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Mujer trans salvadoreña publica su primer libro

Amalia Leiva escribió ‘Corona para los condenados’

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3 years ago

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Amalia Leiva (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — El 26 de julio en se dio la clausura del Proceso Soy Autor, Soy Autora; un proceso que se dio dentro del Proyecto Derechos y Dignidad, en el cual Counterpart International, Partners El Salvador y ConTextos llevaron esta iniciativa de cooperación cuyo objetivo principal es fortalecer los sistemas de protección de los derechos humanos, dando como resultado un El Salvador cada vez más tolerante, justo y equitativo.

Esta iniciativa del apoyo a nuevos escritores fue liderada en su mayoría por la creatividad del equipo de ConTextos, en el cual se dio el espacio a juventudes de diferentes municipios del país, que principalmente trabajaran el tema de defensa de derechos humanos.

“El objetivo era poder visibilizar sus historias, las historias de sus barrios, las historias de sus familias y de sus municipios”, comentó Florentín Meléndez, director técnico del Proyecto Derechos y Dignidad, en el acto de clausura de este proceso. 

Además, con este ejercicio se promovieron espacio de diálogo con los participantes, conociendo entre ellos y ellas sus realidades. Participantes entre los cuales, destacó Amalia Leiva, una mujer trans activista, que retrató su realidad en “Corona para los condenados”.

Dicho libro es una memoria ilustrada de su vida, “desde los 14 años que llegué a las calles, hasta que salí de ellas había una serie de patrones que se repetían; todas las personas tenemos nuestra propia lucha”, expresó Leiva.

Leiva durante una entrevista con el Washington Blade explica que narra de acuerdo con sus vivencias, que todo ser humano está expuesto de alguna manera a un tipo de violencia, esto sin importar quienes seamos, por ello el título de su primer libro hace referencia a aquellas personas que la pasan aún peor que cada uno de nosotros. 

“’Corona para los condenados’ habla de que todas las personas estamos condenados a una rutina que repetimos y que puede seamos incapaces de romper”, asegura Leiva. 

La portada del libro de Amalia Leiva (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Explicó además que la portada del libro, que son dos reyes de ajedrez luchando, hace referencia a una frase de Sor Juana Inés de Cruz, que habla sobre como “los opuestos contrarios siempre resaltan más, sobre todo si el negro se pone junto al blanco”, pues afirma que siempre habrá una persona que se sienta superior a nosotros y querrá pasar por encima. 

La historia del libro se basa en sus vivencias desde el año 2010 al año 2019, alegó que fue un trabajo difícil, pues a las mujeres trans se les dice que son “putas, burras, tontas, callejeras, pinta cabellos, estilistas, pone uñas, pero jamás escritoras”, palabras que habían causado un hartazgo en Leiva, por eso decidió escribir este libro.

“Estaba un tantito encabronada… y hoy puedo ser todo eso que la sociedad dice, pero también escribo y con eso me doy por servida”, aseguró Leiva. 

También expresó que su libro no es apto para enamorados, pues tiende a romper muchos corazones; esto lo dejó claro en la frase “la vida no es para los cobardes y si algo aprendí en esos inicios, es que a muchos ciegos no nos gustan los sordos”.

Esa frase de acuerdo con Leiva, hace alegoría que muchas veces el ser humano a lo largo de la vida es ciego y sordo ante algunas situaciones, todo como un mecanismo de supervivencia se ignora lo que pasa alrededor.

Agregó que el momento de la escritura del libro, fue una experiencia similar a los gatos cuando se ven en un espejo… “asustada y a la defensiva”, pues asegura que peleó con ella misma. Esto debido a que no estaba acostumbrada a hablar de ella, siempre ha prestado su voz para hablar por muchos.

‘Oficialmente soy escritora… fui censurada’

La obra representó todo un conflicto para la nueva escritora, pero de acuerdo con sus palabras, esto mismo le permitió derribar estructuras en ella misma. Fue escrito por ella misma pero revisado por ConTexto.

