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Así fue el Stonewall de La Habana

El activismo independiente cubano realizó su propia marcha

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El 11 de mayo, tras la cancelación del desfile LGBTI+ más famoso de Cuba, impulsado por Mariela Castro Espín, el activismo independiente realizó su propia marcha, que terminó disuelta por la policía antes de llegar a su destino. (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Nota del editor: Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió originalmente en su sitio web el 15 de mayo.

LA HABANA — El coronel pregunta a los manifestantes: “¿Quién organizó esta marcha?” Responde una mujer que nadie conoce, pequeña, de unos cincuenta años: “No la organizó nadie, esta marcha es de todos”.

La policía hace retroceder a la mujer, junto al resto de la gente que ya cruzaba la calle. El coronel camina hacia el Prado de La Habana. Va escoltado por decenas de uniformados que se cierran en torno a cientos de personas y las obligan a subir a la acera en el último tramo del paseo.

La marcha iba hacia el mar, a topar con el muro del malecón, junto al castillo de La Punta, cuando se interpusieron las patrullas, los camiones, una guagua del transporte público que traía más policías y que fue ofrecida a los manifestantes para irse, si estaban de acuerdo, a una fiesta gay organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la institución que dirige Mariela Castro Espín, la diputada, la hija de Raúl y la sobrina de Fidel.

Nadie sube.

Los manifestantes quedan sobre un islote, sitiados por un cordón de agentes y automóviles. “Una república gay”, dijo alguien. Como no pueden seguir y ahora están varados, algunos de los manifestantes suben a los bancos y se besan envueltos en banderas del arcoíris. Miran a la policía y se besan.

“Si nos dejan llegar al malecón, ya no seríamos cientos, seríamos miles”, dice Ariel Ruiz Urquiola, un biólogo que se convirtió en campesino y luego en preso de conciencia, condenado a prisión en un proceso sumario por llamar “guardia rural” a un guardabosques que lo acosaba en su finca de Viñales, al occidente de Cuba.

“Yo no conocía a ninguno de los activistas, no conocía a nadie, pero eso no me excluía de mi gremio”.

Ariel es gay, pero nunca estuvo en una marcha LGBTI+. En la tarde del 11 de mayo, volvió a un calabozo por primera vez desde que le otorgaron una licencia extrapenal en 2017 porque estaba casi muerto, en huelga de hambre.

“Era evidente que la marcha no estaba bien organizada ni tenía ningún tipo de soporte material, no había muchas banderas, no había carteles”, recuerda.

“Éramos como una pandilla que iba a una fiesta, aunque no sabíamos dónde estaba la fiesta porque no había nadie dirigiendo aquello”.

Los activistas se reunieron en el Parque Central, a la poca sombra que da la estatua de Martí, un Martí con el dedo apuntando hacia La Habana Vieja. En esa dirección apareció el único atrezo: una motocicleta que ondeaba la bandera LGBTI+ encima de la bandera cubana.  

“Soy Yasmany Sánchez Pérez, estudiante de agronomía del curso por encuentros, de licencia porque estoy revalorizando mis prioridades”, se presenta, por fin, el muchacho que iba al frente de la marcha, de blanco, con el arcoíris en la mejilla. Cuando fue arrestado, mientras discutía con la policía y les decía que la marcha no iba a parar, nadie sabía quién era.  

“Descubrí en las redes sociales que se había suspendido la marcha y que había sido obra del Cenesex y eso me indignó mucho”, cuenta.

La Conga contra la Homofobia y la Transfobia era una exhibición de fuerza que Mariela Castro Espín ensayó en 2007 y duró una década, como parte de las Jornadas que Cenesex prepara cada año para promover la igualdad del colectivo LGBTI+ y, de paso, hacerle buena propaganda a la Revolución cubana, que no consigue disipar su fama de homofóbica.

En la década del 60, los homosexuales fueron a campos de trabajo forzado en Cuba. En los años 70 se les expulsó del trabajo y de la universidad. A principios de los 80 se les ofreció exiliarse por el puerto del Mariel. Para la segunda mitad de esa misma década, muchos acabaron internados en los denominados sanatorios del Sida.

El Cenesex comunicó la cancelación en una nota parca, presentada como un simple “ajuste al programa” con vagos apuntes sobre “nuevas tensiones” que trastornan “nuestra vida cotidiana”.  

