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Población LGBTQ en El Salvador ante la cuarentena nacional

El país ha sido cerrado desde el 11 de marzo

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Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

SAN SALVADOR, El Salvador — En cuestión de meses el coronavirus que comenzó en China en 2019, ha afectado a todo el mundo y El Salvador no es la excepción; aparte de lidiar con la preocupación de no adquirir este virus y tomando las medidas de sanitización necesarias, viene también la preocupación a la vulneración de derechos humanos y la falta de apoyo a las personas más vulnerables que se han visto afectadas por la cuarentena obligatoria que se ha dado en el país. Uno de los sectores vulnerables que se ha visto afectado ha sido la población LGBTQ.

Desde el 11 de marzo hasta el momento, El Salvador se ha encontrado en cuarentena nacional obligatoria, cerrando el comercio del país, la vida académica presencial, entre otras cosas más; situación que ya está afectando la economía de los salvadoreños, tal y como está pasando en algunos otros lugares del mundo.

“Al principio se manejó correctamente la situación en el país, como por ejemplo la decisión del cierre oportuno del aeropuerto; pero hubo una mala planificación”, comenta al Washington Blade, Karla Guevara, abogada y directora ejecutiva de Colectivo Alejandría.

“Lo mal que se manejaron los centros de cuarentena, de alguna manera ahí fue el epicentro de la pandemia en El Salvador”, agrega Guevara. Y dichos centros de cuarentena, fueron denunciados por faltas graves a los derechos humanos de las personas ahí albergadas, entre los casos de vulneración que se dieron está el de un hombre trans que nunca respetaron su identidad de género.

El Blade estableció contacto con la Organización de Hombres Trans de El Salvador (HT El Salvador), quienes comentaron que dicho hombre trans regresaba de Guatemala el 13 de marzo, día que entró en vigor la Ley de Emergencia; ahí fue retenido por las autoridades y luego trasladado hacia un centro de contención en el departamento de Usulután de manera  temporal, “en ese lugar pasó algunos días junto a otras personas LGBTI que habían llegado al país, según nos relató esa persona”, informa al Blade representante de HT El Salvador, “en ningún momento fue respetada la identidad de género de las personas trans”, agrega. 

Luego el compañero trans fue trasladado a un centro de contención en el departamento de Chalatenango, el lugar no contaba con las condiciones adecuadas para ser un centro de contención, aparte de insalubre, a las personas albergadas no se les brindaba alimentación,

“HT El Salvador, llevó kits alimenticios y de higiene personal a este hombre tras; también para que fueran distribuidas con más personas trans ahí aisladas”, informaron.

La organización desconoce si los kits fueron distribuidos con las personas trans, lo cual les llevó a poner las respectivas denuncias correspondientes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Luego de las denuncias, las condiciones mejoraron para el compañero trans y otras personas aisladas en ese centro.

“Desde la Sala de lo Constitucional, el estar en centros de contención para aquellas personas que supuestamente violaban la cuarentena, fue una clara violación a los derechos humanos”, Erick Ortiz, pre candidato para diputado por Nuestro Tiempo, comenta al Blade. “Para la población LGBTI fue más complejo, pues en esos centros de contención no existía ningún protocolo que garantizara un entorno libre de discriminación y violencia; y desafortunadamente si hubo casos de discriminación y violencia hacia hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans dentro de estos centros de contención.”

Erick Ortíz, un pre candidato gay para diputado por el partido Nuestro Tiempo, brinda ayuda a una mujer trans en el centro de San Salvador, El Salvador. (Foto cortesía de Erick Ortiz)

Mientras todos y todas estaban encontrando la manera de seguir sobre llevando la cuarentena obligatoria, en la madrugada del 31 de mayo llegó a El Salvador la tormenta tropical Amanda azotando con fuerza y afectando así a las zonas más vulnerables del país.

Jessica Nahomy Gómez, mujer trans trabajadora sexual, es una de las personas de la población LGBTQ que también se han visto afectadas también con las lluvias.

“Se me cayó mi casita, por el derrumbe de un muro a la par de mi casita, le cayó encima”, comenta al Blade.

