Connect with us

Noticias en Español

Viviendo una ‘pesadilla americana’

Colaborador del Blade describe el centro de detención en Luisiana como infierno

Published

on

Yariel Valdés González, un colaborador del Washington Blade que ha pedido asilo en Estados Unidos, habla con Michael K. Lavers, el editor de los temas internacionales del Blade, desde Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Louisiana, el 1 de julio de 2019. Valdés ha descrito las condiciones en el centro de detención como una violación de derechos humanos.

Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.

Valdés ha descrito las condiciones en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como una violación de derechos humanos. Una portavoz de ICE en respuesta de las acusaciones anteriores de Valdés dijo que su agencia “está comprometida a defender un sistema de detención de inmigrantes que prioriza la salud, la seguridad y el bienestar a todos que están bajo nuestra custodia, incluyendo lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas intersex”.

El Blade recibió la nota de opinión de Valdés el 29 de junio.

PLAIN DEALING, Luisiana —  El sueño americano de vivir en absoluta libertad, a salvo de las amenazas, persecución, violencia, tortura psicológica y hasta la muerte que me ha impuesto la dictadura de Cuba por mis labores periodísticas se me deshizo entre las manos apenas arribí a Luisiana. Los cubanos que aquí también solicitan la protección del gobierno estadounidense me recibieron en Bossier Parish Medium Security Facility con una irónica sorpresa. Abrieron los brazos y me dijeron: ¡”Bienvenido al Infierno”!

Apenas podía creer que acumulaban nueve, 10 y hasta 11 meses pidiéndose, a la espera de una respuesta positiva de sus casos por parte de las autoridades migratorias.

Yo, llegaba borracho de ilusión, pues una oficial de asilo que me había entrevista en el Tallahatchie County Correctional Facility en Tutwiler, Misisipí, el 28 de marzo había determinado que sufría de un “miedo creíble de persecución o tortura” en Cuba y solo bastaba una primera audiencia con un juez de inmigración para obtener mi libertad condicional y continuar mi proceso en libertad, tal como lo establece la ley estadounidense, pero estaba equivocado. Otra vez las voces de los coterráneos se encargaron de apagar la esperanza: “¡De Luisiana no sale nadie”!

Bastaron unos minutos para que mi sueño, como el de muchos otros, se tornara pesadilla. Fue así que los más de 30 migrantes que llegamos la tarde del 3 de mayo a Luisiana, procedentes de Misisipí luego de más de un mes recluidos en Tallahatchie, nos sumergimos en una profunda depresión, que aún hoy continúa. Solo las lágrimas debajo de la cobija, cuando nadie se ve, logran limpiar por unos minutos mi desesperación y luego, si instala otra vez en mi pecho al pensar en mi familia, que aún recibe en Cuba amenazas de cárcel y muerte por parte de la dictadura cubana por mi trabajo con “los medios del enemigo”. De regreso, solo eso me espera. Observo entonces el panorama en Luisiana y temo cada vez más. No logro divisar una salida. Preso aquí, preso si retorno. Me siento acorralado.

Violación de sus propias leyes

A los pocos días de estar en Luisiana me di cuenta que aquí es la subjetividad de quien toma las decisiones la que decide, no la objetividad ni el apego a la legislado. Luisiana viene siendo un perdido paraje de la geografía “gringa” al cual nadie parece mirar, o al contrario, es una estrategia fríamente calculada pero que triunfe el autoritarismo, el abuso de poder o la intransigencia. No sé que pensar.

No pocos aquí han llegado a la conclusión de que Estados Unidos ha hecho de los migrantes su nuevo negocio, pues mantener por tanto tiempo a miles de migrantes asegura el trabajo de cientos de empleados y abogados, así como deja jugosas ganancias para las prisiones que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) contrata.

Lo que si está claro es que el gobierno prefiere despilfarrar más de 60 dólares diarios por migrante que ponenos en libertad bajo su propia supuesición.

