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Pareja de lesbianas cubanas vive entre la libertad y en el encierro

Yanelkys Moreno Agramonte permanece bajo custodia de ICE

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De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)

Nota del editor: Yariel Valdés González es periodista de Cuba que ha obtenido asilo en Estados Unidos. Permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por casi un año hasta su liberación del River Correctional Center en Ferriday, Luisiana, el 4 de marzo.

Una versión de esa nota en inglés salió en el sitio web del Washington Blade el miércoles.

En casi cinco años de noviazgo, Yanelkys Moreno Agramonte, 36, y Dayana Rodríguez González, 31, nunca se habían separado. Eran dos vidas en una hasta el 3 de noviembre de 2019 cuando ambas solicitaron juntas asilo político en Estados Unidos a través de un puerto de entrada de El Paso, Texas. Allí determinaron que no podían estar sentadas ni en el mismo banco. Mientras procesaban su ingreso al país, ambas fueron confinadas a celdas distintas.

“A mí me encerraron en una bien pequeña, sola”, cuenta al Washington Blade vía telefónica Moreno desde el South Louisiana ICE Processing Center en Basile, Luisiana, el 9 de junio. “Allí estuve dos días y a mi pareja la trasladaron al otro día de haber entrado”.  

“Perdimos todo vínculo”, narra por otra parte Rodríguez el 10 de junio en una llamada con el Blade desde Phoenix. “No sabía donde estaba ella y ni ella donde estaba yo. El día cuatro me movieron en la noche para el centro de detención y ahí seguía con la incertidumbre de si la iban a mandar para allá”.

Al otro día coincidieron unos minutos en el comedor del El Paso Service Processing Center, pues no estaban en el mismo dormitorio. Así hicieron cada vez que podían para curarse esa necesidad de una por la otra.

“Nos regañaron dos veces porque yo me quedaba de última en la fila para esperar a que ella llegara y comer juntas”, recuerda Rodríguez. 

Ambas idearon una estrategia para verse en los turnos de la biblioteca, en visitas que podían solicitar y hasta en la ceremonia religiosa que la Iglesia Católica oficiaba allí.

“Yanelkis hizo las peticiones para las visitas como dos veces y nos autorizaron una sola. Era en un mismo salón todas las parejas juntas, una al lado de la otra. No nos podíamos tocar, solo un beso a la entrada y un beso a la salida y con una oficial vigilándonos todo el tiempo. Y era cuando ellos querían darte la visita”, comenta Rodríguez.

Si ambas hubieran estado casadas, quizás esta historia no hubiera sido tan amarga, pues, en teoría, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispone que un solicitante de asilo casado puede patrocinar a su cónyuge a través del estado de “asilado derivado”. Este proceso permite que puedan permanecer juntos siempre que presenten un certificado de matrimonio o unión civil. 

Pero Moreno y Rodríguez son ciudadanas de Cuba, una isla donde aún no es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo así como prevalecen políticas gubernamentales y actitudes sociales que acentúan la discriminación hacia la comunidad LGBTQ.

Sus casos de inmigración están unidos, sin embargo, en diciembre Moreno fue separada otra vez de Rodríguez, esta vez a más de 900 millas al este, al South Louisiana ICE Processing Center, donde actualmente permanece, mientras que a Rodríguez la mantuvieron en custodia en El Paso hasta el 4 de febrero de 2020 cuando fue liberada bajo libertad condicional (parole) y una fianza de $7,500. 

Se vieron por última vez a través del cristal de una puerta, amándose con señas, luego de una conversación que marcaría para siempre la vida de ambas. Al siguiente amanecer Moreno ya no estaba y la frustración por no poder despedirse las hiere hasta hoy.

El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México, el 15 de julio de 2019. Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González, piden asilo en Estados Unidos en El Paso. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Homofobia y acoso policial constante en Cuba

Las familias de Moreno y Rodríguez nunca aceptaron que dos mujeres podían enamorarse y convivir juntas. Los prejuicios que aún perviven en la isla caribeña y especialmente en Zulueta, un diminuto poblado en el centro del país donde residían, les ponían constantemente barreras a su vida social y de pareja.

“Debido a mi orientación sexual mis padres se divorciaron. Mi padre es el típico machista cubano, que decía que sus hijos no podían ser homosexuales. La única que me apoyó siempre fue mi hermana”, detalla Moreno. 

A Rodríguez la expulsaron de su casa cuando se enteraron que tenía una relación amorosa con una muchacha.

“Me sacaron todas mis cosas y eso fue terrible, porque estaba lloviendo y además en medio de un apagón. Tuve que recoger mis cosas e irme para casa de ella. Fue algo que no esperábamos”, ella dice.

Al rechazo familiar se sumaban las miradas acusadoras de sus vecinos, por lo que no se atrevían ni a caminar por las calles tomadas de las manos. Moreno se sintió asfixiada con tanta intolerancia, “pues allá (Cuba) los homosexuales no somos bien vistos, ni por la familia ni por las autoridades, somos bastante discriminados. Me sentía mal porque al final nosotros también somos personas correctas. Tenemos derechos y el gobierno constantemente los viola. No podemos tener nuestra propia familia”.

A la imposibilidad de contraer matrimonio, los gays cubanos tampoco pueden adoptar niños. Las personas trans no están protegidas en el actual Código del Trabajo y solo las que se realicen la operación de reasignación de sexo pueden cambiar su género y foto en el documento de identidad, un proceso que no suele ser ágil.  

