victory Fund el 3 de diciembre incorporó a Tamara Adrián a su “LGBTQ Victory Hall of Fame” durante su conferencia en Washington. El Washington Blade habló con Adrián antes de su incorporación.

Tamara Adrián, venezolana, abogada y activista con el World Movement for Democracy con su cheering committee ha roto barreras y se ha colocado como la primera diputada trans de la Asamblea Nacional de Venezuela, relata cuál es la situación actual de derechos LGBTQ en el país y si hay avances en dicha temática.

El régimen de Chávez y de Maduro se presentaron como igualitarios pero en la práctica tienen un apoyo importante de iglesias evangélicas, ambos siendo militares, poseen casi poder absoluto en las decisiones del país más del 50 por ciento y del 70 por ciento de los ministros y viceministros, respectivamente, son militares activos, mientras que, más del 95 por ciento de los presidentes de las empresas del Estado también lo son.

La realidad venezolana

Los avances legales que han habido no se han puesto no se han concretado en ninguna aplicación práctica y lo relevante nunca se ha reglamentado. Hasta el momento no hay ningún documento instrumento que permita el matrimonio igualitario y aquellos documentos que de alguna manera podrían utilizarse para el goce de derechos de las personas LGBTQ, son interpretados a conveniencia de organismos estatales.

El reconocimiento se lograba por vía judicial hasta 1998, pero después de que Chavez llegó al poder y sustituyó los jueces existentes, se acabó toda independencia en el poder judicial y existe miedo de decidir en este tipo de temáticas o lo que no se crea políticamente correcto.

En la ley orgánica del registro civil del 2009 que entró en vigencia en el 2010 se establece el derecho del cambio de nombre pero no de sexo. Esto debe nada más en tres casos: cuando el nombre es infamante, cuando el nombre expone al escarnio público, cuando no corresponde al género de la persona y pueda afectar el libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de la legislatura del registro civil está administrado por evangélicos desde ese entonces, por ende decidieron que el tercer caso para proceder con el cambio de nombre solamente aplicaba a personas cis género a quien habían colocado un nombre que no iba de acuerdo con el de su género, pero no a una persona trans.

A 12 años de esta ley nunca ha sido posible el cambio de nombre de una persona trans ni mucho menos el cambio de sexo en la documentación ni registros públicos, menciona Adrán, quien también tiene su propia solicitud pendiente desde el año 2004 ante el Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, hay alrededor de otras 15 solicitudes pendientes sin avances ni respuestas.

Hay menciones aisladas en diferentes normativas y legislaturas referentes a orientación sexual, identidad de género y a veces expresión de género en algunas leyes contra discriminación, pero no han recibido ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, La Ley Orgánica del Poder Popular, la cual introduce las comunas; la Ley del Trabajo, solo menciona orientación sexual, sin embargo, tampoco tiene aplicación alguna, hasta el momento, ningún Juez se ha atrevido a proteger a alguien que allá sido discriminado por el trabajo. 

En la Ley de Bancos, hay una mención a la identidad de género, sin embargo, este fue un esfuerzo de parte del Estado para quitar el término orientación sexual de la misma. Esta dice que al momento de abrir una cuenta de banco, la persona, no puede ser discriminada por su identidad de género, sin embargo, la superintendencia de bancos ha dicho que esto solamente se refiere a las mujeres.

“Es frustrante porque cualquier avance aparente no tiene repercusión práctica”, menciona Adrián. 

En la Ley de Regularización y Control de los Contratos de Arrendamiento y Vivienda, se hace mención de no poder publicar anuncios discriminatorios, por raza, condición de salud, orientación sexual ni identidad de género. Sin embargo, la diputada cataloga tal enunciado como “Folklorico” por no tener relevancia práctica.

Con el actual régimen venezolano, la mayoría de los medios de comunicación han sido desaparecidos por los cuerpos militares. Coartando por completo la libertad de expresión. Los medios de comunicación oficiales son utilizados para perpetrar el control militar.