“Luisiana es un estado antiinmigrante”, así me dice Arnaldo Hernández Cobas, un cubano de 55 años que acumula 11 meses en su proceso de asilo. “No es posible que de los miles de personas que pasan por el proceso nadie salga victorioso”. Hernández me cuenta que durante su encierro ni un solo día ha sido supervisado por agentes del ICE y jamás ha visto al oficial deportador.

“No sé si ha permitido desecho a fianza”, dice Arnaldo. “El juez Grady A. Crooks afirma que no clasificamos para eso y los que clasifican no se las otorga porque pueden fugarse. Esto solo sucede en este estado porque en otros lugares salen a los migrantes pelear sus casos afuera después de pagar una cuota”.

Otra de las vías para obtener la libertad condicional es a través del parole, un beneficio que el Estado brinda a los solicitantes que ingresaron legalmente al país y fueron encontrados creíbles de sufrir, persecución o tortura en sus países de origen. “Para concederlo, el ICE pide una serie de documentos que los familiares deben enviarles, pero lo que está sucediendo es que no dan tiempo suficiente para hacerlo”, sostiene Arnaldo.

Exactamente así sucedió conmigo.

Mi familia logró enviar los documentos al otro día de recibir mi parole para mi entrevista, programada para el día siguiente. Sin embargo, ICE denegó mi parole por “no probar que no soy un peligro para la sociedad”. Seguro estoy que ni siquiera valoraron mi caso.

Dentro del parole hay historias que rozan lo absurdo, pues muchos migrantes han recibido su propuesta de parole el mismo día que debían entregar los documentos. Y entonces uno siente cómo ICE se burla en tu cara y se te disparan los niveles de impotencia al máximo. La concesión del parole resulta un nuevo trámite que ICE debe completar, pero no pasa de ahí. Utilizan esta y otras mañosas estrategias para “quedar bien” ante los ojos de la ley y de paso retienen por meses a las solicitantes de asilo, los introducen a juicios que no ganarán, empujando a la deportación a aquellos que no desistan la presión del encierro, sin valorar apropiadamente el riesgo que implicaría para sus vidas el retorno a sus países natales.

Lo que sucede es que si ICE concede el parole, está en la obligación de liberarnos a los pocos días, y ya sabemos que ellos no quieren eso. Su propósito es mantenernos encerrados a toda costa.

“La cruel ironía es que la mayoría de los solicitantes de asilo que siguen la ley y se presentan en los puestos de entrada oficiales, no tienen dependo a pedirle a un juez de inmigración su liberación de custodia”, declaró Laura Rivera, una abogada del Southern Poverty Law Center, una institución que provee de asistencia legal a los inmigrantes, en un artículo se titula “Atrapados en el ‘Infierno’: Solicitantes de asilo cubanos perecen en cárceles de inmigración de Luisiana”. “Al contrario, su única avenida para su liberación es pedir a la misma agencia que los detuvo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)”.

Pero el DHS -detalla Rivera en una nota publicada el Southern Poverty Law Center- está ignorando su mandato de considerar detalladamente las solicitudes de liberación y al contrario niega la libertad condicional sin justificación.

“A los hombres se les encierra escondidos del mundo exterior encarcelados y castigados por defender sus derechos y forzaros a llevar sus casos antes jueces de inmigración que los niegan con índices de hasta el cien por ciento”, afirmó Rivera.

Otra de las violaciones del proceso cabra vida en la historia de Arnaldo, pues en el primer centro donde estuvo recluido le aseguraron que podía vencer su caso con el de su esposa, pero “cuando llegó” a Luisiana, el juez “me afirmó que no permite eso, que cada caso es diferente”. Sin embargo, la vida de Arnaldo no puede diferir de la de su esposa, pues han estado unidos por 37 años. Su esposa hace nueve meses que está libre y él continúa entre rejas. Y así sucede con madres y hijos, hermanos y personas que tienen casos identificados. Otra vez la subjetividad de quien decide marea el destino.

