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Tamara Adrián continúa su lucha por derechos humanos en Venezuela
La primera diputada trans del país fue elegida en 2015
Nota del editor: El LGBTQ Victory Fund el 3 de diciembre incorporó a Tamara Adrián a su “LGBTQ Victory Hall of Fame” durante su conferencia en Washington. El Washington Blade habló con Adrián antes de su incorporación.
Tamara Adrián, venezolana, abogada y activista con el World Movement for Democracy con su cheering committee ha roto barreras y se ha colocado como la primera diputada trans de la Asamblea Nacional de Venezuela, relata cuál es la situación actual de derechos LGBTQ en el país y si hay avances en dicha temática.
El régimen de Chávez y de Maduro se presentaron como igualitarios pero en la práctica tienen un apoyo importante de iglesias evangélicas, ambos siendo militares, poseen casi poder absoluto en las decisiones del país más del 50 por ciento y del 70 por ciento de los ministros y viceministros, respectivamente, son militares activos, mientras que, más del 95 por ciento de los presidentes de las empresas del Estado también lo son.
La realidad venezolana
Los avances legales que han habido no se han puesto no se han concretado en ninguna aplicación práctica y lo relevante nunca se ha reglamentado. Hasta el momento no hay ningún documento instrumento que permita el matrimonio igualitario y aquellos documentos que de alguna manera podrían utilizarse para el goce de derechos de las personas LGBTQ, son interpretados a conveniencia de organismos estatales.
El reconocimiento se lograba por vía judicial hasta 1998, pero después de que Chavez llegó al poder y sustituyó los jueces existentes, se acabó toda independencia en el poder judicial y existe miedo de decidir en este tipo de temáticas o lo que no se crea políticamente correcto.
En la ley orgánica del registro civil del 2009 que entró en vigencia en el 2010 se establece el derecho del cambio de nombre pero no de sexo. Esto debe nada más en tres casos: cuando el nombre es infamante, cuando el nombre expone al escarnio público, cuando no corresponde al género de la persona y pueda afectar el libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de la legislatura del registro civil está administrado por evangélicos desde ese entonces, por ende decidieron que el tercer caso para proceder con el cambio de nombre solamente aplicaba a personas cis género a quien habían colocado un nombre que no iba de acuerdo con el de su género, pero no a una persona trans.
A 12 años de esta ley nunca ha sido posible el cambio de nombre de una persona trans ni mucho menos el cambio de sexo en la documentación ni registros públicos, menciona Adrán, quien también tiene su propia solicitud pendiente desde el año 2004 ante el Tribunal Supremo de Justicia. De igual manera, hay alrededor de otras 15 solicitudes pendientes sin avances ni respuestas.
Hay menciones aisladas en diferentes normativas y legislaturas referentes a orientación sexual, identidad de género y a veces expresión de género en algunas leyes contra discriminación, pero no han recibido ninguna aplicación práctica. Por ejemplo, La Ley Orgánica del Poder Popular, la cual introduce las comunas; la Ley del Trabajo, solo menciona orientación sexual, sin embargo, tampoco tiene aplicación alguna, hasta el momento, ningún Juez se ha atrevido a proteger a alguien que allá sido discriminado por el trabajo.
En la Ley de Bancos, hay una mención a la identidad de género, sin embargo, este fue un esfuerzo de parte del Estado para quitar el término orientación sexual de la misma. Esta dice que al momento de abrir una cuenta de banco, la persona, no puede ser discriminada por su identidad de género, sin embargo, la superintendencia de bancos ha dicho que esto solamente se refiere a las mujeres.
“Es frustrante porque cualquier avance aparente no tiene repercusión práctica”, menciona Adrián.
En la Ley de Regularización y Control de los Contratos de Arrendamiento y Vivienda, se hace mención de no poder publicar anuncios discriminatorios, por raza, condición de salud, orientación sexual ni identidad de género. Sin embargo, la diputada cataloga tal enunciado como “Folklorico” por no tener relevancia práctica.