“Oficialmente puedo decir que soy escritora, porque fui censurada, hubo una parte en la obra donde hacía una crítica social a la iglesia evangélica y me dijeron que no se podía poner eso”, comentó Leiva. 

Para solventar la censura, la escritora añadió que tuve que hacer una metáfora para poder hacer comentario al respecto, como el libro es con ilustraciones, decidió también añadir imágenes de víboras para hacer referencia a lo que se quería referir. 

“El principal reto es el miedo a que te lean, como también esa sensación de renegar y no querer hablar de ti”, comenta Leiva. 

A través de “Corona para los condenados”, Leiva quiso expresar a las nuevas generaciones que la población de mujeres trans ya no solo se encuentra en las calles, ahora también estarán en libros. 

La novela completa de 58 páginas espera pueda ser publicada más adelante, pues esta versión compartida con el proceso de Soy Autor, Soy Autora; de acuerdo con Leiva es solo un pequeño acercamiento en una memoria ilustrada, pues se sabe que las personas conectan bastante con las imágenes y por ello se trabajó esta primicia de 30 páginas. 

En dichas páginas se espera encontrar plasmada la vida de una activista y defensora trans, que representa a toda una generación que tuve que salir de casa y sobrevivir en las calles. 

“Estamos felices por permitirnos acompañar este proceso y por la confianza, de estos procesos también nos llevamos mensajes significativos”, expresó Daysie Díaz, facilitadora de ConTextos. 

Un espacio seguro para escribir

Entre los 11 autores y autoras también estaba Fátima Peñate del Colectivo Espacios Seguros, que presentó su libro, “Vida en Libertad”, trata sobre el proceso de aceptación de mi pansexualidad y lo importante que es reconocernos tal y como somos; quizás muchas veces tenemos muchas dudas y no está mal, pues es parte del proceso”, comenta Peñate. 

De la misma manera expresó que el título es lo más positivo del libro, pues el mismo es un poco triste, a pesar de ello no le costó expresarse y como algunas cosas la han hecho sentir, por las mismas libertades que ha experimentado dentro de su colectivo. “Lo más difícil fue lograr que se entendiera para otras personas”, agrega Peñate. 

Fátima Peñate (Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Por su parte Leiva siempre tuvo la inquietud de escribir, pues expresa que comenzó escribiendo poemas, por lo cual en la novela que se ha lanzado, decidió incluir un homenaje a todas las personas que ha perdido a lo largo de su vida y las ha plasmado dentro de la novela, este poema se titula “Tormenta de Neptuno”. 

“Luego de todo esto viene ‘El Suchitlan’, una colección de 37 poemas, que son homenaje a mis raíces en Suchitoto y también como un rescate a la memoria histórica, pues habla sobre todo de las raíces”, cuenta de manera inédita Leiva. 

Además, agrega que dicha colección se destacará por la variedad de escritos que incluirá, pues estos estarán dedicados tanto para un árbol, como también a una ruptura amorosa. “No quiero en un futuro me pase lo que le pasó a Claudia Lars, la sociedad debe tener memoria y apreciar el arte, por eso la quiero reivindicar de alguna manera”, finaliza Leiva. 

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Ecuador

Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos

Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos

Published

3 weeks ago

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March 13, 2026

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Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.

El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.

El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.

La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.

El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.

En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.

Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.

Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.

En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.

Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.

El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.

La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.

Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.

El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.

Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.

Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.

Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.

La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.

Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.

En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.

Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.

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Ecuador

Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador

Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023

Published

1 month ago

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February 19, 2026

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(Imagen de cortesía)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 9 de febrero.

A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.

Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso. 

Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).

El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.

Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en  los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía. 

Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase. 

La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.

Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.

“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado. 

Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso. 

En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.

El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.

De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.

Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.

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Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

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2 months ago

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January 26, 2026

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(Captura de pantalla de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 19 de enero.

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.

* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

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