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Pareja de lesbianas cubanas vive entre la libertad y en el encierro
Yanelkys Moreno Agramonte permanece bajo custodia de ICE
Nota del editor: Yariel Valdés González es periodista de Cuba que ha obtenido asilo en Estados Unidos. Permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por casi un año hasta su liberación del River Correctional Center en Ferriday, Luisiana, el 4 de marzo.
Una versión de esa nota en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el miércoles.
En casi cinco años de noviazgo, Yanelkys Moreno Agramonte, 36, y Dayana Rodríguez González, 31, nunca se habían separado. Eran dos vidas en una hasta el 3 de noviembre de 2019 cuando ambas solicitaron juntas asilo político en Estados Unidos a través de un puerto de entrada de El Paso, Texas. Allí determinaron que no podían estar sentadas ni en el mismo banco. Mientras procesaban su ingreso al país, ambas fueron confinadas a celdas distintas.
“A mí me encerraron en una bien pequeña, sola”, cuenta al Washington Blade vía telefónica Moreno desde el South Louisiana ICE Processing Center en Basile, Luisiana, el 9 de junio. “Allí estuve dos días y a mi pareja la trasladaron al otro día de haber entrado”.
“Perdimos todo vínculo”, narra por otra parte Rodríguez el 10 de junio en una llamada con el Blade desde Phoenix. “No sabía donde estaba ella y ni ella donde estaba yo. El día cuatro me movieron en la noche para el centro de detención y ahí seguía con la incertidumbre de si la iban a mandar para allá”.
Al otro día coincidieron unos minutos en el comedor del El Paso Service Processing Center, pues no estaban en el mismo dormitorio. Así hicieron cada vez que podían para curarse esa necesidad de una por la otra.
“Nos regañaron dos veces porque yo me quedaba de última en la fila para esperar a que ella llegara y comer juntas”, recuerda Rodríguez.
Ambas idearon una estrategia para verse en los turnos de la biblioteca, en visitas que podían solicitar y hasta en la ceremonia religiosa que la Iglesia Católica oficiaba allí.
“Yanelkis hizo las peticiones para las visitas como dos veces y nos autorizaron una sola. Era en un mismo salón todas las parejas juntas, una al lado de la otra. No nos podíamos tocar, solo un beso a la entrada y un beso a la salida y con una oficial vigilándonos todo el tiempo. Y era cuando ellos querían darte la visita”, comenta Rodríguez.
Si ambas hubieran estado casadas, quizás esta historia no hubiera sido tan amarga, pues, en teoría, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispone que un solicitante de asilo casado puede patrocinar a su cónyuge a través del estado de “asilado derivado”. Este proceso permite que puedan permanecer juntos siempre que presenten un certificado de matrimonio o unión civil.
Pero Moreno y Rodríguez son ciudadanas de Cuba, una isla donde aún no es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo así como prevalecen políticas gubernamentales y actitudes sociales que acentúan la discriminación hacia la comunidad LGBTQ.
Sus casos de inmigración están unidos, sin embargo, en diciembre Moreno fue separada otra vez de Rodríguez, esta vez a más de 900 millas al este, al South Louisiana ICE Processing Center, donde actualmente permanece, mientras que a Rodríguez la mantuvieron en custodia en El Paso hasta el 4 de febrero de 2020 cuando fue liberada bajo libertad condicional (parole) y una fianza de $7,500.
Se vieron por última vez a través del cristal de una puerta, amándose con señas, luego de una conversación que marcaría para siempre la vida de ambas. Al siguiente amanecer Moreno ya no estaba y la frustración por no poder despedirse las hiere hasta hoy.
Homofobia y acoso policial constante en Cuba
Las familias de Moreno y Rodríguez nunca aceptaron que dos mujeres podían enamorarse y convivir juntas. Los prejuicios que aún perviven en la isla caribeña y especialmente en Zulueta, un diminuto poblado en el centro del país donde residían, les ponían constantemente barreras a su vida social y de pareja.
“Debido a mi orientación sexual mis padres se divorciaron. Mi padre es el típico machista cubano, que decía que sus hijos no podían ser homosexuales. La única que me apoyó siempre fue mi hermana”, detalla Moreno.