Con el actual régimen venezolano, la mayoría de los medios de comunicación han sido desaparecidos por los cuerpos militares. Coartando por completo la libertad de expresión. Los medios de comunicación oficiales son utilizados para perpetrar el control militar.
En 2017, el régimen de Maduro convocó a una Asamblea Constituyente utilizada para la modificación de la Constitución de ese entonces, sin siquiera hacer revisión de las leyes ni estatuto, solamente para “aplastar” la asamblea legítima y proceder a establecer acuerdos constitucionales y leyes constitucionales.
Bajo esto se aprobó la Ley Contra el Odio y para La Convivencia Pacífica, sin embargo la diputada dice que esta ley tiene una especie de “poison pill”. Según los preceptos de la misma no se permite discriminación en las redes ni en medios de comunicación y se hace referencia a un castigo de 10 a 20 años a quien incite al odio en redes sociales.
La misma hace mención al respeto al género, expresión de género, entre otros casos. No obstante, en todos los años de vigencia de la misma solamente se ha aplicado a casos de persecución política, dado a que una de las incitaciones al odio que se menciona dentro de la ley es por opinión política.
Según la activista al menos unos 45 a 50 presos políticos han sido apresados por incitar el odio en redes sociales en contra del Presidente o algún otro funcionario. A pesar de la mención en sus estatutos, cuando una persona de la diversidad LGBTQ hace mención de dicha ley para ponerla en práctica en escenarios de incitación al odio contra la población, se hace caso omiso de parte de los jueces y no se cumple.
En el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, se distingue un patrón de persecución política haciendo uso de esta ley que inicialmente se mostraba como mecanismo de defensa y de estabilización social.
La Asamblea Nacional de diciembre de 2020 incorporó dos artículos dentro de la Ley Orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, donde se hace referencia a las discriminaciones en contra de la mujer y se incluyó los términos orientación sexual e identidad de género. Lo mismo en la Reforma de la Ley de la Familia, la Paternidad y la Maternidad, la cual dice que no se debe discriminar en las familias por su orientación sexual e identidad de género, aún sin haber derechos de pareja para personas LGBTQ.
No obstante, al momento de la aplicación, dicen que se refiere a la discriminación que puede ver de los padres hacia los hijos en cuanto a su expresión de género u orientación sexual. Evitando que este principio se aplique para la familia como institución.
De igual manera, se creó una defensoría especial, La Defensoría del Pueblo en materia LGBTQ, nombrando a una sola persona como encargada a nivel nacional, sin secretaria ni presupuesto.
“Sus posibilidades para actuar son muy limitadas”, dice la venezolana.
Sumándole a esto, se le resta poder a la defensoría, dado a que no se permite la asistencia para un privado de su libertad, cuando este es el caso, se pide que se inicie un proceso por medio del ente administrativo para después proceder con un recurso judicial que puede tardar hasta 14 años y luego solicitar el apoyo de la defensoría, por lo cual no tiene mucha oportunidad de acción.
Por otro lado, se creó la fiscalía número 98, con competencia nacional, para crímenes en materia LGBTQ, la cual fue creada, aunque nunca fue publicada en gaceta, por una designación que hizo el Fiscal General de la República, hasta ahora no se conoce ningún caso que haya sido llevado por esa fiscalía desde su creación en enero de 2022.
La realidad de la educación, salud y empleo
Según Adrián “no hay protección alguna en la práctica” en temas de educación, salud ni empleo. Comúnmente son las poquísimas empresas de inversión extranjera que quedan en el país las que deciden brindar servicios de salud o que emplean a personas de la diversidad sexual en Venezuela.
En torno a la identidad de género también son muy pocos los casos en los cuales se hace reconocimiento de la identidad asumida de personas trans. La abogada solamente conoce de dos casos en los cuales las empresas hacen reconocimiento total de las expresión de género de personas trans en sus empresas.
