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Pareja de lesbianas cubanas vive entre la libertad y en el encierro

Yanelkys Moreno Agramonte permanece bajo custodia de ICE

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De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)

Nota del editor: Yariel Valdés González es periodista de Cuba que ha obtenido asilo en Estados Unidos. Permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por casi un año hasta su liberación del River Correctional Center en Ferriday, Luisiana, el 4 de marzo.

Una versión de esa nota en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el miércoles.

En casi cinco años de noviazgo, Yanelkys Moreno Agramonte, 36, y Dayana Rodríguez González, 31, nunca se habían separado. Eran dos vidas en una hasta el 3 de noviembre de 2019 cuando ambas solicitaron juntas asilo político en Estados Unidos a través de un puerto de entrada de El Paso, Texas. Allí determinaron que no podían estar sentadas ni en el mismo banco. Mientras procesaban su ingreso al país, ambas fueron confinadas a celdas distintas.

“A mí me encerraron en una bien pequeña, sola”, cuenta al Washington Blade vía telefónica Moreno desde el South Louisiana ICE Processing Center en Basile, Luisiana, el 9 de junio. “Allí estuve dos días y a mi pareja la trasladaron al otro día de haber entrado”.  

“Perdimos todo vínculo”, narra por otra parte Rodríguez el 10 de junio en una llamada con el Blade desde Phoenix. “No sabía donde estaba ella y ni ella donde estaba yo. El día cuatro me movieron en la noche para el centro de detención y ahí seguía con la incertidumbre de si la iban a mandar para allá”.

Al otro día coincidieron unos minutos en el comedor del El Paso Service Processing Center, pues no estaban en el mismo dormitorio. Así hicieron cada vez que podían para curarse esa necesidad de una por la otra.

“Nos regañaron dos veces porque yo me quedaba de última en la fila para esperar a que ella llegara y comer juntas”, recuerda Rodríguez. 

Ambas idearon una estrategia para verse en los turnos de la biblioteca, en visitas que podían solicitar y hasta en la ceremonia religiosa que la Iglesia Católica oficiaba allí.

“Yanelkis hizo las peticiones para las visitas como dos veces y nos autorizaron una sola. Era en un mismo salón todas las parejas juntas, una al lado de la otra. No nos podíamos tocar, solo un beso a la entrada y un beso a la salida y con una oficial vigilándonos todo el tiempo. Y era cuando ellos querían darte la visita”, comenta Rodríguez.

Si ambas hubieran estado casadas, quizás esta historia no hubiera sido tan amarga, pues, en teoría, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispone que un solicitante de asilo casado puede patrocinar a su cónyuge a través del estado de “asilado derivado”. Este proceso permite que puedan permanecer juntos siempre que presenten un certificado de matrimonio o unión civil. 

Pero Moreno y Rodríguez son ciudadanas de Cuba, una isla donde aún no es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo así como prevalecen políticas gubernamentales y actitudes sociales que acentúan la discriminación hacia la comunidad LGBTQ.

Sus casos de inmigración están unidos, sin embargo, en diciembre Moreno fue separada otra vez de Rodríguez, esta vez a más de 900 millas al este, al South Louisiana ICE Processing Center, donde actualmente permanece, mientras que a Rodríguez la mantuvieron en custodia en El Paso hasta el 4 de febrero de 2020 cuando fue liberada bajo libertad condicional (parole) y una fianza de $7,500. 

Se vieron por última vez a través del cristal de una puerta, amándose con señas, luego de una conversación que marcaría para siempre la vida de ambas. Al siguiente amanecer Moreno ya no estaba y la frustración por no poder despedirse las hiere hasta hoy.

El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México, el 15 de julio de 2019. Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González, piden asilo en Estados Unidos en El Paso. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Homofobia y acoso policial constante en Cuba

Las familias de Moreno y Rodríguez nunca aceptaron que dos mujeres podían enamorarse y convivir juntas. Los prejuicios que aún perviven en la isla caribeña y especialmente en Zulueta, un diminuto poblado en el centro del país donde residían, les ponían constantemente barreras a su vida social y de pareja.

“Debido a mi orientación sexual mis padres se divorciaron. Mi padre es el típico machista cubano, que decía que sus hijos no podían ser homosexuales. La única que me apoyó siempre fue mi hermana”, detalla Moreno. 

