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Tres policías de El Salvador detenidos por el asesinato de mujer trans deportada de EEUU

Camila Díaz Córdova falleció el 3 de febrero

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Camila Díaz Córdova (Foto cortesía de ASPIDH Arcoiris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador— “No estoy al cien por ciento satisfecha, ya que como sabemos aquí en El Salvador la delincuencia común no es lo más perjudicial, sino que es el crimen organizado”, comenta al Washington Blade Virginia Flores, una amiga de Camila Díaz Córdova, una mujer trans quien había sido reportada como desaparecida a finales de enero del presente año, y que luego fuese encontrada en el Hospital Nacional Rosales, ingresada con múltiples traumatismos, falleciendo el 3 de febrero en las instalaciones del Hospital antes mencionado.

Por este caso, han sido detenidos Carlos Valentín Rosales, Jaime Giovanni Mendoza y Luis Alfredo Avelar, tres policías destacados en el Sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Salvador, los cuales compadecieron el pasado viernes 5 de julio en una audiencia inicial en el Juzgado Quinto de Paz, bajo los delitos de privación de libertad por agente de autoridad y homicidio agravado, bajo la agravante de crimen por odio.

“Los abogados de los policías alegaban que Camila andaba drogada, cosa no es cierta”, asegura Flores, quien conocía muy bien a Díaz desde que migro de Santa María Ostuma en el departamento de La Paz hacia San Salvador en el año 2007, fecha desde la cual Díaz vivió con la familia de Flores, formando parte de ella.

“No era una persona de problemas, era muy apartada. Ni siquiera decía groserías y si tomaba lo hacía en casa, pero de decir que iba a tomar en la calle … No lo creo”, menciona Flores.

Mediante un pronunciamiento, La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y La Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), exigen que se haga efectiva la reforma al Código Procesal Penal, que este crimen no quede en la impunidad y sirva como caso ejemplarizante sobre todo para agentes estatales y también que este mismo procedimiento sea llevado a cabo con cada crimen de odio cometido en contra de mujeres trans y personas de la diversidad sexual.

Díaz fue deportada en 2017 de Estados Unidos, el país al que llegó para pedir asilo por la violencia que sufren las personas LGBTI en El Salvador, al no contar con el apoyo del Estado en la defensa de sus derechos.

“El Estado salvadoreño está en deuda con todas estas familias que han perdido un ser querido que pertenecía a la población LGBTI o en específico una mujer trans”, comenta al Blade Flores. “De toda la comunidad LGBTI, las mujeres trans venimos a ser la parte más estigmatizada, las más discriminadas, porque a veces hasta la misma población LGBTI nos discrimina”, agrega.

A pesar que como se irá desarrollando el proceso genera incertidumbre, personas de la población LGBTI organizada, se muestran positivas ante este avance, “creo que esto simboliza un gran avance en el tema del acceso a la justicia, uno de los derechos más vulnerados para la población LGBTI de El Salvador, sobre todo para la población de mujeres trans que desde los años 90 vienen los asesinatos y desapariciones”, comenta Amalia Leiva, coordinadora de programas de COMCAVIS TRANS.

En el caso de Díaz se ha llegado a la audiencia inicial, continuará la fase de instrucción, con lo que Flores espera no dejen el libertad a los tres agentes detenidos, pese a que el juez declaró detención provisional mientras se llega a la siguiente etapa del proceso judicial, a la cual no se determinó una fecha; de ser declarados culpables los agentes de la PNC enfrentaran una pena de hasta 66 años de cárcel.

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Proyecto de ley de prohibir ‘terapias de conversion’ radicado en el Congreso de Colombia

Congresista gay Mauricio Toro es patrocinador

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Mauricio Toro (Photo cortesía de Mauricio Toro)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Publicó este comunicado de prensa en su sitio web.

BOGOTÁ, Colombia — Las mal llamadas “Terapias de Conversión”, también denominadas ECOSIEG, es un término dado a todos los “Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género” y que tienen como finalidad cambiar una orientación sexual a la heterosexual o cambiar una identidad o expresión de género diverso a cisgénero. Estas prácticas vulneran muchos de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, como por ejemplo, el derecho a no ser sometido a tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a ser tratado con igualdad y no ser discriminado, al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y el libre reconocimiento de la personalidad jurídica.

