Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 23 de mayo.

“No estoy muy convencida de hablar de esto”, susurra mientras agacha la mirada y cierra los ojos envolviéndose en sus pensamientos por unos segundos. “Pero creo que es necesario hacerlo, nunca en mi vida le he temido a nada y no voy a empezar ahora”, dice con firmeza esbozando una leve sonrisa. Luego empieza a caminar en medio del bullicio de lxs estudiantes en las proximidades de la Universidad Central, en el sector de la Av. América, en Quito.

Juliana (nombre protegido) tiene 31 años, salió de su casa a los 16 y como muchas chicas trans tuvo que arreglárselas por sí misma. “La familia siempre es la primera que nos desampara, sienten repudio por nosotras. Pero bueno, eso ya pasó y no se puede hacer nada, es mejor olvidarlo”, asegura con resignación y da el tema por zanjado.

Actualmente reside en Quito, pero nació y se crió en Manta, donde junto a sus compañeras encontró el calor del hogar que le había sido negado. Se trasladó a la capital en busca de mejores oportunidades cuando tenía 24 años, sin saber que se cruzaría de frente con la violencia y la extorsión.

“Hoy en día la situación de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual es terrible, antes al menos nos podíamos ganar unos centavos. Ahora, ya no tenemos derecho ni a eso, no tenemos derecho ni a la calle”, relata con rabia, como quien siente el alivio de –por primera vez- contar algo que nunca se atrevió a decirle a nadie. Juliana asegura que las “vacunas” y “derechos de plaza” llevan en Quito ya mucho tiempo y son un problema que afecta y vulnera a las trabajadoras sexuales trans. 

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Desde el año 2021 en que inició el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, Ecuador está atravesando una fuerte crisis de inseguridad y violencia. Según el informe Human Rights Watch 2023, estas variables son motivo de “profunda preocupación” para Ecuador.

De acuerdo a la encuesta realizada por la consultora CID Gallup, Ecuador es el país de América Latina en el que la ciudadanía se siente más insegura en las calles.

En 2021 se reportaron 2.135 muertes violentas, que equivale a una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes. En 2022 la cifra llegó a 4.603 muertes; es decir, 25 casos por cada 100.000 habitantes.

En 2023 la violencia se ha exacerbado. Durante el primer trimestre del año se registraron 1.356 muertes violentas, lo que representa un aumento del 66,4 por ciento en comparación con el mismo período de 2022. Se estima que para finales de año se lleguen a contabilizar 6.300 crímenes. Ecuador es el país de la región en el que más crecen las muertes violentas. 

En medio de esta situación de violencia e inseguridad, las personas LGBTIQ+, especialmente las mujeres trans, son las más vulnerables. Coca y Mota, del colectivo Pachaqueer, denuncian que “las personas trans son consideradas de tercera o cuarta categoría en la jerarquía de las vidas que importan y el contexto actual propicia que las constantes violencias que atraviesan sean exacerbadas”.

Odalys Cayambe, presidenta de la Red Comunitaria Trans de Ecuador, añade que las mujeres trans-trabajadoras sexuales están siendo extorsionadas por el crimen organizado con tasas de hasta US$ 30 por día o US$ 500 mensuales. Lo que precariza aún más su vida y les obliga a trabajar únicamente para cumplir con el pago de estas cuotas que las mantienen “acorraladas”. 

“Nos dicen que debemos quedarnos calladas, que no podemos decir nada, mucho menos denunciar”, agrega. De hacerlo, corren el riesgo de ser “eliminadas”. Cayambe asegura también que la vida trans se encuentra más atravesada que nunca por la violencia. “Ya no sabemos ni con qué nos podemos cruzar, qué puede pasarnos a la vuelta de la esquina, y todo queda siempre en impunidad”.

Las muertes trans no son contabilizadas en Ecuador, no existen, ya que al morir no se respeta la identidad de esta población. Además, existen vacíos legales que impiden el reconocimiento de los transfemicidios.

EthnoData, plataforma de estudios de datos, recomienda que es necesaria la implementación de protocolos específicos para víctimas transfemeninas dentro del sistema penal ecuatoriano. 

“Tengo muchas compañeras enterradas en lo que va de año y ellas no están en ningún registro, al menos no con su verdadero nombre”, denuncia Odalys Cayambe.