Como si el actual escenario no bastara, esta pareja sufrió el acoso de un policía homofóbico. El oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Cuba las perseguía como una sombra.

“Había un oficial apellidado Sosa, que donde quiera que estábamos se aparecía”, según el testimonio de Rodríguez. “Él se portó muy grosero con nosotras. En dos ocasiones nos ofendió diciéndonos que no le estábamos dando ningún buen ejemplo a la sociedad ni a los niños”.

“En la otra ocasión, durante unas fiestas del pueblo, estábamos sentadas en el parque, agarradas de manos, sin faltarle el respeto a nadie y él también llegó y nos llevó a la unidad porque, según él, no podíamos hacer eso”, continúa Rodríguez. “Él no estaba de acuerdo en que nosotras fuéramos pareja ni que lo demostrásemos en público. Nos puso una multa de 500 pesos porque no nos quería ver más juntas en la calle. Fue como un acta de advertencia y nos tuvo 73 horas detenidas. En la unidad el oficial le contó a todos que éramos lesbianas y comenzaron también a burlarse de nosotras y a decirnos insultos. Y la verdad es que nos sentíamos muy mal con todo eso. La vida para nosotras era muy difícil allí”.

Oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba miran a participantes de una marcha LGBTQ no sancionada que se realizó en La Habana el 11 de mayo de 2019. (Foto cortesía de Pedro Luis García)

Cansadas de ese rechazo familiar, social y gestado también desde las instituciones gubernamentales de Cuba, esta joven pareja huyó del país para no salir nunca más a la calle con miedo, contaron en exclusiva al Blade. Ahora, luego de siete meses en territorio estadounidense, enfrentan el terror de la deportación de Moreno, a quien ya le han negado en dos ocasiones la libertad condicional para enfrentar su proceso migratorio en libertad.

“Las dos respuestas de ICE a mi petición de parole me han dicho que soy riesgo de fuga”, dice Moreno. “La primera fue el 5 de enero y la segunda petición la preparé con un grupo de abogados y quedó muy buena, con todo lo que me pedían, una solicitud bien completa y me la negaron otra vez. Me pusieron una fecha para una entrevista que nunca me hicieron”. 

De acuerdo con la propia directiva de libertad condicional de ICE, si un solicitante de asilo pasa su entrevista de miedo creíble, comprueba su identidad, demuestra que no es un peligro para la sociedad y muestra que no es un riesgo de fuga, debe ser puesto en libertad condicional mientras espera su audiencia de asilo. 

La tasa de libertad condicional de ICE en Nueva Orleans que tiene jurisdicción sobre Luisiana se redujo de más del 75 por ciento en 2016 a cero en 2019, según un dictamen emitido por el juez federal James Boasberg de D.C. que otorga una orden judicial preliminar en una demanda colectiva presentada por otros solicitantes de asilo.

“Yo cumplo con todos los requisitos que ellos piden: entré por un puerto seguro, tengo a alguien que me va a recibir y cuento con un miedo creíble positivo”, ejemplifica Moreno. “Cuando me negaron el parole por segunda vez me reuní con mi oficial deportador y no supieron darme una explicación convincente, solo me dijeron que al evaluar mi caso determinaron que yo no me iba a presentar a las cortes”.

Liza Doubossarskaia es ayudante legal y preparó la segunda solicitud de parole de Moreno bajo la supervisión de Bridget Crawford, abogada y directora legal de Immigration Equality. En una entrevista con el Blade, Doubossarskaia interpreta la negativa de parole a Moreno como un acto discriminatorio de ICE, pues la persona que la va a recibir no es su familia, sino otra persona LGBTQ. 

“En ningún documento se contempla que la persona que recibe al inmigrante debe ser su familiar cercano,” señala Doubossarskaia. “En la solicitud de Parole afirmamos que su familia no la apoya porque es gay, pero ella sí tiene lazos con este país porque tiene una amiga dispuesta a acogerla y el apoyo de varias organizaciones, entre ellas Immigration Equality, que va a velar porque asista a las citas con inmigración. Además no es un peligro, pues presentamos sus antecedentes penales y están limpios. ICE nunca explica por qué es un riesgo de fuga”.

El Blade solicitó comentarios al ICE sobre el caso particular de Moreno, pero no recibió ninguna respuesta al respecto. 

“Cuando tuvimos la segunda respuesta negativa del Parole fue como si nos lanzaran un cubo de agua fría a las dos”, confiesa Rodríguez. “Se nota en el tono de su voz, en su físico cuando puedo verla por una videollamada que todo ese encierro y este tiempo separadas la está afectando, nos está afectando a las dos”. 

Moreno aún está a la espera de su segunda corte, planificada para el próximo 28 de julio. Cuenta que su mayor temor es llegar a su última comparecencia frente a un juez de inmigración “porque es mucho estrés, por todo el tiempo que he estado aquí dentro, por todo lo que hemos vivido. Ese momento es muy difícil y cuando uno no tiene mucho apoyo más todavía”. 

En cambio, a Rodríguez le aterra que su novia sea deportada a Cuba “y todo se termine”. De solo mencionarlo se le raja la voz en el teléfono.

“Hoy terminé la llamada con ella por la mañana llorando porque esta ausencia a mí me ha afectado mucho”, cuenta Rodríguez. “También las llamadas son cortas porque tenemos que ahorrar el poquito de dinero que tiene para comunicarse. Cuando ella me dice que se siente mal y termina llorando la verdad es que me pone muy mal”. 