A Rodríguez la expulsaron de su casa cuando se enteraron que tenía una relación amorosa con una muchacha.

“Me sacaron todas mis cosas y eso fue terrible, porque estaba lloviendo y además en medio de un apagón. Tuve que recoger mis cosas e irme para casa de ella. Fue algo que no esperábamos”, ella dice.

Al rechazo familiar se sumaban las miradas acusadoras de sus vecinos, por lo que no se atrevían ni a caminar por las calles tomadas de las manos. Moreno se sintió asfixiada con tanta intolerancia, “pues allá (Cuba) los homosexuales no somos bien vistos, ni por la familia ni por las autoridades, somos bastante discriminados. Me sentía mal porque al final nosotros también somos personas correctas. Tenemos derechos y el gobierno constantemente los viola. No podemos tener nuestra propia familia”.

A la imposibilidad de contraer matrimonio, los gays cubanos tampoco pueden adoptar niños. Las personas trans no están protegidas en el actual Código del Trabajo y solo las que se realicen la operación de reasignación de sexo pueden cambiar su género y foto en el documento de identidad, un proceso que no suele ser ágil.  

Como si el actual escenario no bastara, esta pareja sufrió el acoso de un policía homofóbico. El oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba las perseguía como una sombra.

“Había un oficial apellidado Sosa, que donde quiera que estábamos se aparecía”, según el testimonio de Rodríguez. “Él se portó muy grosero con nosotras. En dos ocasiones nos ofendió diciéndonos que no le estábamos dando ningún buen ejemplo a la sociedad ni a los niños”.

“En la otra ocasión, durante unas fiestas del pueblo, estábamos sentadas en el parque, agarradas de manos, sin faltarle el respeto a nadie y él también llegó y nos llevó a la unidad porque, según él, no podíamos hacer eso”, continúa Rodríguez. “Él no estaba de acuerdo en que nosotras fuéramos pareja ni que lo demostrásemos en público. Nos puso una multa de 500 pesos porque no nos quería ver más juntas en la calle. Fue como un acta de advertencia y nos tuvo 73 horas detenidas. En la unidad el oficial le contó a todos que éramos lesbianas y comenzaron también a burlarse de nosotras y a decirnos insultos. Y la verdad es que nos sentíamos muy mal con todo eso. La vida para nosotras era muy difícil allí”.

Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba miran a participantes de una marcha LGBTQ no sancionada que se realizó en La Habana el 11 de mayo de 2019. (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Cansadas de ese rechazo familiar, social y gestado también desde las instituciones gubernamentales de Cuba, esta joven pareja huyó del país para no salir nunca más a la calle con miedo, contaron en exclusiva al Blade. Ahora, luego de siete meses en territorio estadounidense, enfrentan el terror de la deportación de Moreno, a quien ya le han negado en dos ocasiones la libertad condicional para enfrentar su proceso migratorio en libertad.

“Las dos respuestas de ICE a mi petición de parole me han dicho que soy riesgo de fuga”, dice Moreno. “La primera fue el 5 de enero y la segunda petición la preparé con un grupo de abogados y quedó muy buena, con todo lo que me pedían, una solicitud bien completa y me la negaron otra vez. Me pusieron una fecha para una entrevista que nunca me hicieron”. 

De acuerdo con la propia directiva de libertad condicional de ICE, si un solicitante de asilo pasa su entrevista de miedo creíble, comprueba su identidad, demuestra que no es un peligro para la sociedad y muestra que no es un riesgo de fuga, debe ser puesto en libertad condicional mientras espera su audiencia de asilo. 

La tasa de libertad condicional de ICE en Nueva Orleans que tiene jurisdicción sobre Luisiana se redujo de más del 75 por ciento en 2016 a cero en 2019, según un dictamen emitido por el juez federal James Boasberg de D.C. que otorga una orden judicial preliminar en una demanda colectiva presentada por otros solicitantes de asilo.

“Yo cumplo con todos los requisitos que ellos piden: entré por un puerto seguro, tengo a alguien que me va a recibir y cuento con un miedo creíble positivo”, ejemplifica Moreno. “Cuando me negaron el parole por segunda vez me reuní con mi oficial deportador y no supieron darme una explicación convincente, solo me dijeron que al evaluar mi caso determinaron que yo no me iba a presentar a las cortes”.