La ausencia de datos oficiales generados por el Estado es reflejo del abandono estatal a la población trans. Esta realidad problematiza e imposibilita la búsqueda de justicia. “Vayan, vayan a los hospitales aquí en Guayaquil y vean cuántas mujeres trans están muriendo realmente”, concluye. 

Las propias organizaciones LGBTIQ+ intentan superar la inexistencia de cifras oficiales con sus propios registros. El informe Runa Sipiy, que cada año elabora la Asociación Silueta X para contabilizar el número de muertes de personas de las diversidades sexo genéricas, refleja un incremento exponencial de crímenes y violencia en contra de esta población. 

Según este informe, 15 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en el año 2021, de las cuales 10 eran mujeres trans. En 2022, la cifra aumentó a 25, con 16 casos correspondientes a mujeres trans. En ese año se incorporó la variable “muerte al estilo sicariato”, con 10 casos. 

“La violencia estructural contra mujeres trans se mantiene, pero en medio de un contexto sangriento estas se ven mucho más afectadas”, sostiene Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X. La activista proyecta que para el año 2023 se prevé un incremento de al menos un 45 por ciento en muertes LGBTIQ+.

Para Rodríguez, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene responsabilidad directa sobre estas cifras, pues la ausencia de políticas públicas enfocadas en combatir las inequidades que afectan a las personas LGBTIQ+ son un agravante que profundizan sus vulnerabilidades. “Las condiciones del actual sistema social ecuatoriano arroja a muchas compañeras trans a la calle exponiéndolas desde temprana edad a contextos de violencia”. 

Coca y Mota, de PachaQueer, son aún más tajantes en su señalamiento al actual mandatario sobre las circunstancias de violencia que afectan a las diversidades sexo genéricas: “el régimen dictatorial del presidente Guillermo Lasso ha implementado una necro política de estado que nos ubica en la línea del no ser y no existir, deshumanizándonos y desconociendo nuestras identidades”. 

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Con desesperación y rabia, Juliana denuncia que las trabajadoras sexuales trans son amenazadas de muerte si se atreven a exponer a las personas que les exigen dinero por “mantener” sus “plazas” en las calles. Para cumplir con el pago de las denominadas “vacunas”, y seguir comiendo, en muchas ocasiones trabajan día y noche. “Vivir así ya no es vida”. 

Desde su adolescencia, Juliana se enfrentó a contextos de inseguridad y violencia que logró superar con resiliencia. Pero sabe que esto va incluso más allá. “Esta gente no tiene alma, no tiene corazón, no van a dudar un segundo al momento de meterte un tiro en medio de la cabeza”, asegura. 

Tras unos segundos de pausa para darle una pitada al cigarrillo que sostiene en su mano derecha mientras camina, interroga con frontalidad: “¿A quién le importa la vida de una puta? ¿A quién le interesa la vida de una trans? Yo o cualquiera de mis compañeras podríamos morir esta noche y nadie se enteraría, todo seguiría igual”. 

Vuelve a cerrar los ojos y se encierra nuevamente en sí misma, como pensando en la impunidad de la que —sabe— gozan las personas que a diario arrebatan vidas en Ecuador sin que ocurra nada al respecto. Esta realidad abandona a las mujeres trans-trabajadoras sexuales a su suerte y las vuelve presas fáciles para el crimen organizado. “Incluso te obligan a vender su mercancía (drogas)”, añade.  

“Un día me paré fuerte y no quise pagar, me arrinconaron contra una pared y me dijeron que, si no les daba su dinero, no podía estar más en la calle, y que si lo hacía iba a acabar en el fondo de una quebrada”, relata, con la voz notablemente entrecortada. 

Vuelve a fumar y guarda silencio, dando con ello a entender que no quiere profundizar más en el tema. Para Juliana, a veces es mejor olvidar, o al menos intentar no recordar ciertas cosas, “fingir demencia” —como ella mismo dice—. 

“Solo me refugio en mí misma y sigo viviendo, no queda más. Total, ni al Gobierno ni a nadie le interesan nuestros problemas, por eso nadie habla”.

