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Población LGBTQ en El Salvador ante la cuarentena nacional
El país ha sido cerrado desde el 11 de marzo
SAN SALVADOR, El Salvador — En cuestión de meses el coronavirus que comenzó en China en 2019, ha afectado a todo el mundo y El Salvador no es la excepción; aparte de lidiar con la preocupación de no adquirir este virus y tomando las medidas de sanitización necesarias, viene también la preocupación a la vulneración de derechos humanos y la falta de apoyo a las personas más vulnerables que se han visto afectadas por la cuarentena obligatoria que se ha dado en el país. Uno de los sectores vulnerables que se ha visto afectado ha sido la población LGBTQ.
Desde el 11 de marzo hasta el momento, El Salvador se ha encontrado en cuarentena nacional obligatoria, cerrando el comercio del país, la vida académica presencial, entre otras cosas más; situación que ya está afectando la economía de los salvadoreños, tal y como está pasando en algunos otros lugares del mundo.
“Al principio se manejó correctamente la situación en el país, como por ejemplo la decisión del cierre oportuno del aeropuerto; pero hubo una mala planificación”, comenta al Washington Blade, Karla Guevara, abogada y directora ejecutiva de Colectivo Alejandría.
“Lo mal que se manejaron los centros de cuarentena, de alguna manera ahí fue el epicentro de la pandemia en El Salvador”, agrega Guevara. Y dichos centros de cuarentena, fueron denunciados por faltas graves a los derechos humanos de las personas ahí albergadas, entre los casos de vulneración que se dieron está el de un hombre trans que nunca respetaron su identidad de género.
El Blade estableció contacto con la Organización de Hombres Trans de El Salvador (HT El Salvador), quienes comentaron que dicho hombre trans regresaba de Guatemala el 13 de marzo, día que entró en vigor la Ley de Emergencia; ahí fue retenido por las autoridades y luego trasladado hacia un centro de contención en el departamento de Usulután de manera temporal, “en ese lugar pasó algunos días junto a otras personas LGBTI que habían llegado al país, según nos relató esa persona”, informa al Blade representante de HT El Salvador, “en ningún momento fue respetada la identidad de género de las personas trans”, agrega.
Luego el compañero trans fue trasladado a un centro de contención en el departamento de Chalatenango, el lugar no contaba con las condiciones adecuadas para ser un centro de contención, aparte de insalubre, a las personas albergadas no se les brindaba alimentación,
“HT El Salvador, llevó kits alimenticios y de higiene personal a este hombre tras; también para que fueran distribuidas con más personas trans ahí aisladas”, informaron.
La organización desconoce si los kits fueron distribuidos con las personas trans, lo cual les llevó a poner las respectivas denuncias correspondientes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Luego de las denuncias, las condiciones mejoraron para el compañero trans y otras personas aisladas en ese centro.
“Desde la Sala de lo Constitucional, el estar en centros de contención para aquellas personas que supuestamente violaban la cuarentena, fue una clara violación a los derechos humanos”, Erick Ortiz, pre candidato para diputado por Nuestro Tiempo, comenta al Blade. “Para la población LGBTI fue más complejo, pues en esos centros de contención no existía ningún protocolo que garantizara un entorno libre de discriminación y violencia; y desafortunadamente si hubo casos de discriminación y violencia hacia hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans dentro de estos centros de contención.”
Mientras todos y todas estaban encontrando la manera de seguir sobre llevando la cuarentena obligatoria, en la madrugada del 31 de mayo llegó a El Salvador la tormenta tropical Amanda azotando con fuerza y afectando así a las zonas más vulnerables del país.
Jessica Nahomy Gómez, mujer trans trabajadora sexual, es una de las personas de la población LGBTQ que también se han visto afectadas también con las lluvias.
“Se me cayó mi casita, por el derrumbe de un muro a la par de mi casita, le cayó encima”, comenta al Blade.
“No he recibido ayuda ni por parte del gobierno, ni por parte del municipio donde tenía mi casita, de mi depende mi madre a quien tengo muy enferma de salud”, cuenta Gómez al hablar de la situación actual. “Las únicas que me han ayudado con un poco de víveres han sido la Asociación Feminista Trans de El Salvador y Aspidh Arcoíris Trans, con esa ayuda me he sentido bien, no es la gran cantidad, pero si les estoy muy agradecida”.
