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Así fue el Stonewall de La Habana
El activismo independiente cubano realizó su propia marcha
Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 15 de mayo.
LA HABANA — El coronel pregunta a los manifestantes: “¿Quién organizó esta marcha?” Responde una mujer que nadie conoce, pequeña, de unos cincuenta años: “No la organizó nadie, esta marcha es de todos”.
La policía hace retroceder a la mujer, junto al resto de la gente que ya cruzaba la calle. El coronel camina hacia el Prado de La Habana. Va escoltado por decenas de uniformados que se cierran en torno a cientos de personas y las obligan a subir a la acera en el último tramo del paseo.
La marcha iba hacia el mar, a topar con el muro del malecón, junto al castillo de La Punta, cuando se interpusieron las patrullas, los camiones, una guagua del transporte público que traía más policías y que fue ofrecida a los manifestantes para irse, si estaban de acuerdo, a una fiesta gay organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la institución que dirige Mariela Castro Espín, la diputada, la hija de Raúl y la sobrina de Fidel.
Nadie sube.
Los manifestantes quedan sobre un islote, sitiados por un cordón de agentes y automóviles. “Una república gay”, dijo alguien. Como no pueden seguir y ahora están varados, algunos de los manifestantes suben a los bancos y se besan envueltos en banderas del arcoíris. Miran a la policía y se besan.
“Si nos dejan llegar al malecón, ya no seríamos cientos, seríamos miles”, dice Ariel Ruiz Urquiola, un biólogo que se convirtió en campesino y luego en preso de conciencia, condenado a prisión en un proceso sumario por llamar “guardia rural” a un guardabosques que lo acosaba en su finca de Viñales, al occidente de Cuba.
“Yo no conocía a ninguno de los activistas, no conocía a nadie, pero eso no me excluía de mi gremio”.
Ariel es gay, pero nunca estuvo en una marcha LGBTI+. En la tarde del 11 de mayo, volvió a un calabozo por primera vez desde que le otorgaron una licencia extrapenal en 2017 porque estaba casi muerto, en huelga de hambre.
“Era evidente que la marcha no estaba bien organizada ni tenía ningún tipo de soporte material, no había muchas banderas, no había carteles”, recuerda.
“Éramos como una pandilla que iba a una fiesta, aunque no sabíamos dónde estaba la fiesta porque no había nadie dirigiendo aquello”.
Los activistas se reunieron en el Parque Central, a la poca sombra que da la estatua de Martí, un Martí con el dedo apuntando hacia La Habana Vieja. En esa dirección apareció el único atrezo: una motocicleta que ondeaba la bandera LGBTI+ encima de la bandera cubana.
“Soy Yasmany Sánchez Pérez, estudiante de agronomía del curso por encuentros, de licencia porque estoy revalorizando mis prioridades”, se presenta, por fin, el muchacho que iba al frente de la marcha, de blanco, con el arcoíris en la mejilla. Cuando fue arrestado, mientras discutía con la policía y les decía que la marcha no iba a parar, nadie sabía quién era.
“Descubrí en las redes sociales que se había suspendido la marcha y que había sido obra del Cenesex y eso me indignó mucho”, cuenta.
La Conga contra la Homofobia y la Transfobia era una exhibición de fuerza que Mariela Castro Espín ensayó en 2007 y duró una década, como parte de las Jornadas que Cenesex prepara cada año para promover la igualdad del colectivo LGBTI+ y, de paso, hacerle buena propaganda a la Revolución cubana, que no consigue disipar su fama de homofóbica.
En la década del 60, los homosexuales fueron a campos de trabajo forzado en Cuba. En los años 70 se les expulsó del trabajo y de la universidad. A principios de los 80 se les ofreció exiliarse por el puerto del Mariel. Para la segunda mitad de esa misma década, muchos acabaron internados en los denominados sanatorios del Sida.
El Cenesex comunicó la cancelación en una nota parca, presentada como un simple “ajuste al programa” con vagos apuntes sobre “nuevas tensiones” que trastornan “nuestra vida cotidiana”.
Pocos días después, ante la reacción de los activistas y el anuncio de una concentración independiente en el Parque Central, Cenesex publicó otro comunicado, menos impreciso que el primero, donde relacionaba la crisis política venezolana y la política estadounidense con grupos en la Isla que usarían la conga para promover su agenda. En el texto abundan las denuncias, pero no se adjuntó ninguna prueba. Y se esperaba que la comunidad lo diera por bueno y aceptara suspender las marchas anunciadas en algunas ciudades de la Isla.
