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Población LGBTQ en El Salvador ante la cuarentena nacional

El país ha sido cerrado desde el 11 de marzo

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Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — En cuestión de meses el coronavirus que comenzó en China en 2019, ha afectado a todo el mundo y El Salvador no es la excepción; aparte de lidiar con la preocupación de no adquirir este virus y tomando las medidas de sanitización necesarias, viene también la preocupación a la vulneración de derechos humanos y la falta de apoyo a las personas más vulnerables que se han visto afectadas por la cuarentena obligatoria que se ha dado en el país. Uno de los sectores vulnerables que se ha visto afectado ha sido la población LGBTQ.

Desde el 11 de marzo hasta el momento, El Salvador se ha encontrado en cuarentena nacional obligatoria, cerrando el comercio del país, la vida académica presencial, entre otras cosas más; situación que ya está afectando la economía de los salvadoreños, tal y como está pasando en algunos otros lugares del mundo.

“Al principio se manejó correctamente la situación en el país, como por ejemplo la decisión del cierre oportuno del aeropuerto; pero hubo una mala planificación”, comenta al Washington Blade, Karla Guevara, abogada y directora ejecutiva de Colectivo Alejandría.

“Lo mal que se manejaron los centros de cuarentena, de alguna manera ahí fue el epicentro de la pandemia en El Salvador”, agrega Guevara. Y dichos centros de cuarentena, fueron denunciados por faltas graves a los derechos humanos de las personas ahí albergadas, entre los casos de vulneración que se dieron está el de un hombre trans que nunca respetaron su identidad de género.

El Blade estableció contacto con la Organización de Hombres Trans de El Salvador (HT El Salvador), quienes comentaron que dicho hombre trans regresaba de Guatemala el 13 de marzo, día que entró en vigor la Ley de Emergencia; ahí fue retenido por las autoridades y luego trasladado hacia un centro de contención en el departamento de Usulután de manera  temporal, “en ese lugar pasó algunos días junto a otras personas LGBTI que habían llegado al país, según nos relató esa persona”, informa al Blade representante de HT El Salvador, “en ningún momento fue respetada la identidad de género de las personas trans”, agrega. 

Luego el compañero trans fue trasladado a un centro de contención en el departamento de Chalatenango, el lugar no contaba con las condiciones adecuadas para ser un centro de contención, aparte de insalubre, a las personas albergadas no se les brindaba alimentación,

“HT El Salvador, llevó kits alimenticios y de higiene personal a este hombre tras; también para que fueran distribuidas con más personas trans ahí aisladas”, informaron.

La organización desconoce si los kits fueron distribuidos con las personas trans, lo cual les llevó a poner las respectivas denuncias correspondientes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Luego de las denuncias, las condiciones mejoraron para el compañero trans y otras personas aisladas en ese centro.

“Desde la Sala de lo Constitucional, el estar en centros de contención para aquellas personas que supuestamente violaban la cuarentena, fue una clara violación a los derechos humanos”, Erick Ortiz, pre candidato para diputado por Nuestro Tiempo, comenta al Blade. “Para la población LGBTI fue más complejo, pues en esos centros de contención no existía ningún protocolo que garantizara un entorno libre de discriminación y violencia; y desafortunadamente si hubo casos de discriminación y violencia hacia hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans dentro de estos centros de contención.”

Erick Ortíz, un pre candidato gay para diputado por el partido Nuestro Tiempo, brinda ayuda a una mujer trans en el centro de San Salvador, El Salvador. (Foto cortesía de Erick Ortiz)

Mientras todos y todas estaban encontrando la manera de seguir sobre llevando la cuarentena obligatoria, en la madrugada del 31 de mayo llegó a El Salvador la tormenta tropical Amanda azotando con fuerza y afectando así a las zonas más vulnerables del país.

Jessica Nahomy Gómez, mujer trans trabajadora sexual, es una de las personas de la población LGBTQ que también se han visto afectadas también con las lluvias.

“Se me cayó mi casita, por el derrumbe de un muro a la par de mi casita, le cayó encima”, comenta al Blade.

“No he recibido ayuda ni por parte del gobierno, ni por parte del municipio donde tenía mi casita, de mi depende mi madre a quien tengo muy enferma de salud”, cuenta Gómez al hablar de la situación actual. “Las únicas que me han ayudado con un poco de víveres han sido la Asociación Feminista Trans de El Salvador y Aspidh Arcoíris Trans, con esa ayuda me he sentido bien, no es la gran cantidad, pero si les estoy muy agradecida”.

