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Ser transgénero o no: la encrucijada de una exiliada cubana
Dayana Mena López encontró refugio en la Florida
JACKSONVILLE, Florida — Durante los ocho meses que Dayana Mena López estuvo bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU en un proceso de asilo tuvo muchas veces que dejar de ser ella misma. Dudó mostrarse tal y como era, una mujer transgénero, por el miedo al aislamiento social, que significaba separarse de los amigos que había construido mientras estuvo encarcelada y que no la discriminaban por su orientación sexual ni por su identidad de género.
La primera vez que esta cubana de 23 años se auto-encerró en el clóset fue cuando solicitó asilo en un puerto de entrada en El Paso, Texas, en enero de 2019. Mena se presentó como un hombre gay porque su amigo, un hombre homosexual con el cual había hecho el recorrido desde Cuba, no quería separarse de ella.
“Tenía mucho miedo de estar solo”, dijo Mena. “Por eso pedí asilo de esta forma”.
De todas formas, Mena fue separada de su amigo cuando ICE la transfirió al Centro Correccional del Condado de Cibola, un centro de detención privado en Milan, Nuevo México, que alguna vez tuvo una unidad para detenidos trans. El amigo con el que ingresó a los Estados Unidos finalmente fue deportado a Cuba.
ICE nuevamente transfirió a Mena al Centro Correccional del Condado de Tallahatchie, otra prisión privada en Tutwiler, Misisipí.
En una demanda federal que el Southern Poverty Law Center presentó en nombre de Mena y otros detenidos de ICE a los que se les había denegado la libertad condicional, refiere que Mena “nuevamente identificada como trans” estuvo recluida en régimen de aislamiento durante un mes mientras esperaba su entrevista de Miedo Creíble, uno de los primeros pasos en el proceso de asilo político.
Las personas transgénero representan el 0.1 por ciento de la población detenida por ICE y según datos de 2019, el 12 por ciento de los informes de agresión sexual provienen de personas con esta identificación. Sin embargo, Mena jamás fue parte de esa estadística.
“Nunca tuve problemas con nadie”, dijo. “No fui víctima de la homofobia, por el contrario. Los cubanos siempre me estaban defendiendo”.
La política de ICE advierte que los detenidos transgénero deberán ser temporalmente ubicados en un lugar diferente a la población general no más de 72 horas hasta la clasificación, alojamiento y otras necesidades puedan ser evaluadas por el Comité de Cuidado y Clasificación de Transgéneros (TCCC por sus siglas en inglés). El documento agrega además que la ubicación en aislamiento de estos detenidos debe ser usada únicamente como último recurso y cuando otras opciones de alojamiento no existan.
Mena contó en una exclusiva con al Washington Blade que la razón de su aislamiento era “supuestamente para mi protección, para no sufrir violaciones, etc.” Mena afirmó que podía hablar con otros detenidos a través de la ventana de vidrio que tienen las puertas de las celdas.
Y es que la mayoría de los albergues de Tallahatchie no son dormitorios abiertos. Cuando los detenidos permanecen encerrados en unas pequeñas celdas con espacio solo para dos camas, una tasa, un lavamanos y un espejo, el espacio común para las mesas, televisores y las duchas queda vacío. Ahí era cuando Mena podía salir. Un guardia de ascendencia puertorriqueña le permitía salir y no le cerraba la puerta cuando él estaba de servicio.
Cuando Mena fue trasladada al Centro de Procesamiento ICE de Pine Prairie, otro centro de detención privado en Pine Prairie, Luisiana, fue inicialmente colocada junto con la población general. La demanda del Southern Poverty Law Center agrega que ICE la reubicó de nuevo en confinamiento solitario durante “varios días”.
“El director de la prisión me tuvo en el hoyo durante cuatro días cuando, después de que en una evaluación médica y psicológica, dije que me identificaba como una persona transgénero. Fui detenida junto con otra compañera”.
Mena declaró que los abogados del Southern Poverty Law Center intervinieron en nombre de ella con la máxima autoridad de la prisión y cuestionaron el discriminatorio aislamiento que sufría.
“Luego nos liberaron del agujero y nos hicieron firmar un documento que decía que era nuestra responsabilidad si algo sucedía. También me dieron otro papel para presentar a los oficiales diciendo que no podían revisarme, ni siquiera tocarme”.
Sin embargo, Mena explicó al Blade que durante su estancia en Pine Prairie los oficiales mantenían con ella una relación casi de amistad, “excepto por una mujer que es la más racista que he conocido en mi vida”, apuntó. Hacía el papeleo de entrada y salida de los detenidos, un trabajo donde se ganó la confianza de los oficiales, al punto de estar varias veces fuera del centro sin esposas.
