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Muerte es la amenaza por ser gay en Honduras
Darwin Garcia Portillo busca refugio en EEUU
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana. Estuvo recluido en Tallahatchie County Correctional Center en Tutwiler, Misisipi, antes de su traslado a Luisiana.
El Blade recibió esta nota el 29 de junio.
TUTWILER, Misispi — Darwin Garcia Portillo tuvo que madurar siendo apenas un adolescente la muerte de su madre cuando solo tenía 15 años, le volcó la responsabilidad de cuidar a su hermano menor. En esa época vivía con su abuela, quien lo botaba de la casa diciéndole “busca trabajo maricón”, un insulto que le martillaba en la cabeza constantemente y le dejaba claro que su familia no aceptaba su orientación sexual.
Pero la discriminación no la sufrió solo en su casa, pues para un hombre gay en Honduras el trabajo puede pender de un hilo si la orientación sexual se sale del canon “heterosexual”.
“Mientras laboraba en un mercado, la dueña me quitaba mi trabajo para ponerme a hacer cosas ‘de hombre’ para que me volviera uno. En Honduras no puedes parecer gay porque pierdes el trabajo y no me podía dar ese lujo la dueña de la empresa me chantajeaba con eso”, explica Darwin.
En 2017 comenzó a trabajar en una ONG llamada Unidad Color Rosa, una organización que apoya a la comunidad LGBTI hondureña impartiendo charlas educativas sobre el VIH/Sida. Asimismo, suela por la defensa de los derechos de las personas de este colectivo y brinda asesoría y acompañamiento en casos de agresiones.
“Allí trabajaba como activista y daba charlas sobre prevención del VIH en centros educativos y otros lugares”, narra Darwin. “Me quitaba ese trabajo porque estaba rodeado de personas como yo”.
Darwin alternaba ese trabajo con el de estilista, una profesión que heredó de su madre.
Según Darwin, la población LGBTI es extremadamente vulnerable al acoso de las pandillas y de la propia policía, que no ejecuta acciones concretas contra esa situación. Al contrario, los agentes policiales se suman al quorum de las homofóbicos.
Darwin cuenta al Blade que, en San Pedro Sula, la ciudad donde vivía, “hay mucha discriminación dentro de la sociedad”.
Un día iba por la calle tomada de la mano de su pareja cuando sintió que alguien rompió una botella, que terminó hiriéndole el brazo derecho, a la vez que los ofendían. Cada vez que mira la cicatriz que aquel acto de odio le dejó para siempre se le entre cruza el miedo con la impotencia, sensaciones que se le repiten cuando nos cuenta lo sucedido el 17 de mayo de 2018.
“En el desfile contra la homofobia yo andaba con la bandera gay y con un pullover de la organización para la que trabajaba y llegaron como seis pandilleros y me golpearon con un tubo en la cadera derecha y me desearon la muerte, me insultaron”, narra Darwin.
“Mi pareja y yo ya no sabíamos que hacer: La policía no nos apoyaba, mi familia tampoco, nunca había justicia, la lucha era en vano”, él dice.
Casi la totalidad de los crímenes y ataques en contra de las personas LGBTI en Honduras quedaron e el anonimato, pues las víctimas temen represalias mayores si presentan denuncias en la policía o ante cualquier autoridad judicial.
Los pocos que se atreven a hacerlo chocan con la desidia de las policías, quienes no se esfuerzan por encontrar a los atacantes, o con la burocracia del sistema de justicia.
Así le sucedió a Darwin cuando interpuso una denuncia en la policía, debido a un ataque que sufrió la madrugada del 20 de enero de este año.
“Iba caminando con mi pareja por la calle y nos interceptan dos sujetos encapuchados que se bajaron de un carro”, narra Darwin. “Venían llenos de tatuajes y en uno de ellos se podía leer las letras MS, que significa Mara Salvatrucha, una de las dos pandillas más conocidas y temidas en San Pedro. ‘Hoy se van a morir’, nos dijeron y hicieron cuatro disparos al aire y salimos corriendo y nos escondimos en una caseta hasta que pudimos llegar al departamento”.
