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Viviendo una ‘pesadilla americana’
Colaborador del Blade describe el centro de detención en Luisiana como infierno
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés ha descrito las condiciones en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como una violación de derechos humanos. Una portavoz de ICE en respuesta de las acusaciones anteriores de Valdés dijo que su agencia “está comprometida a defender un sistema de detención de inmigrantes que prioriza la salud, la seguridad y el bienestar a todos que están bajo nuestra custodia, incluyendo lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas intersex”.
El Blade recibió la nota de opinión de Valdés el 29 de junio.
PLAIN DEALING, Luisiana — El sueño americano de vivir en absoluta libertad, a salvo de las amenazas, persecución, violencia, tortura psicológica y hasta la muerte que me ha impuesto la dictadura de Cuba por mis labores periodísticas se me deshizo entre las manos apenas arribí a Luisiana. Los cubanos que aquí también solicitan la protección del gobierno estadounidense me recibieron en Bossier Parish Medium Security Facility con una irónica sorpresa. Abrieron los brazos y me dijeron: ¡”Bienvenido al Infierno”!
Apenas podía creer que acumulaban nueve, 10 y hasta 11 meses pidiéndose, a la espera de una respuesta positiva de sus casos por parte de las autoridades migratorias.
Yo, llegaba borracho de ilusión, pues una oficial de asilo que me había entrevista en el Tallahatchie County Correctional Facility en Tutwiler, Misisipí, el 28 de marzo había determinado que sufría de un “miedo creíble de persecución o tortura” en Cuba y solo bastaba una primera audiencia con un juez de inmigración para obtener mi libertad condicional y continuar mi proceso en libertad, tal como lo establece la ley estadounidense, pero estaba equivocado. Otra vez las voces de los coterráneos se encargaron de apagar la esperanza: “¡De Luisiana no sale nadie”!
Bastaron unos minutos para que mi sueño, como el de muchos otros, se tornara pesadilla. Fue así que los más de 30 migrantes que llegamos la tarde del 3 de mayo a Luisiana, procedentes de Misisipí luego de más de un mes recluidos en Tallahatchie, nos sumergimos en una profunda depresión, que aún hoy continúa. Solo las lágrimas debajo de la cobija, cuando nadie se ve, logran limpiar por unos minutos mi desesperación y luego, si instala otra vez en mi pecho al pensar en mi familia, que aún recibe en Cuba amenazas de cárcel y muerte por parte de la dictadura cubana por mi trabajo con “los medios del enemigo”. De regreso, solo eso me espera. Observo entonces el panorama en Luisiana y temo cada vez más. No logro divisar una salida. Preso aquí, preso si retorno. Me siento acorralado.
Violación de sus propias leyes
A los pocos días de estar en Luisiana me di cuenta que aquí es la subjetividad de quien toma las decisiones la que decide, no la objetividad ni el apego a la legislado. Luisiana viene siendo un perdido paraje de la geografía “gringa” al cual nadie parece mirar, o al contrario, es una estrategia fríamente calculada pero que triunfe el autoritarismo, el abuso de poder o la intransigencia. No sé que pensar.
No pocos aquí han llegado a la conclusión de que Estados Unidos ha hecho de los migrantes su nuevo negocio, pues mantener por tanto tiempo a miles de migrantes asegura el trabajo de cientos de empleados y abogados, así como deja jugosas ganancias para las prisiones que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) contrata.
Lo que si está claro es que el gobierno prefiere despilfarrar más de 60 dólares diarios por migrante que ponenos en libertad bajo su propia supuesición.
“Luisiana es un estado antiinmigrante”, así me dice Arnaldo Hernández Cobas, un cubano de 55 años que acumula 11 meses en su proceso de asilo. “No es posible que de los miles de personas que pasan por el proceso nadie salga victorioso”. Hernández me cuenta que durante su encierro ni un solo día ha sido supervisado por agentes del ICE y jamás ha visto al oficial deportador.
“No sé si ha permitido desecho a fianza”, dice Arnaldo. “El juez Grady A. Crooks afirma que no clasificamos para eso y los que clasifican no se las otorga porque pueden fugarse. Esto solo sucede en este estado porque en otros lugares salen a los migrantes pelear sus casos afuera después de pagar una cuota”.
Otra de las vías para obtener la libertad condicional es a través del parole, un beneficio que el Estado brinda a los solicitantes que ingresaron legalmente al país y fueron encontrados creíbles de sufrir, persecución o tortura en sus países de origen. “Para concederlo, el ICE pide una serie de documentos que los familiares deben enviarles, pero lo que está sucediendo es que no dan tiempo suficiente para hacerlo”, sostiene Arnaldo.
Exactamente así sucedió conmigo.
