Grindr has agreed to pay £26 million ($35.24 million) to settle a lawsuit in the UK over allegations it shared users’ HIV status and other personal information with third parties.

The BBC on Monday reported a lawsuit was filed in the High Court of England and Wales in 2024. A class action lawsuit with more than 11,000 plaintiffs was later filed in the U.S.

Grindr in a U.S. Security and Exchange Commission filing notes the California-headquartered company as part of the settlement it reached on Sept. 2 will pay £13.0 million ($17.62 million) “to the counterparties” by Dec. 31, 2026, and another £13.0 million ($17.62 million) by March 31, 2027.

“As previously disclosed, in April 2025, Grindr Inc. and Grindr LLC, its indirect and wholly-owned operating subsidiary (collectively, ‘Grindr’), were served with proceedings in the High Court of England and Wales, which proceedings were originally issued in April 2024, brought on behalf of UK Grindr users from a period up to early 2020 alleging violations of UK privacy laws,” reads the U.S. Security and Exchange Commission filing.

“On Sept. 2, 2026, Grindr resolved the above-described UK group action related to historical data practices before 2020, when Grindr was owned and controlled by the Chinese conglomerate Kunlun,” it continues. “The settlement includes no findings or admission of liability. While Grindr disputes the allegations, it recognizes and acknowledges the distress and loss of trust expressed by some of its UK users regarding that pre-2020 period.”

The filing further notes Grindr in 2020 “was sold to new owners and appointed new management” and in 2022 became a publicly listed company on the New York Stock Exchange.

“Since 2020 Grindr has overhauled its privacy program with a keen focus on the unique needs of its community,” reads the filing. “Grindr is and remains a safe space for users, committed to transparency, user control, and responsible data practices.”

A Grindr spokesperson in the UK on Tuesday referred the Washington Blade to the filing for comment on the settlement.

SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.

Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado. 

La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.

Una mujer detrás de una noticia

Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.

De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.

La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.

Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.

Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.

El derecho a ser nombrada

Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.

Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.

En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.

Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.

Un problema que va más allá de un solo caso

El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.

Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.

301 denuncias en 2025

Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual. 

Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción. 

Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.

Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.

El precedente de Zashy Zuley

La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.

ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida. 

Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella. 

El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.

Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.

¿Dónde están los datos oficiales?

Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.

La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.

Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.

Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.

El desafío de no olvidar

El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:

¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.

Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.

New rules that will allow more gay and bisexual men to donate blood in Iceland took effect on Sept. 1.

The Iceland Review, an English-language magazine, notes the new regulations the country’s Health Ministry approved are gender-neutral. Some restrictions, however, remain in place for potential donors, regardless of their sexual orientation or gender identity.

“Specific sexual activity can be linked to higher risk of bloodborne infections, therefore thorough screening is very important in regards to blood donor eligibility,” states the Icelandic Blood Bank on its website.

Potential donors are asked these two questions:

• In the past four months, have you had sex with a new partner?

• In the past four months, have you engaged in what is considered sexual relation of higher risk?

The Icelandic Blood Bank defines “sexual relation of higher risk” as:

• Sexual relation where a condom is not used and relationship duration is less than 4 months.

• Sexual relation outside of pre-existing long-term relationship, where a condom is not used.

• Sexual relation with many individuals (more than one) with/without a condom.

• Sexual relation, where a condom is not used, with an individual whose behavior falls under sexual relation of higher risk.

• Sexual relation where a condom is not used, with an individual that injects narcotics. If more than four months have passed since the last injection, donation is permitted.

• Sexual relation, with/without the use of condom, in exchange for payment.

• Anal sex with/without a condom with a new partner.

• Sexual relation where chemicals are used to enhance sexual experience (chemsex).

• Sexual relation with/without the use of a condom, with an individual diagnosed with HIV, HTLV, Hepatitis B or C, or syphilis.

• Sexual relation with an individual using viral medication (PrEP or PEP) for HIV.

“If yes, evaluation for possible deferral from blood donation needs to be done,” says the Icelandic Blood Bank.

A person with HIV, Human T-lymphotropic virus-1, hepatitis B or C, or syphilis cannot donate blood. A person who has taken PrEP or PEP in the previous four months is also unable to become a donor.

“If more than four months have passed since the medication was taken, viral screening can be done,” says the Icelandic Blood Bank. “If results are negative, blood donation is permitted. Deferral period is longer if administrated intravenously.”

Any potential donor who had “sexual relation with an individual using viral medication (PrEP or PEP) for HIV” must wait four months since their “last sexual relation” before they can give blood.

Anyone who has “ever, even just once, shared a needle/syringe with someone or injected yourself with an illegal substance (non- doctor prescribed), e.g. drugs, anabolic steroids, hormones or peptides.” is permanently prohibited from donating blood.

Iceland is the latest country to lift restrictions for LGBTQ blood donors.

The Australian Red Cross Blood Service in April implemented a new policy that allows “gay and bisexual men and transgender people in long-term monogamous relations (of at least six months) to donate blood and platelets for the first time.”

The U.S. Food and Drug Administration in 2023 implemented a new screening policy for potential donors that asked them questions about their sexual activity, regardless of their sexual orientation or gender identity. The previous policy required men who have sex with men to not have sex for at least three months before they could donate blood.