Con la educación el caso es similar, no se posee ninguna herramienta que garantice el goce de educación sin discriminación para personas trans. Por lo tanto, los niveles de deserción escolar son muy altos, limitando oportunidades de crecimiento para estas personas.
El Ministerio de Educación ha sido liderado por el ala radical de los evangélico, tanto para la educación primaria como para la secundaria, comparte la venezolana. Incluso en el Ministerios de Educación Superior, así que en cuando ha tratado de incorporar algún módulo de educación sexual y reproductiva los esfuerzos se ven obstaculizados.
Solamente los niños de noveno año tienen acceso a algún tipo de información referente a salud sexual y reproductiva. No obstante, cualquier esfuerzo por permitir acceso a educación referente a identidad de género y orientación sexual son bloqueados bajo cualquier espectro.
Por otro lado, ya no se tiene conocimiento de cuál es el número de personas LGBTQ asesinadas en la República, lo cual se ve empeorado por la falta de medios de comunicación confiable que difundan información sin injerencia militar. Aunque algunos de los medios de comunicación sobrevivieron de manera digital, lo hicieron sin el ala de investigación necesaria para cubrir estas temáticas.
En 2017 Venezuela era el tercer país con mayor número de muertes de personas trans. Las organizaciones de sociedad civil se siguen organizando de una u otra manera para poder ayudar un poco con la crisis humanitaria actual, sin embargo, el apoyo que pueden brindar se ve limitado por el contexto legal y político.
“Nos hemos convertido en una crisis olvidada”, menciona Adrián. En la actualidad hay más de 7 millones de refugiados venezolanos a nivel mundial, sin embargo, se ha normalizado lo cual de cierta manera viene a empeorar la situación humanitaria porque deja las verdaderas necesidades en el olvido. Además se desconoce cuántas personas LGBTQ hay dentro de estas métricas.
En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas de Hecho por Adrián en el 2019, el grado de percepción de discriminación en el país donde los migrantes venezolanos se encuentran versus el que sufrían en venezuela, cae en un 60 por ciento a comparación del porcentaje de discriminación que vivían estando en Venezuela.
Organizando un movimiento de movimientos
El movimiento unidos por la libertad, del cual también forma parte la activista ha tratado de realizar una serie de acciones para tratar de restablecer la democracia en Venezuela, entre estas el poner a las personas chavistas frente a las personas antichavistas dado a que todas han sufrido de lo mismo.
El Consejo Nacional Electoral, reconocimiento como movimiento político no como partido político. Proceso de Organización, ya cuenta con promotores en las 24 circunscripciones electorales de Venezuela para poder participar en todas las elecciones posibles en Venezuela
Nacen dado a que los partidos políticos del país no estaban trabajando en las necesidades de la sociedad del país. Adrián no ha renunciado a su partido, sin embargo, vio la necesidad de participar en esta iniciativa para buscar más opciones para mejorar las condiciones sociales del país.
También resalta como se continúa perpetuando la desigualdad de género y las estructuras de género para continuar con la manipulación estructural del Estado. En el Estudio para Dejar de Ser Fantasmas, Adrián logró descubrir que el principal agresor dentro de la familia y la sociedad es la madre. Lo cual es visto frecuentemente a lo largo de toda américa latina por una cultura heterocispatriarcal arraigadas en diferentes niveles estructurales.
La diputada remarca como “Los regímenes militares con aditamento evangélico no son necesariamente abiertos a temas de mujeres y LGBT” y que mientras continúen los mismos regímenes es muy difícil que se tengan avances prácticos que permitan igualdad y un goce de derechos integrales para las personas trans.
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Comunidad LGBTQ salvadoreña reflexiona sobre las elecciones
El presidente Nayib Bukele se ganó segundo mandato
SAN SALVADOR, El Salvador – En punto de las 7 a.m. del 4 de febrero, se esperaba que abrieran todos los centros de votación en los diferentes municipios del país, pero por diferentes razones en muchos centros existió un atraso que incluso causo que las Juntas Receptoras de Votos comenzaran su labor pasada las 8 a.m.