Mi familia logró enviar los documentos al otro día de recibir mi parole para mi entrevista, programada para el día siguiente. Sin embargo, ICE denegó mi parole por “no probar que no soy un peligro para la sociedad”. Seguro estoy que ni siquiera valoraron mi caso.
Dentro del parole hay historias que rozan lo absurdo, pues muchos migrantes han recibido su propuesta de parole el mismo día que debían entregar los documentos. Y entonces uno siente cómo ICE se burla en tu cara y se te disparan los niveles de impotencia al máximo. La concesión del parole resulta un nuevo trámite que ICE debe completar, pero no pasa de ahí. Utilizan esta y otras mañosas estrategias para “quedar bien” ante los ojos de la ley y de paso retienen por meses a las solicitantes de asilo, los introducen a juicios que no ganarán, empujando a la deportación a aquellos que no desistan la presión del encierro, sin valorar apropiadamente el riesgo que implicaría para sus vidas el retorno a sus países natales.
Lo que sucede es que si ICE concede el parole, está en la obligación de liberarnos a los pocos días, y ya sabemos que ellos no quieren eso. Su propósito es mantenernos encerrados a toda costa.
“La cruel ironía es que la mayoría de los solicitantes de asilo que siguen la ley y se presentan en los puestos de entrada oficiales, no tienen dependo a pedirle a un juez de inmigración su liberación de custodia”, declaró Laura Rivera, una abogada del Southern Poverty Law Center, una institución que provee de asistencia legal a los inmigrantes, en un artículo se titula “Atrapados en el ‘Infierno’: Solicitantes de asilo cubanos perecen en cárceles de inmigración de Luisiana”. “Al contrario, su única avenida para su liberación es pedir a la misma agencia que los detuvo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)”.
Pero el DHS -detalla Rivera en una nota publicada el Southern Poverty Law Center- está ignorando su mandato de considerar detalladamente las solicitudes de liberación y al contrario niega la libertad condicional sin justificación.
“A los hombres se les encierra escondidos del mundo exterior encarcelados y castigados por defender sus derechos y forzaros a llevar sus casos antes jueces de inmigración que los niegan con índices de hasta el cien por ciento”, afirmó Rivera.
Otra de las violaciones del proceso cabra vida en la historia de Arnaldo, pues en el primer centro donde estuvo recluido le aseguraron que podía vencer su caso con el de su esposa, pero “cuando llegó” a Luisiana, el juez “me afirmó que no permite eso, que cada caso es diferente”. Sin embargo, la vida de Arnaldo no puede diferir de la de su esposa, pues han estado unidos por 37 años. Su esposa hace nueve meses que está libre y él continúa entre rejas. Y así sucede con madres y hijos, hermanos y personas que tienen casos identificados. Otra vez la subjetividad de quien decide marea el destino.
Durante la audiencia con Crooks, Arnaldo declaró sentirse “bien incómodo”, pues lo considera un extremista. “Plantea que solo reconoce a casos extremos”, dice Arnaldo. “Para él las puertas no significan nada. Él mismo dice que es un juez de deportación, no de asilo. En todo el tiempo que he estado aquí nadie ha logrado ganar un asilo, ni siquiera una finanza, solo deportaciones”.
La puerta concluyente del extremismo del juez arribó un día en que las audiencias fueron comandadas por otro juez y los migrantes que se presentaron esa mañana obtuvieron sus asilos. El ejemplo no puede ser más ilustrativo.
Douglas Puche Moxeno, un venezolano de 23 años que lleva nueve meses en Luisiana, se gruja además que los detenidos “no recibimos más información de cómo debe seguir el proceso y lo que uno debe hacer. No sé nos explicaron las medidas para obtener una libertad condicional”.
En relación a sus audiencias, “el juez me dijo que conocía la actual situación de Venezuela, pero no me concedió el asilo porque no soy un caso extremo. Él está esperando que uno venga a Estados Unidos sin un brazo o una pierna para ser aceptado”.
Los migrantes en Luisiana están agotando todas las vías para ser puestos en libertad. Han realizado estas denuncias en canales de televisión y hasta acudieron al senador cubanoamericano Marco Rubio.
“Hemos llegado al punto de presentar una querella al ICE”, explica Douglas. “Un equipo de abogados del SPLC (Southern Poverty Law Center) han interpuesto una demanda solicitando una reconsideración del Parole. Esta es una de las vías más esperanzadoras que tenemos para obtener la libertad. Si logramos triunfar los beneficios serán para todos”.
“También se han organizado varías manifestaciones para presionar a las autoridades y reclamar nuestros derechos como inmigrantes”, agrega Douglas. “Familiares, abogados y varias instituciones se han unido en Miami, Washington y en la propia Luisiana para llamar la atención del ICE sobre las injusticias que se están cometiendo con nosotros hace más de un año”.