Los abogados de Mena en mayo de 2019 le pidieron a ICE que la transfiriera a la unidad del Centro Correccional del Condado de Cibola para mujeres trans, pero la solicitud no fue aceptada.
El hecho de tener que esconder su verdadera identidad como mujer transgénero para evitar el aislamiento social, que viene siendo como un encierro sobre el encierro, la afectó sobremanera, al punto de sentir que sufría casi la misma discriminación que en su natal Cuba. “Nunca voy a olvidar ese día en la mañana cuando desperté con lágrimas en mis ojos cansada de la discriminación, de ser apartada como bicho raro o como si presentara un peligro para la sociedad”.
En una búsqueda desesperada por salir de aquel confinamiento infernal, cortó con una rasuradora su larga cabellera. “Tuve temblores en mis manos cuando corté cada uno de mis cabellos tan solo para ser aceptada y dejar de ser yo en aquel momento. Tuve sentimientos encontrados, debido a la discriminación que sentí por los oficiales de ICE y los oficiales que custodiaban nuestra seguridad. Fue frustrante saber que estaba huyendo de un país debido a ese tipo de problemas y sentir las mismas condiciones de reproche en un país de libertad”.
Su audiencia final en su caso de asilo tuvo lugar el 1 de agosto de 2019 en el contexto de la política de inmigración de mano dura de la administración Trump que, entre otras cosas, busca limitar drásticamente el número de solicitantes de asilo permitidos en los EEUU. Ese día permaneció en corte más de seis horas.
“Tuve un mal momento con el fiscal, quien me trató mal”, añadió Mena. “Me llamaba mentirosa. Incluso un experto el día antes de mi audiencia examinó mi cuerpo para verificar que las heridas y cicatrices que tenía en mi cuerpo eran reales”.
El juez le otorgó el asilo ese mismo día, pero ICE no la liberó hasta el 5 de agosto de 2019.
“El día que vi mi nombre en la lista para irme, lloré más que nadie en este mundo”, confesó Mena al Blade. “Lloré más que cuando salí de Cuba. Lloré porque tenía una felicidad que muchas otras personas anhelan”.
“No pude comer ese día y vi a personas a mi lado llorando”, agregó. “Todo el grupo, 140 personas, me aplaudieron cuando salí por la puerta. Es algo gratificante, pero al mismo tiempo duele mucho ”.
Un amigo de su padre la recogió y la llevó hasta Jacksonville, al norte del estado de la Florida. Casi un año después en esa ciudad, calificó su vida como “increíble”. Mena ha tenido que ingeniárselas, pues no tiene familiares en Estados Unidos que la apoyen. Actualmente vive sola, tiene dos trabajos y ya comienza a sentirse más cómoda con el idioma así como con las costumbres de su nuevo hogar.
Mena agradeció “a las personas y a la ciudad que me han acogido sin discriminación, que me han brindado apoyo y me han ayudado a salir adelante en un país tan difícil como este”, declaró.
“Espero que las nuevas leyes que permiten que personas como yo vivan libres no cambien”, agregó.
Las mujeres transgénero tiene que ir al servicio militar
La persecución que sufrió Mena en Cuba comenzó cuando se rehusó a asistir al Servicio Militar Obligatorio, un año o dos de preparación militar que realizan todos los hombres justo antes de ingresar a la universidad. Sin embargo, las mujeres son liberadas de este “sagrado deber con la defensa de la Patria Socialista” y pasan directamente a cursar los estudios superiores.
Eso pretendía Mena, pues a sus 18 años ya no era, ni mucho menos se sentía un hombre. A la cita acudió como una mujer “hecha y derecha”, con su pelo largo, maquillada, “bien producida”, recuerda. Intentó hacerle entender al oficial que la reclutó aquel día en la ciudad de Cienfuegos, al centro sur del país, donde vivía, que se identificaba como mujer, pero las políticas transfóbicas de la dictadura militar que gobiernan Cuba ordenaban que era un hombre y por lo tanto, estaba obligada al entrenamiento militar.
La demanda del Southern Poverty Law Center detalla que “las autoridades la identificaron erróneamente como un hombre gay e intentaron obligarla a servir en el ejército”. Ese día la montaron en un camión junto a hombres, que se burlaron de ella porque era trans.”El ambiente era muy tenso”, rememoró. Como a los ojos militares era un hombre más, no podía usar uniforme femenino, ni maquillaje ni peinarse.
Pero tuvo suerte y en aquella jornada no habían camas disponibles en la unidad militar y tras pocas horas regresó a su casa. Desde ese día comenzó su batalla por el derecho que como mujer trans tenía a no engrosar las filas del ejército.
Debido a ese activismo que ejerció junto a otras amigas transgénero en la isla, “las autoridades cubanas la golpearon, la agredieron con insultos homofóbicos, la encerraron en una cámara helada durante horas y la tuvieron bajo arresto”, puede leerse en la demanda colectiva del Southern Poverty Law Center.