Desde primeras horas, muchas personas de la población LGBTQ comenzaron a postear en redes sociales que habían logrado ejercer el sufragio sin ninguna eventualidad. En su mayoría, personas de la población lesbianas, gays y bisexuales, por parte de las personas trans y queer muchas de las organizaciones se tomaron el trabajo de estar al tanto de cómo iba su proceso, ninguna reportó algún inconveniente, también recibieron apoyo y acompañamiento por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Uno de los casos de acompañamiento fue el de Valeria de Aspidh Arcoiris Trans, se le puso énfasis a su caso, pues su DUI ya está con el nombre que se identifica y en el padrón electoral aún no aparecería así.
“Valeria nos comentó que todo salió bien y recibió acompañamiento de la PDDH”, comentó al Washington Blade Mónica Hernández, directora de Aspidh.
Así como ellas, las diferentes organizaciones no reportaron casos en donde se impidiera el derecho al voto; incluso el personaje Lady Drag, asistió a su centro de votación en el instituto EXSAL, portando un vestido negro, llevando como cola de este la Constitución de la República de El Salvador con otros libros de escritores nacionales.
No se le negó el voto, incluso mostró que había votado por Nuevas Ideas para que su voto fuera anulado, todo como una protesta por la pobreza en la educación que existe en el país, esto de acuerdo con sus propias declaraciones dada a los medios.
Mucha ausencia de personas LGBTQ en las votaciones
Se observó una interesante diferencia en la afluencia de votantes entre los centros de votación en el extranjero y los ubicados dentro del país. Mientras que los compatriotas en el exterior mostraron una notable participación, los centros de votación locales, experimentaron una menor afluencia, destacando también la escasa participación de la comunidad LGBTQ salvadoreña.
En los centros de votación en el exterior, la presencia de votantes salvadoreños fue notable.
Las largas filas y la participación activa reflejaron el compromiso de la diáspora con el proceso electoral. Sin embargo, la situación fue diferente en los centros de votación dentro de El Salvador. A pesar de los esfuerzos de concientización por parte de las organizaciones de sociedad civil en general, la participación local fue menor de lo esperado.
Se evidenció una falta de entusiasmo general, destacando incluso una disminución en la afluencia de la población LGBTQ salvadoreña, quienes no mostraron el mismo interés que en elecciones anteriores.
“Sinceramente no tenía muchas ganas de ir a votar, pero como dicen que, si luego uno se queja, al menos hice el intento con mi voto de hacer la diferencia”, comenta al Blade Yanet Ríos, una mujer bisexual salvadoreña.
Este contraste plantea preguntas entre las organizaciones LGBTQ, sobre los factores que pueden estar afectando la participación a nivel nacional.
“Estamos preocupados porque la gente no sale a votar”, platica Hernández. “Vimos noticias, TikTok, los en vivo y los centros de votación no estaban llenos.”
“El discurso simplista de ‘los buenos contra los malos’ reinó sobre las reflexiones sensatas que alertaron durante meses, la consolidación de un sistema profundamente fragmentado, donde la poca confianza alcanzada por parte de las instituciones hacia la población se ha destruido”, aclaró al Blade Bianca Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS.
Resalta la importancia de explorar estrategias para fomentar la implicación de la población local en futuros procesos electorales, sobre todo porque los mismos partidos políticos no tuvieron la misma presencia en campaña como en elecciones pasadas. Algunas miembros de colectivos LGBTQ comentaron al Blade que ahora los candidatos políticos no se acercaron a las organizaciones de sociedad civil y que el ambiente se sintió como que se daban por perdedores antes de tiempo.
Resultados en elecciones presidenciales
El 9 de febrero el Tribunal Supremo Electoral finalizó el escrutinio final de las elecciones presidenciales y de diputado, mostrando a Nayib Bukele como ganador con un 82.66 por ciento de los votos totales. Este resultado se dio tras cinco días de las elecciones, debido a múltiples fallos percibidos por el sistema de conteo de votos y transmisión de resultados.