Diane Rodríguez explica que la población ecuatoriana está hoy viviendo un fenómeno que es común para las personas LGBTIQ+: la impunidad. Si alguien muere o es extorsionado, nada ocurre, no se investiga, nadie va preso, no hay justicia, mucho menos reparación. “Es lo que nuestra población siempre ha experimentado, ser únicamente daños colaterales, quedar en el olvido”, indica.

Por ello asegura que las trabajadoras sexuales trans prefieren optar por el silencio, porque si se oponen o se levantan contra quienes las obligan a involucrarse al microtráfico y a pagar extorsiones “hasta ahí llegan, primero son amenazadas, y si persisten, simplemente pierden la vida. Como le ocurrió a Jessica Martínez”.

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“Me han amenazado de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada, están pidiendo mi cabeza”. Le dijo la activista Jessica Martínez a su amiga y compañera de lucha Odalys Cayambe, poco antes de ser asesinada con once disparos. El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2022 en Ambato, donde residía y ejercía el trabajo sexual. 

Jéssica era también la vicepresidenta de la Organización Trans Nueva Esperanza, que trabajaba por la reivindicación de los derechos de la población trans en la ciudad. Desde su colectivo se había revelado en contra de las bandas delictivas que la extorsionaban a ella y a sus compañeras con el pago de cuotas por el derecho a ocupar la calle y ejercer su trabajo. 

“Ella era mi amiga, veníamos trabajando juntas desde los territorios, yo la admiraba. Pese a que denunciamos y pedimos ayuda a Fiscalía, nadie hizo nada, la dejaron morir”. Son las palabras de Odalys Cayambe al recordar a Jéssica Martínez, quien fue una mujer trans de 37 años, afrodescendiente y oriunda de Chone, que se trasladó a Ambato tras huir de Quito, donde denunció haber recibido una paliza por parte de la Policía. 

🟣#JusticiaParaJéssica | Jéssica Martínez, vicepresidenta de la agrupación Nueva Esperanza, lidereza afroecuatoriana del Movimiento Trans en #Ambato y defensora de derechos de las trabajadoras sexuales trans, fue víctima de #Transfeminicidio el sábado 3 de septiembre de 2022. pic.twitter.com/2Hdjuu0fz4

— Surkuna💚 (@SurkunaEc) September 6, 2022

Jéssica se ha convertido hoy en el reflejo de las consecuencias que pueden traer para las mujeres trans revelarse ante sus victimarios y, también, de la indiferencia e inacción estatal frente a esta realidad.

“Jéssica estaba acorralada y ya ven lo que pasó, murió y ahí quedó la cosa, sus compañeras se vieron obligadas a huir de Ambato para no correr con la misma suerte”, señala Cayambe.

Quienes la querían y acompañaban en su lucha, la recuerdan y extrañan. Ruby, quien fue una de sus mejores amigas, asegura que les hace mucha falta y que no pierden la esperanza de que algún día se haga justicia. “Te extrañamos mucho mi negrita bella”.

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A las muertes violentas que afectan a personas LGBTIQ+ y la extorsión por “derechos” de calle a mujeres trans trabajadoras sexuales, se suman otros tipos de violencia e inseguridad, como el cobro de vacunas a locales comerciales que pertenecen a personas de las diversidades sexo genéricas. 

Odalys Cayambe denuncia que “algunas compañeras, con el trabajo de su cuerpo, han logrado ponerse un negocio de cualquier cosa y están siendo vacunadas”. Por vacuna, se entiende a aquel tipo de extorsión en el que la víctima debe pagar una cierta cantidad de dinero periódicamente por supuesta “protección”. 

Esta problemática las obliga inclusive a migrar de sus ciudades de origen, huyendo de las extorsiones y de las posibles consecuencias de no pagar. “Se van, se tienen que ir, porque les es imposible cumplir con lo que les piden, la cosa está así, deben abandonar lo poco que tienen”, comenta Cayambe. 

En Quito, la situación es similar. Diane Rodríguez señala que Silueta X ha recibido denuncias de extorsiones a salones de belleza en sectores como Cumbayá o Carcelén. A estos negocios se les cobra cuotas que sobrepasan su capacidad, lo que desencadena en que se vean obligados a cerrar, explica Rodríguez.

Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2023 se han registrado 98 denuncias por extorsión en Quito. La cifra supera el total contabilizado en 2022, año en que llegó a 68. No existe ningún tipo de información referente a la población LGBTIQ+. 

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“¿Quiénes están detrás de todo esto? No lo sé, o si lo supiera no podría decírtelo directamente, eso me pondría en peligro a mí, incluso sin decir mi nombre. ¿Y sabes? También te pondría en peligro a ti”, advierte Juliana, lanzando un sano consejo. 

“Lo que sí sé y sí puedo decirte es que antes las cosas no eran así, la movida no era tan densa, claro que siempre había discriminación, violencia, lo normal”, comenta con una naturalidad que extremese. “Pero ahora, la situación ya es mucho más fuerte, que esto no salga en las noticias, no quiere decir que no esté ocurriendo”. 

Juliana cuenta que hace unos meses, mientras visitaba a una amiga suya en el sector norte de Quito, en Carapungo, le contaron que allí están dando palizas a mujeres trans que no pueden pagar lo que se les pide. “Se les llevan hasta sus cosas, a mi amiga le quitaron sus herramientas de trabajo, su secador, sus tijeras… todo”.

“Antes una soñaba con hacer una platita y dejar la calle, tener una buena vejez, ponerse un local. Ahora ya no hay esperanzas de nada”. Juliana dice que pronto tendrá que marcharse, ya que no quiere llamar la atención.

“Las trans somos fuertes, duras, la calle nos ha hecho de hierro, hemos pasado por todo y somos difíciles de doblegar. Tengo fe de que esto va a cambiar y podremos volver a vivir tranquilas, con más paz, sin miedo”.

Juliana se despide igual que se presentó: con un abrazo cariñoso en el que se puede sentir su calidez humana. Empieza a caminar y tras dar unos pasos se gira para lanzar una sonrisa al aire, como convencida de estar poniendo un grano de arena más en la lucha que incansablemente han encabezado las mujeres trans en Ecuador y el mundo.

Su historia conmueve y hace un llamado a la reflexión, no únicamente por la frontalidad de sus palabras, sino también por lo que, se entiende, no pudo decir en su totalidad por miedo a posibles represalias. Razón por la cual otras muchas también callan. Juliana expone la punta de un iceberg cuyo tamaño real no es posible dimensionar.

Las mujeres trans siguen pagando “derechos de plaza” o “vacunas”, o son asesinadas como Jéssica Martínez por revelarse ante las personas que las extorsionan y obligan a delinquir; y la paz de quienes han logrado construir un negocio propio desaparece frente al cobro de vacunas desorbitadas.

En medio de disputas de poder de la clase política, la inseguridad y violencia golpea a mujeres como Juliana, que hoy se atrave a alzar su voz frente a la crítica situación que atraviesan las las mujeres trans, las más olvidadas por el Estado y cuyas muertes siguen quedando en la impunidad.

The New Gay Times es el socio mediático del Washington Blade en México. Esta nota salió en si sitio web el 24 de mayo.

El pasado lunes 22 de mayo en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco de la alcaldía Iztapalapa se colocó la primera piedra del Mausoleo Tiresias en honor a la memoria y vida de las trans asesinadas en el país.

La lucha que comenzó Kenya Cuevas, defensora de derechos humanos y fundadora de Casa de Muñecas Tiresias la ha llevado por un largo camino en la búsqueda de justicia por el asesinato su compañera Paola Buenrostro, cuyo caso es el primer transfeminicidio reconocido en el país. Desde 2016, Cuevas se ha dedicado a darle un trato digno a los cuerpos de las mujeres trans y honrar su memoria y dignidad. Este recinto contará con 146 espacios y uno de sus objetivos también es evitar que ninguna mujer trans asesinada vaya a una fosa común, según afirmó Cuevas.

El incremento de la violencia contra las personas LGBTQI+, particularmente contra las mujeres trans pone de relieve el incremento y tolerancia de discursos de odio y retórica anti derechos que se ha destapado en redes sociales y medios de comunicación, sumado a un ambiente político polarizado y de cara a elecciones próximas. En lo que va del 2023, 19 personas LGBTQI+ han sido asesinadas, más de la mitad mujeres trans, cuyas muertes se suman a por lo menos 453 asesinatos motivados por el odio hacia la comunidad LGBTQI+ según Letra S.