“No he recibido ayuda ni por parte del gobierno, ni por parte del municipio donde tenía mi casita, de mi depende mi madre a quien tengo muy enferma de salud”, cuenta Gómez al hablar de la situación actual. “Las únicas que me han ayudado con un poco de víveres han sido la Asociación Feminista Trans de El Salvador y Aspidh Arcoíris Trans, con esa ayuda me he sentido bien, no es la gran cantidad, pero si les estoy muy agradecida”.

Ayuda en tiempos de COVID-19

Frente a toda esta situación mucho se ha cuestionado la falta de planificación por parte del Estado salvadoreño, para solventar las necesidades de la población al estar en cuarentena obligatoria, incluso las mismas organizaciones de sociedad civil aceptan no estar preparadas, pero este no les ha detenido en su esfuerzo por ayudar.

“Hay personas LGBTI que frente a todo esto han caído en situación de hambre; como organizaciones y comunidad LGBTI hemos tratado de llevar apoyos solidarios en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que hemos conocido que tienen necesidad”, declara al Blade, Roberto Zapata, secretario general de Asociación AMATE El Salvador. “Esto que hacemos lo hacemos para poder cubrir un poco lo que el Estado no está haciendo”.

“Ninguna de las organizaciones de sociedad civil está preparada para esta situación, si no lo está el Estado salvadoreño al igual que ningún Estado en el mundo, menos nosotras; hemos buscado con los donantes y personas naturales para hacer entrega de una canasta de víveres a personas LGBTI con necesidad”, comenta al Blade, Monica Linares, directora de Aspidh Arcoiris Trans. Son una de las organizaciones que han visto la manera de ayudar a su población al verse alargada la cuarentena en el país.

“Con ayuda de cooperantes estamos logrando brindar un poco de ayuda a 450 mujeres trans en condiciones de vulnerabilidad; sabemos que es mínimo, pues no las podremos apoyar muchos meses, pero viene a sumar al apoyo que están dando otras organizaciones”, comenta Guevara.

Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)

El gobierno por su parte, brindó una ayuda de $300 al inicio de la emergencia, para una cierta cantidad de salvadoreños y entre los cuales lamentablemente mujeres trans que no viven con sus familias, no se vieron beneficiadas; pero gracias a la gestión de Aspidh Arcoiris Trans con el Ministerio de Culturo se logró obtener ayuda económica para 30 mujeres trans.

El trabajo y la población LGBTQ

En el ámbito laboral la población LGBTQ ha sufrido un impacto muy grande, aún más en el caso de la población trans, pues es la parte de esta población que es más susceptible al momento de encontrar un trabajo, “las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, ya tienen más de 80 días de no ejercer el trabajo, al igual que las personas LGBTI del comercio informal”, comenta al Blade Guevara, y nos agrega que, “se puede decir que alrededor de un 40 por ciento de la población LGTBI cuenta con un trabajo estable, el otro 60 por ciento se dedica a su negocio propio, comercio informal o el trabajo sexual”.

“Llevamos tres meses de confinamiento social, en el que estamos viviendo un coma económico inducido, esto ha dejado en una vulnerabilidad gravísima a una parte de la población LGBTI que además sufre el flagelo de la pobreza”, menciona Ortiz. 

Como ya lo mencionaban, una parte de esta población que se ha visto muy afectada por la situación y se verá más afectada, es la que ejerce el trabajo sexual. No solo por el tiempo que llevan sin laborar, sino que al volver a las actividades a la “normalidad” en su totalidad, es la población que deberá tener aún más cuidado por el riesgo de contagio de COVID-19.

“Yo ejerzo el trabajo sexual y cuando puedo también trabajo de venta informal, pero ahora que me he venido a la capital de San Salvador, el lugar donde estoy tiene un cordón sanitario, cuando uno quiere salir de ahí siempre se sufre acoso por parte de los judiciales”, así declaró al Blade Gómez, “Tuve que irme a un mesón al haber perdido mi casa, a veces voy a lavar y planchar ropa de gente que me conoce y así me gano unos $5 o $3 diarios”.

Además, Gómez nos externó que el trabajo sexual se verá muy afectado, pues antes de la pandemia ya era difícil lograr que se pagará lo debido por los servicios, ahora que la economía quedará delicada para toda la población salvadoreña y sumarle a eso las medidas sanitarias que habrá que adoptar, nadie querrá pagar el trabajo sexual.

