Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 28 de enero.

TEGUCIGALPA, Honduras — En la Sala de lo Penal de Tegucigalpa se llevó a cabo la individualización de Aarón Jeriel Álvarez Pavón, uno de los asesinos implicados en la muerte de Thalía Rodríguez.

En 2022 se evacuaron los medios de prueba contra Pavón y se le dio una sentencia por ser declarado culpable en el caso de Rodríguez.

La audiencia fue corta debido a que la fiscalía fue la que dijo que se debería condenar a Pavón por el delito de asesinato en perjuicio de Thalía y tentativa de asesinato en perjuicio de la pareja de Rodríguez. 

En la audiencia se determinó cuánto solicitaba la fiscalía, qué delitos se le iban a imponer y con qué agravante, además de cuánto solicitaba la defensa de Pavón en cuanto a la pena privativa de libertad. 

Pavón recibió en la audiencia de individualización de la pena una propuesta de condena del Ministerio Público (MP) de 20 años por asesinato y 13 años con cuatro meses por tentativa debido a que la pareja de Rodríguez también fue atacada de manera violenta el día del asesinato.

La defensa de Pavón se adhirió a la cantidad de años que el MP determinó por el asesinato de Thalía y la tentativa contra su pareja, Walter. 

El odio y rechazo que las personas LGBTIQ+ enfrentan a diario es una de las principales causas de asesinatos contra dicha población. 

La abogada y defensora de derechos humanos Nadia Mejía mencionó de manera detallada en una entrevista con Reportar sin Miedo (RSM) que hablar sobre este tema es muy importante, pero lamentable. 

“Hablar en términos de justicia con una pena privativa de libertad deja un mal sabor. He llevado muchos casos, pero es mucho más difícil cuando es alguien con la que uno compartió e hizo activismo. Es bien difícil saber que, aunque haya una pena privativa de libertad, la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTI siguen”, mencionó Mejía, abogada del área legal de la Red Lésbica Cattrachas. La siguiente audiencia será el tres de febrero a las 9:00 a.m. para determinar finalmente la cantidad de años de condena de Pavón. 

La lideresa trans fue la primera muerte violenta LGBTIQ+ en enero de 2022, mes en que tomó posesión la actual mandataria Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien mostraba con fervor el apoyo a la población LGBTIQ+, y la número 402 desde el transfeminicidio de Vicky Hernández en junio de 2009.

El caso de Vicky llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que los asesinos eran parte de una institución gubernamental que “vela por la seguridad” de todas, todes y todos los hondureños. 

Pavón es uno de los tres implicados en el asesinato de la activista Rodríguez, uno de los pocos casos que no han quedado en la impunidad, pero que demoró más de diez meses a partir de los hechos y luego de varios errores en las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes. 

Una activista comprometida con el cambio

Rodríguez, muerta a los 45 años, era una mujer trans que emprendió su lucha por los derechos de las disidencias sexuales al ver la situación que dicha población afronta a diario en el corazón de Centroamérica. 

Thalía era una persona alegre, positiva y muy fuerte. Quería seguir adelante y ser un ejemplo para las personas trans y decir que “no hay que quedarse en la idea en que la sociedad no nos acepta, que la sociedad nos discrimina, hay que demostrar que nosotros podemos ser también parte de la sociedad, podemos emprender, podemos ser un ejemplo”.

No debemos olvidar que hay dos personas libres y el MP solo las ha identificado, lo que quiere decir que pueden cometer más actos violentos contra personas de la población LGBTIQ+

Diversas reacciones en el mundo político chileno dejo este fin de semana la publicación de una noticia en el medio conservador El Mercurio, donde afirmaron que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG) estaban preparando un proyecto de ley para instaurar este año una Subsecretaría LGBTQ.

Y es que precisamente dicha cartera de Estado puso en marcha en 2022 la primera “Mesa LGBTIQA+”, la cual es integrada por distintas instituciones públicas, organizaciones y activistas LGBTQ chilenos, con el objetivo de mejorar la calidad de la población queer en ese país latinoamericano, que en el último año ha tenido un aumento de ataques y crímenes de odio. 

En la última década los derechos LGBTQ en Chile han ganado terreno. El matrimonio igualitario, la Ley de identidad de género, la unión civil y una Ley antidiscriminación son algunas de las conquistas que tardaron tiempo instalarse. Sin embargo, no existe ninguna institución de Estado o política pública que trabaje por garantizar la inclusión de este grupo históricamente discriminado. 

Es por eso, que con la puesta en marcha de la “Mesa LGBTIQA+” impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, las deudas pendientes de esta población tienen una oportunidad sin precedentes, ya que ningún gobierno anterior había generado una instancia de trabajo como esta. 

Durante el primer año participaron 42 organizaciones de todo Chile, y culminó el pasado 6 de enero con la firma de un convenio entre la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, el SERNAMEG y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para atender a las personas que son víctimas de ataques anti-LGBTQ. Un importante logro, que permitirá entregar ayuda en todo el territorio nacional. 