Ayuda en tiempos de COVID-19

Frente a toda esta situación mucho se ha cuestionado la falta de planificación por parte del Estado salvadoreño, para solventar las necesidades de la población al estar en cuarentena obligatoria, incluso las mismas organizaciones de sociedad civil aceptan no estar preparadas, pero este no les ha detenido en su esfuerzo por ayudar.

“Hay personas LGBTI que frente a todo esto han caído en situación de hambre; como organizaciones y comunidad LGBTI hemos tratado de llevar apoyos solidarios en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que hemos conocido que tienen necesidad”, declara al Blade, Roberto Zapata, secretario general de Asociación AMATE El Salvador. “Esto que hacemos lo hacemos para poder cubrir un poco lo que el Estado no está haciendo”.

“Ninguna de las organizaciones de sociedad civil está preparada para esta situación, si no lo está el Estado salvadoreño al igual que ningún Estado en el mundo, menos nosotras; hemos buscado con los donantes y personas naturales para hacer entrega de una canasta de víveres a personas LGBTI con necesidad”, comenta al Blade, Monica Linares, directora de Aspidh Arcoiris Trans. Son una de las organizaciones que han visto la manera de ayudar a su población al verse alargada la cuarentena en el país.

“Con ayuda de cooperantes estamos logrando brindar un poco de ayuda a 450 mujeres trans en condiciones de vulnerabilidad; sabemos que es mínimo, pues no las podremos apoyar muchos meses, pero viene a sumar al apoyo que están dando otras organizaciones”, comenta Guevara.

Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

El gobierno por su parte, brindó una ayuda de $300 al inicio de la emergencia, para una cierta cantidad de salvadoreños y entre los cuales lamentablemente mujeres trans que no viven con sus familias, no se vieron beneficiadas; pero gracias a la gestión de Aspidh Arcoiris Trans con el Ministerio de Culturo se logró obtener ayuda económica para 30 mujeres trans.

El trabajo y la población LGBTQ

En el ámbito laboral la población LGBTQ ha sufrido un impacto muy grande, aún más en el caso de la población trans, pues es la parte de esta población que es más susceptible al momento de encontrar un trabajo, “las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, ya tienen más de 80 días de no ejercer el trabajo, al igual que las personas LGBTI del comercio informal”, comenta al Blade Guevara, y nos agrega que, “se puede decir que alrededor de un 40 por ciento de la población LGTBI cuenta con un trabajo estable, el otro 60 por ciento se dedica a su negocio propio, comercio informal o el trabajo sexual”.

“Llevamos tres meses de confinamiento social, en el que estamos viviendo un coma económico inducido, esto ha dejado en una vulnerabilidad gravísima a una parte de la población LGBTI que además sufre el flagelo de la pobreza”, menciona Ortiz. 

Como ya lo mencionaban, una parte de esta población que se ha visto muy afectada por la situación y se verá más afectada, es la que ejerce el trabajo sexual. No solo por el tiempo que llevan sin laborar, sino que al volver a las actividades a la “normalidad” en su totalidad, es la población que deberá tener aún más cuidado por el riesgo de contagio de COVID-19.

“Yo ejerzo el trabajo sexual y cuando puedo también trabajo de venta informal, pero ahora que me he venido a la capital de San Salvador, el lugar donde estoy tiene un cordón sanitario, cuando uno quiere salir de ahí siempre se sufre acoso por parte de los judiciales”, así declaró al Blade Gómez, “Tuve que irme a un mesón al haber perdido mi casa, a veces voy a lavar y planchar ropa de gente que me conoce y así me gano unos $5 o $3 diarios”.

Además, Gómez nos externó que el trabajo sexual se verá muy afectado, pues antes de la pandemia ya era difícil lograr que se pagará lo debido por los servicios, ahora que la economía quedará delicada para toda la población salvadoreña y sumarle a eso las medidas sanitarias que habrá que adoptar, nadie querrá pagar el trabajo sexual.

“Yo no he recibido ninguna ayuda por parte de la alcaldía de La Libertad que es donde pertenezco, ni con víveres, ni material o algo que se pueda gestionar para mi vivienda”, agrega.   

Por otra parte, al no tener una respuesta clara de apoyo a los pequeños emprendedores LGBTQ, ha hecho que ellos y ellas mismas, tomen las medidas necesarias para adaptarse en este tiempo de pandemia, tal es el caso de la marca Weirdo Sportwear, marca de indumentaria deportiva.

“Como empresa emprendedora teníamos listo el desglose de los pasos para nuestros primeros meses de este año 2020, pero nunca pensamos en tener un plan de contingencia para la continuidad de nuestro negocio”, comenta al Blade, Eugenia Folgar, fundadora de la marca.

