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Mujer trans de El Salvador competirá para el PARLACEN
Alejandra Menjívar es candidata por el FMLN
SAN SALVADOR, El Salvador — Alejandra Menjívar es una mujer trans que comenzó su trabajo en el movimiento social en 2008, en algunas acciones que tenían vinculación directa con el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de izquierda en El Salvador. Ahora ella es una candidata para el Parlamento Centroaméricano.
“Hicimos las consultas territoriales y sectoriales para la construcción del plan de gobierno de Mauricio Funes, ‘Nace la esperanza, viene el cambio’, así tuve mis primeros acercamientos con el movimiento LGBTI”, expresó la candidata al PARLACEN por el FMLN en entrevista con el Washington Blade.
Posterior a ese comienzo, empezó a formarse en derechos humanos y diversidad sexual con organizaciones de mujeres trans y en 2010 trabajó con ellas, para luego en el 2014 comenzó a trabajar de manera independiente en el tema de derechos humanos, optó por salirse del trabajo en organizaciones pues su participación político partidaria ya era más visible.
“Siempre voy a estar muy agradecida con Aspidh Arcoiris Trans, que fue una escuela donde aprendí muchas cosas y sin lugar a dudas siempre las voy a considerar mi casa, donde aprendí mucho”, comenta al Blade Menjívar.
Desde el año 2012 comenzó a trabajar en esfuerzos por posicionar el tema LGBTQ dentro del FMLN, por ello desde entonces hasta la fecha han logrado que exista una estructura LGBTQ reconocida incluso por la convención nacional del partido, según Menjívar, están trabajando porque sea una secretaría reconocida a nivel nacional.
Desde el 19 de enero de este año 2020, fue electa secretaria de diversidad sexual y género dentro del FMLN; esto ha representado un reto para Menjívar, pues aparte de liderar este esfuerzo, también ha tenido que ir accionando y articulando que el tema de diversidad sexual sea una parte importante dentro de la vida partidaria, “de nada sirve que las convencidas y convencidos estén a favor, si no se avanza con los demás compañeros y compañeras”, agrega Menjívar al Blade.
En el año 2019, en el tercer encuentro nacional con militancia de izquierda de todo el país y a nivel internacional de los diferentes partidos políticos, comienzan a haber conversaciones sobre la necesidad de visibilidad de las personas de diversidad sexual dentro de los espacios de toma de decisión, como también en la participación de cargos de elección popular. Luego de meses de plantearse la posibilidad Menjívar concluye a inicios de este año que competiría en las elecciones internas del partido.
“No fue una decisión fácil, yo siempre he sido más de construir partido que estar en un puesto de función pública. Pero llegué a conclusión de que tengo la oportunidad desde mi realidad como mujer trans de poder participar en un proceso de elecciones 2021 y competir por un cargo como diputada en el Parlacen”, expresa Menjívar al Blade, quien quedó en quinto lugar en las elecciones internas de su partido, con más de 6,500 votos a finales de julio del presente año.
Menjívar alega que no se puede seguir esperando que los compañeros aliados sigan llevando las voces y necesidades de la población LGBTQ en El Salvador, pues estas necesidades a veces no son tomadas en serio, aunque se denominen aliados de la diversidad sexual, eso no es suficiente para entender el tema y hacer transformaciones políticas; agrega que ya es necesario tomarse los espacios y hacer las transformaciones por ellas mismas y ellos mismos.
“Tomé la decisión de competir por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), porque creo que debemos también visionar más allá de lo nacional, la región está más conectada de lo que creemos, porque sin duda en todos los países de Centro América hay situaciones similares para todas las personas de la diversidad sexual”, asegura Menjívar al Blade, pues no se cuenta con políticas públicas, ni garantía de respeto a los derechos humanos y debido a esto no existe una ciudadanía plena.
La finalidad de su candidatura al PARLACEN, es poder incidir en este espacio de deliberación de las normativas internacionales, poder generar acciones de incidencia para que los Estados hagan vinculantes las resoluciones como una la Ley de Identidad de Género, el fallo de la CIDH sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica, sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la salud sexual y reproductiva, el derecho a migrar, entre otras.
“Por ello decido mi candidatura al Parlamento Centroamericano y no para la Asamblea Legislativa”, menciona contundentemente Menjívar.