A Rodríguez la expulsaron de su casa cuando se enteraron que tenía una relación amorosa con una muchacha.
“Me sacaron todas mis cosas y eso fue terrible, porque estaba lloviendo y además en medio de un apagón. Tuve que recoger mis cosas e irme para casa de ella. Fue algo que no esperábamos”, ella dice.
Al rechazo familiar se sumaban las miradas acusadoras de sus vecinos, por lo que no se atrevían ni a caminar por las calles tomadas de las manos. Moreno se sintió asfixiada con tanta intolerancia, “pues allá (Cuba) los homosexuales no somos bien vistos, ni por la familia ni por las autoridades, somos bastante discriminados. Me sentía mal porque al final nosotros también somos personas correctas. Tenemos derechos y el gobierno constantemente los viola. No podemos tener nuestra propia familia”.
A la imposibilidad de contraer matrimonio, los gays cubanos tampoco pueden adoptar niños. Las personas trans no están protegidas en el actual Código del Trabajo y solo las que se realicen la operación de reasignación de sexo pueden cambiar su género y foto en el documento de identidad, un proceso que no suele ser ágil.
Como si el actual escenario no bastara, esta pareja sufrió el acoso de un policía homofóbico. El oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba las perseguía como una sombra.
“Había un oficial apellidado Sosa, que donde quiera que estábamos se aparecía”, según el testimonio de Rodríguez. “Él se portó muy grosero con nosotras. En dos ocasiones nos ofendió diciéndonos que no le estábamos dando ningún buen ejemplo a la sociedad ni a los niños”.
“En la otra ocasión, durante unas fiestas del pueblo, estábamos sentadas en el parque, agarradas de manos, sin faltarle el respeto a nadie y él también llegó y nos llevó a la unidad porque, según él, no podíamos hacer eso”, continúa Rodríguez. “Él no estaba de acuerdo en que nosotras fuéramos pareja ni que lo demostrásemos en público. Nos puso una multa de 500 pesos porque no nos quería ver más juntas en la calle. Fue como un acta de advertencia y nos tuvo 73 horas detenidas. En la unidad el oficial le contó a todos que éramos lesbianas y comenzaron también a burlarse de nosotras y a decirnos insultos. Y la verdad es que nos sentíamos muy mal con todo eso. La vida para nosotras era muy difícil allí”.
Cansadas de ese rechazo familiar, social y gestado también desde las instituciones gubernamentales de Cuba, esta joven pareja huyó del país para no salir nunca más a la calle con miedo, contaron en exclusiva al Blade. Ahora, luego de siete meses en territorio estadounidense, enfrentan el terror de la deportación de Moreno, a quien ya le han negado en dos ocasiones la libertad condicional para enfrentar su proceso migratorio en libertad.
“Las dos respuestas de ICE a mi petición de parole me han dicho que soy riesgo de fuga”, dice Moreno. “La primera fue el 5 de enero y la segunda petición la preparé con un grupo de abogados y quedó muy buena, con todo lo que me pedían, una solicitud bien completa y me la negaron otra vez. Me pusieron una fecha para una entrevista que nunca me hicieron”.
De acuerdo con la propia directiva de libertad condicional de ICE, si un solicitante de asilo pasa su entrevista de miedo creíble, comprueba su identidad, demuestra que no es un peligro para la sociedad y muestra que no es un riesgo de fuga, debe ser puesto en libertad condicional mientras espera su audiencia de asilo.
La tasa de libertad condicional de ICE en Nueva Orleans que tiene jurisdicción sobre Luisiana se redujo de más del 75 por ciento en 2016 a cero en 2019, según un dictamen emitido por el juez federal James Boasberg de D.C. que otorga una orden judicial preliminar en una demanda colectiva presentada por otros solicitantes de asilo.
“Yo cumplo con todos los requisitos que ellos piden: entré por un puerto seguro, tengo a alguien que me va a recibir y cuento con un miedo creíble positivo”, ejemplifica Moreno. “Cuando me negaron el parole por segunda vez me reuní con mi oficial deportador y no supieron darme una explicación convincente, solo me dijeron que al evaluar mi caso determinaron que yo no me iba a presentar a las cortes”.