Durante la audiencia con Crooks, Arnaldo declaró sentirse “bien incómodo”, pues lo considera un extremista. “Plantea que solo reconoce a casos extremos”, dice Arnaldo. “Para él las puertas no significan nada. Él mismo dice que es un juez de deportación, no de asilo. En todo el tiempo que he estado aquí nadie ha logrado ganar un asilo, ni siquiera una finanza, solo deportaciones”.

La puerta concluyente del extremismo del juez arribó un día en que las audiencias fueron comandadas por otro juez y los migrantes que se presentaron esa mañana obtuvieron sus asilos. El ejemplo no puede ser más ilustrativo.

Douglas Puche Moxeno, un venezolano de 23 años que lleva nueve meses en Luisiana, se gruja además que los detenidos “no recibimos más información de cómo debe seguir el proceso y lo que uno debe hacer. No sé nos explicaron las medidas para obtener una libertad condicional”.

En relación a sus audiencias, “el juez me dijo que conocía la actual situación de Venezuela, pero no me concedió el asilo porque no soy un caso extremo. Él está esperando que uno venga a Estados Unidos sin un brazo o una pierna para ser aceptado”.

Los migrantes en Luisiana están agotando todas las vías para ser puestos en libertad. Han realizado estas denuncias en canales de televisión y hasta acudieron al senador cubanoamericano Marco Rubio.

“Hemos llegado al punto de presentar una querella al ICE”, explica Douglas. “Un equipo de abogados del SPLC (Southern Poverty Law Center) han interpuesto una demanda solicitando una reconsideración del Parole. Esta es una de las vías más esperanzadoras que tenemos para obtener la libertad. Si logramos triunfar los beneficios serán para todos”.

“También se han organizado varías manifestaciones para presionar a las autoridades y reclamar nuestros derechos como inmigrantes”, agrega Douglas. “Familiares, abogados y varias instituciones se han unido en Miami, Washington y en la propia Luisiana para llamar la atención del ICE sobre las injusticias que se están cometiendo con nosotros hace más de un año”.

‘Este no es tu país’

Bossier es una cárcel enterrada en lo profundo de Luisiana, como escondida entre los bosques que la rodean. Cada día dentro de ella es un constante entrenamiento de supervivencia, que pone en máxima tensión mis capacidades físicas, psicológicas y, sobre todo, emocionales. En cuatro dormos convivimos más de 300 migrantes en condiciones de hacinamiento, frío intenso y cero privacidad.

Mi estancia aquí es un déjà vu de los albergues escolares en Cuba, donde, obligados, compartíamos olores, sabores y necesidades primarias. Aquí compartimos además las creencias, culturas y modos de vida de migrantes hindúes, africanos, chinos, nepalíes, sirilanqueños y centroamericanos.

Mi espacio personal se reduce a una estrecha cama al hierro, atornillada al suelo, una gaveta para guardar mis artículos y un delgado colchón que apenas logra separar mi columna del metal, que me ha provocado unos pocos dolores de espalda. Sin embargo, a veces, lo que más liere es el trato que recibimos por parte de los oficiales. Como “bien malo”, pues se siente como un preso federal. “Según ICE nosotros estamos ‘detenidos’, no presos, pero aún así hemos recibido maltratos físicos y psicológicos”, continua Arnaldo. “Recuerdo una vez que un oficial arrastró hasta el hallo por tres días a un salvadoreño por el simple hecho de comer en su cama. No ofrenden y no nos hablan, nos gritan. Te despiertan a patadas en la cama”.

“El más mínimo pretexto es utilizado para desconectar el microwave, el televisor o privarnos del hielo, afirmando que eso es un lujo y no una necesidad”.

“Cuando nos hemos quejado de estas situaciones nos dicen, ‘Este no es tu país”, alega Arnaldo.