Liza Doubossarskaia es ayudante legal y preparó la segunda solicitud de parole de Moreno bajo la supervisión de Bridget Crawford, abogada y directora legal de Immigration Equality. En una entrevista con el Blade, Doubossarskaia interpreta la negativa de parole a Moreno como un acto discriminatorio de ICE, pues la persona que la va a recibir no es su familia, sino otra persona LGBTQ. 

“En ningún documento se contempla que la persona que recibe al inmigrante debe ser su familiar cercano,” señala Doubossarskaia. “En la solicitud de Parole afirmamos que su familia no la apoya porque es gay, pero ella sí tiene lazos con este país porque tiene una amiga dispuesta a acogerla y el apoyo de varias organizaciones, entre ellas Immigration Equality, que va a velar porque asista a las citas con inmigración. Además no es un peligro, pues presentamos sus antecedentes penales y están limpios. ICE nunca explica por qué es un riesgo de fuga”.

El Blade solicitó comentarios al ICE sobre el caso particular de Moreno, pero no recibió ninguna respuesta al respecto. 

“Cuando tuvimos la segunda respuesta negativa del Parole fue como si nos lanzaran un cubo de agua fría a las dos”, confiesa Rodríguez. “Se nota en el tono de su voz, en su físico cuando puedo verla por una videollamada que todo ese encierro y este tiempo separadas la está afectando, nos está afectando a las dos”. 

Moreno aún está a la espera de su segunda corte, planificada para el próximo 28 de julio. Cuenta que su mayor temor es llegar a su última comparecencia frente a un juez de inmigración “porque es mucho estrés, por todo el tiempo que he estado aquí dentro, por todo lo que hemos vivido. Ese momento es muy difícil y cuando uno no tiene mucho apoyo más todavía”. 

En cambio, a Rodríguez le aterra que su novia sea deportada a Cuba “y todo se termine”. De solo mencionarlo se le raja la voz en el teléfono.

“Hoy terminé la llamada con ella por la mañana llorando porque esta ausencia a mí me ha afectado mucho”, cuenta Rodríguez. “También las llamadas son cortas porque tenemos que ahorrar el poquito de dinero que tiene para comunicarse. Cuando ella me dice que se siente mal y termina llorando la verdad es que me pone muy mal”. 

Encierro ‘peligroso e irracional’ 

En defensa de Moreno y de todos los solicitantes de asilo LGBTQ en custodia de ICE, el congresista de Illinois Mike Quigley envió recientemente una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, donde califica el encierro de esta población, especialmente en medio de una pandemia del coronavirus, como “peligroso e irracional”.

Más de dos docenas de otros miembros de la Cámara de Representantes de EEUU firmaron la petición, que también cita el caso específico de Moreno.

En una entrevista telefónica con el Blade, Quigley considera que se trata de un tema de “decencia humana básica” y expresa que la agencia está “ignorando” el distanciamiento social y otras pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y no “proporcionando equipo de protección o productos de higiene a los detenidos”. 

El demócrata de Illinois también considera que los detenidos LGBTQ en los centros de detención de ICE “son tratados peor en estas condiciones que la población en general, y nadie es tratado bien”.

Moreno detalla al Blade que el South Louisiana ICE Processing Center tiene la capacidad para acoger a unas 1,000 personas y actualmente permanecen allí alrededor de 190 inmigrantes mujeres. En el cuarto donde reside, de 72 camas, están ocupadas más de 50.

“Somos muchas para un cuarto tan pequeño”, dice Moreno. “La comida no es buena, algún día a la semana mejora un poco, pero por lo general es mala. La limpieza no es muy buena tampoco. Ahora, como somos tan poquitas, los insumos de la limpieza han mejorado, pero cuando estaba todo el centro era muy difícil conseguir un papel higiénico o un champú. Aquí no dan jabón. Tenemos que bañarnos con champú y la comisaría es muy cara”.  

De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte habla con su pareja, Dayana Rodríguez González, desde el South Louisiana ICE Processing Center en Basile, Luisiana. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)

Doubossarskaia confirma que el centro de detención de Moreno ahora tiene espacio para promover el distanciamiento social, pero ha optado por no hacerlo.

“De hecho, Yanelkys compartió conmigo que en algún momento a principios de mayo las mujeres detenidas de diferentes unidades de vivienda fueron trasladadas a una sola”, ella dice. “Según Yanelkys, cuando se le preguntó a un oficial de detención al respecto, respondió que era para hacer un ‘mejor uso del espacio’”.