Pocos días después, ante la reacción de los activistas y el anuncio de una concentración independiente en el Parque Central, Cenesex publicó otro comunicado, menos impreciso que el primero, donde relacionaba la crisis política venezolana y la política estadounidense con grupos en la Isla que usarían la conga para promover su agenda. En el texto abundan las denuncias, pero no se adjuntó ninguna prueba. Y se esperaba que la comunidad lo diera por bueno y aceptara suspender las marchas anunciadas en algunas ciudades de la Isla.

“La marcha fue pobre, no era una fiesta” semejante a las congas que encabezaba Mariela Castro Espín, compara Ariel. “Había muy poco colorido”, dice. “Lo que más se coreó fue ‘Cuba diversa’, ‘Queremos una Cuba diversa, una Cuba inclusiva'”.

También gritaron, al menos una vez, “No queremos conga”.

El Prado no es un paseo largo. Al principio se ubican unos vendedores de artesanías y algunos artistas ambulantes. Al centro, la marcha debió evitar unas piezas emplazadas hace pocas semanas para la Bienal de Arte de La Habana. “No queremos conga” fue la frase de la mitad del camino, cuando parecía que tenían, al fin, su propia marcha. Al final del Prado hay una estatua de Juan Clemente Zenea, un poeta fusilado en el siglo XIX. De ahí no pudieron pasar, ahí se produjo el Stonewall cubano.

“Cuando vi que al final del paseo las autoridades de la Seguridad del Estado estaban tratando de impedir la marcha, mi indignación aumentó y alcé mi voz”, dice Yasmany. Les dijo, entrecortado, que marchar es un derecho ciudadano.

“Yasmany Sánchez no era un activista”, advierte Ariel. “Pero ese muchacho se convirtió, en ese mismo instante, en el líder de la manifestación”.

Ni Ariel ni Yasmany eran activistas LGBTI+ conocidos. Ni se conocían entre sí.

Fue el muro del último tramo lo que provocó a Yasmany a ir más lejos, a discutir con un oficial vestido de civil. Fue Yasmany, detenido por ese muro, diciendo a todos “Me llevan preso”, lo que provocó a Ariel a retenerlo con un abrazo.

“Oigo que decía, ‘Me están llevando preso, que el mundo sepa que me están llevando preso’, y mi instinto es abrazarlo para evitar que se lo lleven. Yo lo agarro para protegerlo. Y la policía empieza a forcejear con su cuerpo y con el mío”.

Son un nudo de brazos y piernas, Ariel y Yasmany, la policía, justo en la esquina de San Lázaro, porque la marcha estuvo a punto doblar esa esquina, una de las más agudas de La Habana, para seguir al Echeverría, un antiguo club privado que se convirtió, bajo la Revolución cubana, en un centro recreativo para obreros. Ahí convidó Mariela Castro a una fiesta, a la misma hora que la marcha independiente.

Los manifestantes no pudieron girar en la esquina. Desplegaron ahí otro cordón de policías, tan denso como el que prohibía el paso hacia el malecón.  

“Solo Ariel permaneció pegado a mí”, dice Yasmany. “Nos arrastran hacia la patrulla y nos metieron adentro”.

Ariel va en el aire. Cargado por tres policías, sin tocar el suelo, sigue agarrado de Yasmany.

El momento más violento de la marcha gay tuvo algo muy gay. Dos hombres abrazados. El momento más violento tuvo eso de hermoso, kitsch forzado, con ejército de fondo.

Abrazados se los llevaron.

Decenas de policías, mientras tanto, hacen retroceder a los manifestantes hasta la última acera del Prado de La Habana. “¿Quién organizó esta marcha?”, insiste un coronel.

Yasmany y Ariel, en el carro jaula, no ven lo que sigue. Boris González Arenas, un periodista independiente, grita “Libertad”. A secas. No libertad para alguien ni libertad de algo. “Libertad”, como si se vaciara al decirlo, y así, con su grito en los labios, lo cargan hasta el mismo carro. Se les reúnen Iliana Hernández, otra periodista, y una lesbiana de Camagüey que no era activista LGBTI+.  

“Creo que ella fue arrestada por error”, dice Ariel. “Estaba muy atemorizada de que la deportaran a su provincia, en ella confluían muchos temores del ciudadano”.

Policía confrontan a participantes de una marcha LGBTI no sancionada por el gobierno cubano que realizó en La Habana el 11 de mayo de 2019. (Foto cortesía de Pedro Luis García)

A Oscar Casanella, activista, amigo de Ariel, le rompen la frente y se lo llevan al hospital. En la estación le preguntan “¿Dónde está Oscar?”. Él no sabe, no responde, mira a otro lado.

