La marcha del Orgullo LGBTIQ+ más grande desde antes de la pandemia, sucedió en un contexto de incremento de discursos transfóbicos y una escalada de violencia y crímenes de odio hacia personas LGBTIQ+, particularmente a personas trans.
En lo que va del 2023, 19 personas LGBTQI+ han sido asesinadas, más de la mitad mujeres trans, cuyas muertes se suman a por lo menos 453 asesinatos motivados por el odio hacia la comunidad LGBTQI+ de los últimos cinco años, según Letra S.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
Decenas de miles de personas asistieron a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la ciudad de México partiendo desde el Ángel de la Independencia, camino al zócalo; el lema de este año fue Libertad, justicia, dignidad…¡A nosotres jamás nos borrarán!.
La convocatoria de esta edición excluyó a los camiones alegórico. Para la XLV edición de la marcha se conformó un Bloque Disidente, integrado por organizaciones que dentro de la marcha del orgullo que acusan que algunas empresas, figuras políticas y partidos aprovechan para fingir que son incluyentes y promueven los derechos humanos, pero en realidad no lo son. Entre sus demandas está la exigencia de una ley integral para las poblaciones trans como ya existe en países como España.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
#YoMarchoAPie se convirtió en un llamado desde las exigencias de organizaciones y colectivas contra la comercialización de la marcha y un llamado a empresas y políticos a no lucrar con la lucha LGBTIQ+. Dentro de las demandas del Bloque Disidente conformado por un grupo diverso de personas adultas mayores, personas racionalizadas, personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas viviendo con vih/sida, personas trans, mujeres trans, que señalan omisión estatal, legislativa, falta de acceso a la salud, discriminación y la escalada de la violencia y transfeminicidios.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
Tan solo unos días antes de la marcha, el martes 20 de junio se reportó que la activista LGBTIQ+, Ivanna Divina Johns fue ejecutada en su tienda de ropa, días después de haber denunciado en redes sociales que en 2021 habían quemado su establecimiento.
Durante manifestaciones previas a la marcha del orgullo, en la 3a edición de la Marcha Lencha se denunció también el multihomicidio de la pareja lesbomaternal de Isabel Herrera, de 32 años, su pareja Concepción González de 47 y sus dos hijos, así como la ola de transfeminicidios.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
Diversos grupos organizaciones y activistas LGBTQI+ han advertido sobre la cooptación de corporaciones y partidos políticos a la movilización, ya que existen muchas marchas y personalidades cuya visibilidad es solamente durante el mes del orgullo y su participación no se traduce en beneficios para la población LGBTIQ+, pero sí una oportunidad incalculable de visibilidad y marketing.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
Previo a la marcha, activistas, miembros de colectivas y usuarios de redes han reprobado la asociación de personalidades que poco contexto tienen con la lucha de los derechos para la diversidad, por lo que en esta edición se ha marcado un precedente sobre la participación y raíces de la Marcha del Orgullo, para regresar a las bases del movimiento, la protesta, la fiesta, la exigibilidad de derechos, la denuncia de violaciones de derechos y la exigencia de justicia por las violencias y crímenes de odio.
“A José Eduardo lo mataron al grito de maricón”.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
Se pudieron leer en pancartas de asistentes a la marcha, recordando el llamado a la justicia de la lucha que inició la madre de Jose Eduardo Ravelo, joven de 23 años originario de Veracruz que fue detenido arbitrariamente por policías municipales en centro de Mérida por “parecer sospechoso”, y que fue golpeado, torturado y violado, cuando solo iba a una entrevista de trabajo en 2021. Días después, los cuatro policías acusados por la tortura y asesinato fueron liberados.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación CNDH/1/2021/6671/VG menciona que se cuentan con elementos suficientes para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la retención ilegal y tortura derivada del uso excesivo de la fuerza, y como consecuencia la privación de la vida de PV, imputables a autoridades del estado de Yucatán y el municipio de Mérida.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
#JUSTICIAPARAMICHEL
Dentro de las consignas, posicionamientos, y mensajes en los carteles y mantas también se incluyó el asesinato del activista Michel Castro, un hombre gay y con sordera de 32 años que fue visto en la marcha del orgullo LGBTIQ+ de Puerto Vallarta este mismo año. Estuvo 10 día desaparecido y su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en un predio baldío cercano a donde vivía. Activistas exigieron que se investigue como un crimen de odio.
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
“El día de hoy estamos pidiendo una ley para tipificar los feminicidios. Ya no queremos sus migajas, hoy queremos una ley integral trans, que pueda cubrir las cuatro áreas más importantes donde se vulneran mayormente a las personas trans y que es salud, educación, vivienda y trabajo […] Nos entierran como si fuéramos basura, como si nuestras vidas no valieran, así nos entierran a las mujeres trans cuando son asesinadas. AQUÍ ESTÁ LA RESISTENCIA TRANS”.
– Victoria Sámano, activista trans y defensora de derechos de mujeres de la población LGBTQI+ en situación, fundadora de LLECA – Escuchando la calle.
Las actividades que organizó el Bloque Disidente estuvieron conformadas por un contingente encabezado por poblaciones históricamente vulneradas. Se incluyó la clausura simbólica de automotores, mantas intervenidas por personas LGBTIQ+ en situación de calle, manta contra la serofobia, manta intervenida por estudiantes LGBTIQ+, un “piñatón” para romper la inacción, la indiferencia y el acoso, perfomances con pronunciamiento de la comunidad ballroom, un “Roll call” de la comunidad ballroom y pintas de concientización sobre salud pública.
“Por las que no fueron reconocidas o reclamadas”,
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
Se lee en otro cartel sobre los transfeminicidios de mujeres trans asesinadas que al no ser reconocidos, acaban en fosas comunes, situación que ha inspirado la lucha de la defensora de derechos humanos y activista, Kenya Cuevas, que comenzó con el asesinato de su compañera Paola Buenrostro, primer transfeminicidio reconocido en CDMX, y cuyo trabajo continúa para evitar que ninguna mujer trans asesinada tenga ese destino y que dio origen al Mausoleo Tiresias, cuya primera piedra fue puesta en el panteón civil de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa en mayo del presente año .
(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)(Foto: The New Gay Times/Haarón Álvarez)
Sigamos haciendo que los datos circulen, involucrémonos en los procesos de justicia, elevemos el costo político de la aprobación de leyes discriminatorias, sumémonos a organizaciones y grupos de la sociedad civil. El arma más efectiva que tenemos frente al odio es el conocimiento. Aprovechemos cada oportunidad para sensibilizar a aquellas personas que no lo estén (sobre todo a las cercanas), hablemos de la violencia pero también de sus raíces y nuestra alta tolerancia, hablemos de cómo romper el ciclo, cómo prevenirla y qué necesitamos exigirle a las autoridades para castigarla. Hablemos del valor humano que se nos escapa con cada vida que perdemos por crímenes de odio a manos de la transfobia.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
(Fuente Informe Runa Sipiy)
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