Hasta el martes pasado había 871 detenidos de ICE con casos confirmados del coronavirus y su sitio web informa que, de un total 24,713 personas que continúan bajo su custodia, 7,364

inmigrantes han sido sometidos a las pruebas del virus. 

La agencia ratifica que ha evaluado a su población detenida en base a la guía de los CDC para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado del coronavirus. En ese sentido, han liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de vuelo y preocupaciones de seguridad nacional.

Pese a que en su centro de detención no hay ningún caso confirmado del coronavirus, Moreno afirma no sentirse segura, pues durante este tiempo de pandemia no se ha detenido la entrada de inmigrantes a la prisión donde se encuentra. 

“No todos los oficiales usan máscaras ni guantes. Ellos dicen que sí toman las medidas cuando entran al centro, pero no me consta. Ellos son los que salen y entran y no nos protegen. A nosotras sí nos exigen estar a seis pies de distancia una de la otra y cuando vamos a la recreación o al comedor son solamente las detenidas de un dormitorio, no nos mezclamos con las demás”, ella dice. 

Al temor de contraer el coronavirus, Moreno ha enfrentado varios episodios de discriminación dentro de la cárcel, lo mismo por parte de sus compañeras que de los oficiales que manejan la detención, que pertenece a la compañía privada GEO Group. 

“Como en dos ocasiones fui a entrar al baño y me decían que no podía entrar porque les daba pena bañarse conmigo”, ella dice. “Yo, con tal de evitar un problema, decidí bañarme sola desde ese momento. Con los oficiales me ha sucedido que les pido, por ejemplo, un papel y no me lo dan, pero detrás va otra persona y se lo entregan, por cosas así me siento discriminada”.

Doubossarskaia opina que ICE no toma suficientes medidas para proteger a las personas LGBTQ en sus instalaciones.

“Hemos escuchados muchas historias de detenidos que sufren homofobia dentro de sus detenciones y a veces las acciones que ejecutan se demoran semanas y a veces no las toman”, advierte.

En cuanto al trato de los oficiales de South Louisiana ICE Processing Center, Moreno declara que en su mayoría no son buenas personas.

“Los hay relativamente sensibles, pero hay otros que hasta nos ofenden, nos humillan”, dice.  

“Yo no pensé estar tanto tiempo detenida”, se lamenta Moreno. “De hecho, mi pareja y yo pensábamos que serían máximo dos meses y que podríamos salir, casarnos, hacer una vida juntas, pero nada de eso ha sucedido. Solo podemos hablar por teléfono, pero la separación es dura y muy triste. Yo me deprimo y lloro mucho”.

Le pregunto qué es lo que más extraña y sin pensarlo dos veces me responde que la libertad, pero sobre todo, a su novia. “Quiero verla, abrazarla …”, dice y nos quedamos unos segundos en silencio y no sé bien cómo animarla, cómo enviarle fuerzas y esperanza.    

“No siento a Yanelkys bien, de hecho, estamos buscando ayuda psicológica”, dijo Rodríguez. “Ya ha tenido dos citas con un profesional porque está muy estresada y la encuentro muy decaída … y a ellos (ICE) no les interesa la vida de uno”. 

Michael K. Lavers contribuyó a esa nota.

De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)
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Un día de luto nacional en Nicaragua

Se realizaron ‘elecciones’ el 7 de noviembre

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Una cartelera en Managua, Nicaragua, promueve al régimen Ortega Murillo. Las “elecciones” que se realizaron el 7 de noviembre de 2021 equivalieron a un día de luto nacional para aquellos que creen en la democracia y los derechos humanos. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

El día 7 de noviembre del 2021 para los nicaragüenses fue un día de luto nacional y sobre todo, para las poblaciones vulneradas como lo ha sido la LGBTIQ+. Con el levantamiento del 18 abril, tomamos un papel fundamental en la organización de la lucha cívica, movilización de recursos, presencia en la protesta. La ultima marcha, realizada el 28 de junio del 2018, confirma, como estábamos logrando avanzar en la organización de las personas LGBTIQ+ para luchar por nuestros derechos. Depositamos mucha esperanza en una transición gubernamental que pudiera dar espacio a los derechos LGBTIQ+. Sin embargo, con el fraude electoral, se nos cae esa ilusión. Ya que no solo están siendo violentados los derechos de nosotros, sino, los derechos de todos, todas y todes, los ciudadanos.