Encierro ‘peligroso e irracional’ 

En defensa de Moreno y de todos los solicitantes de asilo LGBTQ en custodia de ICE, el congresista de Illinois Mike Quigley envió recientemente una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, donde califica el encierro de esta población, especialmente en medio de una pandemia del coronavirus, como “peligroso e irracional”.

Más de dos docenas de otros miembros de la Cámara de Representantes de EEUU firmaron la petición, que también cita el caso específico de Moreno.

En una entrevista telefónica con el Blade, Quigley considera que se trata de un tema de “decencia humana básica” y expresa que la agencia está “ignorando” el distanciamiento social y otras pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y no “proporcionando equipo de protección o productos de higiene a los detenidos”. 

El demócrata de Illinois también considera que los detenidos LGBTQ en los centros de detención de ICE “son tratados peor en estas condiciones que la población en general, y nadie es tratado bien”.

Moreno detalla al Blade que el South Louisiana ICE Processing Center tiene la capacidad para acoger a unas 1,000 personas y actualmente permanecen allí alrededor de 190 inmigrantes mujeres. En el cuarto donde reside, de 72 camas, están ocupadas más de 50.

“Somos muchas para un cuarto tan pequeño”, dice Moreno. “La comida no es buena, algún día a la semana mejora un poco, pero por lo general es mala. La limpieza no es muy buena tampoco. Ahora, como somos tan poquitas, los insumos de la limpieza han mejorado, pero cuando estaba todo el centro era muy difícil conseguir un papel higiénico o un champú. Aquí no dan jabón. Tenemos que bañarnos con champú y la comisaría es muy cara”.  

De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte habla con su pareja, Dayana Rodríguez González, desde el South Louisiana ICE Processing Center en Basile, Luisiana. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)

Doubossarskaia confirma que el centro de detención de Moreno ahora tiene espacio para promover el distanciamiento social, pero ha optado por no hacerlo.

“De hecho, Yanelkys compartió conmigo que en algún momento a principios de mayo las mujeres detenidas de diferentes unidades de vivienda fueron trasladadas a una sola”, ella dice. “Según Yanelkys, cuando se le preguntó a un oficial de detención al respecto, respondió que era para hacer un ‘mejor uso del espacio’”.

Hasta el martes pasado había 871 detenidos de ICE con casos confirmados del coronavirus y su sitio web informa que, de un total 24,713 personas que continúan bajo su custodia, 7,364

inmigrantes han sido sometidos a las pruebas del virus. 

La agencia ratifica que ha evaluado a su población detenida en base a la guía de los CDC para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado del coronavirus. En ese sentido, han liberado a más de 900 personas después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de vuelo y preocupaciones de seguridad nacional.

Pese a que en su centro de detención no hay ningún caso confirmado del coronavirus, Moreno afirma no sentirse segura, pues durante este tiempo de pandemia no se ha detenido la entrada de inmigrantes a la prisión donde se encuentra. 

“No todos los oficiales usan máscaras ni guantes. Ellos dicen que sí toman las medidas cuando entran al centro, pero no me consta. Ellos son los que salen y entran y no nos protegen. A nosotras sí nos exigen estar a seis pies de distancia una de la otra y cuando vamos a la recreación o al comedor son solamente las detenidas de un dormitorio, no nos mezclamos con las demás”, ella dice. 

Al temor de contraer el coronavirus, Moreno ha enfrentado varios episodios de discriminación dentro de la cárcel, lo mismo por parte de sus compañeras que de los oficiales que manejan la detención, que pertenece a la compañía privada GEO Group. 

“Como en dos ocasiones fui a entrar al baño y me decían que no podía entrar porque les daba pena bañarse conmigo”, ella dice. “Yo, con tal de evitar un problema, decidí bañarme sola desde ese momento. Con los oficiales me ha sucedido que les pido, por ejemplo, un papel y no me lo dan, pero detrás va otra persona y se lo entregan, por cosas así me siento discriminada”.

Doubossarskaia opina que ICE no toma suficientes medidas para proteger a las personas LGBTQ en sus instalaciones.

“Hemos escuchados muchas historias de detenidos que sufren homofobia dentro de sus detenciones y a veces las acciones que ejecutan se demoran semanas y a veces no las toman”, advierte.

En cuanto al trato de los oficiales de South Louisiana ICE Processing Center, Moreno declara que en su mayoría no son buenas personas.

“Los hay relativamente sensibles, pero hay otros que hasta nos ofenden, nos humillan”, dice.  

“Yo no pensé estar tanto tiempo detenida”, se lamenta Moreno. “De hecho, mi pareja y yo pensábamos que serían máximo dos meses y que podríamos salir, casarnos, hacer una vida juntas, pero nada de eso ha sucedido. Solo podemos hablar por teléfono, pero la separación es dura y muy triste. Yo me deprimo y lloro mucho”.

Le pregunto qué es lo que más extraña y sin pensarlo dos veces me responde que la libertad, pero sobre todo, a su novia. “Quiero verla, abrazarla …”, dice y nos quedamos unos segundos en silencio y no sé bien cómo animarla, cómo enviarle fuerzas y esperanza.    

