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Maduro o Guaidó, una crisis que también alcanza a la ciudadanía LGBTI+
Los EEUU reconoce a Guaidó como presidente venezolano
Nota del editor: Tremenda Nota es la pareja del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 25 de enero.
Al cabo de dos décadas de gobierno, el chavismo no resolvió las demandas de gais, lesbianas, bisexuales y trans, y algunas veces hizo retroceder sus derechos.
Venezuela tiene dos presidentes desde este miércoles, cada uno reconocido por una parte de la comunidad internacional en una toma de partido que recuerda los bloques de la Guerra Fría.
Estados Unidos, Canadá y buena parte de América Latina reconocen como jefe de Estado interino a Juan Guaidó, líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional declarada “en desacato” en 2016 por el poder ejecutivo, mediante una polémica operación que selló el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición.
Rusia, China, México y Cuba respaldan a Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez y de dos décadas de gobierno a cargo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La comunidad LGBTI+ se encuentra tan dividida ante la proclamación de Guaidó como el resto de la sociedad venezolana.
Gais, lesbianas y trans estuvieron entre los cientos de miles de personas que celebraron en Caracas lo que parece un punto de giro hacia la democracia, pero también acudieron al llamado del gobierno desde el balcón del Palacio de Miraflores donde Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ante un grupo de seguidores muy disminuido.
Tamara Adrián, la primera diputada transexual de Venezuela, dijo en declaraciones exclusivas a Tremenda Nota que las décadas de gobierno del PSUV “han significado un retroceso para los derechos de la comunidad LGBTI+”.
Durante veinte años, desde 1977, se reconoció en los documentos legales de Venezuela la identidad de las personas transexuales sometidas a cirugías de reasignación sexual. Pero esta disposición razonable, al parecer, duró hasta apenas dos décadas.
“Con la ocupación del poder judicial por Chávez, y la sustitución de jueces profesionales por jueces nombrados a dedo, removidos por cualquier razón, sucedió que desde 1998 no se ha reconocido la identidad de ninguna persona trans”, aseguró la diputada de la Asamblea Nacional impugnada por el gobierno de Maduro.
Mientras algunos países de América Latina implementan leyes que admiten la identidad percibida sin necesidad de ir al quirófano, Venezuela ni siquiera actualiza los documentos de quienes se han operado.
La propia Tamara Adrián llegó al Parlamento venezolano con una cédula a nombre de Tomás Adrián.
La diputada, de 64 años, es abogada y profesora de Derecho en varias universidades. Fue electa por el partido Voluntad Popular, de centro izquierda y afiliado a la Internacional Socialista, el mismo que lidera Juan Guaidó.
Tamara dice que nunca fue discriminada en su labor como activista o parlamentaria.
“Soy conocida y respetada por mi trabajo social de base, por mi trabajo académico y por mi seriedad en todo lo que hago. Nunca he sentido discriminación”.
En cambio, bajo el gobierno de Hugo Chávez aumentó la invisibilidad de transexuales y transgéneros.
El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo condenaba la discriminación por Opción sexual, una categoría que fue modificada bajo el gobierno de Chávez por Orientación sexual. De todos modos, el cambio dejó “desprotegidas la identidad y expresión de género”, especifica Tamara.
Hace una década, en febrero de 2008, el Tribunal Supremo de Justicia, un órgano controlado por el PSUV, emitió un polémico veredicto sobre el matrimonio igualitario.
“Decidió que las parejas del mismo sexo eran ontológicamente diferentes de las parejas heterosexuales, por ende, no aplica para ellas el matrimonio ni las uniones estables de hecho”, explica la diputada.
Se admitió entonces que la Asamblea Nacional tendría potestad para regular derechos aplicables a estas parejas, siempre que tuviesen un rango y un alcance menor.
“Sería otra forma segregada de protección”, dijo Tamara.
Gobierno y oposición, las dos opciones para el activismo
Ingrid Baron, activista lesbiana y simpatizante del PSUV, cree que “tanto ataque y saboteo internacional” impidieron reconocer al chavismo la igualdad jurídica de la comunidad LGBTI+.
“No hemos podido sentarnos a debatir y construir nuestras agendas, sin embargo, creo firmemente que tenemos avances”, aseguró.
La parte de la sociedad civil favorable al chavismo, a la que pertenece Ingrid como miembro de Base Lésbica Venezuela, participa en las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente e intenta impulsar leyes a favor del colectivo LGBTI+.
Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente es criticada porque “se convocó sin referéndum ― se hizo una elección fraudulenta ― y no es reconocida por nadie prácticamente”, afirma Tamara Adrián.
El 23 de enero, Ingrid Baron se fue hasta el Palacio de Miraflores después que Diosdado Cabello, vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro, pidió a los militantes chavistas que custodiaran el edificio.
“Estoy en la calle de mi patria”, dijo Ingrid a Tremenda Nota esa noche.