“Pese a todos los esfuerzos institucionales realizados no fue posible concluir de la manera esperada. Algunos inconvenientes dificultaron que la trasmisión fluyera como se tenía previsto”, dijo en conferencia de prensa después de los comicios la magistrada Dora Martínez, presidenta del TSE.
Así con 2,7 millones de votos de un total de 3,2 millones, Bukele ganó la presidencia por segunda vez. Manuel Flores, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quedó en segundo puesto con un 6,25 por ciento de la votación y Joel Sánchez, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), obtuvo 5,44 por ciento de acuerdo con el escrutinio final.
“No podemos hablar de una fiesta cívica ni democrática cuando las reglas del juego no son las mismas para todos los jugadores o cuando el aparataje estatal beneficia a unos sobre otros; donde primero se impone el resultado y después se configura el proceso”, expresó Rodríguez, haciendo alusión a la autoproclamasión como ganador que realizó Bukele en el Palacio Nacional, por la noche del 4 de febrero, sin tener resultados del escrutino final.
Rodríguez además menciona que la poblaciones que históricamente han sido desatendidas, continúan siendo las más vulnerables y las que son invisibilizadas en las propuestas de los candidatos, ya que estás son inexistentes para hablar sobre la población LGBTQ.
Ahora comenzarán el conteo para el escrutinio final de las elecciones legislativas, de las cuales el partido Nuevas Ideas espera obtener la mayoría, para dar seguimiento al trabajo como lo han venido haciendo hasta ahora.
Ante este escenario, Hernández ve complicado tener expectativas positivas con los resultados obtenidos.
“Esperamos que nuestros gobernantes que finalmente sean los que se establezcan, nos representen como sector que existe y que merece un trato digno y respetuoso a nuestras orientaciones e identidades diversas”, expresa.
Aspidh de acuerdo con Hernández, están enfocando su trabajo en formar a la población.
“Para nosotras es súper importante el tema de la de la creación de una escuela de formadores políticos”, expresa Rodríguez. “De esta manera se puede esperar que exista más involucramiento de la población en próximas elecciones y generar cambios desde el conocimiento y la participación.”
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La CIDH señala la preocupante violencia que sufren las personas trans en las Américas
El organismo destaca las cifras brutales
Publicado originalmente en Escándala.
La CIDH tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La comisión apunta en su comunicado que la violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados miembros adopten con urgencia medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso.
#CIDH insta a los Estados a prevenir asesinatos y todo tipo de violencia en contra de las personas trans y de género diverso.#LGBTI #DerechosHumanos 👉🏾 https://t.co/KpUSGnbInO pic.twitter.com/TKWgcqNULI
— CIDH – IACHR (@CIDH) January 25, 2024
El organismo destaca las cifras brutales de las violencias que viven y enfrentan las personas trans en los diferentes países que integran Las Américas.
El caso México
En su comunicado, la CIDH apunta que en México, en lo que va de 2024, se han monitoreado al menos cinco muertes violentas y dos agresiones no letales, incluyendo casos de personas activistas, defensoras o con liderazgos públicos, como lo fueran Miriam Ríos Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, y Samantha Fonseca, activista y excandidata, en Ciudad de México. Además del caso de le magistrade Ociel Baena.
Brasil, Colombia, Perú y México son los países que más casos registrados tienen de violaciones y asesinatos cometidos en contra de personas de las poblaciones LGBTQ, en especial hacia las mujeres trans.
En Brasil, desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023 se habían documentado al menos 98 personas trans asesinadas.
En Colombia, según datos de diciembre, fueron asesinadas hasta 24 mujeres trans durante el 2023.
Entre los meses de enero y febrero, más de diez mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas en Perú, varias de ellas mujeres trans.
En Ecuador, hasta junio de 2023 se registraron por lo menos seis asesinatos de mujeres trans.
En Panamá, en agosto, se tuvo conocimiento de la brutal y particularmente cruel golpiza sufrida por una mujer trans por parte de un particular, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y se encuentra siendo procesado penalmente.
