Noticias en Español
Adrián Pose, el pastor cubano que ‘cura’ la homosexualidad y recarga los celulares
‘He hecho par de liberaciones a homosexuales’
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio colaborador del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 22 de abril.
LA HABANA — Parados frente a sus butacas, unos 100 feligreses escuchan al pastor habanero Adrián Pose mientras agitan el cuerpo violentamente. Algunos jadean con los ojos cerrados, otros dan brincos, giran sobre sí mismos, y elevan las manos al cielo. Enérgico, el pastor grita desde el estrado “¡Fuego! ¡Fuego! Ahora mismo fuera de aquí, demonios” y el movimiento de los cristianos, sobre los bancos, se vuelve más intenso. Después de casi tres horas de culto, el calor adentro del templo Casa de Gloria, en Marianao, La Habana, se hace insoportable.
Los líderes del grupo evangélico, que van y vienen entre los fieles, portan unas sábanas blancas para envolver a “los poseídos”. Una vez que encuentran los cuerpos ocupados por el demonio, los cubren y conducen hasta la parte delantera. En una línea frente al estrado están formados un chico joven y delgado, una anciana con evidentes secuelas de la quimioterapia, y una mujer que anhela “curar” la discapacidad intelectual de su hija pequeña.
En el salón algunos fieles convulsionan, pero la más afectada parece ser una chica muy joven, de cabello recogido y ojos saltones, que acudió por primera vez a Casa de Gloria. Con la vista perdida, le tiembla el cuerpo entero.
La voz del pastor se escucha más fuerte cuando se acerca a la muchacha: “¡En nombre de Jesús yo te salvo ¡En el nombre de Jesús!”, le grita. El sudor empapa la cara de la chica mientras la pastora le pone la mano sobre el abdomen. La joven “poseída” se tira de rodillas al piso y da gritos de espanto, chillidos punzantes que retumban por toda la iglesia. Adrián se acerca: “Sal de ese cuerpo, demonio fornicador”, ordena, y de repente la chica se desploma.
“En nuestros cultos la gente cae como muerta. Echan espuma por la boca, convulsionan. Es por la opresión y liberación de demonios –explica Pose–. Hay muchos en este país”.
Dice él que, por culpa de los abortos y la práctica de religiones afrocubanas, la Isla está “poseída”.
“Los demonios se alimentan de los fetos. Al permitir el asesinato de manera legal y gratuita estamos dándole más poder a estas criaturas del infierno. Los cristianos tenemos que luchar porque regulen el aborto en Cuba”.
Pose explica que hay tres niveles de influencia demoníaca: opresión, demonización y posesión. Para él y sus seguidores son estos seres quienes nos conducen a las tentaciones, enfermedades y adicciones. Por supuesto, también aseguran que los demonios vuelven homosexuales a las personas y las someten a la fornicación.
Y a los demonios, Adrián Pose los expulsa.
“He hecho par de liberaciones a homosexuales. Nosotros no los rechazamos en nuestro templo. Solo queremos introducirles el fuego de Dios y liberar sus ataduras, curarlos”.
Cuando el pastor menciona a un «par de homosexuales» se refiere al Faraón, un mulato de cejas finas y pelo teñido a quien exorcizó en su templo un tiempo atrás –el video aún circula en el paquete–. El otro chico gay “curado” es Alain Maykel, uno de los miembros más activos del culto.
Hoy está casado con una mujer cristiana, trabaja como dulcero y acompaña a Pose cuando viaja a otras provincias a predicar. “Yo era jinetero –confiesa Alain Maykel– porque necesitaba el dinero y porque me gustaba darle placer a otros hombres. El pastor me salvó de todo esa perversión que había en mí. A él debo mi cambio y por eso lo sigo con los ojos cerrados”.
¿Quién es Adrián Pose?
Al pastor Adrián Pose el Espíritu Santo se le apareció en 2017, cuenta él mismo. Le puso la mano sobre la cabeza, lo bañó en polvo de oro y le dijo que él traería el poder sobrenatural de Dios a este país. A partir de ahí Casa de Gloria, su templo, comenzó a expandirse y sus «milagros» a multiplicarse.