En 2017, el régimen de Maduro convocó a una Asamblea Constituyente utilizada para la modificación de la Constitución de ese entonces, sin siquiera hacer revisión de las leyes ni estatuto, solamente para “aplastar” la asamblea legítima y proceder a establecer acuerdos constitucionales y leyes constitucionales. 

Bajo esto se aprobó la Ley Contra el Odio y para La Convivencia Pacífica, sin embargo la diputada dice que esta ley tiene una especie de “poison pill”. Según los preceptos de la misma no se permite discriminación en las redes ni en medios de comunicación y se hace referencia a un castigo de 10 a 20 años a quien incite al odio en redes sociales.

La misma hace mención al respeto al género, expresión de género, entre otros casos. No obstante, en todos los años de vigencia de la misma solamente se ha aplicado a casos de persecución política, dado a que una de las incitaciones al odio que se menciona dentro de la ley es por opinión política. 

Según la activista al menos unos 45 a 50 presos políticos han sido apresados por incitar el odio en redes sociales en contra del Presidente o algún otro funcionario. A pesar de la mención en sus estatutos, cuando una persona de la diversidad LGBTQ hace mención de dicha ley para ponerla en práctica en escenarios de incitación al odio contra la población, se hace caso omiso de parte de los jueces y no se cumple.

En el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, se distingue un patrón de persecución política haciendo uso de esta ley que inicialmente se mostraba como mecanismo de defensa y de estabilización social.

La Asamblea Nacional de diciembre de 2020 incorporó dos artículos dentro de la Ley Orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, donde se hace referencia a las discriminaciones en contra de la mujer y se incluyó los términos orientación sexual e identidad de género. Lo mismo en la Reforma de la Ley de la Familia, la Paternidad y la Maternidad, la cual dice que no se debe discriminar en las familias por su orientación sexual e identidad de género, aún sin haber derechos de pareja para personas LGBTQ.

No obstante, al momento de la aplicación, dicen que se refiere a la discriminación que puede ver de los padres hacia los hijos en cuanto a su expresión de género u orientación sexual. Evitando que este principio se aplique para la familia como institución.

De igual manera, se creó una defensoría especial, La Defensoría del Pueblo en materia LGBTQ, nombrando a una sola persona como encargada a nivel nacional, sin secretaria ni presupuesto. 

“Sus posibilidades para actuar son muy limitadas”, dice la venezolana.

Sumándole a esto, se le resta poder a la defensoría, dado a que no se permite la asistencia para un privado de su libertad, cuando este es el caso, se pide que se inicie un proceso por medio del ente administrativo para después proceder con un recurso judicial que puede tardar hasta 14 años y luego solicitar el apoyo de la defensoría, por lo cual no tiene mucha oportunidad de acción.

Por otro lado, se creó la fiscalía número 98, con competencia nacional, para crímenes en materia LGBTQ, la cual fue creada, aunque nunca fue publicada en gaceta, por una designación que hizo el Fiscal General de la República, hasta ahora no se conoce ningún caso que haya sido llevado por esa fiscalía desde su creación en enero de 2022.

La realidad de la educación, salud y empleo

Según Adrián “no hay protección alguna en la práctica” en temas de educación, salud ni empleo. Comúnmente son las poquísimas empresas de inversión extranjera que quedan en el país las que deciden brindar servicios de salud o que emplean a personas de la diversidad sexual en Venezuela. 

En torno a la identidad de género también son muy pocos los casos en los cuales se hace reconocimiento de la identidad asumida de personas trans. La abogada solamente conoce de dos casos en los cuales las empresas hacen reconocimiento total de las expresión de género de personas trans en sus empresas.

Con la educación el caso es similar, no se posee ninguna herramienta que garantice el goce de educación sin discriminación para personas trans. Por lo tanto, los niveles de deserción escolar son muy altos, limitando oportunidades de crecimiento para estas personas.