Dormo adentro no son comunes las sonrisas. Predominan las caras de afiliación y tristeza. Las buenas noticias son casi siempre falsas y retorna entonces la frustración y el estrés que nos provoca este encierro.

“Aquí dentro me siento muy triste, afligido, como si hubiera asesinado a alguien por el maltrato que recibimos, las condiciones del lugar”, declara Damián Álvarez Arteaga, un joven de 31 años que acumula 11 meses preso en Estados Unidos.

“La libertad es lo más preciado que tiene el ser humano”, añade Damián. “Espero que al pasar tanto tiempo recluido reciba una respuesta positiva de mi caso. Le hemos demostrado a Estados Unidos que de verdad tenemos miedo de sufrir persecución o tortura en Cuba”.

Las horas aquí dentro parecen no tener fin: Se estiran, se multiplican, pero nunca se acortan o se apresuran. Nuestro único contacto con el mundo exterior son las comunicaciones telefónicas o video llamadas (a elevados precios) con familiares, amigos o abogados y las esporádicas salidas al patio a saludar al sol y tomar aire puro.

“En todo el tiempo que he estado aquí he visto el sol pocas veces y solo por 15 minutos y esto porque nos hemos quejado”, rememora Arnaldo. La yarda, como también le llamarnos, es un pequeño rectángulo de cercas y cámaras de vigilancia con una superficie de cemento al centro, donde algunos juegan fútbol cuando nos proveen de una pelota. Yo elevo el pantalón de mi uniforme amarillo hasta las rodillas para que el sol caliente un poco mis extremidades mientras pierdo la mirada en el frondoso bosque que tengo a pocos metros. Admiro el cielo, los pocos vehículos que transitan por una carretera cercana y tome gigantescas inhalaciones de oxigeno como sé acabara de salir de las profundidades marinas y necesitara desesperadamente el aire para mantenerme con vida.

“Aquí todos los días son iguales”, comenta Douglas. “Desde la misma comida hasta las mismas actividades. Esta prisión no cuenta con espacios suficientes para obtener por tanto tiempo a tantas personas. No tenemos biblioteca ni visitas familiares”.

Yariel Valdés González entrevista a una migrante mexicana a un albergue de migrantes dirigida por una lesbiana en Mexicali, México, el 27 de enero de 2019. Valdés, que nació en Cuba, ha pedido asilo en Estados Unidos. Permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Luisiana. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Sopa es ‘la moneda de cambio’

Mi día en Bossier comienza poco antes de las 5 am, cuando el grito de “línea”, recibo una bandeja plástica con mi desayuno. Hoy es día de cereal, leche baja en grasas, pan y una pequeña porción de jalea. El menú se repite en cualquier día de la semana. Casi siempre guardo una parte, pues hasta el mediodía no hay más nada que comer.

“La alimentación no es la correcta”, opina Damián. “Ya mi estómago está resignado a esa pequeña porción. Un pan con salsa picante y algunos vegetales o con mortadela no puede sostener a un hombre adulto, ni puede mantenerte en forma para resistir un proceso tan estresante, de casi un año”.

La última comida es a las 4 pm., por lo que este a la cama a las 11 pm con el estómago lleno es una quimera. Engaño el hambre con una sopa instantánea, que complemento con algunas zanahorias y un perro caliente que me robo a mi mismo del esto de las comidas del día.

Como aún dispongo de algo de dinero, puedo comprar las sopas y suplementos para apuntalar la endeble alimentación de Bossier. Sin embargo, quieres no cuentan con apoyo económico familiar, Bossier los clasifica como “indigentes” y se ven obligados a hacer la limpieza de sus compañeros a cambio de una sopa Maruchan. Aquí la moneda de cambio es la sopa. Todo carge empieza y termina con ella, la salvadora de las noches hambrientas.

“Estos y otros artículos debemos comprarlos a elevados precios en la Comisaria, la única tienda a la que tenemos acceso y de la cual dependemos por completo”, expone Damián.