“Yo no he recibido ninguna ayuda por parte de la alcaldía de La Libertad que es donde pertenezco, ni con víveres, ni material o algo que se pueda gestionar para mi vivienda”, agrega.   

Por otra parte, al no tener una respuesta clara de apoyo a los pequeños emprendedores LGBTQ, ha hecho que ellos y ellas mismas, tomen las medidas necesarias para adaptarse en este tiempo de pandemia, tal es el caso de la marca Weirdo Sportwear, marca de indumentaria deportiva.

“Como empresa emprendedora teníamos listo el desglose de los pasos para nuestros primeros meses de este año 2020, pero nunca pensamos en tener un plan de contingencia para la continuidad de nuestro negocio”, comenta al Blade, Eugenia Folgar, fundadora de la marca.

“Nos dimos una tarea de adaptación a nuestras nuevas necesidades y desarrollar un producto mínimo viable, que cubriera dicha necesidad”, agrega Folgar.

“Hoy elaboramos tapa bocas textiles con nuestros tejidos. Logramos reinventarnos”, alega al Blade muy satisfecha. “Esperamos que en estos momentos duros el Gobierno propicie el apoyo a nuevos emprendimientos, y a las medianas y pequeñas empresas ya existentes, lograr acceso a financiamientos en estos tiempos de crisis”.

Lucha de poderes

En medio de las crisis que afectan al país, los poderes del Estado salvadoreño no logran ponerse de acuerdo en los temas de medidas o protocolos que ayuden a la población al momento de concluir el confinamiento y retomar la actividad económica; el Ejecutivo y el Legislativo, luchan por llevar la batuta de estas temáticas.

“El manejo de la crisis a nivel del Ejecutivo ha sido lamentable, pues ha mantenido un tono presidencial confrontativo frente al resto de órganos del Estado”, comenta al Blade Ortiz.

“Es preocupante porque en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica y social, sin precedentes en el país, también tenemos una grave crisis política que está poniendo en entre dicho loa avances democráticos que ha tenido El Salvador en los años después de la guerra”, agrega.

“Como organizaciones estamos alarmadas al ver como el Ejecutivo ha profundizado un discurso anti derechos humanos, utilizando sus redes sociales y las de sus funcionarios para atacar a organizaciones que defendemos derechos humanos”, comenta Zapata. “El gobierno de manera cínica ha desconocido, descarada y continua, ha desconocido e ignorado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y todo al parecer por una movida política electoral.”  

A título personal, Linares opina que el gobierno ha realizado la parte de prevención en el país, para que no incrementen los casos de contagios y fallecidos, “será lamentable que al momento de levantar la cuarentena, los casos de se incrementen y la población LGBTI se verá afectada”.

“Los centros de salud ya están saturados, esperemos que esto no se desborde y que los poderes del Estado puedan llegar a un consenso para el bien de la población en general, incluidas nosotras como población LGBTI”, argumenta Linares.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 21 de abril, mostró su preocupación sobre posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador, cometidos en el cumplimiento de las medidas oficiales impuestas contra el nuevo coronavirus.

“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19”, expresó Bachelet en un comunicado.

Preocupación que la Sala de lo Constitucional de El Salvador, ha tomado en cuenta al igual que los muchos procesos de inconstitucionalidad que les han presentado a raíz de la creación de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID19, contenida en el Decreto Legislativo N°594, el cual fue aprobado el 14 de marzo del corriente año y publicado en el Diario Oficial N°53 al siguiente día.

“Todos los derechos son complementarios, entonces todas las leyes y todos los decretos que salen del Legislativo y el Ejecutivo, tienen que ser en aras de respetar los derechos humanos. Y la Sala de lo Constitucional ya se los dijo en reiteradas ocasiones, al Ejecutivo y al Legislativo”, afirma al Blade Guevara, “tienen que sentarse a trabajar una Ley o un Decreto que respete todos los derechos de las personas que están consagrados en la Constitución”. Guevara aplaude el trabajo del poder Judicial y concluye que el problema se ha dado con el Legislativo y el Ejecutivo, pues en lo que menos se han preocupado es en la salud y bienestar de todos los salvadoreños.