En el carro hace mucho calor. En la “república gay” de Prado y San Lázaro hace calor. Los manifestantes se quedan un rato, rodeados por patrullas y efectivos, hasta que vienen los oficiales a decirles que se vayan, de una vez, o serán procesados por alterar el orden público o por desacato.

Dejan vacío el islote, se dispersan. A una hora y media del principio de la marcha en el Parque Central queda otra vez bajo control la esquina donde ocurrió el Stonewall de La Habana.

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Odio en Guatemala: Parte I

10 años de políticas LGBTQ

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(Imagen cortesía de Astrid Morales)

 

Nota del editor: Esta investigación se realizó con el apoyo de la iniciativa ¡Exprésate! de la International Women’s Media Foundation. El Washington Blade la publicará en tres partes.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, en Guatemala algunas poblaciones reciben protección desigual.

A pesar de ser firmante de varios convenios internacionales relacionados a los derechos de las personas LGBTI, el Estado continúa priorizando a las personas y la familia heterosexual, mostrando una postura conservadora y antiderechos.

La falta de políticas públicas que reconozcan y permitan a las personas de la comunidad LGBTI tener acceso a derechos básicos como lo son la identidad de género e identificación, vivienda, salud, empleo digno y seguro, y la familia, las vuelve una de las poblaciones más vulnerables.

Desde hace más de 25 años sus integrantes se han organizado para exigir sus derechos. El espacio en el que han tenido más incidencia es en el de la salud, aunque se les relega principalmente al tema del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, cuando requieren una asistencia de salud integral.

En otros ámbitos, no se ven ni se nombran. Para las autoridades parece que no existen aunque algunas instituciones los reconozcan en sus registros oficiales.

Esta línea de tiempo recorre las acciones que ha tomado el Estado de Guatemala desde 2010, las cuales muestran el desinterés en brindar soluciones reales y que respondan a las exigencias de estas poblaciones históricamente desprotegidas y violentadas.

2010

  • Guatemala calcula por primera vez el número de personas con VIH. Son 20,591 casos, entre 1984 y 2009. El Gobierno de Álvaro Colom identifica a la comunidad LGBTI como una población de riesgo, pero no les ofrece una atención de salud integral.
  • La Red Nacional de la Diversidad Sexual (REDNADS), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsa el “Plan Estratégico Nacional de Salud y Derechos de la Diversidad Sexual”. El documento propone una guía de trabajo en materia de salud y derechos para trabajadores de salud y grupos de base comunitaria.

2011

  • El Gobierno de Guatemala firma una declaración del Consejo de DDHH de la ONU para detener la violencia contra la comunidad LGBTI, pero el acuerdo se queda en papel porque no se establecen directrices claras para erradicar el problema.
  • La Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS) empieza a impulsar la aprobación de una ley que busca que las personas transgénero y transexuales puedan rectificar sus documentos para que muestren una identidad de acuerdo con su identidad de género adoptada. Diez años después esta ley sigue sin aprobarse.

2012

  • El Sistema Penitenciario vulnera los derechos de las personas trans al ordenar que todas las personas privadas de libertad deben vestir acorde a su género asignado al nacer. “Por antecedentes relacionados o fugas, a partir de la presente fecha los privados de libertad homosexuales deberán vestir en todo momento la vestimenta según su género natural (hombres homosexuales como hombres con el cabello recortado, mujeres lesbianas como mujeres) conforme corresponde”, manifestó el Subdirector Operativo del Sistema Penitenciario, Eddy Fisher Arbizú, en una circular.

2013

  • El presidente Otto Pérez Molina declara durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que el Estado de Guatemala está en contra de las personas homosexuales y el aborto.
  • “La base de la sociedad guatemalteca es la familia y vamos a cumplir con los valores y la ética que manda la Constitución”, expresó ante un grupo de manifestantes que se reunieron frente al lugar donde se hizo la asamblea.
  • En una reunión de la Organización de Estados Americanos, en Antigua Guatemala, se conoce la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación y Tolerancia. Al año 2021 han firmado 12 de 34 países.  Guatemala, a pesar de haber sido el país anfitrión, aún no ha firmado.

2014

  • La Procuraduría de los Derechos Humanos crea la Defensoría de la Diversidad Sexual, la cual protege los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
  • La Policía Nacional Civil incorpora la categoría LGBTI en los formularios para presentar denuncias y la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, da la instrucción de que los fiscales, al momento de investigar casos, deberán tomar en cuenta que la orientación sexual e identidad de género pueden ser motivos de discriminación.