Menjívar externó su interés en trabajar directamente dentro del PARLACEN, en comisiones como las de Seguridad, Paz y Derechos Humanos, la de Poblaciones, también acompañando a la de Mujer, la de Pueblos Originarios y Afrodescendientes; “son las comisiones en donde yo me sentiría más conforme, pues tienen que ver con la inclusión social, derechos humanos y las garantías constitucionales de cada Estado en materia de derechos”, asegura Menjívar al Blade.
“He hecho énfasis que desconocemos el trabajo que se hace en el PARLACEN, porque nuestros diputados y diputadas al ser electos, se olvidan de comunicar estas acciones en el territorio” menciona Menjívar. “A lo mejor se ha hecho trabajado, pero no se comunica a la población. Esto debe cambiar. El estar en el Parlamento debe dejar de ser un hotel de retiro para los políticos que ya han cumplido sus periodos dentro de la Asamblea Legislativa de cada país, en realidad debe volverse una plataforma que busque una integración centroamericana”, asegura la candidata por el FMLN.
“Mi línea principal de trabajo será la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la igualdad como eje transversal dentro del PARLACEN”, aseguró Menjívar.
Campaña y apoyo en tiempos de coronavirus
La pandemia ha frenado mucho, porque para las personas en la política, siempre está la necesidad de acercarse a las bases, dialogar y conocer las necesidades de la población, “tenemos ese reto de idear maneras para llegar a conocer esas necesidades en el territorio”, comenta Menjívar.
“Para ello hemos tenido reuniones vía teléfono, vía zoom y en algunos lugares si hemos tenido que acercarnos, pero siempre teniendo las medidas y protocolos para evitar la propagación del COVID19”, asegura.
Un método que ha sido muy utilizado por todos los partidos políticos, han sido las redes sociales, Menjívar comentó al Blade que por medio de flyers en las diferentes plataformas en línea, compartiendo su hoja de vida, sus propuestas, fotografías, enunciando algunas acciones hechas y otras que se han planteado, ha sido hasta el momento la manera más viable de darse a conocer con las bases del FMLN. Alega que esta situación ha complicado todo, porque no se ha podido tener el contacto directo con la gente.
La candidata asegura al Blade que es muy destacable que el FMLN ha desarrollado los mecanismos, también ha garantizado la participación de todas y todos los militantes de manera igualitaria, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por los estatutos partidario, el reglamento interno de elecciones y por supuesto las leyes de la república.
La comisión especial electoral del FMLN garantizó a través de sus mecanismos que como mujer trans, pudiera utilizar el nombre con el que se identifica, aunque no coincida con el documento único de identidad (DUI).
“Esto es un gran paso en el proceso político, me siento motivada porque esto quiere decir qué desde la estructura de diversidad sexual y género, se está haciendo un gran trabajo en cuanto a construir un partido más incluyente, diverso e igualitario”, asegura Menjívar al Blade.
En las elecciones internas del FMLN hubo 41 personas LGBTQ que participaron en las elecciones internas, para cargos como regidores propietarios, regidores suplentes, diputados suplentes, diputados propietarios y para alcaldes.
Al cuestionar sobre el apoyo de las organizaciones LGBTQ, Menjívar nos comentó que ha recibido palabras de apoyo de algunas compañeras y compañeros activistas de algunas organizaciones e independiente, más la reacción no ha sido de total apoyo con todas y todos.
“No me debo a organizaciones o punteos en específico, sino a la población en general y eso me motiva, porque no solo voy a responder a unos” afirmó la candidata.
Agregó que las organizaciones son expresiones grupales que buscan la defensa de los derechos humanos, pero es importante que las organizaciones se mantengan trabajando en sus áreas y no vincularse a partidos políticos, por lo que asegura que estas mismas serán las encargadas en un futuro de reorientar o rencausar hacia donde debemos seguir el trabajo, si este se pierde de vista en algún momento.
La candidata por el FMLN explicó al Blade que de no ganar las elecciones en el 2021, siempre habrá un compromiso político partidario, pues seguirá siendo la secretaria nacional de diversidad sexual y género.
“Esta estructura está desarrollando diferentes acciones en pro de las personas LGBTI, una de ellas es la revisión de las ordenanzas contravencionales, para presentar a la secretaría de municipalismo y el consejo de alcaldes, todo con el fin de prohibir la discriminación por lo menos en las alcaldías que tenga el FMLN”, asegura Menjívar.
