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Población LGBTQ en El Salvador ante la cuarentena nacional

El país ha sido cerrado desde el 11 de marzo

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Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — En cuestión de meses el coronavirus que comenzó en China en 2019, ha afectado a todo el mundo y El Salvador no es la excepción; aparte de lidiar con la preocupación de no adquirir este virus y tomando las medidas de sanitización necesarias, viene también la preocupación a la vulneración de derechos humanos y la falta de apoyo a las personas más vulnerables que se han visto afectadas por la cuarentena obligatoria que se ha dado en el país. Uno de los sectores vulnerables que se ha visto afectado ha sido la población LGBTQ.

Desde el 11 de marzo hasta el momento, El Salvador se ha encontrado en cuarentena nacional obligatoria, cerrando el comercio del país, la vida académica presencial, entre otras cosas más; situación que ya está afectando la economía de los salvadoreños, tal y como está pasando en algunos otros lugares del mundo.

“Al principio se manejó correctamente la situación en el país, como por ejemplo la decisión del cierre oportuno del aeropuerto; pero hubo una mala planificación”, comenta al Washington Blade, Karla Guevara, abogada y directora ejecutiva de Colectivo Alejandría.

“Lo mal que se manejaron los centros de cuarentena, de alguna manera ahí fue el epicentro de la pandemia en El Salvador”, agrega Guevara. Y dichos centros de cuarentena, fueron denunciados por faltas graves a los derechos humanos de las personas ahí albergadas, entre los casos de vulneración que se dieron está el de un hombre trans que nunca respetaron su identidad de género.

El Blade estableció contacto con la Organización de Hombres Trans de El Salvador (HT El Salvador), quienes comentaron que dicho hombre trans regresaba de Guatemala el 13 de marzo, día que entró en vigor la Ley de Emergencia; ahí fue retenido por las autoridades y luego trasladado hacia un centro de contención en el departamento de Usulután de manera  temporal, “en ese lugar pasó algunos días junto a otras personas LGBTI que habían llegado al país, según nos relató esa persona”, informa al Blade representante de HT El Salvador, “en ningún momento fue respetada la identidad de género de las personas trans”, agrega. 

Luego el compañero trans fue trasladado a un centro de contención en el departamento de Chalatenango, el lugar no contaba con las condiciones adecuadas para ser un centro de contención, aparte de insalubre, a las personas albergadas no se les brindaba alimentación,

“HT El Salvador, llevó kits alimenticios y de higiene personal a este hombre tras; también para que fueran distribuidas con más personas trans ahí aisladas”, informaron.

La organización desconoce si los kits fueron distribuidos con las personas trans, lo cual les llevó a poner las respectivas denuncias correspondientes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Luego de las denuncias, las condiciones mejoraron para el compañero trans y otras personas aisladas en ese centro.

“Desde la Sala de lo Constitucional, el estar en centros de contención para aquellas personas que supuestamente violaban la cuarentena, fue una clara violación a los derechos humanos”, Erick Ortiz, pre candidato para diputado por Nuestro Tiempo, comenta al Blade. “Para la población LGBTI fue más complejo, pues en esos centros de contención no existía ningún protocolo que garantizara un entorno libre de discriminación y violencia; y desafortunadamente si hubo casos de discriminación y violencia hacia hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans dentro de estos centros de contención.”

Erick Ortíz, un pre candidato gay para diputado por el partido Nuestro Tiempo, brinda ayuda a una mujer trans en el centro de San Salvador, El Salvador. (Foto cortesía de Erick Ortiz)

Mientras todos y todas estaban encontrando la manera de seguir sobre llevando la cuarentena obligatoria, en la madrugada del 31 de mayo llegó a El Salvador la tormenta tropical Amanda azotando con fuerza y afectando así a las zonas más vulnerables del país.

Jessica Nahomy Gómez, mujer trans trabajadora sexual, es una de las personas de la población LGBTQ que también se han visto afectadas también con las lluvias.

“Se me cayó mi casita, por el derrumbe de un muro a la par de mi casita, le cayó encima”, comenta al Blade.

“No he recibido ayuda ni por parte del gobierno, ni por parte del municipio donde tenía mi casita, de mi depende mi madre a quien tengo muy enferma de salud”, cuenta Gómez al hablar de la situación actual. “Las únicas que me han ayudado con un poco de víveres han sido la Asociación Feminista Trans de El Salvador y Aspidh Arcoíris Trans, con esa ayuda me he sentido bien, no es la gran cantidad, pero si les estoy muy agradecida”.