“Salí de Cuba para huir de la persecución y el abuso físico y psicológico que también sufrí porque soy una mujer trans”, comentó, al mismo tiempo que confesó haber sido objeto de amenazas de muerte.
Estos actos de transfobia gubernamental no son condenados por Mariela Castro, hija del ex presidente cubano Raúl Castro y líder del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) del país, organización que encabeza el activismo LGBTQ oficial en la isla. Por eso y otras cuestiones, Mena considera a Mariela Castro como “algo muy, muy falso … Es algo creado para vender una imagen”, refirió.
Sus partidarios señalan que Cuba ofrece cirugía gratuita de reasignación de sexo bajo su sistema de atención médica. También alegan que Mariela Castro, quien es miembro de la Asamblea Nacional de Cuba, votó en 2013 en contra de una propuesta para prohibir la discriminación anti-gay en el lugar de trabajo porque no incluía la identidad de género.
Sin embargo, en 2019 Castro incitó a la comunidad gay cubana a votar en favor de una reforma constitucional que había rechazado un artículo que abría las puertas al matrimonio igualitario.
Para huir de la isla, una amiga ayudó a Mena con el pago de un vuelo entre La Habana y Panamá. El gobierno panameño le otorgó a Mena una visa de turismo que le permitía viajar al país, pero su viaje era sin regreso.
“Tuve que quedarme allí en Panamá porque me habrían detenido si volvía a Cuba”, alegó.
Pese al acoso que sufrió por parte de la dictadura, Mena se consideraba en Cuba una persona “afortunada y feliz”, sobre todo porque su familia siempre la aceptó. “Nunca tuve ningún problema en mi vecindario en ese sentido. Viví bien”.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
El año 2026 no comenzó en blanco para las organizaciones LGBTQ en Estados Unidos. Llegó precedido por un proceso que se activó con fuerza en 2025 y que hoy se manifiesta como una reconfiguración profunda del ecosistema de derechos, servicios y sostenibilidad comunitaria. No se trata de una crisis momentánea ni de un ajuste administrativo pasajero. Lo que está ocurriendo es un cambio estructural en la forma en que el Estado define, financia y condiciona la igualdad, la accesibilidad y la atención a poblaciones históricamente vulnerables.
Desde los primeros meses de 2025, la administración federal inició la retirada o revisión de múltiples órdenes ejecutivas y disposiciones que protegían explícitamente a personas LGBTQ en áreas clave como salud, educación y acceso a servicios. La justificación oficial ha girado en torno a la eliminación de lo que se denomina “ideología de género” y a la redefinición restrictiva del concepto de sexo, limitado exclusivamente a criterios biológicos. Este cambio discursivo no quedó en el plano simbólico. Se tradujo en nuevas reglas de elegibilidad, en la cancelación de subvenciones, en la eliminación de recopilación de datos y en una creciente incertidumbre administrativa que ha afectado directamente la operatividad de organizaciones comunitarias en todo el país, como ha documentado la Kaiser Family Foundation.
La salud fue uno de los primeros campos donde se sintió el impacto. Programas vinculados a la atención integral, a la prevención del VIH, a la salud mental y a la investigación en poblaciones LGBTQ comenzaron a perder respaldo federal. Subvenciones previamente aprobadas fueron canceladas o sometidas a revisión bajo criterios ideológicos, no científicos. Reuters y Associated Press han documentado cómo esta nueva orientación provocó la interrupción de investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud, afectando proyectos que buscaban comprender mejor las desigualdades en salud, el acceso a tratamientos y las condiciones de vida de comunidades ya marginadas. La consecuencia inmediata no es solo la pérdida de conocimiento, sino la erosión de la capacidad del país para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La educación siguió un camino similar. A lo largo de 2025, el discurso oficial contra los programas de diversidad, equidad e inclusión se tradujo en recortes presupuestarios y en señales claras a los sistemas educativos. Talleres de prevención de acoso, programas de formación docente, iniciativas de acompañamiento estudiantil y espacios seguros que durante años fueron sostenidos por alianzas entre escuelas y organizaciones LGBTQ comenzaron a desaparecer o a ser suspendidos por temor a perder fondos. El mensaje fue inequívoco: la igualdad dejó de ser una prioridad financiable. En ese vacío, quienes pagan el precio son jóvenes que pierden redes de apoyo fundamentales en etapas decisivas de su vida.
A este escenario se sumó un fenómeno menos visible pero igualmente dañino: el condicionamiento del lenguaje. Organizaciones que no se dedican exclusivamente a temas LGBTQ, pero que atienden poblaciones diversas, comenzaron a recibir directrices que restringen términos y enfoques en sus propuestas de financiamiento. Esto ha generado autocensura institucional, debilitamiento de programas y una sensación generalizada de inseguridad jurídica. Cuando las organizaciones no saben si nombrar una realidad puede costarles su existencia, el impacto va mucho más allá del presupuesto.
