Connect with us

Noticias en Español

Maduro o Guaidó, una crisis que también alcanza a la ciudadanía LGBTI+

Los EEUU reconoce a Guaidó como presidente venezolano

Published

on

La frontera entre Venezuela y Colombia cerca de Paraguachón, Colombia, el 7 de marzo de 2018. Los EEUU ha reconocido a Juan Guaidó como presidente del país chavista. (Foto del Washington Blade por Michael K. Lavers)

Nota del editor: Tremenda Nota es la pareja del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 25 de enero.

Al cabo de dos décadas de gobierno, el chavismo no resolvió las demandas de gais, lesbianas, bisexuales y trans, y algunas veces hizo retroceder sus derechos.

Venezuela tiene dos presidentes desde este miércoles, cada uno reconocido por una parte de la comunidad internacional en una toma de partido que recuerda los bloques de la Guerra Fría.

Estados Unidos, Canadá y buena parte de América Latina reconocen como jefe de Estado interino a Juan Guaidó, líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional declarada “en desacato” en 2016 por el poder ejecutivo, mediante una polémica operación que selló el desacuerdo entre el oficialismo y la oposición.  

Rusia, China, México y Cuba respaldan a Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez y de dos décadas de gobierno a cargo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La comunidad LGBTI+ se encuentra tan dividida ante la proclamación de Guaidó como el resto de la sociedad venezolana.

Gais, lesbianas y trans estuvieron entre los cientos de miles de personas que celebraron en Caracas lo que parece un punto de giro hacia la democracia, pero también acudieron al llamado del gobierno desde el balcón del Palacio de Miraflores donde Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ante un grupo de seguidores muy disminuido.

Tamara Adrián, la primera diputada transexual de Venezuela, dijo en declaraciones exclusivas a Tremenda Nota que las décadas de gobierno del PSUV “han significado un retroceso para los derechos de la comunidad LGBTI+”.

Durante veinte años, desde 1977, se reconoció en los documentos legales de Venezuela la identidad de las personas transexuales sometidas a cirugías de reasignación sexual. Pero esta disposición razonable, al parecer, duró hasta apenas dos décadas.

“Con la ocupación del poder judicial por Chávez, y la sustitución de jueces profesionales por jueces nombrados a dedo, removidos por cualquier razón, sucedió que desde 1998 no se ha reconocido la identidad de ninguna persona trans”, aseguró la diputada de la Asamblea Nacional impugnada por el gobierno de Maduro.

Tamara Adrián en Washington en 2016. (Foto del Washington Blade por Michael Key)

Mientras algunos países de América Latina implementan leyes que admiten la identidad percibida sin necesidad de ir al quirófano, Venezuela ni siquiera actualiza los documentos de quienes se han operado.

La propia Tamara Adrián llegó al Parlamento venezolano con una cédula a nombre de Tomás Adrián.

La diputada, de 64 años, es abogada y profesora de Derecho en varias universidades. Fue electa por el partido Voluntad Popular, de centro izquierda y afiliado a la Internacional Socialista, el mismo que lidera Juan Guaidó.

Tamara dice que nunca fue discriminada en su labor como activista o parlamentaria.

“Soy conocida y respetada por mi trabajo social de base, por mi trabajo académico y por mi seriedad en todo lo que hago. Nunca he sentido discriminación”.

En cambio, bajo el gobierno de Hugo Chávez aumentó la invisibilidad de transexuales y transgéneros.

El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo condenaba la discriminación por Opción sexual, una categoría que fue modificada bajo el gobierno de Chávez por Orientación sexual. De todos modos, el cambio dejó “desprotegidas la identidad y expresión de género”, especifica Tamara.

Hace una década, en febrero de 2008, el Tribunal Supremo de Justicia, un órgano controlado por el PSUV, emitió un polémico veredicto sobre el matrimonio igualitario.