“No siento a Yanelkys bien, de hecho, estamos buscando ayuda psicológica”, dijo Rodríguez. “Ya ha tenido dos citas con un profesional porque está muy estresada y la encuentro muy decaída … y a ellos (ICE) no les interesa la vida de uno”. 

Michael K. Lavers contribuyó a esa nota.

De izquierda: Yanelkys Moreno Agramonte y su pareja, Dayana Rodríguez González. (Foto cortesía de Dayana Rodríguez González)
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Honduras

Realidad LGBTQ en Honduras: fuga o muerte

Observatorio KAI+: 35 asesinatos anti-LGBTQ en 2026

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Tegucigalpa, Honduras, en 2022. Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

Reportar sin Miedo es el socio mediático del Washington Blade en Honduras. Esta nota salió en su sitio web el 21 de agosto.

TEGUCIGALPA, Honduras — Las cifras encienden todas las alarmas: 35 muertes violentas de personas LGBTQ, 195 casos de violencia generalizada y 11 personas asistidas para refugiarse en el extranjero. Las mujeres trans encabezan las víctimas mortales con 11 casos, seguidas de los hombres gay con 10.

Esa es la realidad de las poblaciones sexualmente diversas que pinta el boletín número 14 del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI+ de Honduras KAI+, correspondiente al período de enero al 8 de agosto de 2026.

Según el informe, los departamentos con mayor concentración de asesinatos son Francisco Morazán (12), Cortés (5) y Comayagua (4). Sin embargo, el dato más revelador de la impunidad es que los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar, con apenas dos capturas reportadas.

«No queremos vivir con miedo»: defensores

Lucía Barrientos, de la Asociación Ixchel, resume el sentimiento colectivo. «Hoy las personas LGBTI en Honduras vivimos en estado de alerta. Muertes que, al hacer un análisis, tienen una conmoción de que muchas personas de nuestra población han sido torturadas, que han sido crímenes de odio», señala. 

Barrientos subraya que en el país no hay una ley que tipifique el crimen de odio, lo que deja a la población en un limbo legal y expuesta a la violencia sin protección efectiva.

Entretanto, Jennifer Córdoba, de la Colectiva de Mujeres Trans Muñecas de Arcoíris, lamenta que las autoridades no estén haciendo nada para defender los derechos humanos. 

«Ver ese tipo de violencias en el país que se incrementan, ver que las autoridades de nuestro país no están haciendo nada para la defensa de los derechos humanos, no crear una política pública que respete los derechos humanos de la población LGTBI», afirma Córdoba.

Violencia generalizada y discriminación sistemática

Los 195 casos de violencia generalizada incluyen amenazas (19), maltrato familiar (25), abuso de autoridad (14), discriminación por orientación sexual o identidad de género (14), lesiones (10) y agresiones sexuales. Las mujeres trans son nuevamente las más afectadas, con 32 casos registrados. 

Dany Montesinos, de la Asociación LGBTI Kukulcán, advierte: «Esta es una violencia general, estructurada. No tenemos un patrón determinado. La alerta que estamos poniendo es que, en comparación con otros años, esto está siendo más creciente».

Un elemento crítico señalado por el boletín es que casi el 70 por ciento de los casos de violencia generalizada (137 de 195) carecen de categorización desagregada sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima, lo que evidencia la ausencia de protocolos adecuados por parte de las instituciones estatales y una invisibilización sistemática.

Migración forzada, huir para vivir

Entre los hallazgos más dolorosos está la asistencia a 11 personas LGBTQ que han buscado refugio en el extranjero. Ocho se han ido a Estados Unidos, dos a España y una al Reino Unido. Los motivos incluyen amenazas, discriminación, abuso de autoridad, agresiones sexuales y físicas. 

Como señala un testimonio: «Tuvieron que irse, se vieron obligadas a huir por amenazas, por la discriminación, por el abuso de autoridad y agresiones sexuales. Estos datos nos muestran que la migración de las personas LGBTI no responde únicamente a razones económicas, sino a la necesidad urgente de proteger su vida y sus derechos».

Recomendaciones ante un Estado ausente

El boletín concluye con un llamado urgente al Estado hondureño. Exige fortalecer las investigaciones de muertes violentas e implementar políticas públicas de protección integral. Además, capacitar a funcionarios en diversidad sexual y derechos humanos y garantizar que los casos avancen más allá de la etapa preliminar.

Barrientos lo resume con claridad. «Exigimos al Estado respuestas inmediatas, justicia y protección real para nuestra población. No queremos retroceder, no queremos volver atrás, no queremos vivir con miedo, no queremos salir a la calle y saber que no puedo expresar mi amor hacia mi pareja o hacia otra persona porque puedo amar y ser muerta».

El Observatorio KAI+ recuerda que detrás de cada cifra hay seres humanos: madres, padres, hijos, hermanos y familias que dependen de ellos. La indiferencia institucional, advierten, no puede seguir siendo una puerta abierta a la impunidad.

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Noticias en Español

Un terremoto también se vive desde el exilio

Yonatan Matheus se nació en La Guaira, la zona venezolana más afectada por los sismos

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(Imagen por Tindo/Bigstock)

El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron Venezuela y alteraron la vida de miles de personas en cuestión de segundos. Para gran parte del mundo fue una noticia que ocupó titulares durante algunos días. Para quienes nacimos allí, el tiempo pareció detenerse. Antes de pensar en la magnitud del sismo o en el número de viviendas afectadas, hubo una pregunta que desplazó cualquier otra: ¿estarán bien quienes amo?