Ayuda en tiempos de COVID-19

Frente a toda esta situación mucho se ha cuestionado la falta de planificación por parte del Estado salvadoreño, para solventar las necesidades de la población al estar en cuarentena obligatoria, incluso las mismas organizaciones de sociedad civil aceptan no estar preparadas, pero este no les ha detenido en su esfuerzo por ayudar.

“Hay personas LGBTI que frente a todo esto han caído en situación de hambre; como organizaciones y comunidad LGBTI hemos tratado de llevar apoyos solidarios en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que hemos conocido que tienen necesidad”, declara al Blade, Roberto Zapata, secretario general de Asociación AMATE El Salvador. “Esto que hacemos lo hacemos para poder cubrir un poco lo que el Estado no está haciendo”.

“Ninguna de las organizaciones de sociedad civil está preparada para esta situación, si no lo está el Estado salvadoreño al igual que ningún Estado en el mundo, menos nosotras; hemos buscado con los donantes y personas naturales para hacer entrega de una canasta de víveres a personas LGBTI con necesidad”, comenta al Blade, Monica Linares, directora de Aspidh Arcoiris Trans. Son una de las organizaciones que han visto la manera de ayudar a su población al verse alargada la cuarentena en el país.

“Con ayuda de cooperantes estamos logrando brindar un poco de ayuda a 450 mujeres trans en condiciones de vulnerabilidad; sabemos que es mínimo, pues no las podremos apoyar muchos meses, pero viene a sumar al apoyo que están dando otras organizaciones”, comenta Guevara.

Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

El gobierno por su parte, brindó una ayuda de $300 al inicio de la emergencia, para una cierta cantidad de salvadoreños y entre los cuales lamentablemente mujeres trans que no viven con sus familias, no se vieron beneficiadas; pero gracias a la gestión de Aspidh Arcoiris Trans con el Ministerio de Culturo se logró obtener ayuda económica para 30 mujeres trans.

El trabajo y la población LGBTQ

En el ámbito laboral la población LGBTQ ha sufrido un impacto muy grande, aún más en el caso de la población trans, pues es la parte de esta población que es más susceptible al momento de encontrar un trabajo, “las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, ya tienen más de 80 días de no ejercer el trabajo, al igual que las personas LGBTI del comercio informal”, comenta al Blade Guevara, y nos agrega que, “se puede decir que alrededor de un 40 por ciento de la población LGTBI cuenta con un trabajo estable, el otro 60 por ciento se dedica a su negocio propio, comercio informal o el trabajo sexual”.

“Llevamos tres meses de confinamiento social, en el que estamos viviendo un coma económico inducido, esto ha dejado en una vulnerabilidad gravísima a una parte de la población LGBTI que además sufre el flagelo de la pobreza”, menciona Ortiz. 

Como ya lo mencionaban, una parte de esta población que se ha visto muy afectada por la situación y se verá más afectada, es la que ejerce el trabajo sexual. No solo por el tiempo que llevan sin laborar, sino que al volver a las actividades a la “normalidad” en su totalidad, es la población que deberá tener aún más cuidado por el riesgo de contagio de COVID-19.

“Yo ejerzo el trabajo sexual y cuando puedo también trabajo de venta informal, pero ahora que me he venido a la capital de San Salvador, el lugar donde estoy tiene un cordón sanitario, cuando uno quiere salir de ahí siempre se sufre acoso por parte de los judiciales”, así declaró al Blade Gómez, “Tuve que irme a un mesón al haber perdido mi casa, a veces voy a lavar y planchar ropa de gente que me conoce y así me gano unos $5 o $3 diarios”.

Además, Gómez nos externó que el trabajo sexual se verá muy afectado, pues antes de la pandemia ya era difícil lograr que se pagará lo debido por los servicios, ahora que la economía quedará delicada para toda la población salvadoreña y sumarle a eso las medidas sanitarias que habrá que adoptar, nadie querrá pagar el trabajo sexual.

“Yo no he recibido ninguna ayuda por parte de la alcaldía de La Libertad que es donde pertenezco, ni con víveres, ni material o algo que se pueda gestionar para mi vivienda”, agrega.   

Por otra parte, al no tener una respuesta clara de apoyo a los pequeños emprendedores LGBTQ, ha hecho que ellos y ellas mismas, tomen las medidas necesarias para adaptarse en este tiempo de pandemia, tal es el caso de la marca Weirdo Sportwear, marca de indumentaria deportiva.

“Como empresa emprendedora teníamos listo el desglose de los pasos para nuestros primeros meses de este año 2020, pero nunca pensamos en tener un plan de contingencia para la continuidad de nuestro negocio”, comenta al Blade, Eugenia Folgar, fundadora de la marca.