Ayuda en tiempos de COVID-19
Frente a toda esta situación mucho se ha cuestionado la falta de planificación por parte del Estado salvadoreño, para solventar las necesidades de la población al estar en cuarentena obligatoria, incluso las mismas organizaciones de sociedad civil aceptan no estar preparadas, pero este no les ha detenido en su esfuerzo por ayudar.
“Hay personas LGBTI que frente a todo esto han caído en situación de hambre; como organizaciones y comunidad LGBTI hemos tratado de llevar apoyos solidarios en la medida de nuestras posibilidades, a las personas que hemos conocido que tienen necesidad”, declara al Blade, Roberto Zapata, secretario general de Asociación AMATE El Salvador. “Esto que hacemos lo hacemos para poder cubrir un poco lo que el Estado no está haciendo”.
“Ninguna de las organizaciones de sociedad civil está preparada para esta situación, si no lo está el Estado salvadoreño al igual que ningún Estado en el mundo, menos nosotras; hemos buscado con los donantes y personas naturales para hacer entrega de una canasta de víveres a personas LGBTI con necesidad”, comenta al Blade, Monica Linares, directora de Aspidh Arcoiris Trans. Son una de las organizaciones que han visto la manera de ayudar a su población al verse alargada la cuarentena en el país.
“Con ayuda de cooperantes estamos logrando brindar un poco de ayuda a 450 mujeres trans en condiciones de vulnerabilidad; sabemos que es mínimo, pues no las podremos apoyar muchos meses, pero viene a sumar al apoyo que están dando otras organizaciones”, comenta Guevara.
El gobierno por su parte, brindó una ayuda de $300 al inicio de la emergencia, para una cierta cantidad de salvadoreños y entre los cuales lamentablemente mujeres trans que no viven con sus familias, no se vieron beneficiadas; pero gracias a la gestión de Aspidh Arcoiris Trans con el Ministerio de Culturo se logró obtener ayuda económica para 30 mujeres trans.
El trabajo y la población LGBTQ
En el ámbito laboral la población LGBTQ ha sufrido un impacto muy grande, aún más en el caso de la población trans, pues es la parte de esta población que es más susceptible al momento de encontrar un trabajo, “las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, ya tienen más de 80 días de no ejercer el trabajo, al igual que las personas LGBTI del comercio informal”, comenta al Blade Guevara, y nos agrega que, “se puede decir que alrededor de un 40 por ciento de la población LGTBI cuenta con un trabajo estable, el otro 60 por ciento se dedica a su negocio propio, comercio informal o el trabajo sexual”.
“Llevamos tres meses de confinamiento social, en el que estamos viviendo un coma económico inducido, esto ha dejado en una vulnerabilidad gravísima a una parte de la población LGBTI que además sufre el flagelo de la pobreza”, menciona Ortiz.
Como ya lo mencionaban, una parte de esta población que se ha visto muy afectada por la situación y se verá más afectada, es la que ejerce el trabajo sexual. No solo por el tiempo que llevan sin laborar, sino que al volver a las actividades a la “normalidad” en su totalidad, es la población que deberá tener aún más cuidado por el riesgo de contagio de COVID-19.
“Yo ejerzo el trabajo sexual y cuando puedo también trabajo de venta informal, pero ahora que me he venido a la capital de San Salvador, el lugar donde estoy tiene un cordón sanitario, cuando uno quiere salir de ahí siempre se sufre acoso por parte de los judiciales”, así declaró al Blade Gómez, “Tuve que irme a un mesón al haber perdido mi casa, a veces voy a lavar y planchar ropa de gente que me conoce y así me gano unos $5 o $3 diarios”.
Además, Gómez nos externó que el trabajo sexual se verá muy afectado, pues antes de la pandemia ya era difícil lograr que se pagará lo debido por los servicios, ahora que la economía quedará delicada para toda la población salvadoreña y sumarle a eso las medidas sanitarias que habrá que adoptar, nadie querrá pagar el trabajo sexual.
“Yo no he recibido ninguna ayuda por parte de la alcaldía de La Libertad que es donde pertenezco, ni con víveres, ni material o algo que se pueda gestionar para mi vivienda”, agrega.
Por otra parte, al no tener una respuesta clara de apoyo a los pequeños emprendedores LGBTQ, ha hecho que ellos y ellas mismas, tomen las medidas necesarias para adaptarse en este tiempo de pandemia, tal es el caso de la marca Weirdo Sportwear, marca de indumentaria deportiva.
“Como empresa emprendedora teníamos listo el desglose de los pasos para nuestros primeros meses de este año 2020, pero nunca pensamos en tener un plan de contingencia para la continuidad de nuestro negocio”, comenta al Blade, Eugenia Folgar, fundadora de la marca.