El Ministerio de Educación ha sido liderado por el ala radical de los evangélico, tanto para la educación primaria como para la secundaria, comparte la venezolana. Incluso en el Ministerios de Educación Superior, así que en cuando ha tratado de incorporar algún módulo de educación sexual y reproductiva los esfuerzos se ven obstaculizados.

Solamente los niños de noveno año tienen acceso a algún tipo de información referente a salud sexual y reproductiva. No obstante, cualquier esfuerzo por permitir acceso a educación referente a identidad de género y orientación sexual son bloqueados bajo cualquier espectro.

Por otro lado, ya no se tiene conocimiento de cuál es el número de personas LGBTQ asesinadas en la República, lo cual se ve empeorado por la falta de medios de comunicación confiable que difundan información sin injerencia militar. Aunque algunos de los medios de comunicación sobrevivieron de manera digital, lo hicieron sin el ala de investigación necesaria para cubrir estas temáticas.

En 2017 Venezuela era el tercer país con mayor número de muertes de personas trans. Las organizaciones de sociedad civil se siguen organizando de una u otra manera para poder ayudar un poco con la crisis humanitaria actual, sin embargo, el apoyo que pueden brindar se ve limitado por el contexto legal y político.

“Nos hemos convertido en una crisis olvidada”, menciona Adrián. En la actualidad hay más de 7 millones de refugiados venezolanos a nivel mundial, sin embargo, se ha normalizado lo cual de cierta manera viene a empeorar la situación humanitaria porque deja las verdaderas necesidades en el olvido. Además se desconoce cuántas personas LGBTQ hay dentro de estas métricas.

En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas de Hecho por Adrián en el 2019, el grado de percepción de discriminación en el país donde los migrantes venezolanos se encuentran versus el que sufrían en venezuela, cae en un 60 por ciento a comparación del porcentaje de discriminación que vivían estando en Venezuela.

Organizando un movimiento de movimientos

El movimiento unidos por la libertad, del cual también forma parte la activista ha tratado de realizar una serie de acciones para tratar de restablecer la democracia en Venezuela, entre estas el poner a las personas chavistas frente a las personas antichavistas dado a que todas han sufrido de lo mismo.

El Consejo Nacional Electoral, reconocimiento como movimiento político no como partido político. Proceso de Organización, ya cuenta con promotores en las 24 circunscripciones electorales de Venezuela para poder participar en todas las elecciones posibles en Venezuela

Nacen dado a que los partidos políticos del país no estaban trabajando en las necesidades de la sociedad del país. Adrián no ha renunciado a su partido, sin embargo, vio la necesidad de participar en esta iniciativa para buscar más opciones para mejorar las condiciones sociales del país.

También resalta como se continúa perpetuando la desigualdad de género y las estructuras de género para continuar con la manipulación estructural del Estado. En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas, Adrián logró descubrir que el principal agresor dentro de la familia y la sociedad es la madre. Lo cual es visto frecuentemente a lo largo de toda américa latina por una cultura heterocispatriarcal arraigadas en diferentes niveles estructurales.

La diputada remarca como “Los regímenes militares con aditamento evangélico no son necesariamente abiertos a temas de mujeres y LGBT” y que mientras continúen los mismos regímenes es muy difícil que se tengan avances prácticos que permitan igualdad y un goce de derechos integrales para las personas trans.

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33 años y cuatro meses de cárcel proponen para uno de los asesinos de Thalía Rodríguez

Activista trans fue asesinada en su casa en 2022

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(Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 28 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — En la Sala de lo Penal de Tegucigalpa se llevó a cabo la individualización de Aarón Jeriel Álvarez Pavón, uno de los asesinos implicados en la muerte de Thalía Rodríguez.

En 2022 se evacuaron los medios de prueba contra Pavón y se le dio una sentencia por ser declarado culpable en el caso de Rodríguez.