“Nos trasladamos para allá (Miraflores), luego que avisaron de la locura de la derecha de este país, y hemos pedido la aprehensión inmediata de Guaidó y sus cómplices”, contó.
Con casi veinte muertos cerró la primera jornada en que Venezuela tenía dos presidentes.
Rosmit Mantilla está en París, exiliado. Tiene 36 años y es el primer diputado abiertamente gay en la historia del parlamento venezolano, como Tamara Adrián fue la primera mujer trans.
En 2014 fue a prisión en Venezuela, “por ser activista LGBT+ de Voluntad Popular, el primer partido y el único partido que reconoce al grupo LGBT+”. Fue liberado en 2016 después de dos años. Amnistía Internacional lo había declarado preso de conciencia.
“Una vez en libertad comencé con mis funciones como parlamentario en la Asamblea Nacional con muchas expectativas hasta que Nicolás Maduro secuestró el parlamento y sus funciones y no se pudo avanzar más hasta el día de hoy”, contó Rosmit a Tremenda Nota.
Para Ingrid, como para tantos chavistas, “estuvo privado de libertad por estar inmerso en el tema de las guarimbas.”
“El PSUV tenía un secretariado de diversidad que nunca fue reconocido, nunca permitieron que sus candidatos se inscribieran (en las elecciones)”, recuerda Mantilla. “Ellos son homófobos: Maduro, cuando quiere insultar a un opositor lo llama pelucón, maricón”.
En efecto, la campaña por la presidencia después de la muerte de Hugo Chávez tuvo un sabor homofóbico.
Nicolás Maduro, al inscribir su candidatura, dijo “yo sí tengo mujer, me gustan las mujeres”, una alusión a la presunta homosexualidad del candidato opositor Henrique Capriles Radonski. La escena, que fue sellada con un beso a Cilia Flores, cuadro del PSUV y primera dama, fue considerada un insulto por la comunidad LGBTI+.
En 2017, ya desautorizada la Asamblea Nacional y con la Asamblea Constituyente en funciones, el presidente venezolano dijo a la televisión que estaba a favor del matrimonio igualitario.
“Ya entregamos la propuesta para los articulados de la nueva Constitución y, de paso, se creó la Oficina de Atención y Defensa a la Diversidad Sexual”, reveló Baron a Tremenda Nota.
La activista aseguró que en Venezuela habrá matrimonio, ley para la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y ley de identidad para la comunidad trans.
“A la derecha LGBTI+ no le conviene decir esas cosas, ya que sus organizaciones reciben fondos por supuestas luchas en defensa de nuestros derechos humanos, pero no nos importa: lo que logremos será para todas y todos”, añadió.
Organizaciones no gubernamentales internacionales aseguran que Venezuela es el cuarto país de América con más asesinatos de transgéneros.
También se ha denunciado, al menos desde el año pasado, la carencia de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH/Sida. La mayoría de los afectados son personas LGBTI+.
Dos presidentes y un país
Juan Guaidó declaró este jueves, en entrevista con Patricia Jainot para Univisión, que es Nicolás Maduro quien “usurpa hoy Miraflores” y agradeció el apoyo del «mundo democrático” al gobierno interino.
El líder opositor concedió la posibilidad de la amnistía “para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado del orden constitucional” y no descartó que Maduro pueda beneficiarse, aunque “es un dictador y es responsable de todas las víctimas del día de ayer en Venezuela”, dijo.
La ley prevé la convocatoria a elecciones un mes después de la juramentación del presidente interino. No obstante, Guaidó recordó que Venezuela se halla en “situación de secuestro institucional” y esa circunstancia podría alargar el plazo de los comicios.
Nicolás Maduro, mientras tanto, acudió este 24 de enero al Tribunal Supremo de Justicia para inaugurar el año judicial de 2019.
Los mandos militares y la magistratura le dieron su apoyo en el acto, que incluyó alusiones a los eventos del miércoles y a su protagonista, llamado “títere de facto” por el líder del PSUV.
El sucesor de Chávez agradeció la solidaridad de la Rusia de Vladimir Putin y advirtió a los diplomáticos de Estados Unidos que “tienen hasta el domingo para retirarse de Venezuela”.
Tamara Adrián piensa que la marcha de este miércoles a favor del gobierno provisional de Juan Guaidó trastorna algunos mitos políticos alentados por el PSUV.
“Hubo un cambio radical: hasta 2017, las manifestaciones eran de clase media, pero este año los sectores populares se unieron masivamente”, explica la diputada.
Según Tamara, “el chavismo apenas logró movilizar unos cientos de personas y se siente como animal herido”.
“El pueblo va a seguir presionando y luchando para salir de Nicolás Maduro de forma pacífica, de forma constitucional y utilizando todas las herramientas que nos dé el derecho”, opinó Mantilla acerca de la actual crisis.
Ingrid Baron, en cambio, confía en que el chavismo “saldrá bien librado una vez más”.
“Los próximos días son decisivos, no ha habido una situación como esta en la historia de Venezuela”, concluye Tamara.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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