“La marcha fue pobre, no era una fiesta” semejante a las congas que encabezaba Mariela Castro Espín, compara Ariel. “Había muy poco colorido”, dice. “Lo que más se coreó fue ‘Cuba diversa’, ‘Queremos una Cuba diversa, una Cuba inclusiva'”.
También gritaron, al menos una vez, “No queremos conga”.
El Prado no es un paseo largo. Al principio se ubican unos vendedores de artesanías y algunos artistas ambulantes. Al centro, la marcha debió evitar unas piezas emplazadas hace pocas semanas para la Bienal de Arte de La Habana. “No queremos conga” fue la frase de la mitad del camino, cuando parecía que tenían, al fin, su propia marcha. Al final del Prado hay una estatua de Juan Clemente Zenea, un poeta fusilado en el siglo XIX. De ahí no pudieron pasar, ahí se produjo el Stonewall cubano.
“Cuando vi que al final del paseo las autoridades de la Seguridad del Estado estaban tratando de impedir la marcha, mi indignación aumentó y alcé mi voz”, dice Yasmany. Les dijo, entrecortado, que marchar es un derecho ciudadano.
“Yasmany Sánchez no era un activista”, advierte Ariel. “Pero ese muchacho se convirtió, en ese mismo instante, en el líder de la manifestación”.
Ni Ariel ni Yasmany eran activistas LGBTI+ conocidos. Ni se conocían entre sí.
Fue el muro del último tramo lo que provocó a Yasmany a ir más lejos, a discutir con un oficial vestido de civil. Fue Yasmany, detenido por ese muro, diciendo a todos “Me llevan preso”, lo que provocó a Ariel a retenerlo con un abrazo.
“Oigo que decía, ‘Me están llevando preso, que el mundo sepa que me están llevando preso’, y mi instinto es abrazarlo para evitar que se lo lleven. Yo lo agarro para protegerlo. Y la policía empieza a forcejear con su cuerpo y con el mío”.
Son un nudo de brazos y piernas, Ariel y Yasmany, la policía, justo en la esquina de San Lázaro, porque la marcha estuvo a punto doblar esa esquina, una de las más agudas de La Habana, para seguir al Echeverría, un antiguo club privado que se convirtió, bajo la Revolución cubana, en un centro recreativo para obreros. Ahí convidó Mariela Castro a una fiesta, a la misma hora que la marcha independiente.
Los manifestantes no pudieron girar en la esquina. Desplegaron ahí otro cordón de policías, tan denso como el que prohibía el paso hacia el malecón.
“Solo Ariel permaneció pegado a mí”, dice Yasmany. “Nos arrastran hacia la patrulla y nos metieron adentro”.
Ariel va en el aire. Cargado por tres policías, sin tocar el suelo, sigue agarrado de Yasmany.
El momento más violento de la marcha gay tuvo algo muy gay. Dos hombres abrazados. El momento más violento tuvo eso de hermoso, kitsch forzado, con ejército de fondo.
Abrazados se los llevaron.
Decenas de policías, mientras tanto, hacen retroceder a los manifestantes hasta la última acera del Prado de La Habana. “¿Quién organizó esta marcha?”, insiste un coronel.
Yasmany y Ariel, en el carro jaula, no ven lo que sigue. Boris González Arenas, un periodista independiente, grita “Libertad”. A secas. No libertad para alguien ni libertad de algo. “Libertad”, como si se vaciara al decirlo, y así, con su grito en los labios, lo cargan hasta el mismo carro. Se les reúnen Iliana Hernández, otra periodista, y una lesbiana de Camagüey que no era activista LGBTI+.
“Creo que ella fue arrestada por error”, dice Ariel. “Estaba muy atemorizada de que la deportaran a su provincia, en ella confluían muchos temores del ciudadano”.
A Oscar Casanella, activista, amigo de Ariel, le rompen la frente y se lo llevan al hospital. En la estación le preguntan “¿Dónde está Oscar?”. Él no sabe, no responde, mira a otro lado.
En el carro hace mucho calor. En la “república gay” de Prado y San Lázaro hace calor. Los manifestantes se quedan un rato, rodeados por patrullas y efectivos, hasta que vienen los oficiales a decirles que se vayan, de una vez, o serán procesados por alterar el orden público o por desacato.
Dejan vacío el islote, se dispersan. A una hora y media del principio de la marcha en el Parque Central queda otra vez bajo control la esquina donde ocurrió el Stonewall de La Habana.