La audiencia fue corta debido a que la fiscalía fue la que dijo que se debería condenar a Pavón por el delito de asesinato en perjuicio de Thalía y tentativa de asesinato en perjuicio de la pareja de Rodríguez. 

En la audiencia se determinó cuánto solicitaba la fiscalía, qué delitos se le iban a imponer y con qué agravante, además de cuánto solicitaba la defensa de Pavón en cuanto a la pena privativa de libertad. 

Aarón Jeriel Álvarez Pavón es uno de los implicados en la muerte de Thalía Rodríguez. (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Pavón recibió en la audiencia de individualización de la pena una propuesta de condena del Ministerio Público (MP) de 20 años por asesinato y 13 años con cuatro meses por tentativa debido a que la pareja de Rodríguez también fue atacada de manera violenta el día del asesinato.

La defensa de Pavón se adhirió a la cantidad de años que el MP determinó por el asesinato de Thalía y la tentativa contra su pareja, Walter. 

El odio y rechazo que las personas LGBTIQ+ enfrentan a diario es una de las principales causas de asesinatos contra dicha población. 

La abogada y defensora de derechos humanos Nadia Mejía mencionó de manera detallada en una entrevista con Reportar sin Miedo (RSM) que hablar sobre este tema es muy importante, pero lamentable. 

“Hablar en términos de justicia con una pena privativa de libertad deja un mal sabor. He llevado muchos casos, pero es mucho más difícil cuando es alguien con la que uno compartió e hizo activismo. Es bien difícil saber que, aunque haya una pena privativa de libertad, la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI siguen”, mencionó Mejía, abogada del área legal de la Red Lésbica Cattrachas. La siguiente audiencia será el tres de febrero a las 9:00 a.m. para determinar finalmente la cantidad de años de condena de Pavón. 

Thalía Rodríguez en su casa en el cerro Juan A. Laínez. (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

La lideresa trans fue la primera muerte violenta LGBTIQ+ en enero de 2022, mes en que tomó posesión la actual mandataria Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien mostraba con fervor el apoyo a la población LGBTIQ+, y la número 402 desde el transfeminicidio de Vicky Hernández en junio de 2009.

El caso de Vicky llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que los asesinos eran parte de una institución gubernamental que “vela por la seguridad” de todas, todes y todos los hondureños. 

Pavón es uno de los tres implicados en el asesinato de la activista Rodríguez, uno de los pocos casos que no han quedado en la impunidad, pero que demoró más de diez meses a partir de los hechos y luego de varios errores en las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. 

Una activista comprometida con el cambio

Rodríguez, muerta a los 45 años, era una mujer trans que emprendió su lucha por los derechos de las disidencias sexuales al ver la situación que dicha población afronta a diario en el corazón de Centroamérica. 

La población LGBTIQ+ exige justicia para crímenes como el de Thalía. (Foto cortesía de Reportar sin Miedo)

Thalía era una persona alegre, positiva y muy fuerte. Quería seguir adelante y ser un ejemplo para las personas trans y decir que “no hay que quedarse en la idea en que la sociedad no nos acepta, que la sociedad nos discrimina, hay que demostrar que nosotros podemos ser también parte de la sociedad, podemos emprender, podemos ser un ejemplo”.

No debemos olvidar que hay dos personas libres y el MP solo las ha identificado, lo que quiere decir que pueden cometer más actos violentos contra personas de la población LGBTIQ+

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Gobierno de Chile reafirma su compromiso con los derechos LGBTQ

La ‘Mesa LGBTIQA+’ se terminó su primer año este mes

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El 6 de enero finalizó el primer año de trabajo de la 'Mesa LGBTIQA+' en la que participaron 42 organizaciones de todo Chile. (Foto cortesía del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)

Diversas reacciones en el mundo político chileno dejo este fin de semana la publicación de una noticia en el medio conservador El Mercurio, donde afirmaron que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) estaban preparando un proyecto de ley para instaurar este año una Subsecretaría LGBTQ.