Liza Doubossarskaia es ayudante legal y preparó la segunda solicitud de parole de Moreno bajo la supervisión de Bridget Crawford, abogada y directora legal de Immigration Equality. En una entrevista con el Blade, Doubossarskaia interpreta la negativa de parole a Moreno como un acto discriminatorio de ICE, pues la persona que la va a recibir no es su familia, sino otra persona LGBTQ.
“En ningún documento se contempla que la persona que recibe al inmigrante debe ser su familiar cercano,” señala Doubossarskaia. “En la solicitud de Parole afirmamos que su familia no la apoya porque es gay, pero ella sí tiene lazos con este país porque tiene una amiga dispuesta a acogerla y el apoyo de varias organizaciones, entre ellas Immigration Equality, que va a velar porque asista a las citas con inmigración. Además no es un peligro, pues presentamos sus antecedentes penales y están limpios. ICE nunca explica por qué es un riesgo de fuga”.
El Blade solicitó comentarios al ICE sobre el caso particular de Moreno, pero no recibió ninguna respuesta al respecto.
“Cuando tuvimos la segunda respuesta negativa del Parole fue como si nos lanzaran un cubo de agua fría a las dos”, confiesa Rodríguez. “Se nota en el tono de su voz, en su físico cuando puedo verla por una videollamada que todo ese encierro y este tiempo separadas la está afectando, nos está afectando a las dos”.
Moreno aún está a la espera de su segunda corte, planificada para el próximo 28 de julio. Cuenta que su mayor temor es llegar a su última comparecencia frente a un juez de inmigración “porque es mucho estrés, por todo el tiempo que he estado aquí dentro, por todo lo que hemos vivido. Ese momento es muy difícil y cuando uno no tiene mucho apoyo más todavía”.
En cambio, a Rodríguez le aterra que su novia sea deportada a Cuba “y todo se termine”. De solo mencionarlo se le raja la voz en el teléfono.
“Hoy terminé la llamada con ella por la mañana llorando porque esta ausencia a mí me ha afectado mucho”, cuenta Rodríguez. “También las llamadas son cortas porque tenemos que ahorrar el poquito de dinero que tiene para comunicarse. Cuando ella me dice que se siente mal y termina llorando la verdad es que me pone muy mal”.
Encierro ‘peligroso e irracional’
En defensa de Moreno y de todos los solicitantes de asilo LGBTQ en custodia de ICE, el congresista de Illinois Mike Quigley envió recientemente una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, donde califica el encierro de esta población, especialmente en medio de una pandemia del coronavirus, como “peligroso e irracional”.
Más de dos docenas de otros miembros de la Cámara de Representantes de EEUU firmaron la petición, que también cita el caso específico de Moreno.
En una entrevista telefónica con el Blade, Quigley considera que se trata de un tema de “decencia humana básica” y expresa que la agencia está “ignorando” el distanciamiento social y otras pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y no “proporcionando equipo de protección o productos de higiene a los detenidos”.
El demócrata de Illinois también considera que los detenidos LGBTQ en los centros de detención de ICE “son tratados peor en estas condiciones que la población en general, y nadie es tratado bien”.
Moreno detalla al Blade que el South Louisiana ICE Processing Center tiene la capacidad para acoger a unas 1,000 personas y actualmente permanecen allí alrededor de 190 inmigrantes mujeres. En el cuarto donde reside, de 72 camas, están ocupadas más de 50.
“Somos muchas para un cuarto tan pequeño”, dice Moreno. “La comida no es buena, algún día a la semana mejora un poco, pero por lo general es mala. La limpieza no es muy buena tampoco. Ahora, como somos tan poquitas, los insumos de la limpieza han mejorado, pero cuando estaba todo el centro era muy difícil conseguir un papel higiénico o un champú. Aquí no dan jabón. Tenemos que bañarnos con champú y la comisaría es muy cara”.
Doubossarskaia confirma que el centro de detención de Moreno ahora tiene espacio para promover el distanciamiento social, pero ha optado por no hacerlo.