Los desastres naturales no solo transforman los territorios; también modifican la manera en que quienes vivimos en el exilio nos relacionamos con el lugar al que seguimos llamando hogar. La distancia no reduce el dolor ni la preocupación por quienes permanecen allí. Cada llamada sin responder, cada fotografía y cada mensaje recuerdan que existen vínculos que sobreviven a las fronteras, al tiempo y a la propia migración.

Lo primero que hice fue llamar a mi familia en La Guaira. Durante esos minutos comprendí, una vez más, que también existen terremotos que se sienten desde el exilio. La incertidumbre crece con cada llamada que no entra y con cada mensaje que permanece sin respuesta.

Cuando finalmente logré comunicarme, confirmé que familiares y personas cercanas habían perdido sus hogares, que distintas zonas de La Guaira enfrentaban graves afectaciones y que comunidades como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado también sufrían las consecuencias de los terremotos. Aunque algunas de estas localidades registraron daños estructurales de menor magnitud que las zonas más devastadas, sus habitantes también vieron alterada su vida cotidiana por la interrupción de servicios, las dificultades de acceso y la profunda interdependencia social, económica y comunitaria que caracteriza a La Guaira.

Algunos miembros de mi comunidad también habían fallecido. Entre ellos estaban dos hombres gays a quienes conocía. Sus nombres me recordaron que detrás de cada cifra existen historias, afectos y proyectos de vida. También me hicieron pensar en todas aquellas personas cuyas vidas y muertes difícilmente ocuparán un titular, especialmente quienes durante años vivieron en los márgenes, con escasa visibilidad y sin el pleno reconocimiento de su dignidad. Me recordaron, además, que las emergencias nunca afectan a todas las personas por igual y que quienes ya enfrentaban mayores condiciones de vulnerabilidad suelen soportar una carga aún más pesada durante la recuperación. 

El país del que uno sale nunca desaparece

Nací y crecí en La Guaira. Allí permanecen buena parte de mi historia, mi familia, mis amistades y una comunidad que sigue formando parte de quien soy. Hace diez años tuve que salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos como consecuencia de la persecución que enfrenté por ser un hombre gay y defensor de derechos humanos. Con el tiempo comprendí que el exilio no consiste únicamente en cambiar de país. También significa aprender a vivir con la certeza de que una parte de nosotros permanecerá siempre en el lugar del que tuvimos que partir.

Cada celebración familiar, cada crisis y cada tragedia confirman que seguimos perteneciendo a ese territorio. Las personas refugiadas y migrantes no dejamos de vivir las emergencias de nuestros países de origen; simplemente las vivimos de otra manera. Mientras otras personas pueden desplazarse para abrazar a sus familias o participar directamente en las labores de ayuda, quienes estamos lejos intentamos acompañar desde la incertidumbre, con la impotencia de saber que el corazón permanece donde el cuerpo ya no puede estar.

Quizá esa sea una de las dimensiones menos visibles del desplazamiento forzado. Vivimos las tragedias de nuestro país a la distancia, con menos posibilidades de actuar físicamente, pero con el mismo dolor y con un profundo sentido de responsabilidad hacia las personas y los lugares que siguen formando parte de nuestra historia.

Cuando una casa representa toda una vida

Después de una emergencia suele repetirse una frase bien intencionada: “Lo importante es que todos están vivos; lo material se recupera.” Aunque busca transmitir esperanza, también puede invisibilizar una realidad profundamente humana. En Venezuela, una vivienda rara vez representa únicamente una construcción. Es el resultado de años de trabajo, sacrificios compartidos y sueños familiares. En sus paredes también habitan recuerdos, fotografías, documentos y la memoria de quienes la construyeron.

Cuando un terremoto destruye un hogar, también altera el proyecto de vida de una familia. Por eso no basta con volver a levantar edificios. Es necesario crear las condiciones para que las personas recuperen estabilidad, seguridad y la posibilidad de imaginar nuevamente un futuro. Como trabajador social, estoy convencido de que los territorios no vuelven a ponerse de pie únicamente con cemento. También necesitan confianza, organización, apoyo mutuo y espacios donde las personas puedan elaborar el duelo y fortalecer nuevamente sus redes de apoyo.

Ese proceso tampoco ocurre en igualdad de condiciones para todas las personas. Los desastres suelen profundizar desigualdades que ya existían antes de la emergencia. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con enfermedades crónicas o con VIH y muchas personas LGBTQ, especialmente aquellas que enfrentan pobreza, discriminación o redes de apoyo limitadas, suelen encontrar mayores obstáculos para acceder a servicios, restablecer sus medios de vida o volver a sentirse seguras. Una respuesta verdaderamente humanitaria no consiste únicamente en llegar primero; consiste en asegurar que nadie quede atrás cuando comienza el largo camino para reconstruir su vida. 

Cuando la emergencia deja de ser noticia

Las primeras horas después de un desastre suelen despertar lo mejor de una sociedad. Vecinas y vecinos organizan rescates, personas voluntarias distribuyen alimentos, equipos de salud trabajan sin descanso y miles de ciudadanos, dentro y fuera del país, buscan la manera de ayudar. Esa movilización espontánea representa uno de los recursos más valiosos frente a cualquier crisis y demuestra que, incluso en contextos de profunda polarización, la vida humana sigue siendo capaz de convocar encuentros.