Paola Buenrostro. Compañera, amiga, mujer trabajadora, valiente e imparable. Su voz fue silenciada el 30 de septiembre de 2016 por un hombre que fue dejado en libertad a pesar de los testimonios de sus compañeras. Desde ese día una lucha imparable por la justicia y la memoria comenzó.

Paola y todas las mujeres víctimas de violencia no son cifras, tienen nombre e historias, cada una de ellas merece un lugar digno para descansar y ser recordadas. Honramos sus vidas, hablamos de quiénes eran y así las sentimos con nosotras; sus almas nos acompañan, vuelan cual mariposas en el cielo, están en cada grito de lucha, ríen, aman y lloran con nosotros, nos dan la fuerza que necesitamos para seguir resistiendo.

Esta mausoleo es por ellas, por nuestras amigas, hermanas y compañeras, un recordatorio de que el amor y la lucha trascienden las barreras de la vida y la muerte.

SAN SALVADOR, El Salvador — Es importante recordar que el 25 de febrero de 2016, Karla Avelar interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 23.2 de la Ley del Nombre y de la Persona Natural. Karla alegó que ambas disposiciones resultaban contrarias a los artículos 2, 3 y 36.3 de la Constitución salvadoreña en la medida que no permiten a las personas trans adecuar su nombre con su identidad de género.

Luego de casi seis años, Avelar fue notificada con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema el 22 de febrero de 2022. Como consecuencia, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa que en el plazo máximo de un año realizará las reformas legislativas necesarias “para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género”. 

No obstante, la sentencia no precisó qué sucedería en caso la Asamblea Legislativa no cumpliera con el mandato en el plazo previsto. El plazo se cumplió en febrero de este año sin que la Asamblea Legislativa tratará ni aprobará un proyecto de ley de identidad de género. 

Por esto el pasado 17 de mayo, diferentes organizaciones lideradas por la población trans salvadoreña, levantaron diferentes posicionamientos y llevaron a cabo conferencias de prensa, para externar su desconformidad por la nula acción de parte del aparataje nacional, en temas de legislación a favor de esta población históricamente excluida. 

“Este incumplimiento de la sentencia constituye una clara vulneración a nuestros derechos humanos”, expresó en conferencia de prensa, Valeria Mejía de Asociación Aspidh Arcoiris Trans. “El hecho de continuar negándonos el derecho al cambio de nombre de acuerdo a nuestra identidad tiene repercusión negativa para el goce del derecho a un trabajo digno, educación, salud, vivienda, entre otros”. 

De acuerdo con las palabras de las activistas, el Estado salvadoreño les considera ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, por lo que exigen que a la brevedad posible, la Asamblea Legislativa no solo cumpla con el fallo de la Sala de lo Constitucional, en el que deberían realizar una reforma a la actual ley del nombre ya existente, sino que también les llaman a legislar ante la imperante necesidad de una normativa que garantice el derecho a la identidad de género en El Salvador. 

“También solicitamos a la Asamblea Legislativa que realice un debate y diálogo abierto, con las organizaciones que representas a las personas trans en El Salvador, así poder exponer los problemas de discriminación, violencia y exclusión que se vive”, comenta Stacey Aragón de Asociación Aspidh Arcoiris Trans.

Caso Karla Avelar

El director ejecutivo de FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), Henri Fino, expresó en otra conferencia de prensa que hicieron coincidir el día contra toda discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género, con la divulgación de una acción ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, refiriéndose al caso de Avelar, “este caso debe ser muy importante para toda la sociedad salvadoreña, pero también para todas las instituciones del Estado, que deben cumplir sus obligaciones y sobre todo las que le demanden por sentencia”, indicó. 

Estás acciones están siendo tomadas por la Asociación COMCAVIS TRANS, Asociación Colectivo Alejandría, FESPAD y Sinergia.

Debido a que el Estado salvadoreño tiene responsabilidad internacional en este caso, desde tres ejes centrales: el no reconocimiento del nombre de Avelar de acuerdo con su identidad de género, la ausencia de investigación, juzgamiento y sanción con debida diligencia de los hechos de violencia por prejuicio transfóbico cometidos contra Avelar y su madre Claudia, además de la huida y el consecuente desplazamiento forzado de ambas a un país europeo para proteger su vida e integridad personal en El Salvador.

