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Así fue el Stonewall de La Habana

El activismo independiente cubano realizó su propia marcha

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El 11 de mayo, tras la cancelación del desfile LGBTI+ más famoso de Cuba, impulsado por Mariela Castro Espín, el activismo independiente realizó su propia marcha, que terminó disuelta por la policía antes de llegar a su destino. (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 15 de mayo.

LA HABANA — El coronel pregunta a los manifestantes: “¿Quién organizó esta marcha?” Responde una mujer que nadie conoce, pequeña, de unos cincuenta años: “No la organizó nadie, esta marcha es de todos”.

La policía hace retroceder a la mujer, junto al resto de la gente que ya cruzaba la calle. El coronel camina hacia el Prado de La Habana. Va escoltado por decenas de uniformados que se cierran en torno a cientos de personas y las obligan a subir a la acera en el último tramo del paseo.

La marcha iba hacia el mar, a topar con el muro del malecón, junto al castillo de La Punta, cuando se interpusieron las patrullas, los camiones, una guagua del transporte público que traía más policías y que fue ofrecida a los manifestantes para irse, si estaban de acuerdo, a una fiesta gay organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la institución que dirige Mariela Castro Espín, la diputada, la hija de Raúl y la sobrina de Fidel.

Nadie sube.

Los manifestantes quedan sobre un islote, sitiados por un cordón de agentes y automóviles. “Una república gay”, dijo alguien. Como no pueden seguir y ahora están varados, algunos de los manifestantes suben a los bancos y se besan envueltos en banderas del arcoíris. Miran a la policía y se besan.

“Si nos dejan llegar al malecón, ya no seríamos cientos, seríamos miles”, dice Ariel Ruiz Urquiola, un biólogo que se convirtió en campesino y luego en preso de conciencia, condenado a prisión en un proceso sumario por llamar “guardia rural” a un guardabosques que lo acosaba en su finca de Viñales, al occidente de Cuba.

“Yo no conocía a ninguno de los activistas, no conocía a nadie, pero eso no me excluía de mi gremio”.

Ariel es gay, pero nunca estuvo en una marcha LGBTI+. En la tarde del 11 de mayo, volvió a un calabozo por primera vez desde que le otorgaron una licencia extrapenal en 2017 porque estaba casi muerto, en huelga de hambre.

“Era evidente que la marcha no estaba bien organizada ni tenía ningún tipo de soporte material, no había muchas banderas, no había carteles”, recuerda.

“Éramos como una pandilla que iba a una fiesta, aunque no sabíamos dónde estaba la fiesta porque no había nadie dirigiendo aquello”.

Los activistas se reunieron en el Parque Central, a la poca sombra que da la estatua de Martí, un Martí con el dedo apuntando hacia La Habana Vieja. En esa dirección apareció el único atrezo: una motocicleta que ondeaba la bandera LGBTI+ encima de la bandera cubana.  

“Soy Yasmany Sánchez Pérez, estudiante de agronomía del curso por encuentros, de licencia porque estoy revalorizando mis prioridades”, se presenta, por fin, el muchacho que iba al frente de la marcha, de blanco, con el arcoíris en la mejilla. Cuando fue arrestado, mientras discutía con la policía y les decía que la marcha no iba a parar, nadie sabía quién era.  

“Descubrí en las redes sociales que se había suspendido la marcha y que había sido obra del Cenesex y eso me indignó mucho”, cuenta.

La Conga contra la Homofobia y la Transfobia era una exhibición de fuerza que Mariela Castro Espín ensayó en 2007 y duró una década, como parte de las Jornadas que Cenesex prepara cada año para promover la igualdad del colectivo LGBTI+ y, de paso, hacerle buena propaganda a la Revolución cubana, que no consigue disipar su fama de homofóbica.

En la década del 60, los homosexuales fueron a campos de trabajo forzado en Cuba. En los años 70 se les expulsó del trabajo y de la universidad. A principios de los 80 se les ofreció exiliarse por el puerto del Mariel. Para la segunda mitad de esa misma década, muchos acabaron internados en los denominados sanatorios del Sida.

El Cenesex comunicó la cancelación en una nota parca, presentada como un simple “ajuste al programa” con vagos apuntes sobre “nuevas tensiones” que trastornan “nuestra vida cotidiana”.  