Sin embargo, para quienes sobrevivieron, el verdadero desafío apenas comienza cuando la emergencia deja de ocupar los titulares. Mientras los medios dirigen su atención hacia otras noticias y las donaciones disminuyen, miles de familias siguen intentando recuperar sus hogares, restablecer sus medios de vida y reorganizar una cotidianidad profundamente alterada. La crisis termina mucho antes para la opinión pública que para quienes continúan enfrentando sus consecuencias.

En la acción humanitaria suele describirse un fenómeno conocido como fatiga de la compasión. En términos generales, hace referencia a la disminución progresiva de la atención pública y de parte de la movilización solidaria conforme una crisis deja de ocupar el centro de la conversación. No significa que desaparezca la voluntad de ayudar, sino que nuevas urgencias desplazan rápidamente a las anteriores. El riesgo es que los territorios afectados queden solos precisamente cuando enfrentan la etapa más compleja de volver a levantarse.

Las principales organizaciones humanitarias recuerdan que reparar edificios constituye sólo una parte del proceso. También es indispensable fortalecer la salud mental, ofrecer apoyo psicosocial, recuperar el tejido comunitario y garantizar que la población participe activamente en las decisiones sobre su propio futuro. Una vivienda puede reconstruirse en algunos meses; recuperar la sensación de seguridad, la confianza o el sentido de pertenencia suele requerir mucho más tiempo.

Esta realidad resulta especialmente importante para quienes ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad antes del terremoto. Las personas adultas mayores, la niñez, las personas con discapacidad, quienes viven con VIH y muchas personas LGBTQ suelen encontrar mayores barreras para acceder a servicios, mantener sus tratamientos, recuperar sus ingresos o reconstruir sus redes de apoyo. Las emergencias no crean esas desigualdades, pero con frecuencia las hacen más visibles y profundas. Por eso, una recuperación verdaderamente sostenible no consiste únicamente en volver al punto donde estábamos antes del desastre, sino en aprovechar ese proceso para reducir brechas históricas y fortalecer la inclusión.

Como trabajador social, prefiero hablar de una resiliencia consciente. No de una resiliencia que exige fortaleza permanente o invita a ocultar el dolor bajo la idea de que “hay que seguir adelante”, sino de aquella que reconoce las pérdidas, entiende que el duelo necesita tiempo y acepta que pedir ayuda también forma parte del camino. Ninguna comunidad debería sentirse obligada a reconstruirse sola, ni ninguna persona a demostrar que ya superó una tragedia antes de estar preparada para hacerlo.

Permanecer también es una forma de ayudar

El exilio me impidió estar físicamente en La Guaira durante los días posteriores a los terremotos, pero no me impidió asumir la responsabilidad de acompañar desde donde hoy me encuentro. Durante esas semanas utilicé mis plataformas para verificar información antes de compartirla, visibilizar localidades que históricamente han recibido menor atención —como Carayaca, El Junko y otros sectores del oeste del estado— y promover mensajes centrados en las necesidades de la población afectada.

Ese compromiso también dio origen a la serie documental La Guaira: Antes y Después, un esfuerzo por documentar cómo cambiaron distintos espacios y contribuir a que no desaparezcan de la memoria colectiva cuando termine la cobertura periodística. Más que registrar la destrucción, busca recordar que detrás de cada fotografía existen familias que seguirán necesitando apoyo mucho después de que las cámaras se hayan ido.

Creo profundamente que comunicar con responsabilidad también es una forma de acción humanitaria. Verificar antes de publicar, evitar la desinformación y mantener visibles a los territorios históricamente olvidados constituye una manera concreta de acompañar el proceso de recuperación y fortalecer el compromiso colectivo desde la distancia.

La solidaridad que decide quedarse

Los terremotos del 24 de junio de 2026 dejarán cicatrices visibles en edificios, carreteras y viviendas. Otras permanecerán en silencio, acompañando a familias que deberán reconstruir no solo sus hogares, sino también su sensación de seguridad, sus proyectos de vida y la confianza en el futuro.

Como venezolano, guaireño, refugiado y defensor de derechos humanos, esta experiencia reforzó una convicción que ha guiado buena parte de mi trabajo: las personas deben permanecer en el centro de cualquier respuesta humanitaria. Ninguna diferencia política, institucional o ideológica debería ser más importante que proteger la vida, aliviar el sufrimiento y garantizar que quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad reciban el acompañamiento que necesitan para volver a empezar con dignidad.

Los terremotos dejan de sentirse cuando la tierra deja de temblar. El olvido comienza cuando dejamos de mirar. Entre una cosa y otra existe un largo camino que exige memoria, compromiso sostenido y la decisión colectiva de no abandonar a quienes siguen intentando levantarse cuando el resto del mundo ya ha seguido adelante. Porque una sociedad no termina de recuperarse cuando reconstruye sus edificios; lo hace cuando todas las personas tienen la oportunidad de volver a vivir con seguridad, esperanza y la certeza de que nadie quedó atrás.

Yonatan Matheus (He/Him/Él) es defensor de derechos humanos LGBTQ y trabajador social y activista. Trabaja en la intersección entre Migración, Justicia Social y respuesta al VIH.

Este comentario salió en el sitio web de Yonatan el 6 de julio.