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Instituto Auschwitz trabajando herramientas contra la discriminación en El Salvador
Se realizaron un conversatorio el 20 de septiembre en Suchitoto
SUCHITOTO, El Salvador — En palabras de colaboradoras del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio (AIPG por sus siglas en ingles); este utiliza la educación, la formación y la asistencia técnica para apoyar a los Estados en el desarrollo o fortalecimiento de políticas y prácticas para la prevención del genocidio y otras atrocidades masivas. También fomentan y apoyan la cooperación de los Estados a través de redes regionales e internacionales para avanzar en la prevención.
Más de siete décadas después del Holocausto, el genocidio y otras atrocidades masivas siguen siendo una amenaza para la paz y la seguridad mundiales. Por lo que el AIPG le apuesta a la prevención eficaz del genocidio con un enfoque multidimensional de la educación.
El programa para América Latina desde el año 2012, ejerce un rol de Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, una plataforma regional conformada por 18 estados miembros, cuya misión es promover prácticas sostenibles de prevención en la región, así como priorizar prevención dentro de las agendas de derechos humanos de sus países.
En el marco de acción y acuerdos establecidos por dicha red, se identificó como prioridad de trabajo la protección de personas migrantes desde un enfoque de prevención. De allí que desde el 2019, AIPG desarrolla proyectos de prevención aplicados a la situación de las personas en movilidad humana, en países como Colombia, Ecuador, Brasil y ahora El Salvador.
Por ello, en el municipio de Suchitoto, del departamento de Cuscatlán en El Salvador, se realizaron un conversatorio el 20 de septiembre con varias de las organizaciones que conforman la Federación Salvadoreña LGBTI (FESLGBTI) y la organización Huellas de Suchitoto; el cual ya es la segunda fase del proceso para elaborar un diagnóstico sobre la situación de comunidades en movilidad humana en El Salvador, dando como resultado herramientas de lucha contra la discriminación.
Dichas herramientas deben ser viables y efectivas en la prevención de la discriminación, para ello también quieren entender las situaciones de violencia que puede experimentar la población LGBTQ en El Salvador y por qué toman la decisión de migrar del territorio.
En el Diagnóstico Actualizado sobre la Situación de Comunidades en Movilidad Humana en El Salvador, realizado por el AIPG, lograron identificar que un 45 por ciento tomaban la decisión de migrar por factores de violencia e inseguridad, mientras que un 48 por ciento identificaban factores económicos, sociales y culturales como lo que les hacia tomar dicha decisión.
Y ante toda la información recabada, entre los puntos que pudieron concluir es que existe deficiencia en las instituciones estatales en el registro de personas migrantes con necesidades de atención y protección, como también que no hay reportes de acceso público de carácter cualitativo sobre atención y servicios prestados a personas migrantes, entre otros puntos.
Por ello entre las recomendaciones que comparten está el establecer programas de orientación y apoyo a nivel local para las familias afectadas por la migración, como también adoptar políticas públicas y medidas necesarias para combatir la discriminación a todos los niveles.
De acuerdo con Fanny de la Organización HT El Salvador, hay mucho desconocimiento por parte de la misma población LGBTQ salvadoreña, sobre lo que trabajan las organizaciones LGBTQ en el país y esto provoca que no sepan que hacer o a quienes acudir, por lo que deciden migrar.
Estas decisiones conducen a caminos desconocidos que pueden llegar a temas de violencia, pues no se sabe cómo son tratados en el transito hasta el destino que se dirigen, sea este Europa, Sur América, México o Estados Unidos.
“Emigrar es un derecho y el instituto no busca evitarlo, solo identificar factores que causan eso y así poder prevenir grabes violaciones a los Derechos Humanos”, comentó colaboradora del AIPG.
Según Gabriel Escobar de COMCAVIS TRANS El Salvador, existe mucha desinformación sobre los temas de migración, “la población LGBT se crea falsas expectativas sobre los países de destino a migrar”, sobre esto hace alusión sobre las leyes que sancionan a personas que ayudan a migrantes, como en el caso de Suiza.
País el cual, en el artículo 116 de la Ley de Extranjería, menciona que “se castigará con una pena de privación de libertad de un año o más o con una pena pecuniaria a toda persona que: en Suiza o en el extranjero, facilite la entrada, salida o estancia ilegal de un extranjero o participe en los preparativos para tal efecto”.
Situación que pone en peligro a la población migrante y restringe el derecho de migración de los mismos. Personas que por diversos motivos han tomado la decisión de dejar su país y aventurarse a llegar a nuevas tierras.
