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Diputado de ARENA en El Salvador exige respeto a la población LGBTI
Josué Godoy es miembro del partido de derecha
SAN SALVADOR, El Salvador — Josué Godoy, diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), por el departamento de Santa Ana, generó mucho comentarios en redes sociales luego de sus declaraciones tomadas de una entrevista dada a un periódico digital del país, donde rompía el silencio sobre el incumplimiento de derechos humanos que se da en el país hacia la población LGBTI.
“Creo que El Salvador ha vivido en una cultura adulto centrista y conservadora en donde a nuestros papás les enseñaron a ser calladitos, a ser bien portadito, lo que significaba aguantar injusticias y el tener a una sociedad tan tímida ha permito que se den estos abusos, en donde se utilizan temas como discriminar a las mujeres, a las personas LGBTI o a las personas con discapacidad como cortinas de humo para tapar la corrupción y que los partidos políticos están perdiendo la credibilidad”, comentó Godoy al Washington Blade.
La derecha en El Salvador siempre se ha mostrado muy conservadora en temas de inclusión, tales como la población LGBTI, han sido pocos los que se han salido de ese discurso, entre ellos Johnny Wright y ahora Godoy, “muchas veces pasa que cuando llegas a los cargos de poder, te da miedo o te olvidas de las poblaciones excluidas, entonces siendo coherente con mi discurso de renovación y de una nueva generación de diputados, no voy a tener miedo”, menciona.
“Aquí ha habido diputados que han sido LGBTI y por miedo al rechazo lo han tenido en silencio; hay concejales, alcaldes, líderes en los partidos políticos que lo son”, agrega el diputado, “entonces yo creo que tenes que tener el valor de defender lo que crees y el valor de defender a los demás y sobre todo si estás en un cargo, ser la voz de las personas que no pueden ser escuchadas”.
“Las declaraciones del diputado Godoy, han puesto de manifiesto la necesidad de que los partidos políticos como institutos, como mecanismos y vehículos de la democracia, den un salto cualitativo en materia de inclusión de la población LGBTI y visibilidad de la población LGBTI”, declaró al Blade, Cruz Torres, coordinador del Ministerio de Diversidad Sexual de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador.
Por su parte Amalia Leiva, coordinadora de programas de COMCAVIS TRANS, le comentó al Blade, “en ARENA se respira doble moral, ya que expulsan a las personas de pensamiento progresista. La iniciativa del diputado es buena, pero no tendrá el apoyo de su partido.”
Godoy es un joven diputado propietario de la derecha, que ya contaba con experiencia como diputado suplente y sus ideas de renovación e inclusión, están marcando precedentes, “mi postura en primer lugar es exigir el respeto a la población LGBTI, exigir que no se discrimine y exigir que se respete como cada quien va a vivir su vida”, menciona al Blade. “Lo que si hay que aclarar que el diputado no está hablando en nombre de ARENA, solo pone de manifiesto que el partido debe evolucionar, pero el voto de confianza que se le puede dar al diputado, no es un voto de confianza al partido”.
Al hablar sobre la posibilidad de apoyar el matrimonio igualitario en el país, “yo creo que el matrimonio es una figura muy resguardada por la parte religiosa y tradicionalmente es entre un hombre y una mujer, yo respeto eso y también estoy de acuerdo, pero creo que también existen uniones entre personas del mismo sexo y tiene que buscarse un título como una unión civil o una sociedad de convivencia, para garantizar derechos patrimoniales”, agrega Godoy.
Aclaró que en temas de política está de acuerdo que puede haber en temas ideológicos izquierdas y derechas en partido político, pero en temas de derechos humanos, las personas pueden ser pro derechos humanos o sino anti derechos, “a los conservadores no les llamó así, sino anti derechos, porque las personas conservadoras tienen conciencia de derechos humanos; pero hay personas que se hacen llamar conservadoras pero solo están llenas de odio e intolerancia y en realidad lo que son es anti derechos”, menciona el diputado de ARENA.
“El diputado abre el debate en su partido, no creo que lo gane. En ARENA como en todos los partidos políticos siempre la regla ha sido que si sos gay o lesbiana, selo en tu vida privada y no a la vista pública. Y con las declaraciones que da el diputado Godoy rompe ese paradigma”, comenta al Blade Bessy Rios, directora de la Fundación de Familiares y Amigos por la Diversidad Sexual de la Mano Contigo.
Pese a recibir fuertes críticas y ataques a través de redes sociales al ser públicas sus declaraciones progresistas en apoyo a la población LGBTI, los mensajes de apoyo y aliento vía mensajes privados son el triple de los negativos, “eso aún te dice que la gente tiene miedo y no es fácil porque desde que te amenacen, te ataquen o dañen a tu familia, por eso es comprensibles que las personas tengan miedo. Por ello tenes que tener seguras tus convicciones para poder lidiar con los pro y los contra”, comenta.
Respecto al mensaje principal que intentó transmitir en sus pasadas declaraciones aclara que su punto principal era que no exista discriminación, no exista violencia y tampoco crímenes por odio hacia la población LGBTI, “estoy trabajando una iniciativa de ley anti discriminación contra las mujeres, personas con discapacidad, personas LGBTI y también anti acoso estudiantil”, comenta de manera de primicia al Blade Godoy.
A pesar que su partido se ha reconocido por su conservadurismo el diputado está dispuesto a seguir luchando por sus convicciones y compromisos con la población salvadoreña, “espero que la nueva dirigencia del partido sepa administrar que hay personas conservadoras, personas progresistas, personas líderes con mucha experiencia pero que también hay liderazgos nuevos y que todos le suman al partido; solo tienen que aprender a respetar a las personas que piensan diferente”.
“El respeto es básico para sumar en un partido político”, finaliza el diputado.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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