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Muerte es la amenaza por ser gay en Honduras
Darwin Garcia Portillo busca refugio en EEUU
Nota del editor: Yariel Valdés González es colaborador del Washington Blade, que solicita asilo político en Estados Unidos.
Valdés permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Bossier Parish Medium Security Facility en Plain Dealing, Luisiana. Estuvo recluido en Tallahatchie County Correctional Center en Tutwiler, Misisipi, antes de su traslado a Luisiana.
El Blade recibió esta nota el 29 de junio.
TUTWILER, Misispi — Darwin Garcia Portillo tuvo que madurar siendo apenas un adolescente la muerte de su madre cuando solo tenía 15 años, le volcó la responsabilidad de cuidar a su hermano menor. En esa época vivía con su abuela, quien lo botaba de la casa diciéndole “busca trabajo maricón”, un insulto que le martillaba en la cabeza constantemente y le dejaba claro que su familia no aceptaba su orientación sexual.
Pero la discriminación no la sufrió solo en su casa, pues para un hombre gay en Honduras el trabajo puede pender de un hilo si la orientación sexual se sale del canon “heterosexual”.
“Mientras laboraba en un mercado, la dueña me quitaba mi trabajo para ponerme a hacer cosas ‘de hombre’ para que me volviera uno. En Honduras no puedes parecer gay porque pierdes el trabajo y no me podía dar ese lujo la dueña de la empresa me chantajeaba con eso”, explica Darwin.
En 2017 comenzó a trabajar en una ONG llamada Unidad Color Rosa, una organización que apoya a la comunidad LGBTI hondureña impartiendo charlas educativas sobre el VIH/Sida. Asimismo, suela por la defensa de los derechos de las personas de este colectivo y brinda asesoría y acompañamiento en casos de agresiones.
“Allí trabajaba como activista y daba charlas sobre prevención del VIH en centros educativos y otros lugares”, narra Darwin. “Me quitaba ese trabajo porque estaba rodeado de personas como yo”.
Darwin alternaba ese trabajo con el de estilista, una profesión que heredó de su madre.
Según Darwin, la población LGBTI es extremadamente vulnerable al acoso de las pandillas y de la propia policía, que no ejecuta acciones concretas contra esa situación. Al contrario, los agentes policiales se suman al quorum de las homofóbicos.
Darwin cuenta al Blade que, en San Pedro Sula, la ciudad donde vivía, “hay mucha discriminación dentro de la sociedad”.
Un día iba por la calle tomada de la mano de su pareja cuando sintió que alguien rompió una botella, que terminó hiriéndole el brazo derecho, a la vez que los ofendían. Cada vez que mira la cicatriz que aquel acto de odio le dejó para siempre se le entre cruza el miedo con la impotencia, sensaciones que se le repiten cuando nos cuenta lo sucedido el 17 de mayo de 2018.
“En el desfile contra la homofobia yo andaba con la bandera gay y con un pullover de la organización para la que trabajaba y llegaron como seis pandilleros y me golpearon con un tubo en la cadera derecha y me desearon la muerte, me insultaron”, narra Darwin.
“Mi pareja y yo ya no sabíamos que hacer: La policía no nos apoyaba, mi familia tampoco, nunca había justicia, la lucha era en vano”, él dice.
Casi la totalidad de los crímenes y ataques en contra de las personas LGBTI en Honduras quedaron e el anonimato, pues las víctimas temen represalias mayores si presentan denuncias en la policía o ante cualquier autoridad judicial.
Los pocos que se atreven a hacerlo chocan con la desidia de las policías, quienes no se esfuerzan por encontrar a los atacantes, o con la burocracia del sistema de justicia.
Así le sucedió a Darwin cuando interpuso una denuncia en la policía, debido a un ataque que sufrió la madrugada del 20 de enero de este año.