Es importante tener claro que a Daniel Ortega y Rosario Murillo no les interesa velar por los derechos humanos de los nicaragüenses, ni siquiera los derechos de los militantes de su partido (FSLN). Quedó demostrado con la pandemia, como han mentido con los datos, las muertes de tantas personas, sin distingo de color, sexo, genero, opción sexual o religiosa, etc. Pero también quiero recalcar, que en los espacios que he participado en la Oposición Azul y Blanco, le consultaba a los dirigentes políticos partidarios de la agenda LGBTIQ+ y siempre me decían, que esto se tendría que verse, después de obtener el poder, los derechos LGBTIQ+ están en segundo plano, para un dirigente heterosexual, hetero normado y patriarcal.

Esa ha sido la retorica de todos los partidos políticos con respecto a los derechos LGBTIQ+. Siempre se verán después que estén en el poder, utilizando nuestros derechos solamente como una moneda de cambio, que nunca llega tener un resultado a favor de la comunidad LGBTIQ+.

Actualmente la población LGBTIQ+ exiliada en Costa Rica, sobre todo la comunidad trans, sufre de muchos atropellos en los sitios donde viven, ya que a veces su dinámica de ingresos es ejercer el sexo por sobrevivencia y las condiciones de la pandemia, han afectado gravemente la posibilidad de poder ganar para la renta y comida, por lo que ser nicaragüense y mujer trans, las coloca en un grado de violencia, por la vulnerabilidad a la que estas se enfrentan.

Hoy, como persona LGBTIQ+, me siento triste porque se ve cada vez más lejano un país con equidad e igualdad de derechos. Sin embargo, este debe ser un toque de fondo, para poder encontrarnos como personas diversas, desde la propuesta, apostando a los emprendimientos, como una forma de autosostenernos en un país que implica mucho reto económico, pero también oportunidad.

Ya es necesario, que al menos entre nosotros la población LGBTIQ+, empecemos a vernos como personas que pueden apoyar a la economía de un país y darle paso al dinero rosa. Ya que una población que tiene la libertad financiera puede pensar mejor y actuar con propuestas de integración, en una Latinoamérica machista patriarcal.

Nadie dijo que esta lucha iba a ser fácil, por lo tanto, seguimos resistiendo. LA LGBTIQ+ ESTUVO EN LA PROTESTA, AHORA QUEREMOS ESTAR EN LA PROPUESTA.

William Ramírez Cerda es activista de derechos humanos nicaragüense y asesor empresarial PYME. El vive en Costa Rica.

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Noticias en Español

Asesinan a Erika Tatiana 10 días después del discurso de odio de JOH contra personas LGBTQ en Honduras

La activista es la 4ta persona trans asesinada en el país este año

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Erika Tatiana (Imagen cortesía de Reportar Sin Miedo)

Reportar Sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 27 de septiembre.

SANTA ROSA DE COPÁN, Honduras — María hizo muchas llamadas, pero su hija, Erika Tatiana Martínez García, nunca le contestó. 

Desesperada por no saber de ella, fue a buscarla y la encontró muerta con heridas de arma blanca en su apartamento el domingo 26 de septiembre en horas de la tarde, relató a Reportar sin Miedo la madre de Tatiana.

Erika Tatiana, mejor conocida por su segundo nombre, tenía 32 años de edad y residía en la colonia Díaz Valenzuela, en Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. 

La víctima mortal tenía un pequeño negocio donde vendía bebidas y algunos alimentos a los clientes que llegaban en estado de embriaguez.

A la casa de Tatiana acudieron miembros de la Policía Nacional para acordonar el sitio donde yacía el cadáver. María quiere justicia para su hija, pero sabe que la mayoría de los crímenes quedan en la impunidad. “Si no se hace justicia acá, sé que el Señor lo hará. De Dios nadie se escapa”. Tatiana fue enterrada la tarde del lunes por sus familiares en Santa Rosa de Copán. 

Mientras tanto, elementos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) procedieron a trabajar en las primeras pesquisas del caso. 

El vocero de la Policía Nacional de Honduras en el departamento de Copán, Gregorio Cornejo Campos, dijo que Tatiana falleció a causa de tres heridas producidas supuestamente por un puñal en el tórax y el cuello. 