Por otra parte, los servicios médicos en Bossier son tan primarios que no existe ni siquiera un médico o enfermera de guardia, como tampoco una sala para la observación de los pacientes y las atenciones solo ocurren de lunes a viernes. “El que se enferma lo meten en celdas de castigo, aislados y solos, lo que psicológicamente nos afecta”, apunta Arnaldo. “Las personas a veces no dicen que se sienten mal por temor a que los lleven al ‘pozo’. En casos extremos te llevan a un hospital, en cadenada de pies, manos y cintura y así te mantienen amarrado a la cama, aún estando custodiado. Yo prefiero aguantar antes de ser hospitalizado así”.

Yuni Pérez López, un cubano de 33 años, vivió en carne propia esta lamentable situación. Estuvo en el hoyo por seis días porque tenía fiebre. “Yo sentía que estaba castigado por estar enfermo y aún cuando al médico me dio el alta, me retuvieron allí”, dice. “Es como estar en una hielera: Cuatro paredes, una cama, el inodoro y una luz que nunca se apaga. Para salir de allí tuve que dejar de comer un día entero para llamar la atención de los oficiales y me regresaron al dormitorio”.

“Otros de los maltratos de Bossier te deja con los huesos helados, pues desde las 7 am y hasta las 4 pm no podemos utilizar las cobijas o las sábanas para taparnos. No es una cuestión de estética o disciplina, a los oficiales poco les interesa si la cama está bien tendida, solo les molesta cuando nos cubrimos del intenso frío del dormo.

Los migrantes entrevistados por el Blade son los más veteranos en Bossier. Todos están apelando la decisión de Crooks, quien no les concedió el asilo político. Yo aún no presento mi caso, por lo que todavía consuegro un poco la esperanza de obtener la protección de Estados Unidos. Al igual que ellos, intento adoptarme a esta dura realidad y ser fuerte, aunque la mayoría de las ocasiones la tristeza me consuma y me borre los pensamientos positivos.

Estados Unidos no representa para mi -como para muchos- una vida acomodada, un carro del año o una McDonald’s. Nada de eso podrá jamás llenar la ausencia de mi familia, los amigos o del amor apasionado que dejé atrás. Estados Unidos representa la oportunidad de VIVIR, así que me aferro a ella hasta el final.

Advertisement
FUND LGBTQ JOURNALISM
SIGN UP FOR E-BLAST

Noticias en Español

Se hunde el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Colombia

La OMS en 1990 dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad

Published

on

El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Por temas de trámite se hunde en la comisión primera del Senado el proyecto de ley que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión” en Colombia.

Los conocidos técnicamente como “ECOSIG” son los tratamientos que mediante tortura física o influencia psicológica o religiosa buscan “corregir” la orientación sexual e identidad de género de las personas diversas.

A pesar que estaba en el orden del día de 11 y 12 de junio en la comisión primera del Congreso de Colombia, los legisladores no abordaron la discusión dejando pendiente este punto que por términos de tiempo en trámites deberá volver a ser presentada. Se necesitaban dos debates más para lograr que se hiciera realidad el anhelo de una legislación que prohíba esas prácticas de tortura en el país.

Es importante recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, retirándola del libro de enfermedades psiquiátricas; por tanto ningún profesional de la salud física o mental debería prestarse para tratamientos que “corrijan” la homosexualidad. 

NADA QUE CURAR No es terapia … es tortura!

Continue Reading

Noticias en Español

Se conmemoran el día contra la LGBTQfobia en El Salvador

Directora de ASPIDH nota violaciones de derechos humanos en el país

Published

on

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR, El Salvador — Como en muchas partes del mundo, el 17 de mayo en El Salvador se conmemora el día internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, ya que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

En ese concepto, diversas organizaciones LGBTQ coordinan en esta fecha, todo tipo de acciones para denunciar la discriminación, violencia y hostigamiento del que son víctimas las personas LGBTQ.

La Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano organizó una conferencia de prensa para presentar su posicionamiento, un conversatorio denominado “Gobierno vrs. Democracia inclusiva” para discutir sobre la realidad salvadoreña y un plantón a las afueras de un centro comercial populoso, para alzar la voz ante sus demandas al Estado salvadoreño. 

En cada acto dejar claro entre sus palabras que no se reconocen muchos derechos a las personas LGBTQ, como contar con una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y género para personas trans, garantizando así el derecho a la identidad de cada persona, pues este es un derecho fundamental. 

Además, mencionaron que no se permite la libre expresión del género auto percibido en los centros escolares y esto lleva a una deserción escolar a temprana edad, dejando así a dichas poblaciones sin acceso a un trabajo formal con prestaciones sociales, dejando como única opción el trabajo sexual y el trabajo informal, de esta manera no se permite un desarrollo pleno y tampoco lograr tener una vejez digna, incrementando así la extrema pobreza y el alza de la migración en la población LGBTQ.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos hacia la población LGBTQ de acuerdo con Mónica Hernández, directora de ASPIDH. 

“Antes del régimen de excepción había extorsión por los miembros de pandillas, ahora son los cuerpos uniformados, esos que deberían estar protegiendo la seguridad de nuestras poblaciones, ellos son ahora los principales ‘violentadores’ de derechos con el permiso del Estado”, ella aseguró.

Entre las exigencias que externaban estaba por ello, la aprobación de una Ley de Identidad de Género para personas trans, según los estándares internacionales emitidos en la opinión consultiva 24/7, el cual también fue un mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa en El Salvador hace más de un año. 

Para Hernández, el hecho de que el Estado no vele por hacer cumplir los derechos de toda la población por igual tiene que ver con que no se pueda contar con dicha ley. 

“Hace falta llegar a la población en general, eso debería de ser acompañado por parte del Estado a través de campañas publicitarias donde se inste a respetar los derechos humanos de todas las poblaciones. Si esto existiera la población entendiera que mi identidad y expresión de género necesitan tener un documento de identificación que vaya acorde con mi con mi identidad y mi expresión de género auto percibida”, aclara al Washington Blade Hernández. 

De acuerdo con la organización, el Estado Salvadoreño, está tratando de invisibilizar a la población LGBTQ en todo aspecto, otro ejemplo es en el Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024, dirigido por el Banco Central de Reserva que comenzó el 2 de mayo, en el cual no hay ningún apartado que hable sobre orientaciones sexual, identidades o expresiones de género. 

“En el censo, solo está siendo tomado en cuenta el sexo asignado al nacer, hay en cencistas que específicamente dice cuál es su sexo cuando nació, no hay una tercera casilla, ahora se ha invisibilizado totalmente, o sea, no vamos a poder tener acceso a información pública que diga cuánta población LGBT hay actualmente”, expresó Fátima Ortiz, abogada de ASPIDH. 

También exigen acceso a una salud integral, gratuita y universal para poblaciones clave, aclarando que esto es parte de lo que se retrocedió con el gobierno actual en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 

“Las organizaciones de sociedad civil teníamos trabajo avanzado, había un acuerdo con el Ministerio de Salud. Había un formulario para hacer una prueba de VIH donde se mencionaba explícitamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas, esos son datos súper importantes para el Estado que ahora ya no van a tener”, menciona Hernández. 

Agrega que el Estado debe iniciar una lucha contra toda forma de discriminación hace la población LGBTQ, apostarle a la formación educativa para las mismas y la reinserción social y laboral. Sin olvidar el visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos a dicha población. 

ASPIDH hace un llamado a la ciudadanía para que se unan a la movilización solidaria e incidencia política para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTQ.

Continue Reading

Noticias en Español

Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

Published

on

(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Sign Up for Weekly E-Blast

Follow Us @washblade

Advertisement

Popular