“No podemos seguir esperando que otros y otras hagan los cambios sociales y políticos, en esta oportunidad que tengo de participar y tal vez poder ganar, el compromiso es ese, dar un paso firme ejecutar, transformar y desarrollar acciones que busquen consolidar y construir un mejor país y región para todas y para todos”, ella finalizó.
Ecuador
Adolescentes trans en Ecuador podrán cambiar datos en su cédula, pero con condicionamientos
Pueden modificar el campo de género en su documento de identidad con requisitos
Por VICTOR H. CARREÑO | En una sentencia del 5 de febrero de 2026, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el requisito legal de mayoría de edad para modificar el campo de sexo o género en la cédula de identidad y fija lineamientos para que adolescentes trans puedan cambiar estos datos.
El máximo organismo de control e interpretación constitucional incorpora dos requerimientos: que la persona adolescente se presente al procedimiento administrativo con sus padres y que informes psicosociales acrediten un grado de madurez.
El fallo resuelve una consulta de constitucionalidad de una unidad judicial que lleva una acción de protección contra el Registro Civil presentada por la familia de un adolescente trans que solicitó, en junio de 2023, modificar el campo de género en la cédula.
La institución se negó porque la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles establece que la rectificación de sexo o género es un procedimiento para personas mayores de 18 años.
El adolescente, cuya identidad se protege en la sentencia, cuenta con el apoyo de sus padres en su transición, que inició en 2020. En una audiencia, su madre expuso que si bien en el ámbito familiar y en el sistema educativo se respeta la identidad de su hijo, fuera de estos hay situaciones, como en consultas médicas en el Seguro Social, en que debe presentar la cédula de él y quienes la reciben preguntan si es el documento equivocado.
En el desarrollo de la sentencia, la Corte expone por qué el requisito de tener mayoría de edad para acceder a la modificación de datos en la cédula es inconstitucional.
Entre varios motivos, explica que restringe los derechos al libre desarrollo de la personalidad e identidad, que la edad no puede exigirse como “criterio determinante y único” para determinar la madurez de un adolescente, y que la medida puede generar impactos negativos en el bienestar psicológico y emocional.
Por ello, indica que existen mecanismos alternativos como la evaluación individualizada, el acompañamiento técnico y la consideración del contexto familiar.
En ese sentido, la Corte dispone al Registro Civil que debe proceder al cambio de los datos de adolescentes trans cuando acudan acompañades de sus representantes legales y con el respaldo de informes psicosociales.
Estos informes, agrega la sentencia, deben ser de profesionales acreditados o de órganos técnicos públicos competentes que sean considerados por el Registro Civil.
El fallo tiene efectos para este caso y otros similares. A diferencia de otras sentencias, la Corte no ordena una reforma a la legislación.
La organización Silueta X, que difundió el caso en un comunicado el 11 de marzo, calificó el fallo como histórico y explicó que este crea jurisprudencia de cumplimiento obligatorio.
🏳️⚧️🌈Un chico trans de 15 años le dijo al Estado ecuatoriano “yo sé quién soy”. Y la Corte Constitucional le dio la razón. 🏛️✊
Este fallo es nuestro. Es tuyo.
🔗 Lee la comunicado completa en nuestra bio.#DerechosTransEcuador #SiluetaX #CorteConstitucional #AdolescentesTrans pic.twitter.com/aXE4FU9VeS
— Asociación SILUETA 'X' (@SiluetaX) March 11, 2026
Sin embargo, otras organizaciones cuestionan los requisitos. Fundación Pakta indica que si bien la sentencia derriba la barrera etaria de la mayoría de edad, la inclusión de informes psicosociales contradice la tendencia global y regional hacia la despatologización.
Pakta menciona, por ejemplo, la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que reconoce la identidad autopercebida de las personas y los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo.
El documento, recuerda Pakta en un comunicado, establece que para el reconocimiento de la identidad de género no se debe exigir certificados médicos ni psicológicos. Además, que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la identidad trans no es una patología psiquiátrica.
Mientras que la activista Nua Fuentes, de Proyecto Transgénero, considera que los requisitos impuestos por la Corte pueden ser problemáticos. Menciona que frente al desconocimiento y prejuicios, profesionales de salud patologizan la identidad trans.