“De hecho, Yanelkys compartió conmigo que en algún momento a principios de mayo las mujeres detenidas de diferentes unidades de vivienda fueron trasladadas a una sola”, ella dice. “Según Yanelkys, cuando se le preguntó a un oficial de detención al respecto, respondió que era para hacer un ‘mejor uso del espacio’”.
Hasta el martes pasado había 871 detenidos de ICE con casos confirmados del coronavirus y su sitio web informa que, de un total 24,713 personas que continúan bajo su custodia, 7,364
inmigrantes han sido sometidos a las pruebas del virus.
La agencia ratifica que ha evaluado a su población detenida en base a la guía de los CDC para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado del coronavirus. En ese sentido, han liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de vuelo y preocupaciones de seguridad nacional.
Pese a que en su centro de detención no hay ningún caso confirmado del coronavirus, Moreno afirma no sentirse segura, pues durante este tiempo de pandemia no se ha detenido la entrada de inmigrantes a la prisión donde se encuentra.
“No todos los oficiales usan máscaras ni guantes. Ellos dicen que sí toman las medidas cuando entran al centro, pero no me consta. Ellos son los que salen y entran y no nos protegen. A nosotras sí nos exigen estar a seis pies de distancia una de la otra y cuando vamos a la recreación o al comedor son solamente las detenidas de un dormitorio, no nos mezclamos con las demás”, ella dice.
Al temor de contraer el coronavirus, Moreno ha enfrentado varios episodios de discriminación dentro de la cárcel, lo mismo por parte de sus compañeras que de los oficiales que manejan la detención, que pertenece a la compañía privada GEO Group.
“Como en dos ocasiones fui a entrar al baño y me decían que no podía entrar porque les daba pena bañarse conmigo”, ella dice. “Yo, con tal de evitar un problema, decidí bañarme sola desde ese momento. Con los oficiales me ha sucedido que les pido, por ejemplo, un papel y no me lo dan, pero detrás va otra persona y se lo entregan, por cosas así me siento discriminada”.
Doubossarskaia opina que ICE no toma suficientes medidas para proteger a las personas LGBTQ en sus instalaciones.
“Hemos escuchados muchas historias de detenidos que sufren homofobia dentro de sus detenciones y a veces las acciones que ejecutan se demoran semanas y a veces no las toman”, advierte.
En cuanto al trato de los oficiales de South Louisiana ICE Processing Center, Moreno declara que en su mayoría no son buenas personas.
“Los hay relativamente sensibles, pero hay otros que hasta nos ofenden, nos humillan”, dice.
“Yo no pensé estar tanto tiempo detenida”, se lamenta Moreno. “De hecho, mi pareja y yo pensábamos que serían máximo dos meses y que podríamos salir, casarnos, hacer una vida juntas, pero nada de eso ha sucedido. Solo podemos hablar por teléfono, pero la separación es dura y muy triste. Yo me deprimo y lloro mucho”.
Le pregunto qué es lo que más extraña y sin pensarlo dos veces me responde que la libertad, pero sobre todo, a su novia. “Quiero verla, abrazarla …”, dice y nos quedamos unos segundos en silencio y no sé bien cómo animarla, cómo enviarle fuerzas y esperanza.
“No siento a Yanelkys bien, de hecho, estamos buscando ayuda psicológica”, dijo Rodríguez. “Ya ha tenido dos citas con un profesional porque está muy estresada y la encuentro muy decaída … y a ellos (ICE) no les interesa la vida de uno”.
Michael K. Lavers contribuyó a esa nota.
Ecuador
Caso Karlina: Una sentencia histórica contra las terapias de «conversión»
Karlina Quiroz, una mujer trans de Chone, fue internada contra su voluntad
La última vez que Karlina Quiroz, una mujer trans de 57 años, salió sola a la calle en Chone, terminó encerrada contra su voluntad en un centro de rehabilitación donde intentaron “corregir” su identidad de género mediante humillaciones, amenazas y agresiones.
Han pasado cinco años desde ese episodio, ocurrido en 2021; y el 11 de septiembre de 2026 Karlina por fin obtuvo justicia.