Y es que precisamente dicha cartera de Estado puso en marcha en 2022 la primera “Mesa LGBTIQA+”, la cual es integrada por distintas instituciones públicas, organizaciones y activistas LGBTQ chilenos, con el objetivo de mejorar la calidad de la población queer en ese país latinoamericano, que en el último año ha tenido un aumento de ataques y crímenes de odio. 

En la última década los derechos LGBTQ en Chile han ganado terreno. El matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, la unión civil y una Ley antidiscriminación son algunas de las conquistas que tardaron tiempo instalarse. Sin embargo, no existe ninguna institución de Estado o política pública que trabaje por garantizar la inclusión de este grupo históricamente discriminado. 

Es por eso, que con la puesta en marcha de la “Mesa LGBTIQA+” impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, las deudas pendientes de esta población tienen una oportunidad sin precedentes, ya que ningún gobierno anterior había generado una instancia de trabajo como esta. 

Durante el primer año participaron 42 organizaciones de todo Chile, y culminó el pasado 6 de enero con la firma de un convenio entre la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, el SERNAMEG y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para atender a las personas que son víctimas de ataques anti-LGBTQ. Un importante logro, que permitirá entregar ayuda en todo el territorio nacional. 

Al mismo tiempo, al culminar el primer año de trabajo de la “Mesa LGBTIQA+” desde el MinMujeryEG anunciaron que durante el segundo semestre de este año enviarán un proyecto de ley que amplié el mandato ministerial, para que “se incluya a la comunidad LGTBIQA+”. Hasta ese momento, no había ningún anunció de la creación de una Subsecretaría LGBTQ.

Luego de la publicación de El Mercurio, la mayoría de los medios de comunicación chilenos replicaron la noticia levantando una polémica sin confirmar la información. Ya que oficialmente desde el gobierno no han anunciado la creación de una Subsecretaría LGBTQ o una institución antidiscriminación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en Argentina. 

El ex candidato presidencial de derecha extrema, José Antonio Kast, criticó en su cuenta de Twitter la imprecisa noticia. 

“Chile es más pobre, más violento e inseguro que hace un año y el gobierno inepto en vez de resolver las urgencias sociales, se dedica a agrandar el Estado para profundizar su agenda ideológica”, escribió el líder del Partido Republicano. 

Desde el MinmujeryEG dijeron al Washington Blade que “se ha finalizado recién la mesa con las organizaciones de la comunidad LGBTIQA+. Una de las demandas es tener una institucionalidad, por lo que durante el 2023 se definirá cuál es el camino progresivo, mientras en paralelo se mejora la ley antidiscriminación”.

Mientras que la subsecretaría del MinMujeryEG, Luz Vidal Huiriqueo, publicó en sus redes sociales que “por siete meses nos reunimos con organizaciones LGBTQ+. Sus urgencias son las de todo el país: seguridad, trabajo y salud. Sobre la 1ra avanzamos en un convenio con @SubPrevDelito para atender correctamente y para los largos desafíos comprometimos proponer un mecanismo institucional”. 

La autoridad dijo en una entrevista exclusiva con el Blade antes de la publicación de El Mercurio que “para el gobierno del presidente Gabriel Boric, encontrar y dar respuestas a las demandas de la población LGBTIQA+ en Chile es un compromiso que no se va a dejar de lado por nada”. 

“Nosotras y nosotros del MinMujeryEG hemos acogido las necesidades de esta comunidad que día a día, en muchos casos, tiene que sobrevivir. Es por eso, que desde nuestro ministerio hemos levantado esta mesa intergubernamental para tener una comunicación fluida y permanente con las organizaciones LGBTIQA+”, explicó Vidal desde su despacho ministerial.