Pocos días después, ante la reacción de los activistas y el anuncio de una concentración independiente en el Parque Central, Cenesex publicó otro comunicado, menos impreciso que el primero, donde relacionaba la crisis política venezolana y la política estadounidense con grupos en la Isla que usarían la conga para promover su agenda. En el texto abundan las denuncias, pero no se adjuntó ninguna prueba. Y se esperaba que la comunidad lo diera por bueno y aceptara suspender las marchas anunciadas en algunas ciudades de la Isla.

“La marcha fue pobre, no era una fiesta” semejante a las congas que encabezaba Mariela Castro Espín, compara Ariel. “Había muy poco colorido”, dice. “Lo que más se coreó fue ‘Cuba diversa’, ‘Queremos una Cuba diversa, una Cuba inclusiva'”.

También gritaron, al menos una vez, “No queremos conga”.

El Prado no es un paseo largo. Al principio se ubican unos vendedores de artesanías y algunos artistas ambulantes. Al centro, la marcha debió evitar unas piezas emplazadas hace pocas semanas para la Bienal de Arte de La Habana. “No queremos conga” fue la frase de la mitad del camino, cuando parecía que tenían, al fin, su propia marcha. Al final del Prado hay una estatua de Juan Clemente Zenea, un poeta fusilado en el siglo XIX. De ahí no pudieron pasar, ahí se produjo el Stonewall cubano.

“Cuando vi que al final del paseo las autoridades de la Seguridad del Estado estaban tratando de impedir la marcha, mi indignación aumentó y alcé mi voz”, dice Yasmany. Les dijo, entrecortado, que marchar es un derecho ciudadano.

“Yasmany Sánchez no era un activista”, advierte Ariel. “Pero ese muchacho se convirtió, en ese mismo instante, en el líder de la manifestación”.

Ni Ariel ni Yasmany eran activistas LGBTI+ conocidos. Ni se conocían entre sí.

Fue el muro del último tramo lo que provocó a Yasmany a ir más lejos, a discutir con un oficial vestido de civil. Fue Yasmany, detenido por ese muro, diciendo a todos “Me llevan preso”, lo que provocó a Ariel a retenerlo con un abrazo.

“Oigo que decía, ‘Me están llevando preso, que el mundo sepa que me están llevando preso’, y mi instinto es abrazarlo para evitar que se lo lleven. Yo lo agarro para protegerlo. Y la policía empieza a forcejear con su cuerpo y con el mío”.

Son un nudo de brazos y piernas, Ariel y Yasmany, la policía, justo en la esquina de San Lázaro, porque la marcha estuvo a punto doblar esa esquina, una de las más agudas de La Habana, para seguir al Echeverría, un antiguo club privado que se convirtió, bajo la Revolución cubana, en un centro recreativo para obreros. Ahí convidó Mariela Castro a una fiesta, a la misma hora que la marcha independiente.

Los manifestantes no pudieron girar en la esquina. Desplegaron ahí otro cordón de policías, tan denso como el que prohibía el paso hacia el malecón.  

“Solo Ariel permaneció pegado a mí”, dice Yasmany. “Nos arrastran hacia la patrulla y nos metieron adentro”.

Ariel va en el aire. Cargado por tres policías, sin tocar el suelo, sigue agarrado de Yasmany.

El momento más violento de la marcha gay tuvo algo muy gay. Dos hombres abrazados. El momento más violento tuvo eso de hermoso, kitsch forzado, con ejército de fondo.

Abrazados se los llevaron.

Decenas de policías, mientras tanto, hacen retroceder a los manifestantes hasta la última acera del Prado de La Habana. “¿Quién organizó esta marcha?”, insiste un coronel.

Yasmany y Ariel, en el carro jaula, no ven lo que sigue. Boris González Arenas, un periodista independiente, grita “Libertad”. A secas. No libertad para alguien ni libertad de algo. “Libertad”, como si se vaciara al decirlo, y así, con su grito en los labios, lo cargan hasta el mismo carro. Se les reúnen Iliana Hernández, otra periodista, y una lesbiana de Camagüey que no era activista LGBTI+.  

“Creo que ella fue arrestada por error”, dice Ariel. “Estaba muy atemorizada de que la deportaran a su provincia, en ella confluían muchos temores del ciudadano”.

Policía confrontan a participantes de una marcha LGBTI no sancionada por el gobierno cubano que realizó en La Habana el 11 de mayo de 2019. (Foto cortesía de Pedro Luis García)

A Oscar Casanella, activista, amigo de Ariel, le rompen la frente y se lo llevan al hospital. En la estación le preguntan “¿Dónde está Oscar?”. Él no sabe, no responde, mira a otro lado.