Impulsados por el misterio que a veces produce lo sobrenatural pero, sobre todo, por la desesperación, hasta él han llegado cientos de personas que buscan sanidad. Algunos solo hallaron un simple espejismo y no volvieron. Otros como Ayunay Vega y su esposo aseguran que Adrián curó las corneas de su hija y ahora ellos lo siguen con vehemencia. “Un día después de que el pastor oró por la niña, sus ojos tuvieron una secreción y luego sanaron”, relatan ambos padres, sentados en la primera fila del templo.
Como carta de presentación Pose recita una sorprendente lista de milagros: “Un cáncer terminal desaparece. Sordos comienzan a escuchar. Huesos deformes que sanan. Bebés en vientres infértiles. Ovarios que resurgen”.
Adrián Pose tiene 27 años, el cabello corto, los ojos oscuros y achinados, y el cuerpo fornido. Admira a Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, y sobre todo a Donald Trump, quien es –dice– precursor de los ideales cristianos. Podría, además, decirse que es un hombre atractivo y de lujoso vestir.
A sus servicios siempre llega con elegantes camisas de puños cerrados y zapatos en combinación. Una imagen perfectamente producida, aunque a ratos se le escapen ciertos ademanes y frases de hijo de barrio. Junto a él llega su esposa, Neylis Rojas, y sus dos hijos pequeños. Él asegura que se conocieron en una iglesia de Bauta adonde ambos asistían. Ella, en cambio, no recuerda el nombre de esa iglesia y espera la aprobación de su esposo antes de contestar cada pregunta. Él tiene en su teléfono un bloc de notas donde ha apuntado algunos versículos recurrentes en sus cultos, y los revisa para contestar varias veces. Ella apenas responde con monosílabos.
Casa de Gloria es un movimiento protestante que no pertenece a ninguna denominación cristiana en particular. Entre las 57 denominaciones evangélicas reconocidas en el país, la que dirige el pastor no está legitimada. Podría decirse que es un movimiento autónomo que ha creado el propio Pose, aunque sus principios se asemejan a las prácticas pentecostales.
Adrián toma en sus prédicas dos principios de esta teología: el Espíritu Santo sana enfermedades del “alma, la mente y el cuerpo”, porque cualquier padecimiento es originado por un “mal espiritual”; y el éxito económico es el resultado de un vínculo con Dios. A sus seguidores el pastor promete “milagros, prodigios, prosperidad y expulsión de demonios”, un eslogan que aparentemente no agradó al gobierno cubano.
En 2017 el pastor fue condenado a arresto domiciliario por “realizar reuniones y cultos prohibidos”. Hoy aclara que esa medida ya le fue retirada y puede salir del país y moverse por la Isla libremente. Una semana atrás, por ejemplo, viajó hasta Oriente para predicar sus jornadas de milagros y curaciones. Dice que allí, un hombre sordo volvió a escuchar.
“El matrimonio igualitario acabará con la especie cubana”
El templo Casa de Gloria se encuentra en el municipio habanero de Marianao. Es un viejo teatro desahuciado por la Central de Trabajadores de Cuba que el pastor alquiló porque “cada día tenía más seguidores y necesitaba un espacio más amplio”. El teatro es un hueco oscuro que huele a cerrado y a polvo. Las paredes están cubiertas de pedazos de madera y cartones húmedos. Las sillas rotas por todos lados dan un aspecto desastroso al lugar.
Cada domingo sobre las 10:00 de la mañana Adrián ofrece su servicio a los fieles de Casa de Gloria. Después del proceso de reforma constitucional –que inicialmente abría de manera rotunda el camino a la aprobación del matrimonio igualitario en la Isla–, la ideología de género y la unión entre personas del mismo sexo se convirtieron en los temas que más exorbitan los ánimos de los feligreses.
“A mis hijos en la escuela no pueden enseñarles la idiotología de degeneración” –dice el pastor para referirse a la ideología de género.
Sus interlocutores, anonadados, exclaman “Amén”. “¿Cómo a un niño varón le van a decir que está bien sentirse hembra? Asquerosos”, dice exaltado mientras su público asiente enardecido. Una mujer que carga a su bebé dibuja en su rostro una mueca de repugnancia y agrega: “Horrible”.
Durante el culto pueden oírse frases del pastor como: “Y ahora quieren casar a los homosexuales. ¿Qué diría Fidel de esto? Porque cuando él estaba vivo nunca permitió tal degeneración”. Luego agrega con un dejo lapidario: “No saben todas las consecuencias que tendrá eso”.