Por ello, para Mauricio Toro, primer Congresista abiertamente LGBTI del país: “cambiar o reprimir la orientación sexual y/o identidad de género de las personas, para imponerles una conducta heterosexual cisgénero, y llamar a esas violencias una ‘terapia de conversión’ es una clara violación a nuestros derechos que hoy, están protegidos por la Constitución. Por eso, este proyecto de ley es tan importante, porque prohíbe que la diversidad sexual sea considerada como una enfermedad mental, y en consecuencia, sanciona estas prácticas tan violentas que de manera disfrazada, pretenden lo imposible: corregir, cambiar, e invisibilizar las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Porque no hay nada que curar, porque las ECOSIEG no son terapias, son prácticas violentas que intentan lo imposible: borrar la identidad de género de las personas, porque en nosotres no hay #NadaQueCambiar”.

En Colombia, las dinámicas de los ECOSIEG tienen fachadas diversas y un espectro amplio de alcance, así lo demuestra el colectivo de periodismo feminista Volcánicas en su reportaje denominado “Inconvertibles: la lucha en contra de las mal llamadas terapias de conversión, una tortura para las personas LGBTIQ+” y que reúne una decena de testimonios de personas que afirman haber sido sometidas a ECOSIEG donde además de intentar cambiar su orientación, identidad o expresión de género, les violentaban y abusaban de sus derechos.

Para su Editora General Matilde de los Milagros: “En Volcánicas creemos en el periodismo de investigación feminista como herramienta para el avance de los derechos humanos, en especial de las mujeres y personas LGBTIQ+ y esta investigación, es evidencia de nuestro esfuerzo. La denuncia de todas las violencias patriarcales ha sido una línea parte fundamental de nuestra línea editorial desde el inicio y poder ver cómo los resultados de esta investigación se suman a la social y política en contra de violencias como las ECOSIEG, reafirma nuestro compromiso con el periodismo feminista”.

Los testimonios tienen en común la manipulación emocional y psicológica ejercida por el entorno cercano de la persona, la patologización de las orientaciones sexuales no heterosexuales, las identidades y expresiones de género diversas y diferentes formas de violencia física y psicológica ejercida en centros de atención o rehabilitación o en iglesias y comunidades religiosas de Colombia.

Junto al reportaje, la organización global por los derechos LGBT+ All Out lanzó en octubre de 2021 una campaña para presionar por la prohibición de los ECOSIEG en Colombia. Desde entonces, más de 40,000 personas se han unido a esta causa. “Gracias a estos esfuerzos, evidenciamos que los ECOSIEG siguen sucediendo en Colombia y están violentando a las personas LGBT+” afirma Andrés Forero Ordóñez, gerente de campañas para América Latina en All Out. “Conociendo las historias y los graves efectos que estas ‘terapias’ tienen en las víctimas, nos damos cuenta de la importancia que tiene este proyecto de ley para la sociedad colombiana”

Por su parte, la ONU ha concluido en un informe especial sobre las mal llamadas “terapias de conversión” que son practicas representativas de tortura que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTI y recomienda a los estados prohibir mediante Leyes estas prácticas degradantes de la dignidad. También, la CIDH recomienda prohibir estas prácticas por considerarlas una forma de violencia contra las personas LGBTI y, a su vez, la Asociación Panamericana de la Salud y la Asociación Psiquiátrica Americana han dicho que no funcionan y que al contrario representan una vulneración a los derechos humanos, sexuales y reproductivos y un riesgo inminente de tortura.

Ante este panorama, el proyecto de ley de autoría del Representante Mauricio Toro, tiene como eje central la prohibición de los ECOSIEG en el territorio nacional, estableciendo que en adelante ni la orientación sexual ni la identidad o expresión de género de nadie, será considerado como un factor para valorar la salud mental, por lo que no se podrán recomendar este tipo de “terapias o tratamientos” a personas LGBTI+.