En Chile, en septiembre, la CIDH tuvo conocimiento del asesinato y desmembramiento de una persona transmasculina y, en octubre, una adolescente trans migrante colombiana de 16 años fue asesinada en la ciudad de Santiago.
En noviembre, entre el día 8 y 11, la CIDH recibió informaciones sobre dos asesinatos de mujeres trans en Honduras y de otras dos en Venezuela.
La CIDH condena la violencia perpetrada contra personas LGBTQ defensoras de derechos humanos y las muertes violentas de activistas trans y de género diverso, entre ellas Diana Zoe López García en Argentina, asesinada por su pareja a confesión de parte ante autoridades competentes y en el marco de un proceso judicial.
El organismo señala que es preocupante la falta de datos oficiales, que siguen siendo producidos mayoritariamente por la sociedad civil, así como el subregistro de denuncias de violencia por prejuicios.
Para prevenir la violencia contra mujeres trans privadas de libertad, se deben adoptar políticas que les aseguren un trato digno. #25NCIDH
Lee el informe #MujeresPrivadasDeLibertad
👉 https://t.co/uv4UTpzRdc pic.twitter.com/dvWjfhAk1a
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 27, 2023
Con datos del registro global Transrespect vs Transfobia de TGEU (Transgender Europe), entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se documentaron 321 casos de asesinatos de personas trans, de los cuales 269 fueron atribuidos a la región de las Américas.
El órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos señala que es imperativo que los Estados implementen políticas públicas y medidas concretas destinadas a prevenir la violencia basada en la identidad de género y desarrollen políticas públicas, leyes y protocolos que protejan a las personas trans de la discriminación y la violencia.
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Activistas LGBTQ se preparan para elecciones en El Salvador
Se realizarán las elecciones presidenciales, legislativas el 4 de febrero
SAN SALVADOR, El Salvador — En la víspera de las elecciones en El Salvador, presidenciales y diputación el 4 de febrero, alcaldes y diputados a PARLACEN el 3 de marzo, la nación centroamericana se encuentra en una encrucijada política que amenaza con socavar aún más los cimientos democráticos. La sombra del autoritarismo se cierne sobre el proceso electoral, planteando interrogantes sobre el futuro los derechos de la comunidad LGBTQ en un escenario político donde la pluralidad y la inclusión podrían quedar en segundo plano.
En las últimas décadas, El Salvador ha experimentado un complicado trayecto hacia la consolidación de su sistema democrático. A pesar de los avances notables, la persistente amenaza del predominio de un solo partido político vuelve a poner a prueba la resistencia de las instituciones democráticas y sus garantías de representación.
Existe una creciente preocupación entre los observadores políticos y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de que el actual partido en el poder asegure una vez más un dominio ininterrumpido. La falta de una competencia política real y la polarización cada vez más marcada amenazan con consolidar un poder hegemónico que podría tener consecuencias significativas para diversos sectores de la sociedad.
La voz olvidada: El impacto en la comunidad LGBTQ
En medio de esta incertidumbre política, la comunidad LGBTQ se encuentra en una posición particularmente vulnerable. A pesar de avances en la lucha por la igualdad y la diversidad, existe el temor de que las cuestiones relacionadas con los derechos LGBTQ sean nuevamente relegadas al olvido en el escenario político actual, tal como sucedió con el accionar de gobiernos pasados.
“El FMLN mostró cierta apertura cuando estuvo dentro del gobierno, pero no pasó más, en su momento hubieran tenido la oportunidad de poder apoyar a la población LGBT”, comentó al Washington Blade Fany Meléndez, una activista independiente.
El Salvador ha tenido pequeños avances para reconoce y proteger los derechos de la población LGBTQ, pero la implementación efectiva y la garantía de un entorno inclusivo siguen siendo desafíos pendientes. Solo se contaba con algunos protocolos de atención que, de acuerdo con activistas, “han quedado en desuso” y la reforma al Código Penal para agravar las penas de cárcel a quienes cometan el delito de homicidio o amenazas motivadas por odio o intolerancia a la expresión de género u orientación sexual.