Al mismo tiempo, al culminar el primer año de trabajo de la “Mesa LGBTIQA+” desde el MinMujeryEG anunciaron que durante el segundo semestre de este año enviarán un proyecto de ley que amplié el mandato ministerial, para que “se incluya a la comunidad LGTBIQA+”. Hasta ese momento, no había ningún anunció de la creación de una Subsecretaría LGBTQ.

Luego de la publicación de El Mercurio, la mayoría de los medios de comunicación chilenos replicaron la noticia levantando una polémica sin confirmar la información. Ya que oficialmente desde el gobierno no han anunciado la creación de una Subsecretaría LGBTQ o una institución antidiscriminación, como el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en Argentina. 

El ex candidato presidencial de derecha extrema, José Antonio Kast, criticó en su cuenta de Twitter la imprecisa noticia. 

“Chile es más pobre, más violento e inseguro que hace un año y el gobierno inepto en vez de resolver las urgencias sociales, se dedica a agrandar el Estado para profundizar su agenda ideológica”, escribió el líder del Partido Republicano. 

Desde el MinmujeryEG dijeron al Washington Blade que “se ha finalizado recién la mesa con las organizaciones de la comunidad LGBTIQA+. Una de las demandas es tener una institucionalidad, por lo que durante el 2023 se definirá cuál es el camino progresivo, mientras en paralelo se mejora la ley antidiscriminación”.

Mientras que la subsecretaría del MinMujeryEG, Luz Vidal Huiriqueo, publicó en sus redes sociales que “por siete meses nos reunimos con organizaciones LGBTQ+. Sus urgencias son las de todo el país: seguridad, trabajo y salud. Sobre la 1ra avanzamos en un convenio con @SubPrevDelito para atender correctamente y para los largos desafíos comprometimos proponer un mecanismo institucional”. 

La autoridad dijo en una entrevista exclusiva con el Blade antes de la publicación de El Mercurio que “para el gobierno del presidente Gabriel Boric, encontrar y dar respuestas a las demandas de la población LGBTIQA+ en Chile es un compromiso que no se va a dejar de lado por nada”. 

“Nosotras y nosotros del MinMujeryEG hemos acogido las necesidades de esta comunidad que día a día, en muchos casos, tiene que sobrevivir. Es por eso, que desde nuestro ministerio hemos levantado esta mesa intergubernamental para tener una comunicación fluida y permanente con las organizaciones LGBTIQA+”, explicó Vidal desde su despacho ministerial.

Vidal agregó que “el presidente nos encargó pasar del discurso a la acción. Hay que ponerse a trabajar. Hay que implementar los acuerdos, no podemos quedarnos solamente en bonitos anuncios y ese es nuestro compromiso. El compromiso que hoy día tenemos es trabajar por las mujeres, por la equidad de género, por y con toda la población, a favor de toda la ciudadanía y de quienes les falta presencia del Estado”.

La subsecretaria mencionó a este medio que la necesidad de incorporar a la población queer al trabajo de su ministerio es importante ya que “exactamente hoy día, el Estado no tiene facultades para atender específicamente a la población LGBTQ+, entonces necesitamos crear una camino progresivo que, ya sea una institucionalidad u otra figura, nos permita implementar políticas públicas”.

Aquella supuesta institucionalidad fue la que encendió la disputa el pasado domingo y desnudó que sea cual sea el mecanismo que instale el gobierno de Boric, no será un camino fácil. Aunque también evidenció un interesante debate que tenía personas a favor y en contra. 

“Creo que no va a ser un trámite fácil. No va a ser un proyecto que podamos decir, los vamos a sacar a final de año, eso lo tenemos claro. Hoy día incluso en proyectos o en el trabajo que se está realizando desde el ministerio cuesta avanzar simplemente porque actualmente tenemos un Congreso con fuerzas políticas contrarías a la inclusión y el respeto a la diversidad. Eso presente en nuestro Congreso, también está presente en varios países de Latinoamérica”, opinó Vidal. 

Por otro lado, la primera diputada transgénero de Chile, Emilia Schneider, dijo al Blade que “me parece que el anuncio de una institucionalidad para la población LGBTI en el Ministerio de la Mujer, y también en lo que se ha estado trabajando con el Ministerio de Justicia para avanzar en una institucionalidad contra la discriminación, a propósito de la reforma a Ley Antidiscriminación son dos pasos fundamentales para avanzar en dignidad y derechos para las diversidades y disidencias sexuales”. 

Según la congresista es importante “hacer un cambio permanente en el Estado, que de reconocimiento a la importancia de tener un espacio que responda a las necesidades de la población queer y se haga cargo de combatir la desigualdad, la discriminación y la violencia a la que está expuesta nuestra comunidad”. 

“Me parece que este es uno de los compromisos más importantes, que de concretarse serian un legado fundamental de este gobierno en materias de diversidades y disidencias sexuales”, concluyó Schneider. 