La Fiscalía informó, el 14 de septiembre, que el Tribunal de Garantías Penales de Chone sentenció a seis personas por actos de odio contra Karlina, al ser víctima de violencia basada en su identidad de género.
Entre los seis sentenciados están sus dos hermanos, que —según la denuncia de Karlina— ordenaron su encierro a este centro.
El caso de Karlina refleja el odio y la violencia hacia personas trans en Ecuador y vuelve a poner bajo la lupa la existencia de centros conocidos como clínicas de “deshomosexualización” o espacios de “terapias de conversión”.
De acuerdo con la denuncia presentada por Karlina, en julio de 2021 fue interceptada por varios hombres y trasladada contra su voluntad a un centro para el tratamiento de adicciones ubicado en Chone, Manabí, en la vía a Pedernales. Allí permaneció retenida y sometida a tratos degradantes, violencia psicológica y agresiones físicas.
Según su testimonio, durante el encierro recibió insultos relacionados con su identidad de género y amenazas orientadas a “modificarla”.
Karlina denunció, además, que esta no habría sido la primera vez. Según su relato, en 2019 permaneció aproximadamente tres meses internada de manera forzada en otro centro de rehabilitación, también ubicado en la vía a Pedernales, en Chone. Durante ese período habría sido sometida a dinámicas similares de aislamiento, control y presiones dirigidas a modificar su identidad y expresión de género.
Según información de la Fiscalía, en septiembre de 2021, como parte de las diligencias investigativas, se allanó el centro clandestino en Chone. Allí se recabaron indicios relacionados con el internamiento forzoso de Karlina durante tres meses.
Con esos y otros elementos de convicción obtenidos durante la investigación, la Fiscalía inició un proceso penal contra las seis personas, quienes fueron luego llamadas a juicio.
El proceso, explicó Karlina, incluyó los dos casos: el de 2019 y 2021. “El crimen se investigó desde que comenzó la primera gota de sangre”, señaló Karlina, en alusión a la violencia física que sufrió en su primer encierro.
De los seis sentenciados, tres fueron condenados como autores directos a cuatro años de pena privativa de libertad. Se trata de los dos hermanos de Karlina y un sobrino, por ordenar su encierro al centro de adicciones.
Los otros tres recibieron una pena de dos años, como cómplices.
De acuerdo con Karlina, uno de ellos es el director del primer centro al que fue ingresada contra su voluntad en 2019 por tres meses, y los otros dos son quienes la interceptaron la segunda ocasión, en julio de 2021, para llevarla al centro. Ella los señala como “capturadores” de las personas que son recluidas en los centros.
“Cuando recibí la noticia (el viernes 11 de septiembre durante la audiencia de juzgamiento) no podía creerlo. Las piernas me temblaron y las lágrimas se me salieron. Estoy tranquila y satisfecha”, señaló Karlina en una llamada telefónica.
Para Pedro Gutiérrez, abogado especialista en derechos humanos, la sentencia es importante no solo por reconocer un delito de odio, sino también por las características de los hechos: el ingreso (por orden de sus hermanos) a un centro de “deshomosexualización” en el que se cometen actos de tortura y violencia física.
Durante la audiencia, constó el testimonio de Karlina. La Fiscalía también presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, la inspección ocular técnica, el levantamiento de evidencias y los testimonios de personas que confirmaron que los actos de violencia por perjuicio hacia su identidad de género fueron ejecutados de manera reiterada por los ahora sentenciados.
El caso volvió a poner la atención sobre las llamadas terapias de conversión en Ecuador, prácticas ampliamente cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos y señaladas como formas de tortura o violencia psicológica. Aunque el Estado ecuatoriano ha realizado operativos y clausuras de algunos centros en los últimos años, organizaciones sociales sostienen que estos espacios continúan funcionando de manera clandestina o bajo otras denominaciones.
La legislación ecuatoriana penaliza los actos de tortura con la intención de modificar la orientación sexual o identidad de género, pero no existe una sanción contra los centros que ofrecen las denominadas terapias de conversión.