De la primera fila se levanta un señor, se voltea al público y en una ráfaga de palabras suelta, a su juicio, las posibles consecuencias: “Si los dejan casarse va a disminuir la natalidad. ¡Y eso es muy serio y peligroso! Por culpa de los gais que no quieren tener hijos se tuvo que aumentar la edad de retiro laboral en Cuba”.
Por insólito que pueda sonar, otros líderes religiosos han sostenido declaraciones semejantes. El exarzobispo de Guadalajara, sacerdote Juan Sandoval Íñiguez, en una entrevista publicada en la revista Gatopardo declaró que la homosexualidad era un “arma estratégica del primer mundo” para “reducir la población” y evitar que se consumieran “los recursos de la Tierra”. En Casa de Gloria también se enarbolan argumentos semejantes; solo que los cristianos no responsabilizan al primer mundo, sino a Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) e hija del exmandatario Raúl Castro Ruz. Según ellos, la diputada quiere presentar esas “perversiones” como “normales” y transmitirlas a los niños y niñas.
El debate en el templo no cesa. Ahora una mujer rubia y pequeña agrega que también se dispararán las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los suicidios “porque esa gente es muy trágica”, acota Adrián. “La mayoría fueron abusados en la infancia y tienen trastornos. No son normales”, insiste él.
El señor que había alertado sobre el peligro que representan los gais para la tasa de natalidad vuelve a ponerse de pie, ahora más categórico: “Van a provocar que desaparezca la especia cubana. Yo creo que a quienes promueven el matrimonio homosexual hay que acusarlos de atentar contra la seguridad nacional”, suelta él con una certeza que asombra. Luego ya nadie agrega nada más sobre el tema. El hombre preocupado por la preservación de los cubanos es el padre de Adrián.
En su familia hoy todos son cristianos: su esposa, su hermano, su cuñada, sus padres. Algunos, incluso, trabajan con él en el templo y reciben ayudas monetarias derivadas de las donaciones de los creyentes. La mayoría de ellos siempre profesaron alguna fe, pero no siempre fueron cristianos.
Durante la mayor parte de su vida el padre de Adrián fue palero y su madre espiritista. En la casa donde viven se hacían ritos para “bajar santos” y se anunciaba el futuro a los creyentes. El propio Adrián también profesó las religiones afrocubanas hasta que con 17 años, según cuenta, aceptó a Cristo y comenzó a predicar de manera independiente. En 2016 abrió su templo tras enderezar la costilla de un niño con solo poner la mano en su abdomen y orar por él.
Del templo al paquete (con polvo de ángel)
―Filma aquí –indica Pose a su hermano, que va acercándose con una tableta hacia una niña en el salón del culto. “Que se vea como le brillan las manos”, especifica él.
Cada domingo en su servicio, después de alabar a Dios, las personas encienden las linternas de sus celulares y se iluminan unas a otras buscando partículas brillantes sobre la piel. “Revísense y busquen el polvo de oro y piedras preciosas que lanzan los ángeles”, se le oye a Pose desde el estrado. Según él, algunos de sus fieles han llegado al templo con empastes ordinarios y han salido con oro en sus dientes.
Luego, cualquier destello sobre los cuerpos será filmado con varias cámaras. Cada acción que transcurre en el templo es grabada, editada y más tarde compartida en la sección de religión del paquete semanal. Su carpeta se llama momentos wao.
“Tuve la luz de ponerme en el paquete. Mucha gente que viene hoy al culto nos vio por ahí”.
Pose disfruta sentirse conocido y mide empíricamente su rating. Cada vez que llega alguien nuevo al templo la primera pregunta del pastor será: ¿Cómo supo de la existencia de Casa de Gloria? ¿Fue por el paquete? Aunque pueda resultar inusual, Pose es un líder religioso hambriento de fama. E, incluso, no se limita al paquete semanal.