Mientras que la coordinadora de políticas públicas de la Asociación OTD Trans, la organización trans más importante de Chile, Ignacia Oyarzun, opinó que la instauración de una institucionalidad “es un avance que va en la dirección de establecer lo que será un cupo laboral trans para lograr una mayor integración de la comunidad en la sociedad, ya que en la práctica ocurre que las personas de las diversidades trans, no son contratadas, o son despedidas injustificadamente de espacios laborales, precarizando aún más una vida llena de violencias, y por lo tanto, es una señal de querer hacer las cosas de manera correcta, teniendo en consideración que las personas de nuestra comunidad pertenecen a grupos de vulnerabilidad y por tanto somos sujetes de especial protección”.

Finalmente, Jorge Muñoz, de la organización Mogaleth de Puerto Montt, una ciudad ubicada a 640 millas al sur de Santiago, que también participa de la Mesa LGBTIQA+ señaló al Blade que “todo acercamiento desde el poder central a la sociedad civil, y sobre todo a las regiones es positivo. En ese marco consideramos un avance en cuanto a las demandas del colectivo en la lucha por el reconocimiento de la vulneración histórica de nuestros derechos”.

“El reconocimiento del Estado hacia el maltrato y los discursos de odio hacia las disidencias han sido históricamente centralistas. Las regiones, donde también sufrimos acoso, maltrato, dificultades de acceso a salud, educación y trabajo hemos sido relegadas a lo largo de la historia. En este sentido lo que más valoramos es el reconocimiento de nuestras demandas en el contexto territorial”, remató Muñoz. 

Por ahora, no hay una versión oficial sobre cuál será el mecanismo se utilizará para crear la anhelada institucionalidad. Lo que sí está claro, es el compromiso del gobierno y el MinMujeryEG con los derechos LGBTQ que avanzarán sin importar los costos políticos que puedan traerles. 

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El pasado 21 de diciembre de 2022, activistas, líderes, lideresas y organizaciones sociales de base comunitaria convocaron a personas LGBTI en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de entregar una carta abierta a los magistrados en la cual se solicita el reconocimiento del derecho al matrimonio civil de parejas del mismo sexo en Panamá. Y es que desde el año 2016 la Corte Suprema de Justicia de Panamá tiene tres casos de matrimonios igualitarios “archivados” (o mejor, sin fallo). En los cuales, se debe resolver la desigualdad que experimentan sus familias en la construcción de su proyecto común, como cualquier persona en Panamá.

Es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en su Opinión Consultiva 24/17, ha establecido claros principios sobre no discriminación de personas LGBTI, indicando que:

●  La Convención Americana no protege un determinado modelo de familia. El vínculo familiar de parejas del mismo sexo está protegidos

●  Los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo, deben ser protegidos sin discriminación alguna frente a parejas heterosexuales.

●  La obligación internacional de los Estados trasciende la protección de temas patrimoniales y se extiende a todos los derechos humanos, tanto internacionalmente como en el derecho interno.

●  No hay que crear instituciones nuevas sino extender las existentes a parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio civil, de conformidad al principio pro persona. Otra institución con otro nombre carece de sentido ya que sería una diferencia estigmatizante.

En octubre de 2020 Panamá recibió un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cumpliera de “buena fe” con los estándares regionales para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa y LGBTI. Hoy en Panamá las parejas del mismo sexo no cuentan con los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

Este acto desató en la sociedad panameña conservadora reacciones inmediatas, convocando desde el mismo 21 de diciembre un plantón en el mismo lugar para el 11 de enero de 2023 denominado la “Gran manifestación en defensa del matrimonio tradicional”, alegando que “El matrimonio es solo entre hombre y mujer”.

José Luis Delgado, presidente de la Coordinadora Nacional por La Familia, dijo que: “nuevamente los magistrados de la CSJ sufren la presión del colectivo político trasnacional LGTB para que tuerzan nuestras leyes y aprueben el matrimonio homosexual”.

En ese sentido, Delgado recordó una consulta hecha con anterioridad sobre este tema por la Contraloría General de la República, en la que se señaló que la mayor parte de los panameños “somos profamilia, provida y solo aceptamos el matrimonio hombre y mujer”.

Todas las personas debemos tener la libertad de elegir a quien amar y formar una familia, derecho que no es exclusivo para unos pocos, y en esta lucha puedo decir plenamente que me identifico con la frase del activista Iván Chanis Barahona, quien en una entrevista manifiesta ser pro familia, hablando sobre el reconocimiento, inclusión, amor  y la garantía de derechos de todos los tipos de familias existentes, no solo en Panamá si no en el mundo.

A quienes se llaman “pro familia” justificando su odio, su segregación y prejuicio en la palabra de Dios, les podría hacer mil preguntas, y mil reclamos, pero nos llevaría a la misma discusión, la cual no parece tener fin. Sin embargo, las personas de LGBTI solo estamos pidiendo se nos reconozcan nuestros derechos. 

Gustavo Patiño es productor artístico, columnista y colombiano residente en Panamá.

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