En 2020, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Salud y una de sus disposiciones fue prohibir expresamente este tipo de terapias, pero fue vetado totalmente por el expresidente Lenín Moreno en medio de una campaña de sectores antiderechos.
La sentencia también dispuso, como reparación integral a favor de Karlina, tratamiento psicológico e indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
Gutiérrez considera que la reparación para Karlina es limitada, pues -por ejemplo- no hay llamados de atención al Ministerio de Salud o disculpas públicas a la víctima.
“Mi nombre es Ariel Karlina Zambrano, soy una mujer trans de Chone, Manabí. Desde niña supe que quería ser mujer, quería ser bonita, libre. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mis hermanos y mi padre, profundamente machistas, me maltrataban constantemente”, contó Karlina en un testimonio en 2025 que recogió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Para activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Karlina evidencia además un patrón de violencia que suele permanecer oculto dentro de círculos familiares, religiosos y comunitarios. En muchos casos, explican, los internamientos forzados son promovidos bajo la idea de “corregir” orientaciones sexuales o identidades de género consideradas inaceptables.
Karlina intentó vivir en Chone, creyendo que con la denuncia y las medidas cautelares estaba a salvo, pero su hermano le pagaba a personas para que la acosaran, según su relato. Por ello, tuvo que esconderse por meses.
Las personas trans en Ecuador enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y exclusión social, especialmente fuera de las grandes ciudades. Según la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida de la Población LGBTI+ del INEC, el 53,5 por ciento de las personas LGBTQ mayores de 18 años en el país ha sufrido algún tipo de discriminación o violencia a lo largo de su vida, siendo el entorno familiar uno de los principales espacios de agresión.
En materia de violencia letal, organizaciones como Asociación Silueta X y el Observatorio Runa Sipiy documentaron 30 asesinatos de personas LGBTQ y transfemicidios en Ecuador durante 2025. De esos casos, alrededor del 70 por ciento corresponden a mujeres trans, lo que las posiciona como el grupo más expuesto a crímenes de odio y violencia extrema.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido además sobre la persistencia de centros de “deshomosexualización” o internamientos forzosos, prácticas denunciadas desde hace más de una década en Ecuador pese a prohibiciones estatales y operativos de control insuficientes.
El caso de Karlina pone a prueba algo más grande que una sentencia individual: si Ecuador está dispuesto o no a reconocer que estas prácticas siguen existiendo y que la violencia contra personas LGBTQ continúa ocurriendo, muchas veces con la complicidad o el silencio de sus propios entornos familiares.
“Con mi caso, debe quedar un precedente. Debemos luchar contra el odio que podemos encontrarlo dentro de nuestras propias familias. Por nuestra libertad y derechos, debemos luchar”, indicó Karlina.
El Salvador
Mujer trans salvadoreña es encontrada sin vida
La muerte de Yoisi Villalta vuelve a poner sobre la mesa la violencia
SANTA ANA, El Salvador — La muerte de Yoisi Villalta, mujer trans y vendedora de tortas en Texistepeque, Santa Ana Norte, ha vuelto a colocar en el centro del debate una realidad que durante años ha acompañado a la población LGBTQ en El Salvador: la violencia no termina con una agresión o con una muerte. También puede manifestarse en la manera en que una persona es buscada, nombrada, registrada, despedida y recordada.
Villalta fue reportada como desaparecida por su familia a finales de agosto de 2026. Días después, medios de comunicación y plataformas digitales informaron sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida. Un reporte publicado el 5 de septiembre señala que el cuerpo fue localizado en Tacuba, Ahuachapán, ocho días después de su desaparición, mientras que la Policía Nacional Civil no había confirmado hasta entonces la causa de muerte ni clasificado oficialmente el caso como homicidio intencionado.
La precisión es importante; hasta el momento no debe afirmarse como un hecho que Yoisi haya sido víctima de un crimen de odio o de un homicidio motivado por su identidad de género, mientras no exista una investigación oficial que determine las circunstancias y causa de su muerte. Lo que sí existe es una profunda preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y por personas de la comunidad LGBTQ, especialmente ante el contexto de violencia y discriminación que históricamente han enfrentado las mujeres trans en El Salvador.