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Noticias en Español

Centenares de personas participan en la Marcha del Orgullo en la capital salvadoreña

La población diversa volvió a ocupar el espacio público

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(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

SAN SALVADOR,  El Salvador Alrededor de las 2 de la tarde del 27 de junio, centenares de personas comenzaron a reunirse en el redondel Masferrer para participar en la tradicional Marcha del Orgullo LGBTQ de El Salvador, una movilización que año con año busca visibilizar las luchas, los avances y las demandas de la población diversa en el país. Más que una celebración, la actividad volvió a convertirse en un espacio para reivindicar la existencia de miles de personas que, pese a los desafíos sociales y políticos, continúan reclamando el respeto de sus derechos fundamentales.

Con banderas multicolores ondeando entre la multitud, música y una atmósfera cargada de emoción, la marcha inició su recorrido descendiendo por el Paseo General Escalón, atravesando las Fuentes Beethoven y la plaza El Salvador del Mundo hasta concluir en las inmediaciones del Parque Cuscatlán, sobre la 25 Avenida Sur.

A medida que avanzaban las horas, el tránsito habitual de una de las principales arterias de la capital fue sustituido por un río de colores, consignas y expresiones artísticas. Decenas personas voluntarias debidamente identificadas, acompañaron el recorrido para facilitar el paso de las personas participantes, detener el tráfico y garantizar el desarrollo de la actividad mientras miles de curiosos observaban desde las aceras, restaurantes, centros comerciales y edificios ubicados a lo largo del trayecto.

Desde horas antes del inicio del recorrido, las calles comenzaron a llenarse de personas provenientes de distintos departamentos del país. Algunas viajaron desde la madrugada para participar en la actividad, mientras otras aprovecharon el fin de semana para reencontrarse con amistades y familiares que cada año convierten la marcha en un punto de reunión.

Muchas personas dedicaron semanas e incluso meses a preparar cuidadosamente sus vestuarios, maquillajes, accesorios y pancartas. Cada atuendo representaba una forma distinta de expresar identidad, creatividad y orgullo. Algunos optaron por elaborados trajes inspirados en la cultura drag; otros lucieron prendas confeccionadas con los colores de las distintas banderas que representan a la diversidad sexual y de género. No faltaron quienes eligieron vestirse de manera sencilla, convencidos de que su sola presencia ya representaba un acto de valentía.

Los colores del arcoíris se mezclaron con las banderas trans, bisexuales, lesbianas, pansexuales, no binarias y otras identidades que forman parte de la diversidad humana. Entre abrazos, fotografías, consignas, bailes y presentaciones improvisadas, el ambiente transmitía alegría, pero también una profunda carga simbólica para quienes consideran esta marcha un acto de existencia y resistencia.

Las expresiones de afecto entre parejas, amistades y familias se desarrollaban con naturalidad durante todo el recorrido. Para muchas personas asistentes, ese espacio representó uno de los pocos momentos del año donde podían mostrarse públicamente sin ocultar quiénes son o temer al rechazo inmediato de quienes les rodean.

Memoria, resistencia y un llamado a no olvidar

Previo al banderillazo de salida, representantes de la Federación Salvadoreña LGBTIQ+ ofrecieron un mensaje que invitó a recordar el camino recorrido por quienes lucharon décadas atrás en condiciones mucho más adversas.

“Hoy caminamos pensando en quienes caminaron antes que nosotres, en quienes resistieron cuando nombrarse podía costar el trabajo, la familia, la libertad o la vida”, expresaron durante su intervención, provocando aplausos entre las personas asistentes.

El mensaje también recordó que muchas de las conquistas actuales son resultado de generaciones que enfrentaron discriminación, violencia institucional y exclusión social, abriendo camino para que nuevas juventudes puedan vivir su identidad con mayor libertad, aunque todavía persistan numerosos desafíos.

Las palabras pronunciadas antes del inicio de la marcha marcaron el tono del resto de la jornada. No se trataba únicamente de celebrar la diversidad, sino también de reconocer que detrás de cada bandera existe una historia marcada por la lucha contra la discriminación, la violencia y la invisibilización.

Sin embargo, el discurso también puso sobre la mesa una realidad poco discutida dentro del movimiento: la invisibilización de las personas adultas mayores LGBTQ. Según señalaron durante la actividad, la población diversa envejeciente continúa prácticamente ausente de los espacios públicos y de representación. No aparecen en las campañas del Mes del Orgullo, tampoco en las imágenes que suelen viralizarse en redes sociales ni en la publicidad que cada junio llena de colores distintos espacios comerciales.

Su ausencia también refleja las profundas desigualdades que históricamente ha enfrentado esta población. Muchas personas mayores crecieron en contextos donde expresar libremente su orientación sexual o identidad de género significaba perder el empleo, ser expulsadas de sus hogares o sufrir violencia física y psicológica.

La ausencia de referentes mayores refleja una deuda pendiente tanto de la sociedad como del propio movimiento, que enfrenta el desafío de reconocer las historias de quienes sobrevivieron a décadas de persecución y discriminación y que hoy continúan siendo parte fundamental de la memoria colectiva.

La edición 2026 de la marcha se desarrolló además en un contexto político que diversas organizaciones consideran especialmente complejo para la defensa de los derechos humanos.

Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por el cierre de espacios democráticos, el debilitamiento de organizaciones sociales y un ambiente que consideran cada vez más hostil para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

En medio de ese escenario, la movilización adquirió un significado que fue mucho más allá de la celebración. Para muchas personas asistentes representó un acto de presencia política y una reafirmación de que la comunidad continúa existiendo pese a los retrocesos percibidos.

