News
Madre de Sergio Urrego lucha contra el bullying en Colombia
Alba Lucía Reyes Arenas se convirtió en una activista vocal

Alba Lucía Reyes Arenas en Bogotá, Colombia, el 24 de septiembre de 2018. Su hijo, Sergio Urrego, se suicidó en 2014 después de ser víctima del bullying homofóbico por parte de la administración de su colegio en la capital colombiana. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)
Ella dijo al Washington Blade el 24 de septiembre durante una entrevista en la capital colombiana de Bogotá que le gustaba la opera desde era “bien joven” y leyó su primer libro, “Historias sin fin,” cuando tenía seis años. Reyes dijo que su hijo era ateo y le gustaba el arte y las políticas.
Urrego también era miembro de un grupo de estudiantes anarquistas.
“Tengo muchas cosas que contarte,” dijo Reyes. “Para todas las mamás, nuestros hijos son muy especiales, pero Sergio si es desde era una personita si se interesaba por las cosas que son eran más de su edad.”
Urrego tenía 16 años cuando se suicidó el 4 de agosto de 2014.
Administradores y un psicólogo al colegio católico de Urrego en Bogotá lo atacaron después de que un maestro vio una foto de él besando a su novio en su móvil.
Los padres del novio de Urrego le acusaron de abusar sexualmente a su hijo. Urrego debía haber comenzado a asistir otro colegio el día después de su suicidio.
La muerte del hijo ‘fue algo angustiaste’
Reyes estaba en la ciudad colombiana de Cali cuando supo por primera vez que algo andaba mal con su hijo.
Ella regresó a Bogotá y llegó a su hogar alrededor de las 9:30 p.m. Reyes dijo entre lágrimas que la primera cosa que encontró era una nota con “letra muy grande” de su hijo.
Reyes dijo que al principio pensó que se lo había dejado a su madre, pero fue por ella. Reyes dijo al Blade que su hijo escribió, “Yo no podía ir al colegio porque se me presento un problema.”
“Cuando yo vi esta nota, yo dije algo pasó,” ella dijo.
Reyes dijo que luego fue al dormitorio de su hijo y encontró libros en su cama y una nota que le pedía que se los diera a sus mejores amigos. Reyes también encontró otras notas que su hijo había escrito antes de su suicidio.
“Fue algo angustiaste,” ella dijo. “Fue doloroso.”
Ley colombiana ahora prohíbe discriminación homofóbica en escuelas
La muerte de Urrego provocó indignación entre los activistas LGBTI en Colombia.
Reyes el 11 de septiembre de 2014 presentó una tutela contra del colegio de Urrego.
Un tribunal en Bogotá, unas semanas después, falló que Urrego había sido víctima de discriminación, pero Reyes no recibió ningún daño y el fallo no ordenó al Ministerio de Educación de Colombia que revisará las políticas del colegio.
Reyes apeló el fallo ante el Consejo de Estado, que considera las apelaciones de los tribunales administrativos. El entonces Procurador Alejandro Ordóñez — un oponente vocal de los derechos LGBTI que el presidente Iván Duque el pasado mes nombró como el nuevo embajador colombiana ante la Organización de Estados Unidos — falló en contra de Reyes basándose en que las escuelas tenían el derecho de prohibir “los besos y los abrazos.”
La rectora del colegio, Amanda Azucena Castillo, renunció el 10 de octubre de 2014. La Corte Constitucional de Colombia el 21 de agosto de 2015 revocó la decisión del Consejo de Estado y falló a favor de Reyes el 11 de diciembre de 2015.
Escuelas en Colombia no pueden discriminar en contra de sus estudiantes por razón de su orientación sexual. Una enmienda a la ley de no discriminación que incluye el nombre de Urrego también requiere que las escuelas colombianas actualicen sus políticas para garantizar que no sean discriminatorias contra la comunidad LGBTI.
‘Siempre me acompaña’
Reyes desde la muerte de su hijo se ha convertido en una activista vocal contra el bullying.
Ella estaba entre los 31 activistas LGBTI desde todo el mundo que asistió una cumbre del Human Rights Campaign que se realizó en Washington en abril.
Reyes en mayo viajó a Cuba para participar en eventos del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que fueron organizados por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Mariela Castro, la directora del CENESEX que es la hija del expresidente cubano Raúl Castro, invitó a Reyes de participar en un taller a la sede del CENESEX en La Habana.
Reyes este año lanzó oficialmente la Fundación Sergio Urrego, que busca poner el fin a la discriminación en las escuelas colombianas y evitar el suicidio entre ellos que sufren la discriminación.
El dijo al Blade que el suicidio es la segunda causa de muerte en “nuestros jóvenes.” Reyes también notó estadísticas que indican 192 personas entre las edades de 15 y 24 en Bogotá se suicidaron este año.
“Es algo que aquí no se toca,” ella dijo. “No hay una institución que se brindando atención inmediatamente a los niños que están en crisis.”