“Nos dimos una tarea de adaptación a nuestras nuevas necesidades y desarrollar un producto mínimo viable, que cubriera dicha necesidad”, agrega Folgar.
“Hoy elaboramos tapa bocas textiles con nuestros tejidos. Logramos reinventarnos”, alega al Blade muy satisfecha. “Esperamos que en estos momentos duros el Gobierno propicie el apoyo a nuevos emprendimientos, y a las medianas y pequeñas empresas ya existentes, lograr acceso a financiamientos en estos tiempos de crisis”.
Lucha de poderes
En medio de las crisis que afectan al país, los poderes del Estado salvadoreño no logran ponerse de acuerdo en los temas de medidas o protocolos que ayuden a la población al momento de concluir el confinamiento y retomar la actividad económica; el Ejecutivo y el Legislativo, luchan por llevar la batuta de estas temáticas.
“El manejo de la crisis a nivel del Ejecutivo ha sido lamentable, pues ha mantenido un tono presidencial confrontativo frente al resto de órganos del Estado”, comenta al Blade Ortiz.
“Es preocupante porque en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica y social, sin precedentes en el país, también tenemos una grave crisis política que está poniendo en entre dicho loa avances democráticos que ha tenido El Salvador en los años después de la guerra”, agrega.
“Como organizaciones estamos alarmadas al ver como el Ejecutivo ha profundizado un discurso anti derechos humanos, utilizando sus redes sociales y las de sus funcionarios para atacar a organizaciones que defendemos derechos humanos”, comenta Zapata. “El gobierno de manera cínica ha desconocido, descarada y continua, ha desconocido e ignorado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y todo al parecer por una movida política electoral.”
A título personal, Linares opina que el gobierno ha realizado la parte de prevención en el país, para que no incrementen los casos de contagios y fallecidos, “será lamentable que al momento de levantar la cuarentena, los casos de se incrementen y la población LGBTI se verá afectada”.
“Los centros de salud ya están saturados, esperemos que esto no se desborde y que los poderes del Estado puedan llegar a un consenso para el bien de la población en general, incluidas nosotras como población LGBTI”, argumenta Linares.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 21 de abril, mostró su preocupación sobre posibles violaciones de derechos humanos en El Salvador, cometidos en el cumplimiento de las medidas oficiales impuestas contra el nuevo coronavirus.
“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19”, expresó Bachelet en un comunicado.
Preocupación que la Sala de lo Constitucional de El Salvador, ha tomado en cuenta al igual que los muchos procesos de inconstitucionalidad que les han presentado a raíz de la creación de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID19, contenida en el Decreto Legislativo N°594, el cual fue aprobado el 14 de marzo del corriente año y publicado en el Diario Oficial N°53 al siguiente día.
“Todos los derechos son complementarios, entonces todas las leyes y todos los decretos que salen del Legislativo y el Ejecutivo, tienen que ser en aras de respetar los derechos humanos. Y la Sala de lo Constitucional ya se los dijo en reiteradas ocasiones, al Ejecutivo y al Legislativo”, afirma al Blade Guevara, “tienen que sentarse a trabajar una Ley o un Decreto que respete todos los derechos de las personas que están consagrados en la Constitución”. Guevara aplaude el trabajo del poder Judicial y concluye que el problema se ha dado con el Legislativo y el Ejecutivo, pues en lo que menos se han preocupado es en la salud y bienestar de todos los salvadoreños.
Al cierre de esta nota El Salvador contaba según los registros publicados por el Gobierno de la República, con 3,720 casos confirmados, de los cuales 1,843 son casos recuperados y 74 personas han fallecido, por lo que se cuenta con 1,803 casos activos según datos de covid19.gob.sv. Al no llegar a un acuerdo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, el gobierno del país optó por lanzar el decreto ejecutivo N°31 del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud. En dicho documento también se comprende los protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID-19. La reactivación de la economía se dividió en cinco fases, las cuales comenzaron el 16 de junio y se estima que estarían finalizando el 31 de agosto, logrando así la apertura en su totalidad de la economía del país.
Noticias en Español
La X vuelve al tribunal
Primer Circuito examina caso del reconocimiento de personas no binarias en Puerto Rico
Hace ocho meses escribí sobre este tema cuando todavía no había llegado al nivel judicial en el que se encuentra hoy. En ese momento, la discusión se movía entre decisiones administrativas, debates públicos y resistencias políticas. No era un asunto cerrado, pero tampoco había alcanzado el punto actual.