En el carro hace mucho calor. En la “república gay” de Prado y San Lázaro hace calor. Los manifestantes se quedan un rato, rodeados por patrullas y efectivos, hasta que vienen los oficiales a decirles que se vayan, de una vez, o serán procesados por alterar el orden público o por desacato.

Dejan vacío el islote, se dispersan. A una hora y media del principio de la marcha en el Parque Central queda otra vez bajo control la esquina donde ocurrió el Stonewall de La Habana.

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The university that refuses to let go

Joanna Cifredo is a trans woman participating in University of Puerto Rico strike

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Joanna Cifredo outside the University of Puerto Rico campus in Mayagüez, Puerto Rico. (Washington Blade photo by Ignacio Estrada Cepero)

Over the past days, I have been walking with a question that refuses to leave me. Not the kind of question you answer from a desk or from a distance, but one that grows out of what you witness in real time, at the gates, in the faces of those who remain there without knowing how any of this will end. What is truly happening inside the University of Puerto Rico, and why have so many students decided to risk everything at a moment when they can least afford to lose anything.

I write as someone who lives just steps away from the Río Piedras campus. These days, the silence has replaced the constant movement that once defined this space. The absence is felt in every corner where students used to pass at all hours. Since arriving in Puerto Rico three years ago, I have come to know firsthand stories that rarely make it into reports or official statements. One of the reasons I chose to stay was precisely this, to serve the university community, to help create a space where students could find something as basic as a safe meal at night and, in some way, ease burdens that are often carried in silence.

I have listened, asked questions, and tried to understand without imposing answers. What I have found is not a collective outburst or a generational whim. What exists is a fracture, a deep break between those making decisions and those living with their consequences every single day.

There has been an effort to reduce this strike to an issue of order, scheduling, or academic disruption. Conversations revolve around missed classes, delayed semesters, and students supposedly unaware of the consequences of their actions. What is rarely addressed are the conditions that lead an entire student body to pause its own future to sustain a protest that offers no guarantees.

Because that is the reality. These are students who fully understand what they are risking, and yet they remain. When someone reaches that point, the least they deserve is not judgment, but to be heard.

From the outside, there have also been attempts to discredit what is happening. Familiar narratives are repeated, legitimacy is questioned, and doubt is cast over intentions. It is easier to do that than to acknowledge that this did not begin at the gates, but long before, in decisions made without building trust.

And something must be said clearly. This is not limited to the gates of Río Piedras. What we are witnessing extends across every unit of the University of Puerto Rico system. Mayagüez, Ponce, Arecibo, Bayamón, Cayey, Humacao, Carolina, Aguadilla, Utuado, and the Medical Sciences Campus. This is not an isolated reaction. It is a movement that runs through the entire institution. Río Piedras may be more visible, but it is not alone. What is happening there reflects a broader unrest felt across the system.

Within that context, one demand has grown increasingly present, the call for the resignation of University of Puerto Rico President Zayira Jordán Conde. This is not the voice of a small group. It reflects a deeper level of mistrust that has spread across multiple campuses.

The Puerto Rican Association of University Professors has also made it clear that this is not solely a student issue. There is real concern among faculty, and a shared recognition of the conditions currently shaping the university. When students and professors arrive at the same conclusion, the problem can no longer be minimized.

Meanwhile, the administration continues to speak in the language of dialogue. But dialogue is not a word, it is a practice. And when trust has been broken, it cannot be restored through statements alone, but through decisions that prove a willingness to truly listen.

In the midst of all of this, there are voices that cannot be ignored. Voices grounded not in theory, but in lived experience. One of them is Joanna Cifredo, a student at the Mayagüez campus, a young Puerto Rican trans woman, and someone widely recognized for her advocacy.

I spoke with her in recent days. What follows is her voice, exactly as it is.

How would you describe what is happening inside the University of Puerto Rico right now, beyond what people see from the outside?

Estamos viviendo momentos muy difíciles, en el sentido de que hay mucha incertidumbre y una presión constante por parte de la administración para reabrir el recinto, pero, entre todo el caos e inestabilidad provocado por las decisiones de esta administración, también hemos vivido momentos muy poderosos. Esta lucha ha sacado lo mejor de nuestra comunidad.

Lo vimos en las asambleas y plenos, donde 1,500, 1,700, hasta 1,800 estudiantes llegaron —bajo lluvia, bajo advertencias de inundaciones— y aun así se quedaron, participaron y votaron a favor de una manifestación indefinida hasta que se atiendan nuestros reclamos.