Otros puntos importantes que incluye el proyecto de ley son;

● Prohíbe explícitamente que cualquier persona ofrezca, publicite y practique un ECOSIEG para abarcar todos los sectores de la sociedad y así evitar que personas inescrupulosas se lucren con estas prácticas.

● Prohíbe que se destinen fondos públicos para la práctica y promoción de los ECOSIEG.

● Prohíbe la publicidad y los eventos masivos que tengan como finalidad promover los ECOSIEG.

● Modifica la Ley de salud mental para otorgar como derecho a los pacientes el no ser discriminado por motivos de su diversidad sexual y excluye de los eventos considerados como interés en salud mental a las orientaciones sexuales no heterosexuales y las identidades y expresiones de género diversas.

● Obliga al Min Salud a capacitar al talento humano en salud en diversidad sexual para garantizar la no discriminación en la prestación de los servicios.

● Establece que las universidades que formen talento humano en el sector de la salud mental deberán actualizar los planes de estudio a la mayor evidencia científica existente sobre las orientaciones sexuales, las identidades y expresiones de género diversas.

● Ordena al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía a realizar un protocolo de investigación criminal que priorice investigaciones de delitos cometidos por razones de discriminación a las orientaciones, identidades y expresiones de género diversas.

● Adiciona como un agravante al delito de tortura y al delito de discriminación, es decir que la pena se aumente, el hecho de que se cometa con la intención de modificar, reprimir o cambiar la orientación sexual, la identidad o expresión de género.

El proyecto de prohibición de las ECOSIEG, fue radicado por la Cámara de Representantes, y será debatido en primer debate en la Comisión Séptima de Cámara antes del 16 de junio.

Por Oficina de Prensa, Representante Mauricio Toro

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Quedó lista la versión definitiva del Código de las Familias de Cuba con más restricciones para la ‘gestación solidaria’

El presidente, los ministros asistieron una presentación el lunes

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Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, en la reunión donde se presentó la versión definitiva del Código de las Familias (Foto cortesía de Cubadebate)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 7 de junio.

LA HABANA — La versión definitiva del Código de las Familias ya fue concluida por la comisión redactora, que la presentó este lunes en una reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de Justicia Oscar Silvera Martínez, entre otros altos funcionarios.

Se trata de la versión 25, que fue modificada en el 47.55 por ciento de las disposiciones aparecidas en el texto debatido en las consultas populares con la mayoría de los electores entre febrero y abril.

Según informó por Silvera Martínez a la prensa oficial, esta última versión incrementó el número total de artículos con respecto a la anterior y ahora cuenta con 474. Las modificaciones, basadas en las sugerencias de los electores y el criterio de los expertos, alcanzaron al 48.73 por ciento de los artículos.

El ministro aseguró que la comisión redactora revisó “artículo por artículo, párrafo por párrafo, con todo el detenimiento posible, para que no se quedara ninguna opinión”.

Aunque todavía no es público el contenido de esta versión definitiva, Silvera Martínez reveló unos pocos detalles sobre el carácter de las modificaciones. Una de ellas afecta a los artículos sobre la gestación solidaria.

“Teniendo en cuenta también los criterios de nuestro pueblo, la nueva versión contiene cambios para proteger más determinadas instituciones que prevé el Código de las Familias, como la gestación solidaria, sin negar el derecho a ella”.

La doctora Ana María Álvarez-Tabío Albo, miembro de la comisión redactora, añadió más información sobre las modificaciones realizadas al proyecto de ley.

La gestación solidaria, según la experta, “es tal vez la institución más restrictiva del Código”.

Álvarez-Tabío añadió que “tiene que ser así” porque “puede generar otras cuestiones que no podemos permitir en Cuba bajo ningún concepto”.

La experta no añadió nada más, pero parece referirse al riesgo de un mercado de vientres “solidarios”, un peligro sobre el que llamó la atención la feminista Jessica Sabina en Tremenda Nota.