“Mi caso pone en relieve la lucha constante por la protección y el reconocimiento de los derechos de la población LGBT en El Salvador, que sin duda será un referente para futuros casos”, expresó a través de video llamada Avelar. 

Las organizaciones antes mencionadas, denuncian hasta el momento Avelar sigue sin poder modificar su nombre en sus documentos de identidad, pese a haber sido favorecida por una sentencia de la Corte Suprema de El Salvador.

Bajo este eje se plantea además que los procesos judiciales existentes en el Estado salvadoreño impiden que las personas trans puedan acceder al reconocimiento de su identidad de género de conformidad con los estándares interamericanos, especialmente los previstos en la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“No vemos interés de la Asamblea Legislativa en querer legislar en favor de las personas trans en el país, por esto las personas trans siguen migrando, el caso de Karla es emblemático porque su vida estaba en peligro, pero así hay casos de otras compañeras”, expresa Karla Guevara, directora de Colectivo Alejandría. 

“El Salvador es firmante y ratificante de la Convención Interamericana, tiene la obligación de reconocer la identidad de las personas trans, sin embargo se han negado, todo por el oficialismo impuesto por el presidente Nayib Bukele”, afirma Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS de El Salvador. 

Las activistas expresaron que han buscado acercamiento con diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, pero no estos no han mostrado interés en reunirse con ellas, para explicarse la importancia del reconocimiento de la identidad de las poblaciones trans en el país. 

“Hay casos en los que la Alcaldía de San Salvador, se niegue a marginar partidas de nacimiento en el reconocimiento del nombre de personas trans, a pesar de ya existir sentencia de jueces y juezas de familia en El Salvador”, agrega Rodríguez. 

Explicaron además que, aunque el presentar el caso de Avelar se centra en el respeto a la identidad de género, también se trata sobre la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Y el presentar este caso a instancias internacionales, responde al hecho de que la institucionalidad de El Salvador se ha negado a reconocer estos derechos. 

 “Es importante mencionar que el país comience un proceso de sensibilización sobre estas realidades, porque se puede tener ley, pero se seguirá teniendo la misma problemática”, expresó Fino.

Contra la LGBTQfobia

El 20 de mayo se llevó a cabo la marcha contra la LGBTQfobia en El Salvador, partiendo del Parque Cuscatlán, hasta la Plaza Salvador del Mundo en San Salvador. Las organizaciones y activistas asistentes caminaron sobre la Alameda Roosevelt de la capital, entre música y consignas, exigiendo al Estado salvadoreño una Ley de Identidad para el respeto de los derechos de las personas trans. 

En el posicionamiento compartido, las organizaciones que pertenecen a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador, mencionaban que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones ha hecho un llamado a los Estados de la región a garantizar el derecho a la identidad y expresión de género de las personas trans, mediante la implementación de mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten registrar o cambiar componentes esenciales de su identidad en los registros públicos y en sus documentos de identificación.

También realizaron un llamado a los diputados del grupo parlamentario de Nuevas Ideas que respondan a sus solicitudes de reunión, con el fin de exponerles la necesidad de una Ley de Identidad de Género para personas trans, así como también su respectivo estudio y aprobación. 

A la Corte Suprema de Justicia, en específico a la Sala de lo Constitucional le solicitaron resolver sobre los casos de amparo presentados por el cambio de nombre y genero de algunas personas trans, en la cual la Alcaldía de San Salvador se ha encargado de entrampar los procesos; al no querer marginar las partidas de nacimiento; dichos casos que como organizaciones de sociedad civil ganaron en los juzgados de familia.

Y su última petición fue a la Alcaldía de San Salvador, para que deje de entrampar los juicios ganados en los juzgados de familia y que cumpla las resoluciones judiciales, ya que no es competencia de esta cuestionar las resoluciones judiciales sino solo cumplirlas.

Esta conmemoración no solo sirvió para recordar la existencia de poblaciones diversas en el territorio salvadoreño, sino para exigir a las instituciones el velar por el respeto de las misma y el reconocimiento de sus derechos.