Vidal agregó que “el presidente nos encargó pasar del discurso a la acción. Hay que ponerse a trabajar. Hay que implementar los acuerdos, no podemos quedarnos solamente en bonitos anuncios y ese es nuestro compromiso. El compromiso que hoy día tenemos es trabajar por las mujeres, por la equidad de género, por y con toda la población, a favor de toda la ciudadanía y de quienes les falta presencia del Estado”.

Autoridades chilenas luego de firmar el convenio que permitirá entregar ayuda a los ataques de odio. (Foto cortesía del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)

La subsecretaria mencionó a este medio que la necesidad de incorporar a la población queer al trabajo de su ministerio es importante ya que “exactamente hoy día, el Estado no tiene facultades para atender específicamente a la población LGBTQ+, entonces necesitamos crear una camino progresivo que, ya sea una institucionalidad u otra figura, nos permita implementar políticas públicas”.

Aquella supuesta institucionalidad fue la que encendió la disputa el pasado domingo y desnudó que sea cual sea el mecanismo que instale el gobierno de Boric, no será un camino fácil. Aunque también evidenció un interesante debate que tenía personas a favor y en contra. 

“Creo que no va a ser un trámite fácil. No va a ser un proyecto que podamos decir, los vamos a sacar a final de año, eso lo tenemos claro. Hoy día incluso en proyectos o en el trabajo que se está realizando desde el ministerio cuesta avanzar simplemente porque actualmente tenemos un Congreso con fuerzas políticas contrarías a la inclusión y el respeto a la diversidad. Eso presente en nuestro Congreso, también está presente en varios países de Latinoamérica”, opinó Vidal. 

Por otro lado, la primera diputada transgénero de Chile, Emilia Schneider, dijo al Blade que “me parece que el anuncio de una institucionalidad para la población LGBTI en el Ministerio de la Mujer, y también en lo que se ha estado trabajando con el Ministerio de Justicia para avanzar en una institucionalidad contra la discriminación, a propósito de la reforma a Ley Antidiscriminación son dos pasos fundamentales para avanzar en dignidad y derechos para las diversidades y disidencias sexuales”. 

Según la congresista es importante “hacer un cambio permanente en el Estado, que de reconocimiento a la importancia de tener un espacio que responda a las necesidades de la población queer y se haga cargo de combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que está expuesta nuestra comunidad”. 

“Me parece que este es uno de los compromisos más importantes, que de concretarse serian un legado fundamental de este gobierno en materias de diversidades y disidencias sexuales”, concluyó Schneider. 

Mientras que la coordinadora de políticas públicas de la Asociación OTD Trans, la organización trans más importante de Chile, Ignacia Oyarzun, opinó que la instauración de una institucionalidad “es un avance que va en la dirección de establecer lo que será un cupo laboral trans para lograr una mayor integración de la comunidad en la sociedad, ya que en la práctica ocurre que las personas de las diversidades trans, no son contratadas, o son despedidas injustificadamente de espacios laborales, precarizando aún más una vida llena de violencias, y por lo tanto, es una señal de querer hacer las cosas de manera correcta, teniendo en consideración que las personas de nuestra comunidad pertenecen a grupos de vulnerabilidad y por tanto somos sujetes de especial protección”.

Finalmente, Jorge Muñoz, de la organización Mogaleth de Puerto Montt, una ciudad ubicada a 640 millas al sur de Santiago, que también participa de la Mesa LGBTIQA+ señaló al Blade que “todo acercamiento desde el poder central a la sociedad civil, y sobre todo a las regiones es positivo. En ese marco consideramos un avance en cuanto a las demandas del colectivo en la lucha por el reconocimiento de la vulneración histórica de nuestros derechos”.

“El reconocimiento del Estado hacia el maltrato y los discursos de odio hacia las disidencias han sido históricamente centralistas. Las regiones, donde también sufrimos acoso, maltrato, dificultades de acceso a salud, educación y trabajo hemos sido relegadas a lo largo de la historia. En este sentido lo que más valoramos es el reconocimiento de nuestras demandas en el contexto territorial”, remató Muñoz. 