Al cierre de esta nota El Salvador contaba según los registros publicados por el Gobierno de la República, con 3,720 casos confirmados, de los cuales 1,843 son casos recuperados y 74 personas han fallecido, por lo que se cuenta con 1,803 casos activos según datos de covid19.gob.sv. Al no llegar a un acuerdo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, el gobierno del país optó por lanzar el decreto ejecutivo N°31 del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud. En dicho documento también se comprende los protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID-19. La reactivación de la economía se dividió en cinco fases, las cuales comenzaron el 16 de junio y se estima que estarían finalizando el 31 de agosto, logrando así la apertura en su totalidad de la economía del país.  

Aspidh Arcoíris Trans, un grupo trans de El Salvador, ha brindado ayuda a personas LGBTQ en condiciones de vulnerabilidad durante la cuarentena nacional. (Foto cortesía de Aspidh Arcoíris Trans)
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Juez colombiano suspendido por 15 años por negarse a casar a pareja del mismo sexo

Fue condenado ‘por desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia’

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(Foto de Bigstock)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su sesión del 10 de abril de 2024, ha confirmado una sanción ejemplar contra el Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Flórez Torres, quien se negó a casar a una pareja del mismo sexo, vulnerando así su derecho al acceso a la justicia. Este caso, que tuvo lugar en agosto de 2020, ha generado gran controversia debido a la firme postura del juez, quien priorizó sus creencias religiosas por encima de las leyes que respaldan estas uniones civiles.

Al recibir la solicitud de la pareja, Flórez Torres expresó abiertamente su desacuerdo, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo contradecía sus principios morales cristianos. 

“Ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales, y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios todopoderoso, antes que al ser humano”, dijo el juez Flórez Torres en su momento.

Esta negativa inicial no disuadió a la pareja, quienes recurrieron a otras instancias y finalmente lograron celebrar su matrimonio en 2021.

El caso ante la justicia disciplinaria:

Por su parte, la Comisión Seccional Disciplinaria de Bolívar profirió pliego de cargos contra el Juez el 27 de marzo de 2023 por desatender el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 230 de la Constitución, que le imponía aplicar los precedentes de la Corte Constitucional en materia de matrimonio igualitario, incurriendo en falta grave a título de dolo.

Las palabras del juez, que afirmó que su actitud no era discriminación sino una comprensión de las normas divinas, evidencian un conflicto entre la fe personal y el deber público. Sin embargo, las autoridades disciplinarias han sido claras en su dictamen: Flórez Torres enfrenta una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos debido a su falta grave de cumplimiento de deberes, según lo estipulado por la Ley 270 de 1996 y la Constitución.

Este caso no solo pone en relieve la importancia de separar las convicciones personales de la labor pública, sino que también resalta la necesidad de respetar y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La resolución de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un paso significativo hacia la garantía de una ciudadanía plena para todas las personas en Colombia, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Es crucial que este tipo de decisiones no solo sancionen la conducta individual, sino que también sirvan como recordatorio de los valores de igualdad y no discriminación que deben prevalecer en una sociedad justa y equitativa.

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27 personas LGBTQ fueron asesinadas en Ecuador en 2023

Asociación Silueta X presenta el informe

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(Foto de Edición Cientonce)

Edición Cientonce es el socio mediático del Washington Blade en Ecuador. Esta nota salió en su sitio web el 12 de marzo.

POR VICTOR H. CARREÑO — La violencia criminal en Ecuador impactó por segundo año consecutivo en el número de asesinatos a personas LGBTIQ+. Según el informe Runa Sipiy, que anualmente presenta la Asociación Silueta X, por lo menos 27 personas de las diversidades sexogenéricas fueron asesinadas en 2023.

El año pasado fue el más violento en la historia de Ecuador con una tasa de más de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Este contexto incidió también en que 2023 sea el año con más casos de asesinatos y transfemicidios en el país desde 2010, de acuerdo a las cifras del informe.

Desde 2022 el número de crímenes contra personas LGBTIQ+ se ha incrementado. Ese año se reportaron 25 casos en un contexto de consolidación de las bandas narcodelictivas en Ecuador. En 2010, año que Silueta X inició con la recolección de muertes violentas, se reportaron ocho. 

De los 27 asesinatos reportados en 2023, 23 están relacionados con delincuencia organizada y sicariato. Sin embargo, el mismo reporte aclara que el número real de asesinatos puede ser mayor por el subregistro de casos, pues no todos son denunciados.