“Nos dimos una tarea de adaptación a nuestras nuevas necesidades y desarrollar un producto mínimo viable, que cubriera dicha necesidad”, agrega Folgar.

“Hoy elaboramos tapa bocas textiles con nuestros tejidos. Logramos reinventarnos”, alega al Blade muy satisfecha. “Esperamos que en estos momentos duros el Gobierno propicie el apoyo a nuevos emprendimientos, y a las medianas y pequeñas empresas ya existentes, lograr acceso a financiamientos en estos tiempos de crisis”.

Lucha de poderes

En medio de las crisis que afectan al país, los poderes del Estado salvadoreño no logran ponerse de acuerdo en los temas de medidas o protocolos que ayuden a la población al momento de concluir el confinamiento y retomar la actividad económica; el Ejecutivo y el Legislativo, luchan por llevar la batuta de estas temáticas.

“El manejo de la crisis a nivel del Ejecutivo ha sido lamentable, pues ha mantenido un tono presidencial confrontativo frente al resto de órganos del Estado”, comenta al Blade Ortiz.

“Es preocupante porque en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica y social, sin precedentes en el país, también tenemos una grave crisis política que está poniendo en entre dicho loa avances democráticos que ha tenido El Salvador en los años después de la guerra”, agrega.

“Como organizaciones estamos alarmadas al ver como el Ejecutivo ha profundizado un discurso anti derechos humanos, utilizando sus redes sociales y las de sus funcionarios para atacar a organizaciones que defendemos derechos humanos”, comenta Zapata. “El gobierno de manera cínica ha desconocido, descarada y continua, ha desconocido e ignorado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y todo al parecer por una movida política electoral.”  

A título personal, Linares opina que el gobierno ha realizado la parte de prevención en el país, para que no incrementen los casos de contagios y fallecidos, “será lamentable que al momento de levantar la cuarentena, los casos de se incrementen y la población LGBTI se verá afectada”.

“Los centros de salud ya están saturados, esperemos que esto no se desborde y que los poderes del Estado puedan llegar a un consenso para el bien de la población en general, incluidas nosotras como población LGBTI”, argumenta Linares.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 21 de abril, mostró su preocupación sobre posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador, cometidos en el cumplimiento de las medidas oficiales impuestas contra el nuevo coronavirus.

“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19”, expresó Bachelet en un comunicado.

Preocupación que la Sala de lo Constitucional de El Salvador, ha tomado en cuenta al igual que los muchos procesos de inconstitucionalidad que les han presentado a raíz de la creación de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID19, contenida en el Decreto Legislativo N°594, el cual fue aprobado el 14 de marzo del corriente año y publicado en el Diario Oficial N°53 al siguiente día.

“Todos los derechos son complementarios, entonces todas las leyes y todos los decretos que salen del Legislativo y el Ejecutivo, tienen que ser en aras de respetar los derechos humanos. Y la Sala de lo Constitucional ya se los dijo en reiteradas ocasiones, al Ejecutivo y al Legislativo”, afirma al Blade Guevara, “tienen que sentarse a trabajar una Ley o un Decreto que respete todos los derechos de las personas que están consagrados en la Constitución”. Guevara aplaude el trabajo del poder Judicial y concluye que el problema se ha dado con el Legislativo y el Ejecutivo, pues en lo que menos se han preocupado es en la salud y bienestar de todos los salvadoreños.

Al cierre de esta nota El Salvador contaba según los registros publicados por el Gobierno de la República, con 3,720 casos confirmados, de los cuales 1,843 son casos recuperados y 74 personas han fallecido, por lo que se cuenta con 1,803 casos activos según datos de covid19.gob.sv. Al no llegar a un acuerdo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, el gobierno del país optó por lanzar el decreto ejecutivo N°31 del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud. En dicho documento también se comprende los protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID-19. La reactivación de la economía se dividió en cinco fases, las cuales comenzaron el 16 de junio y se estima que estarían finalizando el 31 de agosto, logrando así la apertura en su totalidad de la economía del país.  

Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)
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Ecuador

Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos

Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos

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Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.

El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.

El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.

La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.

El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.

En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.

Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.

Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.

En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.

Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.

El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.

La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.

Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.

El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.

Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.

Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.

Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.

La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.

Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.

En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.

Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.

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Ecuador

Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador

Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023

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(Imagen de cortesía)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 9 de febrero.

A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.

Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso. 

Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).

El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.

Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en  los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía. 

Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase. 

La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.

Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.

“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado. 

Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso. 

En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.

El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.

De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.

Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.

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Honduras

Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya

Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia

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(Captura de pantalla de Reportar sin Miedo)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 19 de enero.

Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.

Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.

Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.

Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.

Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.

El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.

A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.


* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas

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