‘Este no es tu país’
Bossier es una cárcel enterrada en lo profundo de Luisiana, como escondida entre los bosques que la rodean. Cada día dentro de ella es un constante entrenamiento de supervivencia, que pone en máxima tensión mis capacidades físicas, psicológicas y, sobre todo, emocionales. En cuatro dormos convivimos más de 300 migrantes en condiciones de hacinamiento, frío intenso y cero privacidad.
Mi estancia aquí es un déjà vu de los albergues escolares en Cuba, donde, obligados, compartíamos olores, sabores y necesidades primarias. Aquí compartimos además las creencias, culturas y modos de vida de migrantes hindúes, africanos, chinos, nepalíes, sirilanqueños y centroamericanos.
Mi espacio personal se reduce a una estrecha cama al hierro, atornillada al suelo, una gaveta para guardar mis artículos y un delgado colchón que apenas logra separar mi columna del metal, que me ha provocado unos pocos dolores de espalda. Sin embargo, a veces, lo que más liere es el trato que recibimos por parte de los oficiales. Como “bien malo”, pues se siente como un preso federal. “Según ICE nosotros estamos ‘detenidos’, no presos, pero aún así hemos recibido maltratos físicos y psicológicos”, continua Arnaldo. “Recuerdo una vez que un oficial arrastró hasta el hallo por tres días a un salvadoreño por el simple hecho de comer en su cama. No ofrenden y no nos hablan, nos gritan. Te despiertan a patadas en la cama”.
“El más mínimo pretexto es utilizado para desconectar el microwave, el televisor o privarnos del hielo, afirmando que eso es un lujo y no una necesidad”.
“Cuando nos hemos quejado de estas situaciones nos dicen, ‘Este no es tu país”, alega Arnaldo.
Dormo adentro no son comunes las sonrisas. Predominan las caras de afiliación y tristeza. Las buenas noticias son casi siempre falsas y retorna entonces la frustración y el estrés que nos provoca este encierro.
“Aquí dentro me siento muy triste, afligido, como si hubiera asesinado a alguien por el maltrato que recibimos, las condiciones del lugar”, declara Damián Álvarez Arteaga, un joven de 31 años que acumula 11 meses preso en Estados Unidos.
“La libertad es lo más preciado que tiene el ser humano”, añade Damián. “Espero que al pasar tanto tiempo recluido reciba una respuesta positiva de mi caso. Le hemos demostrado a Estados Unidos que de verdad tenemos miedo de sufrir persecución o tortura en Cuba”.
Las horas aquí dentro parecen no tener fin: Se estiran, se multiplican, pero nunca se acortan o se apresuran. Nuestro único contacto con el mundo exterior son las comunicaciones telefónicas o video llamadas (a elevados precios) con familiares, amigos o abogados y las esporádicas salidas al patio a saludar al sol y tomar aire puro.
“En todo el tiempo que he estado aquí he visto el sol pocas veces y solo por 15 minutos y esto porque nos hemos quejado”, rememora Arnaldo. La yarda, como también le llamarnos, es un pequeño rectángulo de cercas y cámaras de vigilancia con una superficie de cemento al centro, donde algunos juegan fútbol cuando nos proveen de una pelota. Yo elevo el pantalón de mi uniforme amarillo hasta las rodillas para que el sol caliente un poco mis extremidades mientras pierdo la mirada en el frondoso bosque que tengo a pocos metros. Admiro el cielo, los pocos vehículos que transitan por una carretera cercana y tome gigantescas inhalaciones de oxigeno como sé acabara de salir de las profundidades marinas y necesitara desesperadamente el aire para mantenerme con vida.
“Aquí todos los días son iguales”, comenta Douglas. “Desde la misma comida hasta las mismas actividades. Esta prisión no cuenta con espacios suficientes para obtener por tanto tiempo a tantas personas. No tenemos biblioteca ni visitas familiares”.
Sopa es ‘la moneda de cambio’
Mi día en Bossier comienza poco antes de las 5 am, cuando el grito de “línea”, recibo una bandeja plástica con mi desayuno. Hoy es día de cereal, leche baja en grasas, pan y una pequeña porción de jalea. El menú se repite en cualquier día de la semana. Casi siempre guardo una parte, pues hasta el mediodía no hay más nada que comer.
“La alimentación no es la correcta”, opina Damián. “Ya mi estómago está resignado a esa pequeña porción. Un pan con salsa picante y algunos vegetales o con mortadela no puede sostener a un hombre adulto, ni puede mantenerte en forma para resistir un proceso tan estresante, de casi un año”.