El efecto acumulado de estas decisiones comenzó a hacerse evidente en 2025 y se consolida en 2026. Servicios que antes funcionaban con relativa estabilidad ahora operan al límite. Se reducen horarios, se despide personal, se priorizan únicamente los casos más urgentes y se crean listas de espera que antes no existían. La prevención cede espacio a la emergencia, y la emergencia, como bien sabe la salud pública, siempre resulta más costosa y más dolorosa.
Puerto Rico ofrece un ejemplo claro de cómo esta dinámica se acelera en contextos con menos margen de maniobra. La pérdida de fondos federales por parte de organizaciones comunitarias ha tenido efectos inmediatos, obligando a cierres de programas, reestructuraciones profundas y una dependencia aún mayor de donaciones locales en un mercado filantrópico limitado. Lo que en otros estados puede tardar años en sentirse, en la isla se manifiesta en meses. Y, sin embargo, la necesidad de servicios no disminuye; al contrario, aumenta en contextos de incertidumbre económica y social.
Frente a este panorama, las organizaciones LGBTQ no han permanecido inmóviles. El 2026 las encuentra ensayando estrategias de supervivencia que, aunque diversas, comparten un mismo objetivo: no colapsar. Muchas han acelerado la diversificación de sus fuentes de ingreso, apostando por donantes individuales recurrentes, campañas comunitarias y modelos de membresía. Otras han intentado desarrollar servicios híbridos que permitan generar ingresos propios para sostener programas gratuitos. Las alianzas con universidades, sistemas de salud, municipios y organizaciones comunitarias más amplias se han convertido en una tabla de salvación para compartir costos y mantener presencia territorial.
Pero también hay decisiones dolorosas. Reducciones de personal, cierres temporales, eliminación de proyectos no considerados esenciales y una redefinición constante de prioridades. Estas medidas no son señales de mala gestión; son respuestas defensivas ante un entorno que se ha vuelto hostil e impredecible.
Lo que muchas veces queda fuera del debate público es que este proceso no afecta solo a las organizaciones como estructuras administrativas. Afecta a personas concretas. A jóvenes que pierden espacios seguros. A personas trans que ven restringido su acceso a servicios de salud. A familias que ya no encuentran acompañamiento. A activistas que quedan más expuestos en un clima social cada vez más polarizado. La retirada de fondos no elimina las realidades humanas que esos programas atendían; simplemente las empuja hacia la invisibilidad y el sufrimiento silencioso.
El 2026, entonces, no es únicamente un año de ajustes presupuestarios. Es una antesala que pone a prueba el compromiso real del país con la igualdad y la dignidad. Cuando los derechos dependen de ciclos políticos y los servicios esenciales quedan sujetos a criterios ideológicos, lo que se debilita no es solo una comunidad específica, sino el tejido social en su conjunto.
La pregunta que queda abierta no es si las organizaciones LGBTQ resistirán. Históricamente lo han hecho. La verdadera pregunta es cuántas personas quedarán sin protección en el camino y cuánto daño se normalizará antes de que la nación asuma que la accesibilidad, la educación y la salud no pueden ser tratadas como concesiones temporales.
El 2026 ya comenzó. Y lo que está en juego no es una narrativa cultural, sino la capacidad de una sociedad para sostener, con hechos y no solo con discursos, la dignidad humana.
Colombia
Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad
Registraduría Nacional anunció el cambio el 28 de noviembre
Ahora los ciudadanos colombianos podrán seleccionar las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad del país.
Este viernes la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que añadió las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en los distintos documentos de identidad con el fin de garantizar los derechos de las personas con identidad diversa.
El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que hizo la inclusión de estas dos categorías en los documentos de: registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.
Según la registraduría: “La inclusión de estas categorías representa un importante avance en materia de garantía de derechos de las personas con identidad de género diversa”.
Estas categorías estarán en el campo de ‘sexo’ en el que están normalmente las clasificaciones de ‘femenino’ y ‘masculino’ en los documentos de identidad.
En 2024 se inició la ejecución de diferentes acciones orientadas implementar componentes “‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos de identidad”.
Las personas trans existen y su identidad de género es un aspecto fundamental de su humanidad, reconocido por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias como T-236/2023 y T-188/2024, que protegen sus derechos a la identidad y no discriminación. La actualización de la Registraduría implementa estos fallos que ya habían ordenado esos cambios en documentos de identidad.
Por su parte, el registrador nacional, Penagos, comentó que: “se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado absolutamente comprometida”. Y explicó que en cada “una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”.
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