La Sentencia 4-24-CN/26 sobre la inconstitucionalidad de negar a adolescentes trans cambio de su sexo o género en la cédula es un acto que entreabre la puerta para los derechos, pero también sostiene algunas barreras y es problemático para adolescentes trans #Ecuador
Abro hilo🧵 pic.twitter.com/aKBUlmnU1A— Nua Elizabeth Fuentes Aguirre (@NuaEliz) March 11, 2026
Además, señala que puede haber casos de que la familia y psicólogos expresen rechazo a la identidad trans y limiten los derechos de adolescentes trans. O también menciona casos de abandono de niñes y adolescentes trans y pregunta cómo reconocer su identidad si no cumplen con el requisito de acudir sin representantes legales.
Los condicionamientos para el cambio del campo de sexo o género en la cédula para adolescentes trans marcan también una diferencia con el procedimiento en personas trans de más de 18 años, pues estas —desde las reformas vigentes en 2024— no deben presentar requisitos. Solo su declaración expresa de ser una persona trans que desea que los datos de su cédula estén conformes a su identidad de género.
La madurez de niñeces y adolescencias ha sido un tema abordado en convenciones o instrumentos internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU del 2009 es contundente al reconocerles como seres autónomos y capaces de formar sus propias opiniones a través de la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales.
Esta convención es mencionada en una sentencia de la Corte Constitucional en que reconoció la identidad de infancias y adolescencias trans en el sistema educativo.
En las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, documentos de interpretación para los alcances de la mencionada Convención, se explica que la madurez es “la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, lo cual debe considerarse en relación con su capacidad individual, contextos, entornos, experiencias de vida y familiar, desarrollo psicológico y no únicamente con su edad biológica.
Además, que la edad cronológica no determina la evolución de las capacidades de las niñeces y adolescencias porque estas crecen a lo largo del tiempo.
Ecuador
Justicia reconoce delito de odio en caso de bullying en Instituto Nacional Mejía de Ecuador
Johana B se suicidó el 11 de abril de 2023
A casi tres años del suicidio de Johana B., quien estudió en el Instituto Nacional Mejía, colegio emblemático de Quito, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena para el alumno responsable del acoso escolar que la llevó a quitarse la vida.
Según información de la Fiscalía, el fallo de última instancia deja en firme la condena de cuatro años de internamiento en un centro para adolescentes infractores, en una audiencia de casación pedida por la defensa del agresor, tres meses antes de que prescriba el caso.
Con la sentencia, este caso es uno de los primeros en el país en reconocer actos de odio por violencia de género, delito tipificado en el artículo 177 del Código Orgánico Penal Integral (COIP).
El suicidio de Johana B. ocurrió el 11 abril de 2023 y fue consecuencia del acoso escolar por estereotipos de género que enfrentó la estudiante por parte de su agresor, quien constantemente la insultaba y agredía por su forma de vestir, llevar el cabello corto o practicar actividades que hace años se consideraban exclusivamente para hombres, como ser mando de la Banda de Paz en el Instituto Nacional Mejía.
Desde la muerte de Johana, su familia buscaba justicia. Su padre, José, en una entrevista concedida a edición cientonce para la investigación periodística Los suicidios que quedan en el clóset a causa de la omisión estatal afirmó que su hija era acosada por su compañero y otres estudiantes con apodos como “marimacha”, lo que también fue corroborado en los testimonios recogidos por la Unidad de Justicia Juvenil No. 4 de la Fiscalía.
Los resultados de la autopsia psicológica y del examen antropológico realizados tras la muerte de Johana confirmaron las versiones de sus compañeras y docentes: que su agresor la acosó de manera sistemática durante dos años. Los empujones, jalones de cabello o burlas, incluso por su situación económica, eran constantes en el aula de clase.
La violencia que recibió Johana escaló cuando su compañero le dio un codazo en la espalda ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar y asistir a clases.
Días después del hecho, la adolescente se quitó la vida en su casa, tras escuchar que la madre del agresor se negó a pagar la mitad del valor de una tomografía para determinar la lesión en su espalda, tal como lo había acordado previamente con sus padres y frente al personal del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil del colegio), según versiones de su familia y la Fiscalía.
#AFONDO | Johana se suicidó el 11 de abril de 2023, tras ser víctima de acoso escolar por no cumplir con estereotipos femeninos 😢.
Dos semanas antes, uno de sus compañeros le dio un codazo en la espalda, ocasionándole una lesión que le imposibilitó caminar 🧵 pic.twitter.com/bXKUs9YYOm
— EdicionCientonce (@EdCientonce) September 3, 2025
“Era una chica linda, fuerte, alegre. Siempre nos llevamos muy bien, hemos compartido todo. Nos dejó muchos recuerdos y todos nos sentimos tristes; siempre estamos pensando en ella. Es un vacío tan grande aquí, en este lugar”, expresó José a Edición Cientonce el año pasado.