Tras este ataque, la policía quedó en llamarlo para reconocer a los supuestos atacantes, pero nunca lo hicieron.
“Entre la policía y las maras hay tratos y la autoridad los deja hacer todas ser crímenes a cambio de dinero”, asegura Darwin, quien también presentó una queja en una organización del gobierno llamado CONADEH (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras). “Nadie hizo nada y vivíamos con miedo constante”.
Esta serie de violencia la empujaron a salir del país junto a su hermano y su pareja.
“El mismo día que salimos hacía Guatemala nos fueron a buscar tres personas encapuchados al apartamento”, narra Darwin. “Rompieron la puerta y muchos de los artículos de la casa”.
Horas interminables
Darwin tomó rumbo norte y se entregó por Tijuana a las autoridades migratorias de Estados Unidos el 26 de marzo junto a su hermano y su pareja. Esperó casi dos meses para que le llegara el turno para solicitar asilo político.
En casa ciudad fronteriza de México con Estados Unidos hay una lista de espera que asciende a miles de migrantes que aguardan ser llamados por la migración norteamericana para entrar legalmente a territorio estadounidense. Esta estrategia comenzó a implementarse desde que las pasadas caravanas de migrantes centroamericanos pusieran en jaque a las autoridades y colapsaron los puertos de entrada.
“Cuando entré a EEUU me metieron ocho días en la hielera. Es un cuarto blanco encerrado, sin ventanas, solo con una puerta y un baño”, narra Darwin. “Nos dieron una colcha porque estaba muy helado y para abrigarnos un papel de aluminio. No sabíamos si era de día o de noche. Las horas eran interminables”.
Según Darwin, los alimentaban con un burrito medio crudo de papas y frijoles y les permitían bañarse cada dos días.
“Me separaron de mi hermano porque es menor de edad”, él narra. “Luego me separaron de mi pareja. Me sacaron a mí para Misispi ya él la dejaron unos cuantos días más allí”.
“Como parte del proceso me esposaron, algo que nunca me había pasado en la vida”, agrega Darwin. “Ha sido para mi una experiencia traumática. El tratamiento que le dan a las personas que vienen en busca de protección a los EEUU no es el más adecuado porque estamos en una prisión, te encierran por varias horas en tu celda, la comida es pésima y los oficiales te tratan mal”.
Darwin no se alimenta bien, se cuesta conciliar el sueño y cada noche siente un gran paso en el pecho. La desesperación se apoderó de él cuando supo que su familia en EEUU tampoco lo apoyará.
“Nadie quiere escribirme. Me paso el día pensando en mi hermano y en mi pareja”, narra Darwin. “Este lugar (Tallahatchie County Correctional Facility en Misisipi) me da ansiedad. No se me hace justo porque uno viene huyendo de la situación de discriminación y homofobia y aquí nos encierran”.
Luego de una entrevista, un oficial de asilo político encontró que Darwin tiene un miedo creíble de sufrir daños severos y persecución en su país natal y ahora se encuentra en una instalación para migrantes en el estado de Luisiana, donde continúa con su proceso migratorio.
Darwin anhela caminar por la calle tomado de la mano de su pareja y que nadie lo amanece por ese acto de amor y compromiso. “Uno de mis sueños es casarme”, narra Darwin. “Tengo entendido que este es un país libre y podría sentirme un poco más seguro aquí. Por eso vine”.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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Trump proclamation targets trans rights as State Dept. shifts visa policy
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Gay Cameroonian immigrant will be freed from ICE detention — for now
Laverne Cox, Liza Minnelli among authors with new books
Trump will refuse to sign voting bill without anti-trans provisions
Man stuck in Lebanon as Iran war escalates
Owner of D.C. gay bar Green Lantern John Colameco dies at 79
PHOTOS: ‘Defrosted’