La posibilidad de un retorno a políticas conservadoras y la falta de representación significativa para la comunidad LGBTQ plantean serias interrogantes sobre la preservación de los avances logrados hasta ahora.
“El Tribunal Supremo Electoral (TSE), tocaba también el tema LGBTI dentro de sus spots publicitarios; hoy lo vemos como un poquito más tenue”, habla con el Blade Karla Guevara, la secretaria general de la Federación Salvadoreña LGBTIQ de El Salvador, haciendo referencia a uno de los retrocesos que se perciben.
Las nuevas candidaturas y las del partido político en gobierno, no muestran una apertura a tocar temas referentes a la población LGBTQ y que esto se refleje en sus plataformas.
“No nos vemos incluidas dentro de sus plataformas, o apoyo a ningún tipo de política”, agrega Guevara. “No vemos si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género o a las uniones civiles de parejas del mismo sexo u otro tipo de políticas”.
La participación de candidaturas dentro de los partidos políticos también se ha disminuido en estas elecciones, las pocas existentes no han tenido la visibilidad como las que obtuvo en las pasadas elecciones a diputado que tuvo Erick Ortiz por el partido Nuestro Tiempo.
“Brenda Rosales en el partido de Nuevas Ideas, sabemos que compitió en las internas, pero no pasó, nos preocupa más los ataques de odio que ella sufrió en la participación que tuvo, no solo por fuera, sino de la misma gente de su partido”, expresó Guevara.
Observación y participación
Es crucial que la comunidad internacional siga de cerca los acontecimientos en El Salvador y mantenga una postura firme en defensa de la democracia y los derechos humanos. La presión externa puede desempeñar un papel crucial en la protección de las minorías y la promoción de un entorno inclusivo y respetuoso de la diversidad.
A pesar de ya no contar con una mesa de dialogo dentro de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, esta entidad está en contacto con algunas de las organizaciones de sociedad civil, para tener contacto de algunas bases de la organización y dar seguimiento a su participación en los próximos comicios.
“Nos piden el contacto de cuatro personas y ellos le dan seguimiento a su participación. Nosotros le damos seguimiento al resto de la base social, primero hacemos la consulta si van a ir a votar y la importancia de hacerlo y luego si necesitan apoyo, después estamos al tanto de cómo les fue”, cuenta al Blade Joshua Navas, director ejecutivo de Generación HT El Salvador.
Por su parte la Federación Salvadoreña LGBTIQ tiene una campaña en redes sociales incentivando al voto de su población, además, han habilitado un número de WhatsApp para hacer las denuncias correspondientes que se den con las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones.
“A veces su Documento Único de identidad no concuerda con la expresión de género, entonces hemos habilitado la línea del 7888 0765, para poder tomar la denuncia y poder después presentar esto como una estadística de lo sucedido”, cuenta Guevara.
En medio de la incertidumbre
A algunas organizaciones y activistas les preocupa la criminalización y persecución que se da a defensores de derechos humanos, “nosotros hemos bajado del perfil en redes sociales, ahora ya no se opina de temas de forma directa, por el temor que existe”, agrega Navas.
“No vemos realmente si hay un apoyo a la Ley de Identidad de Género, si hay un apoyo a las uniones civiles de pareja del mismo sexo u otro tipo de políticas, no vemos nada de eso”, menciona de manera preocupante Guevara.
En este clima político tenso, la comunidad LGBTQ y sus aliados enfrentan el desafío de preservar y ampliar los avances logrados hasta ahora. La esperanza reside en la resistencia de las voces que defienden la democracia, la inclusión y la igualdad. A medida que El Salvador se encamina hacia las elecciones, el llamado a la acción resonará en la conciencia colectiva, recordándonos que la lucha por la justicia y la diversidad es una responsabilidad compartida. Y las organizaciones de sociedad civil, no perderán de vista la lucha por el cumplimiento
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