Esta última versión del proyecto de ley deberá presentarse próximamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los diputados deberán aprobarlo en sesión plenaria y establecer en qué fecha se celebrará el referendo establecido por una de las disposiciones transitorias de la Constitución de 2019.

Este largo proceso que debe conducir a la legalización del matrimonio LGBTIQ+ en Cuba, entre otros derechos, comenzó en 2018 durante los debates del proyecto de Constitución.

El artículo 68, que abría la opción del matrimonio a las parejas del mismo sexo, resultó finalmente desestimado por los legisladores con el argumento de la falta de consenso entre la ciudadanía.

Sin embargo, se adoptó un concepto de matrimonio que no cerraba las puertas a las uniones LGBTIQ+ y se estableció un plazo de dos años para presentar un proyecto de Código de las Familias que resolviera el polémico punto.

Una parte del activismo ha tenido varios señalamientos para este proceso, el más importante fue la decisión de someter a referendo sus derechos. También tuvieron observaciones para la comisión redactora, en la que no participó ninguna persona abiertamente LGBTIQ+.

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¿Cómo fueron las consultas populares del Código de las Familias en Cuba?

Tremenda Nota habla con participantes por todo el país

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade. Esta nota salió en su sitio web el 29 de abril.

LA HABANA — Ya terminaron las consultas populares del proyecto de Código de las Familias, se informó este martes en el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La noticia no ha tenido gran relevancia en los medios cubanos hasta el momento.

Aquí examinamos los hitos del proceso.

¿Quiénes, cuándo y cómo?                                       

La convocatoria a consulta popular del proyecto de ley se adoptó por votación unánime en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 21 de diciembre de 2021, y comenzó el 2 de febrero del 2022.

El proceso se programó en tres fases que comprendieron la consulta popular propiamente, la entrega de informes de propuestas a la Comisión Redactora y la elaboración del proyecto final que debe presentarse en mayo a la ANPP.

La consulta popular llegó a todos los municipios y barrios. En total se realizaron más de 79.000 reuniones en todo el país. El número de electores participantes fue de alrededor de 6 millones 500.000 personas.

Las intervenciones fueron más 330.000, se informó en el Pleno del PCC. Los que decidieron compartir sus opiniones y sugerencias hicieron más de 397.000 propuestas, que significan 5 en promedio por cada reunión.

Según Cubadebate, el 61 por ciento de las propuestas fueron favorables al proyecto de ley. Si bien la cifra sugiere el predominio del Sí en el próximo referendo, hay que evaluar con cautela este resultado. Se trata, en efecto, de la mayoría de las propuestas realizadas en las consultas populares, pero solo un pequeño número del total de electores intervino en las reuniones.  

En estas consultas pudieron participar los electores definidos en la ley vigente. Incluso se admitieron las sugerencias de cubanos residentes en el extranjero, aunque a la larga solo un número pequeño compartió sus opiniones a través de las vías habilitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Se estima que alrededor de 2 millones de cubanos viven fuera del país. De ellos, solo 26.740 electores participaron en la consulta. Más de la mitad eran miembros del cuerpo diplomático o de las misiones médicas cubanas.

Según el Cen, las opiniones emitidas por los electores no tienen efecto vinculante. Según el jurista Raudiel Peña Barrios, esto significa que “las opiniones expresadas durante la consulta no tienen que ser tomadas en cuenta por el gobierno”.

Las propuestas se podían realizar por escrito u oralmente, y en ningún caso debían ser discutidas o debatidas. Las posibilidades de propuestas eran “modificación”, “eliminación”, “adición” o “dudas”.

En correspondencia con el cronograma del proceso, el 10 de marzo de 2022 el Consejo Nacional Electoral (Cen), entregó el primer informe de propuestas. Hasta ese momento, se habían realizado 210.786 propuestas y de ellas de procesaron 210.142.

Alina Balseiro Hernández, presidenta de la Comisión Electoral Nacional, explicó en ese momento a Cubadebate que “para conformar las propuestas tipo recogidas en el informe que se entregó a la comisión redactora, se asociaron las propuestas idénticas y aquellas que tenían redacción diferente, pero que se referían a igual criterio u opinión. Además, fueron eliminadas las propuestas que resultaron inconsistentes y no contaban con la argumentación necesaria para ser evaluadas con posterioridad”.