La última comida es a las 4 pm., por lo que este a la cama a las 11 pm con el estómago lleno es una quimera. Engaño el hambre con una sopa instantánea, que complemento con algunas zanahorias y un perro caliente que me robo a mi mismo del esto de las comidas del día.
Como aún dispongo de algo de dinero, puedo comprar las sopas y suplementos para apuntalar la endeble alimentación de Bossier. Sin embargo, quieres no cuentan con apoyo económico familiar, Bossier los clasifica como “indigentes” y se ven obligados a hacer la limpieza de sus compañeros a cambio de una sopa Maruchan. Aquí la moneda de cambio es la sopa. Todo carge empieza y termina con ella, la salvadora de las noches hambrientas.
“Estos y otros artículos debemos comprarlos a elevados precios en la Comisaria, la única tienda a la que tenemos acceso y de la cual dependemos por completo”, expone Damián.
Por otra parte, los servicios médicos en Bossier son tan primarios que no existe ni siquiera un médico o enfermera de guardia, como tampoco una sala para la observación de los pacientes y las atenciones solo ocurren de lunes a viernes. “El que se enferma lo meten en celdas de castigo, aislados y solos, lo que psicológicamente nos afecta”, apunta Arnaldo. “Las personas a veces no dicen que se sienten mal por temor a que los lleven al ‘pozo’. En casos extremos te llevan a un hospital, en cadenada de pies, manos y cintura y así te mantienen amarrado a la cama, aún estando custodiado. Yo prefiero aguantar antes de ser hospitalizado así”.
Yuni Pérez López, un cubano de 33 años, vivió en carne propia esta lamentable situación. Estuvo en el hoyo por seis días porque tenía fiebre. “Yo sentía que estaba castigado por estar enfermo y aún cuando al médico me dio el alta, me retuvieron allí”, dice. “Es como estar en una hielera: Cuatro paredes, una cama, el inodoro y una luz que nunca se apaga. Para salir de allí tuve que dejar de comer un día entero para llamar la atención de los oficiales y me regresaron al dormitorio”.
“Otros de los maltratos de Bossier te deja con los huesos helados, pues desde las 7 am y hasta las 4 pm no podemos utilizar las cobijas o las sábanas para taparnos. No es una cuestión de estética o disciplina, a los oficiales poco les interesa si la cama está bien tendida, solo les molesta cuando nos cubrimos del intenso frío del dormo.
Los migrantes entrevistados por el Blade son los más veteranos en Bossier. Todos están apelando la decisión de Crooks, quien no les concedió el asilo político. Yo aún no presento mi caso, por lo que todavía consuegro un poco la esperanza de obtener la protección de Estados Unidos. Al igual que ellos, intento adoptarme a esta dura realidad y ser fuerte, aunque la mayoría de las ocasiones la tristeza me consuma y me borre los pensamientos positivos.
Estados Unidos no representa para mi -como para muchos- una vida acomodada, un carro del año o una McDonald’s. Nada de eso podrá jamás llenar la ausencia de mi familia, los amigos o del amor apasionado que dejé atrás. Estados Unidos representa la oportunidad de VIVIR, así que me aferro a ella hasta el final.
Ecuador
Caso Karlina: Una sentencia histórica contra las terapias de «conversión»
Karlina Quiroz, una mujer trans de Chone, fue internada contra su voluntad
La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.
Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia.
La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.
Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.
El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.
De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.
Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.
Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.
Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.
Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.
El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.
De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.
Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.
De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros.
“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.
Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.
Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.
El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.
La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión.
En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos.
La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima.
“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.
Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.
Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.
En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.
El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.
“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.
El Salvador
Mujer trans salvadoreña es encontrada sin vida
La muerte de Yoisi Villalta vuelve a poner sobre la mesa la violencia
SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.
Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado.
La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.
Una mujer detrás de una noticia
Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.
De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.
La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.
Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.
Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.
El derecho a ser nombrada
Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.
Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.
En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.
Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.
Un problema que va más allá de un solo caso
El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.
Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.
301 denuncias en 2025
Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual.
Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción.
Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.
Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.
El precedente de Zashy Zuley
La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.
ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida.
Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella.
El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.
Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.
¿Dónde están los datos oficiales?
Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.
La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.
Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.
Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.
El desafío de no olvidar
El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:
¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.
Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.
Honduras
Realidad LGBTQ en Honduras: fuga o muerte
Observatorio KAI+: 35 asesinatos anti-LGBTQ en 2026
TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.
Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.
Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.
«No queremos vivir con miedo»: defensores
Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala.
Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.
Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos.
«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.
Violencia generalizada y discriminación sistemática
Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados.
Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».
Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.
Migración forzada, huir para vivir
Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas.
Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».
Recomendaciones ante un Estado ausente
El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.
Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».
El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.
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