He conocido a tantas personas en los diferentes portones, estudiantes graduados, aletas, estudiantes de intercambio, estudiantes de todo tipo de concentraciones y se unieron para apoyar el movimiento estudiantil. Estudiantes que vienen a los portones después del trabajo o antes de trabajar. Estudiantes que vienen a dejar agua y suministros entre turnos de trabajo. Viejitos que vienen a los portones con desayuno, almuerzo o cena.

Más allá de lo que se ve desde afuera, lo que estamos viviendo es una mezcla de tensión y resistencia, pero también de comunidad, solidaridad y compromiso colectivo.

Much of what is discussed remains at the level of headlines or social media. From your direct experience, what specific decisions or actions from the administration have led to this level of mobilization?

Desde el inicio, la designación de la Dra. Zayira Jordán Conde careció de respaldo dentro de la comunidad universitaria. No contaba con experiencia administrativa en la UPR ni con un conocimiento básico de nuestros procesos, cultura y reglamentos. Por eso, en asamblea, el estudiantado votó para solicitarle a la Junta de Gobierno que no considerara su candidatura, y múltiples organizaciones docentes hicieron lo mismo. Existía un consenso amplio de que no tenía la experiencia necesaria para liderar una institución como la nuestra.

A pesar de ese rechazo claro, la Junta de Gobierno decidió ignorar los reclamos de la comunidad universitaria e imponer su nombramiento.

Una vez en el cargo, su estilo de gobernanza ha sido poco transparente y poco colaborativo. Sin embargo, el detonante principal de la movilización en el Recinto Universitario de Mayagüez fue su decisión de destituir, de manera unilateral y en medio del semestre, a cinco rectores, incluyendo al nuestro, el Dr. Agustín Rullán Toro, para reemplazarlo por un rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz.

Esta acción, tomada de forma abrupta, provocó de inmediato un clima de caos e inestabilidad dentro de la institución. Y deja una pregunta inevitable: ¿no anticipó el impacto de esa decisión, lo que evidenciaría una falta de experiencia? ¿O lo anticipó y aun así decidió proceder? No está claro cuál de las dos es más preocupante.

Además, esta decisión tuvo consecuencias concretas para el estudiantado, incluyendo el retiro de becas educativas para nuevos integrantes del RUM por parte de la Fundación Ceiba, que calificó la movida como “sorprendente” y “preocupante”. Decisiones impulsivas como la que tomó la presidenta ponen en peligro la estabilidad de nuestra institución y la acreditación de la universidad.

As a trans woman within this movement, how does your identity intersect with what is happening, and why does this also shape the future of people like you?

Soy una de varias chicas trans que formamos parte activa de este movimiento estudiantil.

For those outside the UPR who believe this does not affect them, what are the real consequences of this crisis?

La Universidad de Puerto Rico se fundó para servir al pueblo.

It is impossible to overstate the role the University of Puerto Rico and its students have played in shaping the social, cultural, and economic life of this country. Its impact extends into science, medicine, and every profession that has sustained Puerto Rico over time. No other educational institution has contributed more.

After listening to her, one thing becomes undeniable. This is not just another protest, but a generation refusing to let go of what little remains within its reach. And when a generation reaches that point, the issue is no longer the strike, the issue becomes the country itself.

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La X vuelve al tribunal

Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico

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(Foto de Sergei Gnatuk via Bigstock)

Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.

Hoy el escenario es distinto.

La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.

Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.

El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.

En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.

La diferencia radica en la aplicación.

El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.

El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.

Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.

El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.

Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.

Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.

Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.

Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.

El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.

A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.

Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.

El debate ya no es teórico.

Ahora es judicial. 

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Cuba

Cuba bajo presión y sin respuestas

Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir

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La Habana en 2017. (Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.

Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.

Pero esa es solo una parte.

Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.

Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.

La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.

Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.

Entonces la pregunta sigue siendo la misma.

Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?

¿Dónde fue a parar ese recurso?

¿Dónde está el dinero que generó?

Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.

Hay una historia más larga que no se puede ignorar.

Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.

Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.

Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.

Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.

Y hay algo más duro.

Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.

Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.

¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?

Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.

La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.

Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.

Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.

Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.

Esa es la contradicción.

El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.

Pero hay otra pregunta que también está ahí.

¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?

La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.

Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.

Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.

Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.

Esa parte no se puede seguir esquivando.

Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.

Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.

Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.

Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.

Nota del editor: Una versión de este comentario en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el 7 de abril.

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