Por ahora, no hay una versión oficial sobre cuál será el mecanismo se utilizará para crear la anhelada institucionalidad. Lo que sí está claro, es el compromiso del gobierno y el MinMujeryEG con los derechos LGBTQ que avanzarán sin importar los costos políticos que puedan traerles. 

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Panamá y la lucha por el matrimonio igualitario

Activistas ha presentado una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia

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(Foto cortesía de Sí Acepto Panamá)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El pasado 21 de diciembre de 2022, activistas, líderes, lideresas y organizaciones sociales de base comunitaria convocaron a personas LGBTI en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de entregar una carta abierta a los magistrados en la cual se solicita el reconocimiento del derecho al matrimonio civil de parejas del mismo sexo en Panamá. Y es que desde el año 2016 la Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene tres casos de matrimonios igualitarios “archivados” (o mejor, sin fallo). En los cuales, se debe resolver la desigualdad que experimentan sus familias en la construcción de su proyecto común, como cualquier persona en Panamá.

Es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en su Opinión Consultiva 24/17, ha establecido claros principios sobre no discriminación de personas LGBTI, indicando que:

●  La Convención Americana no protege un determinado modelo de familia. El vínculo familiar de parejas del mismo sexo está protegidos

●  Los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo, deben ser protegidos sin discriminación alguna frente a parejas heterosexuales.

●  La obligación internacional de los Estados trasciende la protección de temas patrimoniales y se extiende a todos los derechos humanos, tanto internacionalmente como en el derecho interno.

●  No hay que crear instituciones nuevas sino extender las existentes a parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio civil, de conformidad al principio pro persona. Otra institución con otro nombre carece de sentido ya que sería una diferencia estigmatizante.

En octubre de 2020 Panamá recibió un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cumpliera de “buena fe” con los estándares regionales para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa y LGBTI. Hoy en Panamá las parejas del mismo sexo no cuentan con los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

Iván Chanis Barahona, activista por el matrimonio igualitario (Foto cortesía de Sí Acepto Panamá)

Este acto desató en la sociedad panameña conservadora reacciones inmediatas, convocando desde el mismo 21 de diciembre un plantón en el mismo lugar para el 11 de enero de 2023 denominado la “Gran manifestación en defensa del matrimonio tradicional”, alegando que “El matrimonio es solo entre hombre y mujer”.

José Luis Delgado, presidente de la Coordinadora Nacional por La Familia, dijo que: “nuevamente los magistrados de la CSJ sufren la presión del colectivo político trasnacional LGTB para que tuerzan nuestras leyes y aprueben el matrimonio homosexual”.

En ese sentido, Delgado recordó una consulta hecha con anterioridad sobre este tema por la Contraloría General de la República, en la que se señaló que la mayor parte de los panameños “somos profamilia, provida y solo aceptamos el matrimonio hombre y mujer”.

Todas las personas debemos tener la libertad de elegir a quien amar y formar una familia, derecho que no es exclusivo para unos pocos, y en esta lucha puedo decir plenamente que me identifico con la frase del activista Iván Chanis Barahona, quien en una entrevista manifiesta ser pro familia, hablando sobre el reconocimiento, inclusión, amor  y la garantía de derechos de todos los tipos de familias existentes, no solo en Panamá si no en el mundo.

A quienes se llaman “pro familia” justificando su odio, su segregación y prejuicio en la palabra de Dios, les podría hacer mil preguntas, y mil reclamos, pero nos llevaría a la misma discusión, la cual no parece tener fin. Sin embargo, las personas de LGBTI solo estamos pidiendo se nos reconozcan nuestros derechos. 

Gustavo Patiño es productor artístico, columnista y colombiano residente en Panamá.

Twitter @GustavoPerrito
Instagram @GustavoPerrito

Lee sus columnas aquí.

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