La fundación ha respondido a casi 70 casos. También tiene talleres para niños y padres en empresas y en otros lugares por el país.
“Mi propósito es evitar que casos como los de Sergio de se sucede,” dijo Reyes.
Reyes en julio habló a un concierto en la Plaza Bolívar de Bogotá durante las celebraciones del Orgullo de la ciudad. Se terminó el 25 de septiembre una campaña de los medios sociales de la fundación con el hashtag “Celebro soy yo” que buscaba dar recursos y seguridad para aquellos que sufren discriminación.
“Esa campaña me da fuerza para continuar, para seguir,” dijo Reyes. “Ese tipo de campaña se ayudan. Ese tipo de campaña llegan al corazón de la gente.”

Alba Reyes participa en una marcha del Orgullo en Bogotá, Colombia, el 1 de julio de 2018. (Foto cortesía de Fundación Sergio Urrego.)
Reyes terminó la entrevista por decir que su hijo sería orgulloso de ella y del trabajo que hace en su nombre.
“Sea un angelito,” ella dijo. “Siempre me acompaña.”
Lebanon
Top Lebanese newspaper calls for decriminalization of homosexuality
Annahar published front page editorial on Monday
A leading Lebanese newspaper has called for the decriminalization of consensual same-sex sexual relations in the country.
Annahar on Monday published a front page editorial against Article 534 of Lebanon’s Penal Code. The newspaper also launched a social media campaign — “Put the Law on Trial, Not the People” — with the hashtag #abolish254.
“The issue goes beyond the possibility of prosecution, arrest, and imprisonment,” reads the editorial.
Article 534 states “any sexual intercourse contrary to the order of nature is punishable” by up to a year in prison.
Several judges in recent years have opted not to use Article 534 to prosecute LGBTQ people who have been charged under it. Helem and other Lebanese advocacy groups maintain authorities continue to use Article 534 as justification to target people based on their sexual orientation and gender identity.
“The debate is not about what positions society should adopt, but about what the state has the right to criminalize, and the limits of its authority when it comes to private life and consensual relationships between adults,” reads the Annahar editorial.
Turkey
Turkey’s anti-LGBTQ crackdown overshadows UN climate conference
COP31 taking place in Antalya
This year’s U.N. Climate Change Conference is taking place in the Turkish city of Antalya against the backdrop of the country’s anti-LGBTQ crackdown.
COP31 began on Nov. 9 and will end on Nov. 20. Turkey and Australia are the co-hosts.
The conference is taking place roughly two months after Turkish authorities detained dozens of people during raids that targeted the country’s LGBTQ community and advocacy groups and HIV/AIDS service organizations.
President Recep Tayyip Erdoğan’s government over the last decade has cracked down on LGBTQ and intersex activists in the country. The Sept. 12 raids were part of the “My Family Is Safe” campaign.
Authorities in Istanbul on Sept. 15 detained more than 150 people who gathered outside a courthouse to protest the raids. Journalists are among those who were taken into custody.
Advocacy groups in a Nov. 13 briefing noted 67 people — including 14 LGBTQ activists — who were arrested during the Sept. 12 raids “remain in pre-trial custody.” They also indicate subsequent raids have specifically targeted transgender women:
• 12 trans women were detained on Sept. 26.
• 12 trans women in Ankara, the Turkish capital, were among 45 people “detained in police operations” in seven provinces on Oct. 23. Ten of the trans women who were detained were arrested.
• 10 trans women were detained in Izmir on Nov. 3. Six of them were later arrested.
“Following the Sept. 12 operation, additional waves of harassment have continued to target the LGBTI+ community and particularly trans women, under charges of obscenity and facilitating prostitution,” notes the Nov. 13 briefing. “These aim to indirectly criminalize sex work, which is not a punishable offense under the Turkish criminal code, while also targeting the livelihood of many trans women already living under poverty.”
The briefing notes police in Istanbul on Nov. 11 “sealed and shut down” the offices of Lambda Istanbul, one of Turkey’s oldest LGBTQ advocacy groups, “under allegations that the association is running an unauthorized association locale.”
The first hearing in the criminal case against SPoD (Social Policy, Gender Identity and Sexual Orientation Studies Association), another Turkish advocacy group, is scheduled to take place on Wednesday in Istanbul. Hearings in criminal cases filed against two other organizations — Hevi LGBTI+ and Kaos — are scheduled to take place in Istanbul and Ankara in the coming weeks.
Advocacy groups also note those who were arrested during the Sept. 12 raids have been mistreated while in custody.
“Turkish authorities must drop all charges brought against these human rights defenders, immediately and unconditionally release everyone detained solely for exercising or defending human rights and end attempts to dissolve associations for their human rights work,” said Amnesty International Deputy Regional Director for Europe Esther Major on Tuesday in a statement.
U.N. High Commissioner for Human Rights Volker Türk is among those who have publicly criticized the crackdown. The Trump-Vance administration, for its part, has remained silent.