“Hay que verlo desde varias aristas, una puede ser que la vida de la persona está en peligro y otra es que desde la discriminación en las escuelas, problemas para poder alquilar una casa, falta de oportunidad laborales, no hay políticas públicas inclusivas y mucho menos la voluntad política de ayudar”, menciona Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría.
Haciendo alusión así de algunas razones por las cuales las personas LGBTQ de El Salvador, pueden tomar la decisión de dejar el país. Agregando así la promoción de discursos de odio desde la política al externar no apoyar el matrimonio igualitario, como tampoco una ley de identidad, hasta la censura a nivel nacional de un programa educativo en el canal estatal, por el hecho de hablar de diversidad sexual.
Pero más allá de todos estos escenarios de discriminación vividos por las personas LGBTQ, de acuerdo con Grace Jiménez de la Casa Rosada, “la discriminación comienza desde que nacemos y se te asigna un sexo de acuerdo a tus genitales, con ello va una serie de roles que debes cumplir”.
Con lo cual el AIPG recolectó diversas opiniones sobre el estigma, los prejuicios y la discriminación que se vive, lo que ayuda en la toma de decisiones de las diversas personas LGBTQ que migran. Esto ayudará en la siguiente fase que el instituto llevará a cabo para tener los resultados esperados.
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Asesinan a Soraya Álvarez, activista trans hondureña
Capturan a hombre que tiró su cuerpo cerca del río Choluteca
TEGUCIGALPA, Honduras — Por pura casualidad se dio la captura del supuesto asesino de Soraya Álvarez.
Los agentes estaban levantando el cadáver de una persona asesinada por asfixia que flotaba en el río Choluteca, en Tegucigalpa, el viernes cerca de las 9:00 p.m., cuando vieron a un hombre que llevaba un cuerpo a cuestas bajo las sombras de la noche.
Cuando la policía le ordenó detenerse, el sujeto tiró el cuerpo al suelo y escapó a toda velocidad. Los agentes lo persiguieron y lograron capturarlo.
El cadáver que había arrojado al suelo era el de la activista trans Soraya Álvarez, integrante del colectivo Muñecas de Arcoíris.
“Se recibió la denuncia de que había un cuerpo flotando en el río Choluteca”, relató a Reportar sin Miedo el subinspector de la Policía Nacional Carlos Valeriano, de la Unidad Metropolitana número 2 en Belén, Comayagüela.
“Esa misma noche [vieron] la sombra de una persona que llevaba algo. Los policías alumbraron a un hombre que llevaba a alguien en la espalda y él tiró el cuerpo y se dio a la fuga. Entonces rápidamente se le dio persecución”.
En la acción policial que tuvo lugar junto al río Choluteca, a la altura de la primera avenida de Comayagüela, la Policía Nacional capturó al hombre de 53 años, de oficio comerciante, por suponerlo responsable del asesinato de Soraya Álvarez.
En el enfrentamiento con los agentes policiales, el supuesto asesino recibió varios golpes, por lo cual tuvo que vendarse la nariz.
En cuanto a Soraya, su cuerpo presentaba heridas en la parte de atrás de la oreja, según las pesquisas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Asimismo, Soraya tenía varios hematomas en la parte de atrás de la cabeza, probablemente producidos con objeto contuso que podrían haberle causado la muerte. Los operadores de justicia están esperando el dictamen de Medicina Forense para conocer las causas oficiales del asesinato.
Con Soraya ya van 40
Soraya Álvarez es la víctima de asesinato número 40 contra personas LGBT+ en Honduras en lo que va de 2023, según el observatorio de la Violencia de la Red Lésbica Cattrachas.
Además, es la persona trans número 11 asesinada en el país durante el año.
El coordinador del Observatorio de la Violencia de Red Lésbica Cattrachas, Nahíl Zerón, dijo a Reportar sin Miedo que el asesinato de Soraya vuelve a poner bajo la lupa la falta de cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández, ya que el Estado de Honduras solo ha cumplido cinco de las 11 medidas medidas de reparación dictadas por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre las medidas más importantes de la sentencia está ofrecer a las personas trans el cambio de nombre. Sin embargo, el gobierno de Xiomara Castro no ha mostrado la voluntad política de hacerlo.
Recientemente, Muñecas de Arcoiris y otras colectivas y organizaciones que pertenecen al Comité de Personas Trans de Honduras realizaron una reunión en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El objetivo de la reunión era hablar sobre una ruta de apoyo a las becas de estudio para las personas trans del país.