Con este criterio, se presentaron a la Comisión Redactora en ese momento 5.237 propuestas tipo.

Según el cronograma del proceso, este 30 de abril el Cen debe entregar el segundo informe de propuestas a la Comisión Redactora. Para mayo, la Comisión Redactora debe entregar a la ANPP un proyecto que el organismo someterá a aprobación.

Para que se considere aprobado el Código de las familias, deben votar por el Sí la mayoría simple de los electores cubanos, es decir, la mitad más uno. En el referendo constitucional de 2019, había 8 millones 705.723 electores en Cuba.

Hasta el momento, sigue sin informarse la fecha exacta en que se realizará el referendo.

¿Qué se discutió en las consultas populares?                      

Desde la inclusión del matrimonio igualitario en el proyecto constitucional de 2019, los espacios de debate público atestiguaron una fuerte pugna dentro del seno de la sociedad civil y diferentes organizaciones religiosas.

Con la publicación del proyecto del nuevo Código de las Familias y las posteriores consultas populares, este debate tomó una nueva dimensión que indujo a un accionar más fuerte de los activismos LGTBIQ+ y feministas.

Por otra parte, hubo un posicionamiento férreo de los sectores antiderechos del fundamentalismo cristiano, que incluso se manifestaron en televisión nacional.

Aunque el código es una ley revolucionaria en muchos aspectos, el tema de la responsabilidad parental ha acaparado buena parte de la polémica. Además de lo novedoso del término para una sociedad con esquemas de crianza autoritarios, la responsabilidad parental es una noción que tanto el fundamentalismo cristiano como algunos sectores de la oposición en Cuba han instrumentalizado para deslegitimar los cambios medulares que trae el Código.

Tremenda Nota conversó con varios participantes en las consultas populares para conocer, de primera mano, las tendencias principales de los planteamientos y el ambiente en que se produjeron las reuniones.

Katherine Fonte Rivero, estudiante de Veterinaria, La Habana

Las opiniones fueron 100 por ciento favorables al Código. Yo vivo en la zona del Cristo, a dos cuadras de Obispo, un lugar interesante, repleto de turistas y de policías, uno junto con el otro, pero también es un lugar donde hubo muchos problemas con las drogas hace algunos años.

La gente, gracias al turismo, ha ido encontrando fuentes de trabajo y se han regulado un poco los problemas con las broncas y los robos. Se ven menos. Entonces, esto es una mezcla rara entre un mini progreso gracias al turismo y gente de barrio 100 por ciento.

Ese día específico de la reunión eran personas mayores nada más, de más de 40 años. Los únicos jóvenes éramos yo, mi novio, mi hermano y otra amistad de nosotros. Nadie estaba para eso, a quién le iba a interesar.

Había unas 40 personas. Casi nadie fue, teníamos un montón de sillas vacías. La abogada que nos tocó era una mujer joven que de verdad tenía ganas de que la gente entendiera. Lo explicó punto por punto. Hasta las personas más ancianas entendieron perfectamente de lo que iba todo.

Nadie dijo nada en contra y hasta una señora de 70 años se paró a decir con un papel muy grande que este era un código de amor, de inclusión, unas palabras que tú no te imaginas que va a salir de una mujer de 70 años.

La gente lo apoyó de forma espontánea y real, más allá del hecho de acatar la orden del gobierno. Hubo gente que se paró y dijo, por ejemplo, “mi hija se fue del país cuando mi nieta era muy pequeña y yo tuve que criar y no podía ejercer ningún poder legal sobre ella” o “yo vivo solo, me interesa esto”.

Yoelkys Torres, activista LGBTIQ+ y coordinador del proyecto AfroaAtenAs, Matanzas

Participé en dos de las reuniones de la circunscripción 34 del consejo popular de Pueblo Nuevo, en Matanzas. El espacio utilizado fue la entrada del Callejón de las Tradiciones precisamente por las informaciones que durante un par años he estado mostrando sobre el Código de las Familias y su posible aprobación.