2015

  • Sandra Morán, del Partido Winaq, se convierte en la primera diputada abiertamente lesbiana en el Congreso.
  • El Ministerio de Salud Pública aprueba una estrategia de atención diferenciada en salud a la población trans, para atender de forma integral a las personas trans, sin estigma, exclusión o discriminación. Hasta 2021 la estrategia sigue inactiva debido a la falta de voluntad política del Estado.

2016

  • El 19 de abril Karla Reyes, mujer trans, es asesinada por su conviviente.
  • En noviembre de 2017 el Tribunal de Puerto Barrios dicta la sentencia de 7 años de prisión para el asesino. Este es un caso emblemático porque es la primera vez que un tribunal reconoce que una persona es víctima de homicidio por ser de la comunidad LGBTI.

2017

  • La congresista Sandra Morán (Convergencia CPO-CRD) presenta la Iniciativa de Ley para sancionar los crímenes por prejuicio, la cual busca incluir como agravante en el Código Penal el desprecio a una persona por orientación sexual, identidad y expresión de género. La propuesta fue rechazada.
  • Los diputados Ronald Arango (Todos), Edgar Sandoval Trigueros (FCN-Nación) y otros 11 congresistas presentan una iniciativa que busca incluir en el Código Penal una condena de prisión de dos a ocho años y multas de tres mil a seis mil quetzales a quienes promuevan el odio, hostilidad o violencia por motivos de racismo, machismo, homofobia, transfobia, clasismo, misoginia.  A pesar de haber recibido un dictamen favorable, la iniciativa no ha tenido más avances.

2018

  • El diputado Aníbal Rojas (VIVA) y otros 16 ponentes presentan la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual criminaliza el aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer, así nacidos, se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos (…). Se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (…), se lee en la propuesta.
  • La investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) de Guatemala titulada “La criminalización de la población LGBTI en los registros policiales 1960-1990” evidencia que la Policía Nacional (PN) detuvo ilegalmente y criminalizó al menos a 156 personas por su identidad de género o por su orientación sexual.
  • Los congresistas Sandra Morán y Walter Félix López (Bloque Convergencia) presentan la Iniciativa Ley de identidad de género, que busca que las personas trans puedan acceder a documentos que reconozcan su identidad de género. La propuesta obtuvo dictamen desfavorable.
  • El Organismo Judicial (OJ) habilita una carceleta en Torre de Tribunales para personas LGBTI y así evitar que sean objeto  de ataques por parte de otras y otros reclusos.

 2019

  • Aldo Dávila es electo como diputado. Es el primer hombre abiertamente gay y VIH positivo en ocupar una curul.
  • Alejandro Giammattei y Sandra Torres expresan su compromiso para aprobar la Ley de Protección de la Vida y la Familia.

“Como madre y guatemalteca, reafirmo mi compromiso con la vida desde su concepción y creo en el matrimonio entre hombre y mujer. La defensa de los valores morales, éticos y espirituales fortalece la unidad nacional” – Sandra Torres. 

“Manifiesto mi apoyo total a la iniciativa 5272 (…) y a cualquier iniciativa de ley que fortalezca los valores y principios que deben sustentar la familia”. – Alejandro Giammattei.  

2020

  • La pandemia de COVID-19 evidencia la desprotección y exclusión de las personas LGBTI, en especial las personas trans, quienes no están consideradas en los servicios de asistencia económica temporal del Estado. Para mitigar una de las necesidades básicas, con el apoyo de AIDS Healthcare Foundation (AFH) Guatemala, la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (Redmmutrans) abre las puertas del Comedor y cocina comunitaria Jackeline Sánchez.
  • Una mujer trans, solicitante de asilo en Guatemala, es asesinada brutalmente. La mujer solicitó protección en 2018, luego de  huir de la violencia de género y la persecución de las pandillas en su país natal, El Salvador. Esto demuestra un vacío para la protección de personas LGBTI que solicitan refugio.

Para conocer más datos sobre lo ocurrido en esta década, descarga nuestra línea de tiempo completa.

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Luis Manuel Otero Alcántara fue desalojado de su casa y trasladado al hospital Calixto García

Artista cubano es líder del Movimiento San Isidro

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Luis Manuel en su primera huelga de hambre y sed, en 2020 (Foto de Katherine Bisquet)

 

Tremenda Nota es el medio socio del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 2 de mayo.

LA HABANA — El artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del Movimiento San Isidro (MSI), fue desalojado de su casa en la madrugada de este domingo y trasladado al hospital Calixto García.