“Nos dimos una tarea de adaptación a nuestras nuevas necesidades y desarrollar un producto mínimo viable, que cubriera dicha necesidad”, agrega Folgar.

“Hoy elaboramos tapa bocas textiles con nuestros tejidos. Logramos reinventarnos”, alega al Blade muy satisfecha. “Esperamos que en estos momentos duros el Gobierno propicie el apoyo a nuevos emprendimientos, y a las medianas y pequeñas empresas ya existentes, lograr acceso a financiamientos en estos tiempos de crisis”.

Lucha de poderes

En medio de las crisis que afectan al país, los poderes del Estado salvadoreño no logran ponerse de acuerdo en los temas de medidas o protocolos que ayuden a la población al momento de concluir el confinamiento y retomar la actividad económica; el Ejecutivo y el Legislativo, luchan por llevar la batuta de estas temáticas.

“El manejo de la crisis a nivel del Ejecutivo ha sido lamentable, pues ha mantenido un tono presidencial confrontativo frente al resto de órganos del Estado”, comenta al Blade Ortiz.

“Es preocupante porque en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica y social, sin precedentes en el país, también tenemos una grave crisis política que está poniendo en entre dicho loa avances democráticos que ha tenido El Salvador en los años después de la guerra”, agrega.

“Como organizaciones estamos alarmadas al ver como el Ejecutivo ha profundizado un discurso anti derechos humanos, utilizando sus redes sociales y las de sus funcionarios para atacar a organizaciones que defendemos derechos humanos”, comenta Zapata. “El gobierno de manera cínica ha desconocido, descarada y continua, ha desconocido e ignorado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y todo al parecer por una movida política electoral.”  

A título personal, Linares opina que el gobierno ha realizado la parte de prevención en el país, para que no incrementen los casos de contagios y fallecidos, “será lamentable que al momento de levantar la cuarentena, los casos de se incrementen y la población LGBTI se verá afectada”.

“Los centros de salud ya están saturados, esperemos que esto no se desborde y que los poderes del Estado puedan llegar a un consenso para el bien de la población en general, incluidas nosotras como población LGBTI”, argumenta Linares.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 21 de abril, mostró su preocupación sobre posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador, cometidos en el cumplimiento de las medidas oficiales impuestas contra el nuevo coronavirus.

“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19”, expresó Bachelet en un comunicado.

Preocupación que la Sala de lo Constitucional de El Salvador, ha tomado en cuenta al igual que los muchos procesos de inconstitucionalidad que les han presentado a raíz de la creación de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID19, contenida en el Decreto Legislativo N°594, el cual fue aprobado el 14 de marzo del corriente año y publicado en el Diario Oficial N°53 al siguiente día.

“Todos los derechos son complementarios, entonces todas las leyes y todos los decretos que salen del Legislativo y el Ejecutivo, tienen que ser en aras de respetar los derechos humanos. Y la Sala de lo Constitucional ya se los dijo en reiteradas ocasiones, al Ejecutivo y al Legislativo”, afirma al Blade Guevara, “tienen que sentarse a trabajar una Ley o un Decreto que respete todos los derechos de las personas que están consagrados en la Constitución”. Guevara aplaude el trabajo del poder Judicial y concluye que el problema se ha dado con el Legislativo y el Ejecutivo, pues en lo que menos se han preocupado es en la salud y bienestar de todos los salvadoreños.

Al cierre de esta nota El Salvador contaba según los registros publicados por el Gobierno de la República, con 3,720 casos confirmados, de los cuales 1,843 son casos recuperados y 74 personas han fallecido, por lo que se cuenta con 1,803 casos activos según datos de covid19.gob.sv. Al no llegar a un acuerdo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, el gobierno del país optó por lanzar el decreto ejecutivo N°31 del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud. En dicho documento también se comprende los protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID-19. La reactivación de la economía se dividió en cinco fases, las cuales comenzaron el 16 de junio y se estima que estarían finalizando el 31 de agosto, logrando así la apertura en su totalidad de la economía del país.  

Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)
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Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

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(Captura de pantalla de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 19 de enero.

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.


* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

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Noticias en Español

El 2026 bajo presión

La realidad que enfrentan las organizaciones LGBTQ en EEUU

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(Foto de Michael Key por el Washington Blade)

El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.

Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.

La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.

A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.

El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.

Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.

Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.

Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.

Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.

El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.

La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.

El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.

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Colombia

Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad

Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre

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(Foto via Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.

Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.

Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.

Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.

En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.

Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.

Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.

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