Había un 50 o 45 por ciento de las personas que debían estar y es que la gente es reacia a las reuniones, y tienen niveles de preocupación más importantes que el Código. Muchas personas no sabían ni lo que era.

Esto un barrio obrero y marginalizado de clase media y baja, y digamos que la mayoría de la población es de personas mayores, muy pocos jóvenes y muy pocos niños. Había dos o tres jóvenes si acaso.

La jurídica trató la mayoría de los aspectos generales del Código y la gente de aquí, como ya tiene un nivel de formación por el trabajo que nosotros hacemos, estaba muy de acuerdo. El único desacuerdo que chocó en ambas reuniones es que niños de 12 años tuvieran facilidad testamental.

No hubo ningún fundamentalista, a pesar de que tenemos una iglesia cerca. En ningún momento yo tuve que intervenir, incluso las autoridades que vinieron me pidieron hablar, pero expliqué que no era necesario porque todo el mundo estaba muy consciente.

Sí hubo varias personas en otros lugares, inclusive miembros del Partido Comunista de Cuba, que se opusieron totalmente al Código.

José Alejandro Estévez Santos, estudiante de Medicina, Las Tunas

Participé en dos reuniones, la que tocaba aquí en mi barrio, el reparto Aurora, y en la de mi brigada en la universidad. Vivo hace poco tiempo en este barrio, por eso no sé cuántas personas estaban convocadas. En la universidad sí hubo mucha participación: de 27, unos 23 o 24.

El barrio en el que vivo es residencial. Tiene una gran concentración de clases medias y altas, sobre todo media, aunque hay sus excepciones. Casi todos los que estuvieron presentes en la reunión de la circunscripción eran personas de más de 50 años.

Ese día, la delegada leyó un papel donde parece que estaban los temas más candentes y no hubo nadie en contra. Algunos salieron a explicar la importancia de aprobarlo, pero casi nadie había leído el texto y casi nadie participó tampoco. Creo que fui el único. Los dos o tres que participaron lo que hicieron fue repetir la propaganda de la televisión y los medios estatales.

En la brigada había un desconocimiento total, el único que tenía noción del Código era yo. De los pocos que sabían, lo que sabían era que había matrimonio igualitario, adopción…

En mi intervención traté de explicar lo novedoso del texto. En ninguno de los dos espacios hubo fundamentalistas. Cuando la Constitución sí, en ese momento algunos estudiantes se pararon y la cosa fue fuerte. También los marcos de discusión de ese momento fueron más amplios, por ejemplo, en la universidad fue a teatro lleno.

Indira González Rodríguez, Villa Clara

He estado en dos en dos consultas. En la primera fue en Santa Catalina, en la ciudad de Santa Clara, que si bien no es de la zona céntrica de la ciudad, tampoco es lo que el argot político y mediático considera vulnerable o marginalizado.

Era un grupo heterogéneo, pero predominaban personas entre 40 y 60 años, además de cuatro o cinco jóvenes que iban acompañando a sus padres o madres.

Hablaron de los términos y novedades más importantes respecto la ley vigente. La expresión generalizada para mí era que las personas tenían un profundo desconocimiento del proyecto, de los términos y las novedades que se estaban planteando en relación con el vigente.

Yo creo que no era desinterés o apatía, porque las personas expresaron a viva voz que les hubiera gustado poder leer el documento para formular un criterio, porque lo que te cuentan en la TV o en la radio, pasado por el tamiz de periodistas o expertos, es insuficiente.

La disponibilidad de tabloides aquí era muy baja. Las consultas comenzaron el 1 de febrero a las 8 de la noche y la distribución de los tabloides empezó ese día por la mañana. Para la edad del auditorio que había, tener el tabloide era importante si se aspiraba a una reunión de calidad. La alternativa era que el dúo de juristas explicara título por título los aspectos más novedosos, pero las personas tenían que haber leído.