“Decidió que las parejas del mismo sexo eran ontológicamente diferentes de las parejas heterosexuales, por ende, no aplica para ellas el matrimonio ni las uniones estables de hecho”, explica la diputada.

Se admitió entonces que la Asamblea Nacional tendría potestad para regular derechos aplicables a estas parejas, siempre que tuviesen un rango y un alcance menor.

“Sería otra forma segregada de protección”, dijo Tamara.

Gobierno y oposición, las dos opciones para el activismo

Ingrid Baron, activista lesbiana y simpatizante del PSUV, cree que “tanto ataque y saboteo internacional” impidieron reconocer al chavismo la igualdad jurídica de la comunidad LGBTI+.

“No hemos podido sentarnos a debatir y construir nuestras agendas, sin embargo, creo firmemente que tenemos avances”, aseguró.

La parte de la sociedad civil favorable al chavismo, a la que pertenece Ingrid como miembro de Base Lésbica Venezuela, participa en las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente e intenta impulsar leyes a favor del colectivo LGBTI+.

Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente es criticada porque “se convocó sin referéndum ― se hizo una elección fraudulenta ― y no es reconocida por nadie prácticamente”, afirma Tamara Adrián.

El 23 de enero, Ingrid Baron se fue hasta el Palacio de Miraflores después que Diosdado Cabello, vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro, pidió a los militantes chavistas que custodiaran el edificio.

“Estoy en la calle de mi patria”, dijo Ingrid a Tremenda Nota esa noche.

“Nos trasladamos para allá (Miraflores), luego que avisaron de la locura de la derecha de este país, y hemos pedido la aprehensión inmediata de Guaidó y sus cómplices”, contó.

Con casi veinte muertos cerró la primera jornada en que Venezuela tenía dos presidentes.

Rosmit Mantilla está en París, exiliado. Tiene 36 años y es el primer diputado abiertamente gay en la historia del parlamento venezolano, como Tamara Adrián fue la primera mujer trans.

En 2014 fue a prisión en Venezuela, “por ser activista LGBT+ de Voluntad Popular, el primer partido y el único partido que reconoce al grupo LGBT+”. Fue liberado en 2016 después de dos años. Amnistía Internacional lo había declarado preso de conciencia.

“Una vez en libertad comencé con mis funciones como parlamentario en la Asamblea Nacional con muchas expectativas hasta que Nicolás Maduro secuestró el parlamento y sus funciones y no se pudo avanzar más hasta el día de hoy”, contó Rosmit a Tremenda Nota.

Para Ingrid, como para tantos chavistas, “estuvo privado de libertad por estar inmerso en el tema de las guarimbas.”

“El PSUV tenía un secretariado de diversidad que nunca fue reconocido, nunca permitieron que sus candidatos se inscribieran (en las elecciones)”, recuerda Mantilla. “Ellos son homófobos: Maduro, cuando quiere insultar a un opositor lo llama pelucón, maricón”.

En efecto, la campaña por la presidencia después de la muerte de Hugo Chávez tuvo un sabor homofóbico.

Nicolás Maduro, al inscribir su candidatura, dijo “yo sí tengo mujer, me gustan las mujeres”, una alusión a la presunta homosexualidad del candidato opositor Henrique Capriles Radonski. La escena, que fue sellada con un beso a Cilia Flores, cuadro del PSUV y primera dama, fue considerada un insulto por la comunidad LGBTI+.

En 2017, ya desautorizada la Asamblea Nacional y con la Asamblea Constituyente en funciones, el presidente venezolano dijo a la televisión que estaba a favor del matrimonio igualitario.

“Ya entregamos la propuesta para los articulados de la nueva Constitución y, de paso, se creó la Oficina de Atención y Defensa a la Diversidad Sexual”, reveló Baron a Tremenda Nota.

La activista aseguró que en Venezuela habrá matrimonio, ley para la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, y ley de identidad para la comunidad trans.