“Hay mucha desinformación sobre las heridas y cómo se encontró el cuerpo, pero lo oficial que tenemos es que la mataron entre la noche del sábado y madrugada del domingo”, dijo a Reportar sin Miedo el vocero policial. 

Tatiana es la cuarta trans asesinada en Honduras en el 2021. Hasta la fecha, desde el transfemicidio de Vicky Hernández en 2009 han muerto 390 personas LGBTI en Honduras. 

Según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, de los 17 casos de este año, 10 son de hombres gay, tres de mujeres lesbianas y cuatro de mujeres trans. 

La impunidad de los crímenes de odio contra las personas LGBTI+ en Honduras es de un 91 por ciento, revelan datos de la misma institución. 

Era activista nacionalista 

Según su madre, Tatiana era activista del Partido Nacional en Santa Rosa y acompañó a la institución política durante años en diferentes elecciones primarias y generales. 

El partido de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández al que pertenecía Tatiana se ha pronunciado públicamente en contra de leyes que benefician en derechos a las personas LGBTIQ+ y mujeres, pero no por el asesinato de una de las líderes de sus bases. 

Además, el mandatario hondureño ha dicho públicamente su oposición a las propuestas a favor del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y a los defensores de los territorios que se pronuncian contra las ciudades modelos o ZEDE. 

Un activista LGBTIQ+ nacionalista consultado por Reportar Sin Miedo dijo que los estatutos del Partido Nacional prohíben tocar el tema de la diversidad sexual y aborto.  Sin embargo, agregó el entrevistado, muchas personas diversas sexualmente que trabajan en la formación de las bases de la organización política reciben a diario un reconocimiento por parte de los grupos locales por su trabajo en la organización de la participación comunitaria y las estructuras del partido.

Honduras: organizaciones de la diversidad sexual denuncian a JOH por “discurso de odio”

Condenan crimen

La organización LGBTIQ+ Honduras Diversa realizó un pronunciamiento público con una imagen de Tatiana en la que incluyó un mensaje pidiendo justicia. 

“Hagamos oír nuestra voz, nuestro dolor y rabia, exigiendo al Ministerio Público y a los demás entes de investigación criminal en el país que realicen una investigación exhaustiva para que el asesinato de Tatiana no se sume al 91% de impunidad de los crímenes de odio de personas LGBTI+ en Honduras”, dice el comunicado. 

El director de Honduras Diversa, Néstor Hernández, condenó que los medios de comunicación no respetaran la identidad y expresión de género de Tatiana.

Hernández denunció que los medios locales y de circulación nacional colocaron el nombre con el que Tatiana aparece en sus documentos públicos y no su nombre asumido, ya que las personas trans no tienen ley de identidad de género en Honduras.

 

 
 
 
 
 
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También las asociaciones diversas Arcoíris y Muñecas de Arcoíris realizaron un pronunciamiento público: “No más crímenes de odio contra nuestras hermanas, no más apología para nuestras colectivas”. 

 

 
 
 
 
 
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Por su parte, el secretario de la Juventud del Partido Libre, Kevin Ramos, dijo en sus redes sociales: “Seguiremos en la lucha por la búsqueda de la justicia. La transfobia es una realidad y más viva que nunca”. 

 

 
 
 
 
 
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Honduras tiene una deuda pendiente con las personas trans 

Tatiana debería ser una de las personas LGBTIQ+ beneficiadas por la sentencia en el caso de Vicky Hernández. En cambio, se convierte en otra víctima de un crimen de odio.

El Estado de Honduras fue condenado el 28 de junio por la Corte IDH por el asesinato de la activista trans Vicky Hernández. La sentencia del caso obliga al país a crear protocolos y normativas para brindar, de forma expedita, identidad de género a las personas trans.

Sin embargo, hasta hoy el gobierno hondureño no ha cumplido ninguno de los mandatos de la Corte IDH incluidos en la sentencia del caso de Vicky. Al contrario, durante el período electoral ha afinado su discurso contra las personas de la diversidad sexual y mujeres, según denuncias de activistas. 

“Al investigar la vida y muerte de Vicky entendimos la falta de acceso a servicios básicos, las dificultades para conseguir empleo formal y las barreras legales para el cambio de nombre y reconocimiento de su identidad y expresión de género que sufren las personas trans. Vimos cómo una cultura persistente de impunidad ha impedido sancionar a quienes cometen crímenes transfóbicos, y cómo muchos gobiernos de la región han optado por ignorar esta realidad. Para hacerle justicia a Vicky hay que entender el modo en el que el sistema les falla a las mujeres trans y cómo se puede mejorar”, escribieron para el New York Times las abogadas Angelita Baeyens y Kacey Mordecai de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights. 