Una mujer detrás de una noticia
Antes de convertirse en noticia, Villalta tenía una vida. Era una mujer trans que trabajaba como vendedora de tortas en Texistepeque. Desde su negocio desarrollaba una actividad cotidiana para ganarse la vida, pero también había convertido aquel espacio en una expresión de solidaridad con su comunidad.
De acuerdo con la información difundida por organizaciones LGBTQ, Villalta compartía alimentos con las brigadas de salud sexual que realizaban jornadas en la zona. Esa faceta de su vida permite verla más allá de las circunstancias de su muerte: como una mujer trabajadora, solidaria y vinculada a acciones comunitarias.
La Federación Salvadoreña LGBTI pidió precisamente que su memoria fuera abordada desde esa perspectiva. En el mensaje difundido tras conocerse su muerte, la organización llamó a recordarla por “su vida, su trabajo, su generosidad, y sobre todo desde su nombre”, y pidió que su historia no fuera reducida al morbo.
Ese llamado resulta especialmente importante en tiempos en que las redes sociales pueden convertir una tragedia humana en una sucesión de comentarios, fotografías, especulaciones y publicaciones hechas sin sensibilidad. Una persona fallecida no deja de tener dignidad.
Y una mujer trans no deja de ser mujer porque haya muerto.
El derecho a ser nombrada
Uno de los aspectos que más indignación ha provocado en torno al caso es el tratamiento de la identidad de Villalta durante la búsqueda. Organizaciones y personas cercanas han denunciado que durante el proceso de búsqueda se utilizó el nombre que aparece en su Documento Único de Identidad (DUI), en lugar del nombre con el que Villalta vivía y era reconocida socialmente.
Este aspecto no es meramente una cuestión semántica. Para las personas trans, el nombre puede representar una parte fundamental de su identidad y de la manera en que construyen su vida frente a la sociedad. Ser reconocidas por el nombre con el que se identifican constituye también una forma de respeto.
En el caso de Villalta, la Federación Salvadoreña LGBTI expresó que negar el nombre y la identidad de una persona trans también constituye una forma de violencia. La situación adquiere una dimensión todavía más compleja en El Salvador, donde continúa sin existir un mecanismo legal general que permita a las personas trans modificar su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad conforme a su identidad de género.
Así, una persona puede construir durante años una vida social, familiar, laboral y comunitaria con un nombre determinado y, sin embargo, encontrarse ante instituciones que continúan identificándola exclusivamente mediante los datos registrales que no corresponden a la identidad con la que vive. El caso de Villalta vuelve a evidenciar esa tensión entre la identidad vivida y el reconocimiento institucional.
Un problema que va más allá de un solo caso
El caso de Villalta ocurre en un país donde las organizaciones de derechos humanos han advertido durante años sobre la violencia y discriminación que afectan a la población LGBTQ. La información disponible también muestra un problema relacionado con la documentación de estos hechos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la ausencia o insuficiencia de registros públicos actualizados y desagregados que permitan conocer con precisión cuántos delitos violentos afectan a personas LGBTQ y cuántos de ellos tienen como posible motivación la orientación sexual, identidad o expresión de género. La falta de información no significa necesariamente ausencia de violencia. Por el contrario, puede hacerla más difícil de identificar.
Un crimen que no registra la identidad de género de la víctima, o que no investiga adecuadamente una posible motivación relacionada con prejuicios, termina incorporándose estadísticamente como un hecho aislado, sin permitir comprender patrones. Ese problema tampoco es exclusivo de El Salvador. Sin embargo, en el país constituye una preocupación recurrente para las organizaciones que documentan vulneraciones contra personas LGBTQ.
301 denuncias en 2025
Un indicador permite dimensionar que el problema trasciende los homicidios. El Informe 2025 sobre las vulneraciones de los derechos humanos de las personas LGBTQ en El Salvador, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos LGBTIQ+ de ASPIDH con apoyo de Hivos y Arcus Foundation, registró 301 denuncias de vulneraciones de derechos entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recogió estos datos en su informe anual.