Hoy el escenario es distinto.
La organización Lambda Legal compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para solicitar que se confirme una decisión que obliga al gobierno de Puerto Rico a emitir certificados de nacimiento que reflejen la identidad de las personas no binarias. La apelación se produce luego de que un tribunal de distrito concluyera que negar esa posibilidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Este elemento marca la diferencia. Ya no se trata de una discusión conceptual. Existe una determinación judicial que identificó un trato desigual.
El planteamiento de la parte demandante se sostiene en el propio marco legal vigente en Puerto Rico. Los certificados de nacimiento de identidad no son registros históricos inmutables. Son documentos utilizados para fines actuales y esenciales. Permiten acceder a empleo, educación y servicios, y son requeridos en múltiples gestiones ante el Estado. Su función es operativa.
En ese contexto, la exclusión de las personas no binarias no responde a una limitación jurídica. Puerto Rico permite la corrección de marcadores de género en certificados de nacimiento para personas trans binarias desde el caso Arroyo González v. Rosselló Nevares. Además, el Código Civil reconoce la existencia de certificados que reflejan la identidad de la persona más allá del registro original.
La diferencia radica en la aplicación.
El reconocimiento se concede dentro de categorías específicas, mientras que se excluye a quienes no se identifican dentro de ese esquema. Esa exclusión es el eje de la controversia actual.
El argumento presentado por Lambda Legal es preciso. Obligar a una persona a utilizar documentos que no reflejan su identidad implica someterla a una representación incorrecta en procesos fundamentales de la vida cotidiana. Esto puede generar dificultades prácticas, exposición innecesaria y situaciones de vulnerabilidad.
Las personas demandantes, nacidas en Puerto Rico, han planteado que el acceso a documentos precisos no es una cuestión simbólica, sino una necesidad básica para poder desenvolverse sin contradicciones impuestas por el propio Estado.
El hecho de que este caso se encuentre en el sistema federal introduce una dimensión adicional. No se trata de un proyecto legislativo ni de una política pública en discusión. Es una controversia constitucional. El análisis gira en torno a derechos y a la aplicación equitativa de las leyes.
Este proceso tampoco ocurre en aislamiento.
Se desarrolla en un contexto donde los debates sobre identidad y derechos han estado marcados por una mayor presencia de posturas conservadoras en la esfera pública, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. En el ámbito local, esa influencia ha sido visible en discusiones legislativas recientes, donde argumentos de carácter religioso han comenzado a formar parte del debate sobre política pública. Esa intersección introduce tensiones en torno a la separación entre iglesia y Estado y tiene efectos concretos en el acceso a derechos.
Señalar este contexto no implica cuestionar la fe ni la práctica religiosa. Implica reconocer que, cuando determinados argumentos se trasladan al ejercicio del poder público, pueden incidir en decisiones que afectan a sectores específicos de la población.
Desde Puerto Rico, esta situación no se observa a distancia. Se experimenta en la práctica diaria. En la necesidad de presentar documentos que no corresponden con la identidad de quien los porta. En las implicaciones que esto tiene en espacios laborales, educativos y administrativos.
El avance de este caso abre una posibilidad de cambio en el marco legal aplicable. No porque resuelva de inmediato todas las tensiones en torno al tema, sino porque establece un punto de análisis jurídico sobre una práctica que hasta ahora ha operado bajo criterios restrictivos.
A diferencia de hace ocho meses, el escenario actual incluye una determinación judicial que ya identificó una violación de derechos. Lo que corresponde ahora es evaluar si esa determinación se sostiene en una instancia superior.
Ese proceso no define un resultado inmediato, pero sí establece un nuevo punto de referencia.
El debate ya no es teórico.
Ahora es judicial.
Cuba
Cuba bajo presión y sin respuestas
Cubanos no hablan en términos geopolíticos. Hablan de sobrevivir
Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba han vuelto a subir de tono. No es algo nuevo, pero este momento se siente distinto. Las medidas más recientes desde Washington buscan cerrar aún más los espacios financieros del gobierno cubano, limitar sus fuentes de ingreso y presionar sectores clave de la economía. No es simbólico. Es una política directa.
Desde Estados Unidos, el mensaje es claro. Se busca provocar cambios que no han ocurrido en más de seis décadas. También hay un componente interno, una presión política que responde a sectores del exilio que llevan años exigiendo una postura más dura. Todo eso forma parte del escenario.
Pero esa es solo una parte.