Una nota de la Dirección Provincial de Salud de La Habana, publicada en su página de Facebook oficial, informó que Otero Alcántara llegó al hospital trasladado por una ambulancia, “en estado consciente, y deambulando sin dificultad”.

“Inanición voluntaria referida” es el diagnóstico de Luis Manuel, según la nota.

“Al examen físico no se constatan signos de desnutrición, con presencia de parámetros clínicos y bioquímicos normales”, añade el texto. Más adelante declara que el artista “mantiene una evolución estable”.

La nota, firmada por la dirección del hospital, comenta que Otero Alcántara “se ha mantenido cooperativo con el personal de salud que lo atiende”, sin especificar si mantiene la huelga de hambre y sed que comenzó una semana atrás.

Hasta el momento, no se conocen las circunstancias en que fue desalojado de su casa, en La Habana, conocida por funcionar como sede del MSI.

La escritora Katherine Bisquet, miembro del grupo, dijo en twitter que Luis Manuel fue desalojado sobre las 5 de la madrugada, según confirmaron vecinos.

No obstante, Bisquet dice más adelante que “nadie lo ha visto físicamente” y que “se infiere que fue sacado porque la puerta está cerrada desde afuera con diferente tipo de cerradura”.

“San Isidro sigue bajo cerco policial. Exigimos Fe de vida”, escribió Bisquet.

Esta es la segunda huelga de hambre que emprende Luis Manuel Otero Alcántara. La primera, realizada en noviembre de 2020 junto a un grupo de activistas, terminó también con un desalojo forzado, que fue justificado por las autoridades en esa ocasión como una medida sanitaria relacionada con la epidemia de covid-19.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido ninguna versión sobre el incidente de esta madrugada.

Decenas de miembros del MSI y del 27N, el grupo de artistas fundado tras la protesta de cientos de personas después del desalojo sufrido por Otero Alcántara y el resto de las personas acuarteladas en la sede del movimiento el pasado 27 de noviembre, reportaron encontrarse vigilados anoche por la policía, impedidos de circular libremente y sin servicio de internet.

La Televisión Cubana se ha referido en los últimos días a la huelga de hambre del artista. El presentador Humberto López desestimó la huelga de hambre y relacionó a Otero Alcántara con una funcionaria del estadounidense Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés).

López compartió la grabación de una llamada telefónica en la que Karla Velásquez, la funcionaria de NDI, ofrecía asesoramiento a miembros del MSI sobre la huelga de hambre que lleva a cabo el artista.

Luis Manuel Otero Alcántara no ha hecho ningún comentario sobre este señalamiento oficial.

El artista dejó de alimentarse para exigir al gobierno que deje de acosar al activismo independiente, garantice la libertad de creación artística, y lo indemnice por la destrucción de algunas de sus obras, que fueron retiradas de la sede del MSI en un reciente operativo policial.

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Exrectora del colegio que acosó y llevó al suicidio a Sergio Urrego ha sido condenada por varios delitos

El joven gay se quitó la vida en 2014

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OrgulloLGBT.co es el medio socio del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

BOGOTÁ, Colombia — Tras la solicitud de la Fiscalía de Colombia y la Procuraduría General de la Nación (el pasado 27 de abril) el juez encontró culpable a Amanda Azucena Castillo, principal responsable de la persecución sistemática y discriminación agravada que sufrió Sergio, situación que lo llevó a quitarse la vida en el 2014.

La responsabilidad de la exrectora se comprobó a través de los testimonios de diferentes testigos como Danilo Pinzón (leer más aquí), expareja de Sergio, Henio Pinzón, Ivonne Andrea Cheque, entre otros.

Esta es la tercera condena en el caso de Sergio Urrego tras la imputación de cargos en el 2016 a Rosalía Ramírez, exveedora del colegio Castillo Campestre y en el 2017 a Ivonne Cheque expsicóloga.

El fallo, sin embargo, no representa justicia completa ya que la defensa de la acusada puede apelar la decisión y el caso se iría a una segunda instancia al tribunal del juzgado 43 y, debido a que los términos del caso se vencen en mayo el caso prescribirá finalmente.

Desde el inicio nuestro portal ORGULLOLGBT (leer más) ha hecho el seguimiento a este caso y sumado su voz a las voces de personas y organizaciones que consideramos debe aclararse el caso llevando a los culpables a pagar por sus actos discriminatorios. Creemos que, poco a poco, se ha hecho justicia y la memoria de Sergio Urrego ha sido reivindicada gracias a su madre Alba Reyes y a los tribunales colombianos que han escuchado el clamor de JUSTICIA PARA SERGIO! 

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