Según esa información, las mujeres trans representaron el 53,5 por ciento de las víctimas registradas y los hombres gays el 26,6 por ciento. El informe también señaló como principales presuntos responsables a cuerpos uniformados, entre ellos la Policía Nacional Civil, los cuerpos de agentes municipales y militares desplegados bajo el régimen de excepción.
Estos datos deben leerse con cautela: se trata de denuncias de vulneraciones de derechos, no de una cifra de homicidios ni de todos los casos ocurridos en el país.
Pero muestran algo importante: la violencia contra las personas LGBTQ no puede analizarse exclusivamente desde los asesinatos. También existe violencia en la discriminación, en el acceso a servicios, en el trato institucional, en la familia, en el trabajo, en los espacios públicos y en la imposibilidad de ejercer plenamente derechos fundamentales.
El precedente de Zashy Zuley
La historia reciente de El Salvador ofrece antecedentes que ayudan a comprender por qué el caso de Villalta genera preocupación. En abril de 2021 fue asesinada en San Miguel Zashy Zuley del Cid, una mujer trans y activista vinculada al trabajo comunitario de personas LGBTQ.
ACNUR condenó entonces su asesinato y señaló que Zuley había sido previamente desplazada de su hogar debido a amenazas. La agencia de Naciones Unidas explicó que trabajaba junto con COMCAVIS TRANS para apoyarla en un proceso de emprendimiento y medios de vida.
Su muerte también puso en evidencia otra forma de violencia: después de morir, hubo dificultades para que su identidad de género fuera respetada durante sus honras fúnebres. Medios que documentaron el caso señalaron que fue sepultada con una expresión masculina y que existieron obstáculos para la participación de personas LGBTQ cercanas a ella.
El caso de Zuley se convirtió así en un símbolo de una problemática que tiene dos dimensiones: la violencia contra el cuerpo y la violencia contra la identidad.
Más de cinco años después, la muerte de Villalta vuelve a colocar ambas preocupaciones en la conversación pública.
¿Dónde están los datos oficiales?
Una de las preguntas que surgen nuevamente es cuántos casos de violencia contra personas LGBTQ han ocurrido en los últimos años y cuántos han sido investigados considerando una posible motivación por prejuicio.
La ausencia de información pública reciente y desagregada dificulta responder.
Esta falta de datos no solo afecta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. También afecta a las instituciones encargadas de diseñar políticas públicas, prevenir la violencia y garantizar justicia.
Si no sabemos cuántos casos existen, dónde ocurren, quiénes son las víctimas, qué tipos de violencia se presentan y qué resultados tienen las investigaciones, resulta mucho más difícil diseñar respuestas adecuadas. La documentación independiente adquiere entonces un papel fundamental, aunque nunca debería sustituir la obligación del Estado de generar estadísticas confiables y transparentes.
El desafío de no olvidar
El caso de Villalta vuelve a plantear una pregunta incómoda para El Salvador:
¿Qué ese está haciendo para que las personas LGBTQ puedan vivir y morir con dignidad? La respuesta no puede depender únicamente de las organizaciones LGBTQ, de las familias o de las comunidades.
Requiere instituciones que registren adecuadamente los hechos, investigaciones que determinen responsabilidades, y de acuerdo con activistas de sociedad civil, también “se necesita un Estado que cree y promueva políticas de prevención y que reconozca la identidad de las personas diversas, formación de funcionarios y una sociedad que comprenda que la diversidad no disminuye el valor de ninguna persona”. Por ahora, las circunstancias de la muerte de Yoisi dejan muchas dudas en lo sucedido y no corresponde afirmar que se trató de un crimen de odio sin una determinación oficial de una investigación que no existió.
Honduras
Realidad LGBTQ en Honduras: fuga o muerte
Observatorio KAI+: 35 asesinatos anti-LGBTQ en 2026
TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.
Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.
Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.
«No queremos vivir con miedo»: defensores
Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala.
Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.
Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos.
«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.
Violencia generalizada y discriminación sistemática
Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados.
Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».
Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.
Migración forzada, huir para vivir
Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas.
Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».
Recomendaciones ante un Estado ausente
El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.
Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».
El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.
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