La otra reunión fue en mi centro laboral y los jóvenes éramos mayoría. Aquí hubo muchas dudas con la autonomía progresiva, la crianza positiva, la responsabilidad parental. Por otra parte, estuvo lo patrimonial, el régimen económico del matrimonio.

Una de las propuestas fue mía y tuvo que ver con la protección familiar a las infancias trans, porque aunque se habla de la protección a las niñas, niños y adolescentes me parece que la práctica ha demostrado que se debe ser más explícito en cuanto a la protección de comunidades históricamente vulneradas.

Giselle Ordóñez, bartender, La Habana

Soy del Consejo Zamora-Cocosolo, Marianao, un barrio obrero de La Habana con zonas marginadas. A la reunión asistieron aproximadamente 80 personas, cifra récord, nunca habían salido tantos vecinos. Casi todo el tiempo en silencio, escuchando atentos.

Se leyeron y aclararon todos los artículos y en especial, los concernientes a responsabilidad parental y el matrimonio igualitario. Yo hablé del tema responsabilidad parental y la necesidad de explicarlo a fondo, porque ese cambio de nomenclatura no afecta ni la tutoría de los menores ni la guarda y custodia. Se aclaró ese punto y todos quedaron satisfechos.

Luego de terminar la reunión, la gente se quedó con dudas sobre los temas patria potestad y responsabilidad parental. Y lo otro, el tema del orden de los apellidos.

Nada de mencionar el tema del matrimonio igualitario ni la conformación de las familias homoparentales, porque la verdad es que en este barrio hay varias familias y parejas de hecho que son homosexuales y varias trans que son reconocidas y bien aceptadas en el barrio, incluso muy queridas por todos los vecinos. En eso, mi “charquito” tiene 100 puntos.

La muchacha, estudiante de Derecho, explicó bien resumido y conciso cada título del proyecto. Lo único a destacar es que un buen por ciento de los vecinos, no ha consultado el documento por no tenerlo a su alcance. Deficiencia tremenda, porque de haberlo leído todos, hubiéramos tenido un debate productivo. Por ahora, lo que más se necesita es que la mayoría lea el documento.

Yadira Álvarez Betancourt, profesora, La Habana

Yo soy del consejo popular Santa Felicia, en Marianao, un barrio obrero con muchos trabajadores informales.

A la reunión fueron menos personas de las que debían, unas 15 de 30 o 40 que hay en la manzana. La edad oscilaba entre 20 y 70 y pico de años aproximadamente.

Se hizo un paneo general de todos los capítulos del Código. La gente pidió aclaraciones sobre todo en temas de herencia, propiedad, adopción, manutención y atención económica a personas vulnerables, niños, ancianos y discapacitados.

Aquí hay muchísimas madres solteras con más de un hijo, cuidadoras de discapacitados y abuelos cuidando nietos porque los hijos se han ido del país, y por eso surgieron esos temas. En general estuvieron a favor una vez aclaradas las dudas.

Hubo dos fundamentalistas en contra del matrimonio igualitario y del reconocimiento de las familias homoparentales, pero se los “comieron”, y se callaron.

Aquí hay varias personas de la comunidad LGTBIQ+ a quienes se les aprecia mucho y por eso la gente empatiza con ellos, con sus machismos y sus chistes tontos que hay que deconstruir, pero hay mucho menos rechazo que antes. Las preocupaciones de las personas de estos barrios son otras.

Yo hablé sobre todo de la necesidad del reconocimiento de todos los tipos de familias y los derechos de todas las personas a tener vidas familiares, a mantener los vínculos con sus familias de origen.

Aquí en la zona viven varias personas de la comunidad LGBTIQ+ que han sido expulsadas por sus familias de origen y se les impide ver a sus abuelos y sobrinos.

Me sorprendí muchísimo. Pensé que iba a ser más complicado porque yo vivo a tres cuadras de la Liga Evangélica de Cuba y es un lugar de mucho tráfico de personas haciendo proselitismo, pero no pasó nada. Hubo dos budistas, algo muy interesante, y dijeron que todos los derechos deben ser respetados para que haya paz.

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