El equipo legal del caso también contó con las abogadas hondureñas Astrid Ramos y Nadia Mejía, de la Red Lésbica Cattrachas.

La red es liderada por Indyra Mendoza, quien el 14 de septiembre fue nombrada junto con Claudia Spellman entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. 

Ambas mujeres diversas sexualmente son las primeras personas hondureñas que obtienen este reconocimiento internacional. 

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‘Ser hombre va más allá de tener genitales’: Carlos y Niurka, una familia LGBTQ en Cuba

‘Yo vivo orgulloso’

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Carlos Hernández (Foto de María Lucía Expósito)

Tremenda Nota es el socio mediático del Washington Blade en Cuba. Esta nota salió en su sitio web el 27 de agosto.

LA HABANA — “Tengo muchísimas amistades que me llaman como Carlos, tengo otros allegados como mi familia que me aceptan, pero no se acomodan totalmente a la idea de que no es Diana, sino Carlos”, dice.

“Empecé en la transición hace tres años, siempre había tenido el deseo de estar bajo tratamiento. Comencé gracias a un grupo de amistades que tenía conexiones con la Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual). Hasta ahora he visto muchos cambios en mi cuerpo”, relata.

Carlos Hernández tiene 32 años y no tiene ningún problema con mencionar su nombre legal, aunque nadie se lo pregunte. El nombre antiguo está tan superado que no le preocupa mencionarlo.

Su mamá es la única que insiste en llamarlo Diana y le ha dicho que empezará a llamarlo Carlos cuando haya podido cambiar su nombre en el registro civil. Este argumento se lo inspira una transfobia agonizante, prácticamente derrotada. Ninguna institución tiene la facultad de hacer de Carlos un Carlos legítimo. Sin embargo, el Estado cree que tiene ese poder y para ejercerlo cuenta con oficinas, juristas, médicos, tribunales. Gente como la madre de Carlos, que no entiende bien que el género es otra norma, se excusa con esto.

“La última vez que insistí en buscar trabajo para el Estado me miraron de arriba a abajo cuando vieron mi carnet, me juzgaron por el tamaño”, cuenta Carlos. “Desistí y comencé a trabajar en el sector independiente y así nadie me reprime. Como trans, lo primero que yo desearía no es casarme como una Diana sino como un Carlos, cambiarme el nombre”.

Aunque el matrimonio parece la gran demanda de los colectivos LGBTIQ+ y ha sido el caballo de batalla del activismo, hay mucha gente como Carlos pensando más en derechos laborales o en el respeto al género de las personas trans. Hasta ahora, estos reclamos ni siquiera están en el gran debate público.

Cuando se aprobó el Código de Trabajo, en 2014, quienes legislaron decidieron que quedaba prohibido, a la hora de contratar, discriminar a nadie por su orientación sexual. Sin embargo, algunos diputados se negaron a incluir a la identidad de género en la lista de argumentos usados para descalificar a una persona que busca empleo. La ley entró en vigor con esa falta.

(Foto de María Lucía Expósito)

Carlos coordina una red de activistas afrodescendientes y vive con Niurka. Se conocen desde la adolescencia. Pasaron años desde que volvieron a verse decidieron tener una familia. Niurka tiene un hijo. Ha vivido como una mujer heterosexual. Insiste en que sigue siéndolo, aunque la transfobia general se empeñe en considerarla lesbiana.

“Nunca había tenido una relación con alguna otra mujer, de hecho me gustan los hombres. Por eso estoy con Carlos, porque él realmente lo es”, dice.

“Para mí ser hombre va más allá de tener genitales. Él tiene conceptos, principios y otras cualidades muy bonitas. Creo que debería ser un ejemplo para otros hombres”, opina.

“Luego del reencuentro, sin muchos rodeos, me aparecí en su casa con el niño y punto. Ya vamos para dos años de relación”, cuenta Niurka.

“El niño me dice tío, a veces me dice papá. Soy partidario de no imponer las cosas. Yo vivo orgulloso de esta familia”, dice Carlos y sonríe.

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