(Fuente Informe Runa Sipiy)

David Gonzabay, coordinador de Silueta X en Guayaquil, señala que los casos de sicariatos deben ser investigados porque las víctimas no necesariamente estuvieron relacionadas con las bandas narcodelictivas.

“Muchas personas (víctimas de asesinatos) pertenecían a estratos vulnerables y eran un punto de atención para estas bandas criminales. Estos asesinatos se pudieron dar porque se rehusaron a pertenecer a estos grupos”, explica Gonzabay.

Desde 2022, organizaciones han denunciado que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual son víctimas de extorsiones y amenazas de las bandas narcodelictivas. Ese año, la activista Jéssica Martínez fue asesinada en Ambato después de denunciar amenazas por negarse a pagar las denominadas “vacunas”.

Este colectivo es el más vulnerable ante la escalada de violencia en Ecuador. De los 27 asesinatos reportados por el informe Runa Sipiy, 18 corresponden a mujeres trans.

El informe detalla que las cifras de asesinatos relacionadas con el crimen organizado exponen “la complejidad y gravedad de la violencia contra las personas LGBT+ y transgénero en Ecuador”.

“Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar no solo las consecuencias directas de estos actos violentos, sino también las estructuras sociales y criminales que perpetúan esta violencia”, señala el reporte.

El informe también menciona la crisis carcelaria y que las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son vulnerables. Desde la declaratoria del conflicto armado interno, organizaciones han denunciado casos de mujeres trans que han sido víctimas de presuntas torturas durante las intervenciones militares.

Silueta X solicitó al Ministerio de la Mujer “pruebas contundentes” de que las mujeres trans no están siendo vejadas, pero hasta el cierre del informe no recibió respuesta.

Pedidos al Estado

Desde Silueta X y organizaciones aliadas, solicitan a la Fiscalía mayor celeridad en la investigación de delitos de odio contra personas de las diversidades sexogenéricas, pues la mayoría quedan en la impunidad.

Además, propone el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer. Gonzabay explica que el incremento de asesinatos se ha dado en un contexto de debilitamiento del Estado y la escasa inversión en políticas públicas.

En lo que va de 2024, la Asociación Silueta X reporta 10 asesinatos contra personas LGBTIQ+. De ellos, 8 son transfemicidios. 

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Congreso de Colombia avanza proyecto de ley que prohíbe ‘terapias de conversión’

Cámara de Representantes respaldó el propósito con 97 votos a favor

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El Congreso de Colombia (Foto de Michael K. Lavers por el Washington Blade)

OrgulloLGBT.co es el socio mediático del Washington Blade en Colombia. Esta nota salió en su sitio web.

El Congreso de Colombia ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas LGBTQ, al aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 272, conocido como “Ley Inconvertibles”. Esta ley tiene como objetivo prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que han sido denunciadas como una forma de tortura hacia individuos LGBTQ.

En la sesión celebrada el 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Representantes respaldó este proyecto con 97 votos a favor y 18 en contra. Esta medida llega en un momento crucial, en el que se reconoce la grave violación de los derechos humanos que representan las mal llamadas terapias de conversión. 

Durante años, miles de personas tanto en Colombia como en todo el mundo han sido sometidas a estas prácticas, que buscan cambiar su orientación sexual o identidad de género mediante métodos coercitivos y dañinos. Estas acciones, justificadas bajo la falaz premisa de “corregir” una supuesta enfermedad, han resultado en actos crueles y deshumanizantes.

La aprobación de este proyecto en la Cámara de Representantes es un avance crucial en la lucha contra estas prácticas abusivas. Sin embargo, el proceso legislativo aún no ha concluido, ya que el proyecto debe pasar por un tercer debate en el Senado colombiano, dentro de un total de cuatro debates requeridos.

En respuesta a esta importante noticia, activistas han llevado a cabo una movilización en redes sociales bajo los lemas #NadaQueCurar y #NoEsTerapiaEsTortura, destacando la necesidad de poner fin a estas prácticas que constituyen una violación flagrante de los derechos humanos.

El proyecto pasa ahora al Senado de la República y se espera su aprobación a finales de 2024.

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