Con la creación de zonas wifi y la posibilidad de conectarse a la red de redes desde los teléfonos móviles, el acceso de los cubanos a Internet creció notablemente. Y, con ello, las redes sociales se convirtieron en una nueva plataforma de divulgación que permite traspasar los límites del templo y llegar a una mayor comunidad evangélica. Consciente de los beneficios de la tecnología Pose se creó un perfil personal en Facebook y una fan page para él y otra para Casa de Gloria. También tiene dos canales de YouTube, una cuenta en Instagram, y se encarga de repartir entre sus fieles DVDs con “milagros, señales y maravillas”.
Su presencia en las redes sociales no ha pasado inadvertida por los constantes mensajes que divulga contra el derecho al aborto, el matrimonio igualitario y la ideología de género. Sus publicaciones generan una eterna confrontación entre creyentes y “mundanos”.
Para Pose la gran crisis de moralidad que hoy golpea a Cuba pronto podría colmar la paciencia de Dios (“ya está dando señales”), y Él podría convertirnos en una nación aún más pobre e infortunada. Quizás como Haití, reflexiona él. El Pastor cree que los idólatras, las políticas que han desplazado a Dios, los homosexuales y las mujeres que abortan, son culpables del tornado que atravesó La Habana el 27 de enero de 2019, las recurrentes inundaciones costeras y el meteorito que cayó en Viñales.
Casi al final del servicio el pastor Adrián Pose pide a sus feligreses que compartan los milagros que han vivido durante la semana.
El primero en levantarse es un hombre gordo, con un pulóver a rayas y gorra sobre la cabeza, que agradece porque finalmente pudo arreglar su refrigerador. A su lado, una señora de pelo rizado cuenta que su sobrino aprobó un examen en la escuela. Luego otra mujer agradece que su dolor de columna desapareció. Y así la lista de “prodigios” se hace infinita.
Como colofón, el pastor toma el micrófono y empieza a pedir a Dios curaciones y milagros financieros. Si dice la Biblia que Jesús multiplicó panes y peces, Adrián Pose hoy pretende multiplicar acceso a “Internet, saldo y dinero”.
―Y sus celulares serán recargados. Y vendrá la prosperidad económica a sus hogares –exclama–. Podrán navegar por Internet sin dinero en la cuenta Nauta. Revisen el saldo de sus tarjetas bancarias cuando salgan, que el señor lo aumentará.
A quien no tenga cuenta, especifica Adrián, “Dios le creerá una”.
Ecuador
Caso Karlina: Una sentencia histórica contra las terapias de «conversión»
Karlina Quiroz, una mujer trans de Chone, fue internada contra su voluntad
La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.
Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia.
La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.
Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.
El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.
De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.
Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.
Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.
Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.
Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.
El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.
De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.
Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.
De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros.
“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.
Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.
Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.
El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.
La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión.
En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos.
La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima.
“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.
Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.
Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.
En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.
El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.
“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.
El Salvador
Mujer trans salvadoreña es encontrada sin vida
La muerte de Yoisi Villalta vuelve a poner sobre la mesa la violencia
SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.
Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado.
La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.
Una mujer detrás de una noticia
Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.
De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.
La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.
Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.
Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.
El derecho a ser nombrada
Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.
Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.
En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.
Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.
Un problema que va más allá de un solo caso
El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.
Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.
301 denuncias en 2025
Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual.
Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción.
Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.
Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.
El precedente de Zashy Zuley
La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.
ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida.
Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella.
El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.
Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.
¿Dónde están los datos oficiales?
Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.
La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.
Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.
Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.
El desafío de no olvidar
El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:
¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.
Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.
Honduras
Realidad LGBTQ en Honduras: fuga o muerte
Observatorio KAI+: 35 asesinatos anti-LGBTQ en 2026
TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.
Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.
Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.
«No queremos vivir con miedo»: defensores
Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala.
Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.
Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos.
«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.
Violencia generalizada y discriminación sistemática
Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados.
Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».
Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.
Migración forzada, huir para vivir
Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas.
Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».
Recomendaciones ante un Estado ausente
El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.
Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».
El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.
Caso Karlina: Una sentencia histórica contra las terapias de «conversión»
Washington Blade responds to concerns over White House pool duties
Young people should know history of the fight for human rights
Dutch prime minister visits Stonewall Inn
Clavicular charged in alleged rape of teenage influencer
Over 2,000 turn out for Hands Around the Kennedy Center protest
PHOTOS: Wanda Alston Foundation Fall Reception
PHOTOS: Walk and 5K to End HIV
What LGBTQ veterans are building after ‘Don’t Ask, Don’t Tell’