Del lado cubano, la respuesta sigue un patrón conocido. El gobierno habla de agresión externa, de guerra económica, de un embargo que se endurece. Cada medida se convierte en argumento para reforzar su narrativa y cerrar filas. No hay espacio para reconocer errores propios. Todo apunta hacia afuera.
Mientras tanto, la vida en la isla va por otro camino.
La crisis energética que hoy vive Cuba no empezó con estas medidas. Lleva años acumulándose. El sistema eléctrico está deteriorado, sin mantenimiento suficiente, con fallas constantes. Los apagones no son nuevos. Lo que ha cambiado es la frecuencia y la duración.
Durante años entró petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela. Hubo acuerdos. Hubo suministro. Y aun así, la vida del cubano no mejoró. La electricidad seguía fallando, el combustible seguía racionado, el transporte seguía siendo un problema diario.
Entonces la pregunta sigue siendo la misma.
Si el petróleo estaba entrando, ¿por qué nada cambiaba?
¿Dónde fue a parar ese recurso?
¿Dónde está el dinero que generó?
Hoy se habla de restricciones al petróleo como si fueran la causa principal de la crisis. No lo son. Empeoran una situación ya frágil, pero no la explican completamente.
Hay una historia más larga que no se puede ignorar.
Lo mismo ocurre con las brigadas médicas.
Durante años se presentaron como un gesto de solidaridad internacional. Y en muchos casos lo fueron. Médicos cubanos trabajaron en condiciones difíciles, salvaron vidas, sostuvieron sistemas de salud en otros países. Eso es real.
Pero también funcionaron como una de las principales fuentes de ingreso del Estado cubano.
Muchos de esos profesionales no recibían el salario completo por su trabajo. Una parte significativa quedaba en manos del gobierno. En algunos casos, ni siquiera tenían control sobre el dinero que generaban.
Y hay algo más duro.
Si uno de esos médicos decidía no regresar a Cuba, ese dinero no llegaba a su familia. Se quedaba retenido.
Hoy varios países están revisando o cancelando esos acuerdos. Y otra vez, la respuesta oficial es señalar hacia afuera. Pero la pregunta sigue siendo inevitable.
¿Se está perdiendo un modelo de cooperación o un sistema que dependía del control sobre sus propios profesionales?
Dentro de Cuba, la conversación suena diferente.
La gente no habla en términos geopolíticos. Habla de sobrevivir. De cómo llegar al final del día. De los apagones, de la comida que no alcanza, del transporte que no aparece, de una vida que cada vez se hace más difícil.
Hay quienes miran las medidas de Estados Unidos con cierta expectativa. No porque quieran más escasez, sino porque sienten que el sistema no cambia por sí solo. Hay una sensación de estancamiento que pesa.
Pero esa expectativa convive con una realidad concreta.
Las sanciones no golpean primero a quienes toman decisiones. Golpean al ciudadano común. Al que hace la fila. Al que pierde la comida por falta de electricidad. Al que no tiene cómo moverse.
Esa es la contradicción.
El gobierno cubano pide solidaridad internacional. Y la recibe. Países que envían ayuda, organizaciones que se movilizan, voces que defienden a la isla.
Pero hay otra pregunta que también está ahí.
¿Esa ayuda llega realmente al pueblo?
La falta de transparencia en la distribución de recursos es parte del problema. Porque no se trata solo de lo que entra, sino de lo que realmente llega a quienes lo necesitan.
Reducir lo que pasa en Cuba a un conflicto entre dos gobiernos es no querer ver el cuadro completo.
Aquí hay responsabilidades compartidas, pero no iguales.
Estados Unidos ejerce presión con efectos reales sobre la economía cubana. Eso no se puede negar. Pero dentro de la isla hay un sistema que ha tenido décadas para corregir, para abrir, para responder a su gente, y no lo ha hecho.
Esa parte no se puede seguir esquivando.
Yo escribo esto como cubano. Desde lo que vi, desde lo que viví y desde la gente que sigue allá tratando de resolver el día.
Porque al final, más allá de lo que se diga entre gobiernos, la realidad es otra.
Cuba hoy está más apretada, sí. Pero también lleva años arrastrando problemas que nadie ha querido enfrentar de verdad.
Y mientras eso siga así, da igual lo que venga de afuera. El problema sigue estando adentro.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
I don’t see the point in a relationship
Julius’ Bar ‘sip-in’ laid groundwork for Stonewall
Trans parent charged with kidnapping, allegedly fled to Cuba with child
Rehoboth Summer Kickoff Party set for May 15 with Ashley Biden
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