Uno de los aspectos más visibles durante el recorrido fue la importante participación de jóvenes, muchos de ellos asistiendo por primera vez a una Marcha del Orgullo. Entre sonrisas y evidente emoción, varias personas compartían que habían esperado durante años la oportunidad de participar libremente en esta actividad.

Para algunos significaba encontrarse con otras personas que comparten experiencias similares; para otros era la primera ocasión en la que podían expresar públicamente su orientación sexual o identidad de género sin esconderse.

Durante la cobertura realizada por diversos medios internacionales, una persona entrevistada por el Washington Blade, quien solicitó permanecer en el anonimato, resumió el sentimiento que compartían muchas voces presentes.

“Yo apoyé en su momento al presidente actual, pero no sabía que eso tendría un precio que sería bajar mi categoría como ciudadane de un país tan pequeño y con mente más cerrada. Igual marcho para demostrar que aquí estamos resistiendo”, expresó.

El testimonio reflejó una percepción compartida por parte de algunos asistentes respecto al contexto político y social que vive actualmente la población LGBTQ en El Salvador.

(Foto de Ernesto Valle por el Washington Blade)

Entre el respaldo empresarial y el rechazo en redes sociales

A diferencia de años anteriores, otro elemento llamó la atención durante el recorrido: la limitada presencia de organizaciones sociales claramente identificadas mediante banners, mantas o bloques organizados.

Aunque sí participaron colectivos y activistas independientes, fueron los vehículos alegóricos patrocinados por establecimientos comerciales y empresas aliadas los que dominaron visualmente buena parte del recorrido.

Los carros decorados con música, animación y publicidad fueron algunos de los elementos más llamativos de la jornada. Desde ellos se lanzaban banderas, camisetas y recuerdos promocionales mientras decenas de personas bailaban al ritmo de música pop y electrónica, generando entusiasmo entre quienes acompañaban la marcha.

No obstante, para algunas personas participantes, la menor presencia visible de organizaciones históricas también reflejó las dificultades que actualmente enfrentan muchas asociaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y de la población LGBTQ.

Mientras miles de personas recorrían las principales arterias de la capital, el debate también se trasladó a las redes sociales. Las publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación rápidamente se llenaron de algunos comentarios favorables, pero también de numerosas expresiones de rechazo hacia la marcha y hacia la población diversa.

Las críticas giraron principalmente alrededor de argumentos religiosos, posturas conservadoras y visiones tradicionales sobre la familia y la sexualidad. Muchas personas expresaron opiniones despectivas o mensajes de intolerancia, mientras otras defendieron el derecho constitucional de toda persona a manifestarse pacíficamente.

Para activistas consultados durante la jornada, estas reacciones evidencian que la discriminación continúa profundamente arraigada en distintos sectores de la sociedad salvadoreña y que la necesidad de generar espacios de diálogo y educación sigue siendo una tarea pendiente.

Pese a ello, el ambiente dentro de la marcha permaneció festivo durante todo el recorrido.

Las consignas por la igualdad se alternaban con música, coreografías improvisadas y expresiones artísticas que transformaron por varias horas las calles de San Salvador en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación.

Una vez más, por segundo año consecutivo, la jornada concluyó sin el tradicional concierto masivo que durante años marcó el cierre de la actividad. La ausencia de un evento artístico con celebridades y espectáculos musicales no disminuyó el entusiasmo de quienes participaron hasta el final del recorrido. Conforme caía la tarde, muchas personas permanecieron en las inmediaciones del Parque Cuscatlán compartiendo fotografías, conversando y despidiéndose con la satisfacción de haber formado parte de una nueva edición del Pride salvadoreño.

Las fotografías, abrazos colectivos y mensajes escritos en pancartas terminaron convirtiéndose en el cierre simbólico de una jornada cuyo principal objetivo fue ocupar el espacio público y reafirmar la existencia de una comunidad históricamente marginada.

Las consignas podían leerse en decenas de carteles: llamados al respeto, a la igualdad, al reconocimiento de derechos y al fin de la discriminación.

Más que una celebración aislada, la Marcha del Orgullo 2026 volvió a convertirse en un recordatorio de que la historia de la población LGBTQ salvadoreña ha estado marcada por un pasado de violencia, un presente de constantes desafíos y un futuro que continúa construyéndose desde la esperanza.

En cada paso, quienes caminaron este sábado recordaron que el orgullo no nace únicamente de la celebración de la diversidad, sino también de la capacidad de resistir frente a la exclusión, el prejuicio y el silencio.

Con cada bandera levantada, cada abrazo compartido y cada consigna pronunciada a lo largo del recorrido, las personas asistentes enviaron un mensaje claro tanto a la sociedad salvadoreña como a las instituciones del Estado: la diversidad continúa presente, organizada y decidida a defender su derecho a existir.

Porque, como repetían muchas de las pancartas que acompañaron la movilización, el principal reclamo no es un privilegio especial. Es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente humano: vivir con dignidad, sin miedo, con igualdad ante la ley y con el respeto que merece toda persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La Marcha del Orgullo 2026 volvió a demostrar que, pese a las adversidades, la población LGBTQ salvadoreña continúa encontrando en las calles un espacio para hacer visible su historia, sus luchas y la convicción de que seguir existiendo también es una forma de resistencia.

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