Para la fiscal del caso y de la Unidad de Justicia Juvenil de la Fiscalía, Martha Reino, el suicidio de la adolescente fue un agravante que se contempló durante la audiencia de juzgamiento de marzo de 2024, según explicó a este medio el año pasado. Desde entonces, la familia del agresor presentó un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que provocó la dilatación del proceso.
En el fallo de última instancia, el Tribunal también dispuso que el agresor pague $3.000 a la familia de Johana B. como reparación integral. Además, el adolescente deberá recibir medidas socioeducativas, de acuerdo al artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala la Fiscalía.
El caso de Johana también destapó las omisiones y negligencias del personal del DECE y docentes del Instituto Nacional Mejía. En la etapa de instrucción fiscal se comprobó que no se aplicaron los protocolos respectivos para proteger a la víctima.
De hecho, la Fiscalía conoció el caso a raíz de la denuncia que presentó su padre, José, y no por el DECE, aseguró la fiscal el año pasado a Edición Cientonce.
Pese a estas omisiones presentadas en el proceso, el fallo de última instancia sólo ratificó la condena para el estudiante.
Honduras
Corte IDH reconoce a Thalía Rodríguez como familia social de Leonela Zelaya
Se construyeron una familia tras más de una década de convivencia
Por DORIS GONZÁLEZ * | TEGUCIGALPA, Honduras — En la sentencia del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableció un hito jurisprudencial para las personas LGBTQ en Honduras, así como en la región en relación a las diversas conformaciones de familias existentes. La Corte IDH interpretó por primera vez el concepto de familia social, indicando que la construcción de familia no debe restringirse a la familia nuclear o a nociones tradicionales, bajo el entendido de que hay diferentes formas en las que se materializan los vínculos familiares.
Este análisis se trae a colación debido al contexto de discriminación, prejuicio y violencia que atravesamos las personas LGBTQ, el cual se puede manifestar incluso dentro de nuestras propias familias. Esta violencia se manifiesta a través de actos de odio como ser el desarraigo familiar, violencia física, psicológica, social, económica, expulsiones de los hogares, violaciones correctivas e incluso, culminando en muertes violentas. Esta violencia motivada por la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas imposibilita la convivencia familiar.
Ante esto, las personas LGBTQ construimos vínculos sociales fuera del vínculo familiar tradicional, los cuales a través de la convivencia, amistad, apoyo económico-social y construcción de vida en común constituyen familias, tal como ocurrió en este caso.
Tras el abandono de su familia biológica, Leonela Zelaya y Thalía Rodríguez construyeron una familia tras más de una década de convivencia, en los cuales se apoyaron mutuamente en diversas situaciones, viviendo como mujeres trans, portadoras de VIH, ejerciendo el trabajo sexual y en situación de pobreza, enfrentando constantes episodios de detenciones arbitrarias y violentas por parte de los órganos policiales.
Tras su asesinato, fue Thalía quien recogió el cuerpo de Leonela en la morgue de Tegucigalpa y quien gestionó el féretro a través de la Funeraria del Pueblo. Los servicios fúnebres de Leonela Zelaya fueron realizados en un bar por mujeres trans, trabajadoras sexuales, al cual no asistió ningún miembro de su familia biológica.
El asesinato de Leonela y la falta de esclarecimiento generaron a Thalía un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia. Por estas violaciones de derechos humanos, la Corte reconoció a Thalía Rodríguez, en calidad de familiar de Leonela, como víctima del caso, generando estándares aplicables a todas las personas LGBTQ.
A juicio de la Corte, esta situación lleva a que, en casos de muertes violentas de mujeres trans, las personas que integren las redes de apoyo de la persona fallecida puedan ser declaradas víctimas por la violación de sus derechos a la integridad psíquica o moral, siempre que se acredite la existencia de un vínculo estrecho con la víctima y una afectación a sus derechos, derivada, por ejemplo, de las gestiones realizadas para obtener justicia. Esta sentencia logra reconocer que las personas LGBTQ construimos familias sociales, familias elegidas, e indica que estas deben ser reconocidas y validadas.
* Abogada litigante del caso Leonela Zelaya y otra vs Honduras, Red Lésbica Cattrachas
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