“Iba caminando con mi pareja por la calle y nos interceptan dos sujetos encapuchados que se bajaron de un carro”, narra Darwin. “Venían llenos de tatuajes y en uno de ellos se podía leer las letras MS, que significa Mara Salvatrucha, una de las dos pandillas más conocidas y temidas en San Pedro. ‘Hoy se van a morir’, nos dijeron y hicieron cuatro disparos al aire y salimos corriendo y nos escondimos en una caseta hasta que pudimos llegar al departamento”.
Tras este ataque, la policía quedó en llamarlo para reconocer a los supuestos atacantes, pero nunca lo hicieron.
“Entre la policía y las maras hay tratos y la autoridad los deja hacer todas ser crímenes a cambio de dinero”, asegura Darwin, quien también presentó una queja en una organización del gobierno llamado CONADEH (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras). “Nadie hizo nada y vivíamos con miedo constante”.
Esta serie de violencia la empujaron a salir del país junto a su hermano y su pareja.
“El mismo día que salimos hacía Guatemala nos fueron a buscar tres personas encapuchados al apartamento”, narra Darwin. “Rompieron la puerta y muchos de los artículos de la casa”.
Horas interminables
Darwin tomó rumbo norte y se entregó por Tijuana a las autoridades migratorias de Estados Unidos el 26 de marzo junto a su hermano y su pareja. Esperó casi dos meses para que le llegara el turno para solicitar asilo político.
En casa ciudad fronteriza de México con Estados Unidos hay una lista de espera que asciende a miles de migrantes que aguardan ser llamados por la migración norteamericana para entrar legalmente a territorio estadounidense. Esta estrategia comenzó a implementarse desde que las pasadas caravanas de migrantes centroamericanos pusieran en jaque a las autoridades y colapsaron los puertos de entrada.
“Cuando entré a EEUU me metieron ocho días en la hielera. Es un cuarto blanco encerrado, sin ventanas, solo con una puerta y un baño”, narra Darwin. “Nos dieron una colcha porque estaba muy helado y para abrigarnos un papel de aluminio. No sabíamos si era de día o de noche. Las horas eran interminables”.
Según Darwin, los alimentaban con un burrito medio crudo de papas y frijoles y les permitían bañarse cada dos días.
“Me separaron de mi hermano porque es menor de edad”, él narra. “Luego me separaron de mi pareja. Me sacaron a mí para Misispi ya él la dejaron unos cuantos días más allí”.
“Como parte del proceso me esposaron, algo que nunca me había pasado en la vida”, agrega Darwin. “Ha sido para mi una experiencia traumática. El tratamiento que le dan a las personas que vienen en busca de protección a los EEUU no es el más adecuado porque estamos en una prisión, te encierran por varias horas en tu celda, la comida es pésima y los oficiales te tratan mal”.
Darwin no se alimenta bien, se cuesta conciliar el sueño y cada noche siente un gran paso en el pecho. La desesperación se apoderó de él cuando supo que su familia en EEUU tampoco lo apoyará.
“Nadie quiere escribirme. Me paso el día pensando en mi hermano y en mi pareja”, narra Darwin. “Este lugar (Tallahatchie County Correctional Facility en Misisipi) me da ansiedad. No se me hace justo porque uno viene huyendo de la situación de discriminación y homofobia y aquí nos encierran”.
Luego de una entrevista, un oficial de asilo político encontró que Darwin tiene un miedo creíble de sufrir daños severos y persecución en su país natal y ahora se encuentra en una instalación para migrantes en el estado de Luisiana, donde continúa con su proceso migratorio.
Darwin anhela caminar por la calle tomado de la mano de su pareja y que nadie lo amanece por ese acto de amor y compromiso. “Uno de mis sueños es casarme”, narra Darwin. “Tengo entendido que este es un país libre y podría sentirme un poco más seguro aquí. Por eso vine”.
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo
Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.
Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos.
“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.
Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.
El caso ante la justicia disciplinaria:
Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.
Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.
Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.
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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023
Asociación Silueta X presenta el informe
POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.
El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.
Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho.
De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.
David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.
“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.
Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.
Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.
El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.
“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.
El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.
Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.
Pedidos al Estado
Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.
Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.
En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios.
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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’
Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor
El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.
En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión.
Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.
La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.
En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.
El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.
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