“A la derecha LGBTI+ no le conviene decir esas cosas, ya que sus organizaciones reciben fondos por supuestas luchas en defensa de nuestros derechos humanos, pero no nos importa: lo que logremos será para todas y todos”, añadió.

Organizaciones no gubernamentales internacionales aseguran que Venezuela es el cuarto país de América con más asesinatos de transgéneros.

También se ha denunciado, al menos desde el año pasado, la carencia de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH/Sida. La mayoría de los afectados son personas LGBTI+.

Dos presidentes y un país

Juan Guaidó declaró este jueves, en entrevista con Patricia Jainot para Univisión, que es Nicolás Maduro quien “usurpa hoy Miraflores” y agradeció el apoyo del «mundo democrático” al gobierno interino.

El líder opositor concedió la posibilidad de la amnistía “para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado del orden constitucional” y no descartó que Maduro pueda beneficiarse, aunque “es un dictador y es responsable de todas las víctimas del día de ayer en Venezuela”, dijo.

La ley prevé la convocatoria a elecciones un mes después de la juramentación del presidente interino. No obstante, Guaidó recordó que Venezuela se halla en “situación de secuestro institucional” y esa circunstancia podría alargar el plazo de los comicios.

Nicolás Maduro, mientras tanto, acudió este 24 de enero al Tribunal Supremo de Justicia para inaugurar el año judicial de 2019.

Los mandos militares y la magistratura le dieron su apoyo en el acto, que incluyó alusiones a los eventos del miércoles y a su protagonista, llamado “títere de facto” por el líder del PSUV.

El sucesor de Chávez agradeció la solidaridad de la Rusia de Vladimir Putin y advirtió a los diplomáticos de Estados Unidos que “tienen hasta el domingo para retirarse de Venezuela”.

Tamara Adrián piensa que la marcha de este miércoles a favor del gobierno provisional de Juan Guaidó trastorna algunos mitos políticos alentados por el PSUV.

“Hubo un cambio radical: hasta 2017, las manifestaciones eran de clase media, pero este año los sectores populares se unieron masivamente”, explica la diputada.  

Según Tamara, “el chavismo apenas logró movilizar unos cientos de personas y se siente como animal herido”.

“El pueblo va a seguir presionando y luchando para salir de Nicolás Maduro de forma pacífica, de forma constitucional y utilizando todas las herramientas que nos dé el derecho”, opinó Mantilla acerca de la actual crisis.

Ingrid Baron, en cambio, confía en que el chavismo “saldrá bien librado una vez más”.

“Los próximos días son decisivos, no ha habido una situación como esta en la historia de Venezuela”, concluye Tamara.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Noticias en Español

The university that refuses to let go

Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike

Published

on

Joanna Cifredo outside the University of Puerto Rico campus in Mayagüez, Puerto Rico. (Washington Blade photo by Ignacio Estrada Cepero)

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

Continue Reading

Noticias en Español

La X vuelve al tribunal

Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico

Published

on

(Foto de Sergei Gnatuk via Bigstock)

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial. 

Continue Reading

Cuba

Cuba bajo presión y sin respuestas

Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir

Published

on

La Habana en 2017. (Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.

Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.

Pero esa es solo una parte.

Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.

Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.

La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.

Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.

Entonces la pregunta sigue siendo la misma.

Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?

¿Dónde fue a parar ese recurso?

¿Dónde está el dinero que generó?

Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.

Hay una historia más larga que no se puede ignorar.

Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.

Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.

Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.

Y hay algo más duro.

Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.

Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.

¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?

Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.

La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.

Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.

Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.

Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.

Esa es la contradicción.

El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.

Pero hay otra pregunta que también está ahí.

¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?

La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.

Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.

Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.

Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.

Esa parte no se puede seguir esquivando.

Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.

Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.

Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.

Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.

Nota del editor: Una versión de este comentario en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el 7 de abril.

Continue Reading

Popular