“Los avances en derechos de personas LGBTIQ+ tienen un costo político para los partidos y para los gobiernos. Nos deja muy claro que no se quiere avanzar en una temática cuando existe una presión nacional de un contexto fundamentalista conservador”, dijo Nahíl Zerón en el foro regional Justicia sin impunidad ni prejuicios para las personas LGBTIQ+ en Bogotá, Colombia, a principios de septiembre.
Desde la emisión de la sentencia de Vicky Hernández y otras vs Honduras en 2021 han sido asesinadas más de 98 personas de las disidencias sexuales. Sólo el año pasado, Cattrachas registró por lo menos 46 personas asesinadas y dos desaparecidas.
JLo Córdova, de Muñecas de Arcoíris, lamentó profundamente el asesinato de su compañera y al mismo tiempo pidió justicia para ella. Soraya era una joven activista y defensora de los derechos humanos en especial de las personas trans en Honduras recuerda, Córdova.
“Condenamos enérgicamente el asesinato de Soraya Álvarez. Las defensoras trans en Honduras nos están matando. Justicia ya. Y exigimos el cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández”, escribió en la página oficial Muñecas de Arcoíris.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó la muerte violenta de la defensora de derechos humanos Soraya Álvarez.
Asimismo, la Oficina instó a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables, así como garantizar la protección de su familia y organización.
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Mausoleo Tiresias: visibilidad y justicia para mujeres trans
Kenya Cuevas inauguró el primer mausoleo en México para mujeres trans
Texto por HAARÓN ÁLVAREZ Y RODRIGO HERRERA Y FOTOGRAFÍAS DE HAARÓN ÁLVAREZ | Kenya Cuevas, activista trans, fundadora de Casa Muñecas Tiresas, inauguró en conjunto a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, Oyuki Martínez, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Personas Trans de la CDMX y la directora de COPRED Geraldina de la Vega, el primer Mausoleo en el país para las mujeres trans, para que tengan una muerte digna y un lugar para su memoria que respete su identidad de género.
19 personas LGBTQI+ fueron asesinadas en los primeros cinco meses de 2023, más de la mitad mujeres trans, cuyas muertes se suman a por lo menos 453 asesinatos motivados por el odio hacia la comunidad LGBTQI+ de los últimos cinco años, según Letra S.
Este mausoleo que buscaba reconocer y dignificar la vida de mujeres trans que han muerto asesinadas y que comenzó con la colocación de la primera piedra el pasado 22 de mayo, tendrá con una capacidad para 142 cenizas y para seis féretros, el recinto está ubicado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. En palabras de Kenya, “lo que nos une no es la muerte, es la memoria”.
Durante el evento, la alcaldesa, Brugada expresó y brindó su apoyo a la comunidad trans, reconociendo a Kenya Cuevas, por su lucha a favor de esta población de la sociedad.
“Estoy en paz porque estoy cumpliendo con esa promesa que le hice hace siete años a Paola que está aquí en frente. Paola, Hermana, donde quiera que estés, muchas gracias, porque a través de tu nombre hemos logrado abrir una brecha importante en la historia de la comunidad trans, hemos logrado dar visibilidad y también hemos logrado dar justicia a mujeres trans”.
– Kenya Cuevas, activista trans y defensora de derechos humanos.
Kenya Cuevas agradeció a las autoridades presentes de sumarse a su iniciativa, cuyo objetivo era cumplir con la promesa que le hizo a su hermana de vida, Paola Buenrostro. Su asesinato es el primer transfeminicidio reconocido en la ciudad de México.
“Por quienes fueron víctimas de la violencia estructural, por quienes fueron parte de la violencia institucional, porque fueron parte también de esta violencia social, pero sobre todo, estamos en un espacio para que también la muerte sea una muerte digna”.
– Oyuki Martínez, coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Personas Trans de la CDMX vía Agencia Presentes.
En los últimos meses se observa un incremento de la violencia hacia las personas LGBTQI+, particularmente hacia las mujeres trans en medio de un contexto de polarización social, la coyuntura político-electoral y el posicionamiento de campañas que buscan instrumentalizar los prejuicios y estigmas hacia las personas trans con fines partidistas. La tolerancia hacia los discursos de odio no tienen espacio en una sociedad democrática y en paz que necesitamos construir.
En un país donde a siete de cada 10 personas se les niega injustificadamente un derecho por su orientación sexual o identidad de género es más importante que nunca tener cero tolerancia contra cualquier tipo de discriminación y violencia.
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