Bianet, an independent Turkish news agency, earlier this month reported authorities required COP31 participants to sign a declaration in which they promised their presentations in a so-called Green Zone that Turkey oversees would comply with “public morality.” Özlem Altıparmak, a Turkish lawyer who planned to attend COP31, spoke about the directive.
“The inclusion of the undefined condition of ‘public morality’ creates legitimate uncertainty over how statements concerning gender equality and LGBTI+ rights will be treated,” she told Bianet. “We cannot say that the text explicitly prohibits them, but it does not provide sufficient safeguards against arbitrary interpretation.”
The Washington Blade on Monday asked a Turkish source how the government can enforce such a pledge.
“Good question,” they said.
Activists, meanwhile, participated in the People’s Climate March that took place alongside COP31 in Antalya on Nov. 14.
Burak Deniz is an activist from Izmir who has advocated on behalf of LGBTQ people and Kurds in Turkey for 15 years.
He told the Blade on Tuesday that authorities tried to block the march, noting Antalya Provincial Gov. Hulusi Şahin’s office “told us that (Recep) Tayyip Erdoğan has LGBT+ sensitivity and they said that they would not allow anything with a flag or rainbow content in any way.” Deniz said members of the pro-Kurdish Peoples’ Equality and Democracy Party, known as the DEM Party, intervened on the activists’ behalf.
“We were able to get our flags into the area,” he told the Blade.
Deniz said he hopes the activists’ participation in the COP31 march raised visibility around the plight of Turkey’s LGBTQ community.
“I hope it will be created,” he told the Blade. “Our LGBTI+ march made a significant impact on public opinion.”
The Blade has reached out to U.N. Climate Change, which oversees COP31, for comment.
District of Columbia
Ruby Corado files motion for early release from prison
Former Casa Ruby director pleaded guilty to wire fraud
Ruby Corado, the founder and former executive director of the now closed LGBTQ community services organization Casa Ruby, has reported being raped and sexually abused or harassed at least 31 times since being sentenced to federal prison on Jan. 13, 2026, according to a motion seeking early release filed by her attorney.
The motion, filed Nov. 13 in U.S. District Court for D.C. by a federal public defender attorney, asks a federal judge to grant Corado an early release at this time rather than complete her sentence of 33 months of incarceration after pleading guilty to a charge of wire fraud.
The motion says concerns raised by Corado’s attorney at the time of her sentencing hearing in January that, as a transgender woman, she would be subjected to sexual abuse, has happened in a big way.
The motion notes that under the current federal prison policy set by the Trump-Vance administration’s Department of Justice, trans women are assigned to male prisons and male prison housing facilities. It points out that since her initial incarceration in January Corado has spent time in federal prisons in Oklahoma, Louisiana, and Texas.
“Ms. Corado signed a declaration under penalty of perjury detailing her experiences in Bureau of Prisons custody, including the 31 rapes and sexual assaults to which she has been subjected,” the motion states. “She has, for instance, woken up to men masturbating in her face; male officers have stripped her naked in front of 400 other inmates during processing; she has been forced to wear male clothing 32 years after transitioning; other inmates regularly jump into her shower aroused and expecting sex; and her cellmates slap her butt when she is trying to sleep,” her attorney’s court motion states.
The motion, filed by federal public defender attorney Joanna Muson Perales, notes that existing federal law and prison regulations allow for a court to grant a reduced sentence and early release from a prison if “extraordinary and compelling reasons warrant” an early release.
“Altogether with Ms. Corado’s deteriorating mental health, other health conditions, and rehabilitation, these bases are extraordinary and compelling reasons to reduce her sentence to time served,” the motion adds.
Online court records show that U.S. District Court Judge Trevor M. McFadden, who continues to preside over the case, has yet to issue a decision on the motion and has not said how long he may take to deliberate over the motion.
As of Nov. 16, the online court records show that prosecutors from the Office of the U.S. Attorney for D.C. had not yet responded to the motion. Perales couldn’t immediately be reached for comment.
Among other things, the motion includes a 16-page handwritten declaration by Corado describing in detail the instances of rape, sexual harassment, and alleged mistreatment she says she has experienced since being incarcerated in January. It says prison officials for the most part failed to take action against those she accused of sexually assaulting her, claiming, according to Corado, that her allegations were “unsubstantiated” after her attackers denied the allegations.
In January, McFadden sentenced Corado to 33 months of incarceration. He also sentenced her to 24 months of supervised release upon her completion of incarceration.
In addition to the incarceration, McFadden agreed to a request by federal prosecutors to hold Corado responsible for “restitution” and “forfeiture” in the amount of $956,215 that prosecutors said she illegally misappropriated from federal COVID-19 related federal loans obtained by Casa Ruby.
At the time she pleaded guilty to the wire fraud charge Corado admitted to allegations by prosecutors that she illegally transferred at least $180,000 of the COVID relief funds obtained by Casa Ruby to private bank accounts in El Salvador, where she is from. But Corado claimed her intent was to use the funds to start a Casa Ruby facility in El Salvador and not to use the funds for her personal benefit.
